El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 22 de junio de 2023, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de invadir facultades del Congreso de la Unión, si invalidaban la segunda parte del llamado “plan B”, es decir, el decreto publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Cerca de lo que va a resolver la Corte hoy, de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo se queda en la forma, y además considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo, le van a corregir la plana al poder legislativo”, dijo el mandatario nacional.
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“Ya convertido en el supremo poder conservador, en defensa de la minoría conservadora. Están argumentando de que la ley no se discutió en el Congreso, no se discutió lo suficiente, cuando sí se discutió y además el bloque conservador en el Congreso no quiso ni siquiera participar en nada”, insistió el político tabasqueño.
“Entonces por eso van a anular la ley electoral. Claro que es un asunto de forma, pero la forma es fondo, cuando se trata de la intromisión de un Poder en asuntos que competen a otros”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.
“Entonces pues todas las leyes que se aprueben, si se impugnan porque no se discutieron bien, aunque exista un reglamento en el Congreso y se apegue a ese reglamento, los del Supremo Poder conservador anulan las leyes”, abundó López Obrador.
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El presidente de la República volvió a insistir en que era necesaria una reforma para que se eligieran a los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular y adelantó que en su momento mandaría su propuesta al Congreso de la Unión.
“Por eso pienso que es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial, como se elige al presidente, a los diputados, que no representen a una élite y eso puede. Yo voy a presentar una iniciativa de reforma, en su momento, para que se elijan”, expresó.
El 21 de junio de 2023, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó al ministro Javier Laynez Potisek, de pretender anular el llamado ‘plan B’ en materia electoral, con base en una supuesta confusión que nunca existió, “lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional”.
En un pronunciamiento, la institución -cuya titular es María Estela Ríos González- aseguró que, de según con el proyecto del citado ministro, la oposición en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no tuvo posibilidad de conocer el contenido de la reforma para poder analizarla antes de que fuera votada.
Sin embargo, desde el punto de vista de la Consejería, lo que realmente ocurrió es que los legisladores de las grupos legislativos minoritarios no estuvieron atentos a los trámites parlamentarios y, tampoco, a la conducción de Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, durante la sesión ordinaria en la que se votó la reforma.
“El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro Javier Laynez a la oposición es una apreciación personal, que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”, refirió la Consejería
“Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, insistió la Presidencia de la República.
“En su proyecto de sentencia, el ministro pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el ‘plan B’ electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”, alertó la Consejería.
La Presidencia de la República también acusó al ministro Laynez Potisek, de modificar un criterio respecto a los alcances de la SCJN, para opinar sobre los procesos internos del Poder Legislativo y las razones para declarar una dispensa de trámites.
“Durante la sesión del pleno de la SCJN, celebrada el 8 de mayo de 2023, el Ministro defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar: ‘… no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión’. No obstante, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna”, acusó la Consejería.
