En medio de la turbulencia política que se ha generado por el caso de los 3 millones de pesos que fueron sustraídos de las cuentas de la Dirección de Bienestar Social Municipal durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el Ayuntamiento de Mexicali, un juez federal otorgó una suspensión provisional para mantener el proceso legal como se encuentra en tanto no se lleve a cabo una revisión minuciosa del caso.
Lo anterior puede constatarse en los oficios de la demanda de amparo 657/2023, promovido por Jesús Enrique Gutiérrez Díaz, a través de su abogado, Fernando Rosales, bajo el argumento de que pudo haber violaciones a los Derechos Humanos por parte de la Fiscalía General del Estado y el propio Poder Judicial, debido a que -aparentemente- no hubo una defensa adecuada.
El alcance de la suspensión provisional evita que el caso sea llevado a juicio oral, en tanto no se resuelva el fondo del amparo promovido por quien se dice víctima.
Y es que según el documento en poder de ZETA, el 12 de mayo del 2023, Jesús Enrique y representantes del Ayuntamiento de Mexicali, fueron citados para llevar a cabo una audiencia de revisión de cumplimiento de acuerdo reparatorio.
La jueza de Control María de Jesús Acosta Sumarán, fijó la fecha al 18 de mayo, con esta intención, pero cuando ya se encontraban en la audiencia se llevó a cabo un proceso de juicio oral para el que la víctima no estaba preparado.
Esto -según el ofendido- lo dejó en indefensión ante el caso que se estaba desahogando, lo que representa una probable violación a sus derechos humanos, pues no pudo presentar pruebas para ayudarlo a comprobar su inocencia.
El expediente ya fue cerrado por la FGE y presentado ante el Juez para iniciar el proceso judicial en su contra. Sin embargo, con esta determinación el caso permanecerá en suspensión hasta que se determine sí se otorga la suspensión definitiva.
El caso de lo 3 millones de pesos de Bienestar Social es uno de los más emblemáticos de los gobiernos morenistas en Mexicali, donde dicha cantidad de dinero fue transferida a una cuenta particular de Banco Azteca.
Tres personas tenían acceso a dos token para llevar a cabo las transferencias, según comentó Jesús Enrique, pero la investigación se fijó en su contra, pese a que fue él quien dio a conocer la transferencia irregular hecha la tarde del 15 de noviembre, pero descubierta cuatro días después.
A la fecha, nadie sabe dónde quedó el dinero.
