La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Florida determinó, el 14 de junio de 2023, que el Gobierno de México podría continuar con la demanda civil, que presentó el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, contra García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante la Administración de Felipe Calderón Hinojosa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano -encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador- pretende obtener 700 millones de dólares de dinero que supuestamente García Luna habría obtenido ilícitamente, a través de una “compleja red”, que le permitió lavar fondos “robados”.
El caso quedó suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera respecto a la procedencia o no de la impugnación. Sin embargo, un juez de Miami, y ahora la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida determinaron que la razón asiste al gobierno mexicano, por lo que el proceso puede continuar y en determinado momento llegar a juicio.
“El Gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, recordó la UIF, el 1 de marzo de 2023.
Una corte civil de Florida, Estados Unidos, reprogramó para el 3 de noviembre del 2021, la audiencia para el caso donde se enfrentará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y otras instituciones mexicanas contra Genaro García Luna y más de 40 entidades físicas y morales, incluida Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El ex funcionario federal es acusado por la institución que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda radicada en la Corte de Circuito de Miami Dade -y que será presidida por el juez William Thomas-, fue presentada el 21 de septiembre del 2021, por los abogados Carlos A. Acevedo, Kevin A. Malone y Kelley B. Stewart, litigantes contratados por el Gobierno mexicano.
Acevedo, Malone y Stewart enviaron decenas de misivas a cada alguacil del estado de Florida, donde residía la mayoría de los acusados y se hallaban establecidas las entidades demandadas, para que entregaran los citatorios a los implicados, algunos de los cuales se les hacía un reclamo respecto a una propiedad.
El 21 de septiembre del 2021, la UIF acusó a García Luna, de haber robado al menos 250 millones de dólares durante los seis años que duró el Gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una red de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y EE.UU.
La demanda de carácter civil fue presentada por la institución mexicana dependiente de la SHCP, en el Onceavo Distrito Judicial de Miami, en Florida, en la cual se destacaba que “tiene derecho al establecimiento de un fideicomiso implícito que consiste en bienes inmuebles que los demandados compraron con fondos robados del Gobierno de México y cualquier beneficio derivado de los fondos mal habidos”.
“Por lo tanto, el demandante, los Estados Unidos Mexicanos, exige un juicio contra cada demandante para la devolución, restitución, transferencia de las ganancias mal habidas de cualquier bien inmueble comprado con ellos, y por los costos de esta acción y cualquier otra reparación adicional como la Corte lo juzgará justo y apropiado”, señala la denuncia civil.
La UIF detalla que dichos actos fueron cometidos entre el 2012 y el 2018, destacando que García Luna comenzó a crear una compleja red, similar a una “empresa” de lavado de dinero, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón Hinojosa, y que “desde su posición de inmenso poder controlaba muchos aspectos de la seguridad del país”.
La demanda señalaba que García Luna recibió un total de 74 millones de dólares en contratos con la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-, que fueron producto de sobornos, manipulaciones, ofertas o corrupción, pero que en total, los recursos obtenidos de forma ilegal suman al menos 250 millones de dólares, con un esquema para “ocultar los fondos robados en numerosos activos ubicados principalmente en Florida”.
La UIF acusó a ocho personas físicas: Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, así como a un grupo de empresarios señalados como socios, presuntos prestanombres y co conspiradores del ex funcionario federal: Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Punto de Winberg y Natan Wancier Taub. Así como José Francisco Niembro González, quien fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la SSP, y su esposa, Martha Nieto Guerrero.
Además, 39 compañías y propiedades, 47 personas físicas y morales implicadas, fueron señaladas en la demanda por el Gobierno mexicano, quienes funcionaban como una “empresa” de lavado de dinero, en la que cada participante tenía un rol y tarea específica.
“García Luna armó una extensa red de socios comerciales que posteriormente utilizó para obtener contratos ilegales de diversas entidades y agencias de la República Mexicana por cientos de millones de dólares durante su mandato en el cargo, así como después de dejar su oficina”, insistió la UIF.
Asimismo, el ex funcionario federal y sus socios lavaron y retiraron el dinero de los contratos ilegales fuera de México, fuera del alcance de las autoridades mexicanas. “Orquestó la creación de una compleja red de múltiples entidades para comprar y mantener múltiples parcelas de bienes raíces y otros activos, incluidos numerosos automóviles de lujo y de colección”, detalla la denuncia.
La UIF explicó que su denuncia, se basa en que el ex titular de la SSP durante la Administración de Calderón Hinojosa “ocultó fondos robados del Gobierno de México y obstaculizó su recuperación por blanquear ganancias mediante la transferencia de los fondos robados, fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares”.
“Actos que se cometieron mientras estaban en Miami […] Con lo que pudo adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de lavado de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, agregó la demanda de 131 páginas.
La UIF destacó que dicha “empresa” de lavado de dinero, ideada y liderada por García Luna, transfirió 160.7 millones de dólares a Barbados en 2015; 12.9 millones de dólares en 2019 a Panamá, a través de la empresa Nunvav, propiedad de los Weinberg y Wancier, que sirvió como conducto principal para los fondos tomados ilegalmente de México.
También adquirió vehículos de lujo como Lamborghini, Ferrari y Rolls Royce. Además, destaca que en los últimos dos años, ya preso en Nueva York, García Luna vendió propiedades por más de 17 millones de dólares. Mientras que en otros casos, se seguían beneficiando de rentas, intereses.
