A los grupos del narcomenudeo les atribuyen gran parte de las desapariciones en Baja California. Si bien se trata de delitos distintos, ¿dónde están los grupos antinarcomenudeo oficiales?
Históricamente, el delito de narcomenudeo se encuentra estrechamente ligado a un gran porcentaje de personas desaparecidas. No malinterpreten; no se trata de criminalizar a las víctimas que permanecen ausentes hoy en día, sino de identificar que para poder perpetrar privaciones de la libertad (o “levantones”), se debe contar con una estructura criminal que se abastece económicamente del mercado de las drogas.
El conflicto por el narcomenudeo genera entre 60 y 70 por ciento de los homicidios en Baja California, pero también de la crisis de desaparecidos, cuyos orígenes no están identificados en una sola causa, pero que las autoridades -como una medida de disminuir el impacto mediático- lo atribuyen a criminales que operan el narcomenudeo, ya sea por confusiones, por la intervención de las víctimas en actividades ilícitas; o bien, por situaciones meramente fortuitas.
Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se documentaron 86 mil 386 personas procesadas por el delito de narcomenudeo en la modalidad que le compete a los Estados.
De ellos, Baja California documentó 9 mil 655 denuncias, lo que representa más del 10 por ciento de todos los hechos relacionados a nivel nacional, ubicándose en tercer lugar en el país.
Sin embargo, ¿cómo es posible que el área de “narcomenudeo” tenga una cifra tan alta en denuncias y no se vean los resultados?
Para empezar, es poca la investigación que las áreas de narcomenudeo realizan en contra de los distribuidores y vendedores de enervantes, focalizándose en lo que las policías preventivas turnan diariamente, omitiendo -la mayoría de las veces- que hay cantidades de droga permitidas para uso personal.
Entonces, los grupos de “narcomenudeo” procesan a personas que con mucha frecuencia llevan una dosis de droga, lo presentan y finalmente recuperan su libertad, pues en primera instancia ni siquiera tuvo que ser “empapelado”. Sin embargo, les genera una estadística que les permite brindar resultados ante sus superiores. Es decir, les dan números.
El fiscal Ricardo Iván Carpio, declaró en días pasados que varios de los casos de desaparecidos que se documentaron en la Zona de Antros en Mexicali, tenían como presuntos responsables a grupos ligados al narcomenudeo, pero las diligencias de quienes deben encargarse de investigarlos nunca llegaron a los centros nocturnos, pese a ser un foco rojo en la venta de estupefacientes.
A esto se le debe sumar que la Fiscalía General de la República (FGR) no moviliza un dedo para procesar el narcomenudeo que encuadra en su responsabilidad, es decir, los casos que exceden cierto límite de posesión de enervantes.
En otras palabras, los grupos de “narcomenudeo” (local y federal) no investigan sus delitos, sus cateos son sumamente escasos y los pocos resultados se pierden en una o dos dosis de droga por persona, lo que realmente no implica un acto trascendente en el combate al narcomenudeo.
Es evidente que hay vicios que se arrastran desde pasadas administraciones en las áreas de narcomenudeo en Baja California, lo cual es considerado un área de oportunidad dentro de la FGE, pero por qué no también replantear lo que hacen las autoridades preventivas para combatir este delito, que se vuelve el origen de la mayoría de los otros ilícitos, desde el robo hasta los homicidios.
