De acuerdo a Causa en Común, de cada 100 delitos denunciados, sólo el 14% llega a una sentencia. Esta baja efectividad motiva a la sociedad a la denuncia pública
El miércoles 31 de mayo, durante su conferencia de prensa matutina, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda fue cuestionada sobre la posición de Baja California como el quinto Estado con mayor incidencia delictiva del país, destacando en delitos graves como homicidio y robo con violencia.
La mandataria reviró el cuestionamiento de la prensa, haciendo referencia a que cuando asumió el Poder, el Estado se encontraba en los primeros dos lugares, dependiendo del delito que se analizara y la temporalidad, por lo que fue identificado como un logro para ella.
Según la agrupación Causa en Común, en México se cuenta con una cifra negra del 94% y, de cada 100 delitos denunciados, sólo el 14 por ciento culminan en sentencia, lo que deja un gran número de casos en la impunidad, ya sea por falta de denuncia o la ausencia de resultados por parte de la autoridad.
Uno de los delitos que más ha impactado en las últimas semanas es el robo con violencia en sus diversas modalidades. De hecho, durante los primeros cuatro meses de 2023 se tiene una cifra de 2 mil 714 asaltos, siendo el robo a comercio el de mayor incidencia, con mil 074; mientras que en 2022 la cifra alcanzó los 2 mil 143. Es decir, es evidente el incremento de este tipo de delitos en general (a transeúnte, de vehículos, domiciliario) en BC.
El asalto suscitado en un restaurante del fraccionamiento Chapultepec en Tijuana fue uno de los más vistos, debido a que las cámaras de vigilancia captaron el momento del crimen, el cual se perpetró con una normalidad que confirma la experiencia de los delincuentes, quienes lograron salir impunes.
El mismo miércoles 31 de mayo se dio a conocer otro asalto en una agencia Audi de Tijuana, donde los perpetradores se apoderaron de un millón y medio de pesos; tampoco se logró un resultado.
Más atrás, en Mexicali, una pareja cometió un asalto en una joyería de las instalaciones de la Plaza Cachanilla, una de las más concurridas y de mayor tradición. Ambos delincuentes -hombre y mujer- ingresaron y amagaron al encargado, a quien amarraron y colocaron en una oficina dentro del negocio.
Los implicados se llevaron alrededor de 800 mil pesos en mercancía y se retiraron a bordo de una motocicleta; las cámaras captaron los movimientos, pero nadie logró dar con los criminales.
Así podemos contar muchas historias donde ni las cámaras de vigilancia, los agentes preventivos ni la investigación han podido arrojar resultados, y donde se ha vuelto sumamente redituable perpetrar este tipo de actos.
Ante esta realidad, las medidas tomadas por la sociedad han sido darle la espalda a las autoridades y, por otro lado, recurrir a otro tipo de escenarios para exponer los problemas o situaciones en que se han visto involucrados como víctimas.
Uno de los más utilizados es -sin duda- las redes sociales, pero también las protestas y reclamos públicos, donde han comprendido que la presión social, ya sea digital o física, impacta en la acción gubernamental.
Por ello se han materializado más protestas y señalamientos de inconformidad, pero también un gran contenido en redes sociales como Facebook, donde se hacen públicos los videos o imágenes de los asaltantes perpetrando el crimen, con la intención de que la propia sociedad los identifique y señale.
Así, la recomendación de los ministerios públicos, de que no se hable de los temas de forma pública para no entorpecer las investigaciones, es omitida con mayor frecuencia por las víctimas, quienes buscan un respaldo social por encima del gubernamental.
De ahí que la reforma legal presentada por la diputada Michel Sánchez Allende, que pretende dotar de equipamiento a restaurantes y centros nocturnos como una medida para brindar mayor seguridad, es insuficiente por sí misma.
Y es que se puede contar con todo el equipo del mundo para captar los momentos de los hechos delictivos, pero si no existe reacción o estrategia seria por parte de las autoridades para detener a los criminales y sentenciarlos, difícilmente se va a controlar la violencia en la entidad.
Entre 2018 y 2027, Baja California gastará más de 2 mil millones de pesos para cámaras de seguridad y arcos carreteros de “primer nivel”, mediante el C5i de Seguritech -proyecto plagado de señalamientos de corrupción-, pero se cuenta con un déficit policial, carencias en chalecos, uniformes, seguridad social, patrullas. Aunado a la ausencia de una estrategia preventiva seria, que demuestre lo desenfocada que está la visión de seguridad del Estado.
