Karolyna Pollorena Briceño, enlace de género de la Secretaría General del Gobierno de Baja California, comentó este miércoles 21 de junio en atención a medios que aún falta por hacer en materia de derechos de la comunidad LGBTTTIQ, pues México ocupa el segundo lugar en discriminación y crímenes de odio hacia dicha comunidad, mientras que Baja California se ubica entre los primeros puestos a nivel nacional.
“Desafortunadamente México es el país número 2 en discriminación y crímenes de odio -hacia la comunidad LGBTTTIQ-; Baja California está entre los primeros, pero hemos trabajado con la declaratoria de Alerta para realizar acciones que puedan reducir esto”, mencionó y agregó que entre sus actividades se promueve la educación y creación de protocolos de atención a crimenes de odio, por ejemplo, en Tijuana se está trabajando en este último para presentarlo y que se aplique en todo el Estado.
Según datos de la Fundación Arcoiris solo en 2020 México registró 43 asesinatos de miembros de la comunidad LGBTTTIQ de los que 21 fueron de Veracruz, 6 de Chihuahua, 5 de Michoacán, 3 de Guerrero, 3 de Jalisco, 3 de Ciudad de México, 1 de Nuevo León y 1 de Baja California.
Pollorena Briceño indicó que para comenzar a visibilizar los crímenes de odio hacia la comunidad LGBTTTIQ debería iniciarse por tipificar los transfeminicidios, pues las mujeres trans son las que principalmente sufren de violencia y ataques.
En 2021 se documentaron dos transfeminicidios en Baja California, el primero fue el de Kendra de 26 años, quien fue encontrada muerta al interior de su domicilio en Tijuana y en noviembre del mismo año, el de Alicia Díaz, una joven activista transgénero de 25 años que apareció degollada en el barrio Munguía en Ensenada.
Sobre el tema de la discriminación, información de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género de Baja California (SISIG) revela que 66.7 por ciento de la comunidad de la diversidad sexual se ha sentido discriminada en el trabajo, 60 por ciento en la escuela, 46.7 por ciento en su propia familia, 40 por ciento en servicios médicos, 33.3 por ciento en oficinas de Gobierno, 20 por ciento en centros comerciales o bancos, 53.3 por ciento en el transporte público y 53.3 por ciento en redes sociales.
