Ante el cada vez menor espacio fiscal para atender las múltiples necesidades del país es necesario que en 2024 o 2025 haya una reforma fiscal y de pensiones, cuya implementación sea gradual, con el fin de que sean “más apetecibles” para la sociedad, consideró Carlos Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda y académico del Tec de Monterrey.
En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendría que exentarse el pago del impuesto a medicinas y alimentos, en lugar de la tasa 0% actual. El cambio podría aumentar 1.5% la recaudación, apuntó el especialista, quien expresó su rechazo a que el IVA sea generalizado.
Estimó que no es factible incrementar la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para las empresas, que actualmente se ubica en 30%; sin embargo, previó que sí es posible aumentar dicho gravamen para personas físicas.
“Debe abrirse los tramos de ingresos, de tal forma que los que más ganan, no estamos hablando del 10%, sino del 1% tenga una tasa mayor. Eso va a ser muy popular, pero no creo que lleve a tanta recaudación”.
Algo similar ocurriría si se estableciera el impuesto a la herencia. “Probablemente no deje mucho” porque hay muchos artilugios fiscales para evadir ese tipo de impuestos, apuntó este 19 de junio de 2023.
Urzúa Macías señaló que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) podría incrementar bastante en el tiempo si se dejara de subsidiar el consumo de gasolina.
Al participar en el Seminario Hacienda Pública y Reforma Fiscal, organizado por Movimiento Ciudadano, el ex secretario de Hacienda también apuntó la necesidad de que incrementen los recursos estatales, y un área de oportunidad son los impuestos ambientales.
Un ejemplo de los impuestos ambientales, fue el impuesto aplicado por Zacatecas para mineras. Actualmente hay ocho estados que están imponiendo impuestos verdes que pueden aplicar los municipios y estados.
En ese sentido, señaló que fue “un error” que el impuesto de tenencia se haya convertido en un impuesto estatal en la administración de Felipe Calderón, por lo que en su opinión tendría que regresar un impuesto federal, aunque no sea una medida popular.
Urzúa Macías consideró que otra oportunidad es la recaudación del impuesto predial. En México, dijo, se recauda .5% del PIB por ese gravamen, en Uruguay es del 2.5%, y en Estados Unidos, del 4%
En cuanto a la reforma a pensiones, el ex secretario de Hacienda estimó que la edad de retiro en nuestro país de 65 años es la adecuada, pero debe ser sujeta para todos los organismos de seguridad social, los estatales y paraestatales.
De ahí que criticó la medida del presiente Andrés Manuel López Obrador para que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puedan pensionarse a los 55 años, y no a los 65 como se había modificado en el sexenio pasado.
El académico del Tec de Monterrey detalló que actualmente el Producto Interno Bruto (PIB) del país es de 32 billones de pesos. Por ingresos, la captación tributaria es de 14%, por cuotas de seguridad social a los trabajadores (IMSS-ISSSTE) es de 2%, y los derechos petroleros que el gobierno federal le cobra a Pemex es de 3%
Sin embargo, el gasto en pensiones para personas derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, así como el programa social de la Pensión de Adultos Mayores es de entre 6 y 6.5%. Para 2024, tan sólo el programa social de pensión para Adultas Mayores podría rondar los 435 mil millones de pesos, equivalentes hasta el 1.3% del PIB.
El especialista criticó que en esta administración lo programas sociales sean universales, ya que consideró que es un contrasentido, “una paradoja” moral y económico darle el mismo trato a una persona adulta mayor pobre que a un rico. En ese sentido, observó una regresividad del gasto como nunca antes en el país, que es lamentable y “un tanto perversa”.
En tanto, para que haya un sistema de salud similar al de Dinamarca, México tendría que invertir al menos 10% de su PIB, pero actualmente destina menos del 3%, aseveró Urzúa Macías.
En su oportunidad, Rocío Huerta, especialista en finanzas públicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), coincidió en que el impuesto predial es una oportunidad para los estados y municipios para recaudar más, ya que 52% de las tierras en el país son ejidales, las cuales no pagan dicho gravamen aun cuando en 22 estados se cuenta con leyes para su cobro.
Además, un problema en este rubro es que los estados y municipios no cuentan con las condiciones administrativas para actualizar los valores y registros catastrales.
Consideró que “es fundamental” que una nueva reforma fiscal sea redistributiva y recentralice los recursos. Actualmente la mayor parte de los recursos que perciben los estados se dirigen a sus capitales o algunos municipios más cercanos al centro perpetuando la pobreza y atraso en el resto, afirmó.
Por otro lado, la académica del IPN pugnó porque los estados del sur, adónde se va más gasto per cápita, tengan más transparencia para evitar que se repliquen los caciquismos y pueda haber un avance en el desarrollo social.
