Una comerciante de Ensenada identificada como Guadalupe, cerró su negocio Néctar tras haber recibido tres ataques armados. A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) le mantiene custodia las 24 horas del día, no ha logrado esclarecer el asunto.
En lo que va del año, Ensenada y San Quintín han reportado nueve muertes violentas de mujeres, cuatro, plenamente catalogadas como feminicidios.
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Los llamados de auxilio por violencia intrafamiliar por parte de mujeres y menores de edad en Ensenada llegaron a mil 361 reportes durante el periodo de enero a septiembre de 2022, según la FGE.
El caso de Guadalupe fue catalogado como homicidio en grado de tentativa y ha pedido a las autoridades sea clasificado como feminicidio en grado de tentativa para darle prioridad y una mayor pena en caso de resolverse.
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La mujer señala directamente a su ex esposo, ya que tiene un largo historial de denuncias por violencia intrafamiliar.
Sus problemas iniciaron desde 2002 en Mexicali. Actualmente el hombre tiene documentados siete procesos por distintos delitos como amenazas, fraude, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, violencia familiar, colocarse dolosamente en estado de insolvencia, robo de vehículo y robo con violencia.
De acuerdo con el expediente de la FGE, en los casos hay casquillos relacionados con hechos violentos en Tijuana, los tres asuntos, por disputas entre narcomenudistas y otro evento violento más en Tecate.
La Unidad de Delitos contra la Vida de la FGE informó que está en condiciones de reclasificar el delito, sin embargo, a como han ocurrido las circunstancias, no se apegan a lo que dicta el Código Penal de Baja California.
Los siete parámetros los establece el Artículo 129 para clasificar un delito como feminicidio, son que haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco, laboral o cualquier otra que implique confianza; presente signos de violencia sexual; se le hayan infligido lesiones previa o posterior a la privación de la vida; existan antecedentes de amenazas; el cuerpo sea expuesto en un lugar público, o que haya sido incomunicada.
Las penas por este delito comprobado son de 35 a 70 años de prisión, y una multa de 200 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
“Lo que llevamos en la investigación, no nos lleva a que sea alguien cercano a ella -Guadalupe-, por lo menos en el último atentado, pero revisaremos el entorno que vive para poder sumarlo a la carpeta”, informaron fuentes oficiales, a la par de asegurar que se está aplicando la perspectiva de género en esta investigación, de una manera loable para que sea la beneficiada.
HISTORIAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Aunque el esposo de Guadalupe rindió una declaración, a los fiscales no les arrojó indicios de su testimonio para solicitar al juez una orden de aprehensión, según el expediente.
Guadalupe describió que en 2002 y 2008 hubo dos agresiones contra ella por parte del ex esposo, cuando vivían en Mexicali, donde él la atacó “con sus propias manos”.
Interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por intento de homicidio y se giró orden de aprehensión, pues el proceso se siguió por oficio. Posteriormente, ella le otorgó el perdón.
“(La familia) Me hizo ver que tenía que apoyarlo, que entenderlo, por eso seguí ahí -en el matrimonio-”, indicó Guadalupe.
En 2008 se suscitó un ataque en la discoteca Lutzenkirch, la cual se encontraba sobre Calle Ruiz entre Primera y Segunda de la Zona Centro.
“En esa ocasión no le puse demanda porque su mamá habló conmigo y me pidió que no me fuera, que no lo dejara, que la casa era mía y, como en ese tiempo no tenía nada a mi nombre, decidí quedarme”, narró la mujer, quien en general, asegura haber padecido violencia verbal, física y económica.
Sus amenazas, como ella las recuerda, son relacionadas con que “no sería de ningún otro hombre”, porque ella le ha costado dinero.
“Me dice que primero muerta, porque él ha dicho que ha invertido mucho en mí, y que en mucho tiempo no se lo tomé en cuenta”, recordó.
Cuando falleció su suegra, Guadalupe decidió dejar a su esposo. Pero antes de la separación, en 2018, fue víctima de otro ataque e inició el proceso de divorcio.
“Pensó que dándome regalos iba a volver con él, me dio un carro a través de una cesión derechos, además, me daba dinero a cambio de estar con él, como no estuve de acuerdo, me dejó de dar la pensión e inicié una demanda de incumplimiento desde 2021, la cual no se ha solucionado”, detalló Guadalupe.
En el negocio que ella abrió tras la separación, alguien llegó y se llevó la camioneta que el hombre le había regalado. Aunque la reportó como robada, se la entregaron a él porque estaba a su nombre. “Todo estaba bien estudiado, se quedó él con la camioneta, seguí adelante pensando que me iba a dejar en paz”, indicó la mujer.
En julio de 2022, un sujeto arribó al negocio propiedad de Guadalupe, simulando un asalto. Le pidió entrar al área de caja e intentó dispararle en la cabeza, pero el arma aparentemente se trabó.
Una mañana de noviembre, cuando regresaba del gimnasio a las 06:30, mientras entraba por la cochera, otro individuo la esperaba. Se acercó del lado izquierdo y le apuntó en la cabeza con un arma, al tiempo que le pidió abrir la puerta de la casa. Ella se negó y, de acuerdo con las imágenes de un video casero, el arma volvió a fallar.
Desde entonces comenzó a trabajar a puerta cerrada en el negocio, pero en enero de 2023, llegaron unos proveedores. La esposa del proveedor pidió salir para ir a su vehículo por unos papeles y en ese momento un sujeto en una bicicleta aprovechó e ingresó al establecimiento, sacó un arma de la mochila y comenzó a buscar a su víctima.
“Reaccioné y corrí, me metí a un almacén. Le preguntó al proveedor ‘¿Quién es la dueña?’, señaló hacia donde estaba y entró disparando”, rememoró Guadalupe, quien fue trasladada de emergencia con lesiones por disparo de arma de fuego en pecho, brazo y pierna.
Hasta el momento sólo se ha hecho denuncia por tentativa de homicidio, y no está reclasificada como intento de feminicidio. En fiscalía le dicen que si lo cambia, el juez podría rechazarlo y el caso cerraría.
Aseguró que el 1 de enero le dijo a su ex pareja que si el problema es por el dinero que ella reclama, “ahí la dejan”.
“Pero no quiso, él cree que yo soy de su propiedad”, concluyó Guadalupe.
