La captura se concretó el 19 de enero del mismo 2011. De acuerdo al parte informativo, las autoridades recibieron una denuncia de hombres armados en un domicilio del Barranco Cordero de la Ampliación Lucio Blanco en Rosarito. Como era uno de los domicilios identificados del presunto delincuente, policías estatales y militares resguardaron varias cuadras a la redonda.
En el lugar fue rescatada una adolescente de 14 años, aún en uniforme escolar, a quien “El Bóxer” violó durante dos días, y dejó un video como prueba.
Por eso y porque estaba “muy drogado”, Miguel Valle Beltrán “El Bóxer” fue detenido minutos después de la balacera ejecutada en el domicilio original, a pesar de que huyó y brinco de casa en casa. Inicialmente negó ser “El Bóxer” y después trató de responsabilizar a sus subordinados criminales de los delitos.
El día de la captura, las autoridades aseguraron ocho armas largas, una corta, siete cargadores, 452 cartuchos útiles, 5.5 kilos de cristal, 30 kilos de marihuana y 12 de sus presuntos cómplices.
Además de las muertes antes mencionadas, las autoridades los incluyeron como presuntos responsables del asesinato de un taxista el 10 de noviembre de 2010, y del policía municipal de Tijuana, Héctor Alfonso Vargas, y del civil Juan Durán el 17 de diciembre de 2010 en una taquería en Tijuana. Cargo que no ha enfrentado y carpetas por las que no ha sido requerido, porque desde hace 12 años se encuentra bajo proceso por delitos federales, al ser vinculado a proceso tras cumplirse 80 días de arraigo por el Juez Primero de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas.
Como resultado de la averiguación previa No. 290/UEIDT/39/2016, dentro de la causa penal No. 703/2023, el 28 de abril de 2023, el Juzgado Décimo Primero de Distrito hizo público el acuerdo mediante el cual se libró orden de aprehensión en contra de once hombres que, en enero de 2011, formaban parte de las fuerzas operativas del Grupo Coordinación en Baja California.
Los acusan de tortura y en la lista existen elementos que sirvieron en Tijuana y en Mexicali, algunos que aún laboran en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California -antes Policía Estatal Preventiva, PEP-, pero dado el tiempo transcurrido, otros llevan años retirados, trabajando como civiles.
Incluso uno de los policías estatales requeridos por la justicia, Jesús Manuel Sais Rojas, murió por infarto en abril de 2018.
Dado que el caso ha sido tratado con hermetismo por las agencias de seguridad locales, la información de la que se dispone es limitada. Se sabe que el lunes 15 de mayo, agentes de la Fiscalía General de la República, presuntamente procedentes de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT) de Ciudad de México, llegaron a Tijuana y detuvieron en esta ciudad a un ex policía estatal de apellido Leyva. A partir de esa captura se pudo conocer que la orden de aprehensión incluye otros 10 nombres.
También se pudo conocer que el acusador es Juan Miguel Valle Beltrán “El Bóxer” -aprehendido en enero de 2011-, acusado como lugarteniente criminal del Cártel de Sinaloa, ligado a la célula escindida del Cártel Arellano Félix (CAF) encabezada por Eduardo García Simental “El Teo”, capturado en Baja California Sur en enero de 2010.
“Tengo conocimiento, estamos en coordinación, el famoso ‘Bóxer’ que supuestamente está alegando haber sido torturado y obviamente argumentos propios que tiene el delincuente para poder zafarse de las penas que tiene, y no solamente está involucrando a gente de la antigua Policía Estatal Preventiva, sino otro personal que también participaron ahí. Las instancias legales tendrán que determinar la culpabilidad o inocencia de esas personas”, señaló respecto al tema el General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de Seguridad Ciudadana del Estado Baja California.
“Estoy enterado y en la mejor disposición de coordinarnos conforme lo que a Derecho corresponda. Eso fue en 2011, si los procedimientos no se hicieron adecuadamente, no tengo conocimiento, deberá ser la Ley quien determine procedencia o improcedencia de los señalamientos del delincuente de la presunta mala actuación de los elementos”, agregó.
Para capturar, como servidores o ex elementos de la PEP, la orden en posesión de los oficiales de la FGR contempla a Leyva, ya detenido; a Sais, fallecido; a José Antonio Arellano, Juan Manuel López Romero, Marcelo Jorge Osuna, José Jesús García y a “Felipe”, de quien se ignora apellido.
En cuanto a los militares, algunos ya en retiro, los nombres que manejan son los de Luis Alberto Sánchez, Daniel Baltazar y Esparza Muñoz.
De manera extraoficial, elementos de la FESC han mencionado que la lista incluye a un ex agente con el nombre de Fermín y a otro de apellido Castro, sin más datos.
De los agentes señalados existe poca información, salvo de Marcelo Jorge Osuna, agente estatal que en 2017 no aprobó los Exámenes de Confianza -no se informó cuál parte- y le retiraron el arma de cargo. Promovió un amparo y pudo continuar en la corporación.
En marzo de 2023 promovió otro amparo en la causa penal 565/2022, que se desechó. Estaba relacionado con autos de investigación ligados a la indagatoria FED/BC/TIJ/002785/2021, cuyo contenido es reservado.
SICARIO ACUSADOR
Tras el asesinato del policía estatal preventivo Juan Fernando Sánchez Martínez el 27 de junio de 2010 y la captura de los presuntos autores materiales en los 15 días posteriores, Juan Miguel Valle Beltrán “El Bóxer”, jefe de los capturados y señalado de ordenar el asesinato, se convirtió en objetivo prioritario del Grupo Coordinación de Seguridad de Baja California.
Para entonces ya estaba identificado dentro del organigrama criminal como parte de la mafia del detenido “Teo” -enero 2010-, en la célula de Héctor Eduardo Guajardo Hernández “El Güicho”, detenido en mayo de 2011. Se les fugó en julio del mismo año, cuando de la prisión lo llevaron a un hospital de Ciudad de México, y lo reaprehendieron en septiembre del mismo 2011.
Valle Beltrán era adicto, pero también amigo de Guajardo, por eso, a pesar de los problemas con las drogas, junto con su grupo de matones identificados como “Los Chaneques” los dejó a cargo del control de la venta de droga al menudeo en la zona que abarcaba Rosarito y la limítrofe con Tijuana, cuando él huyó de la zona costa y se escondió en Mexicali.
“El Güicho” y “El Bóxer” ya habían sido detenido previamente el 31 de agosto de 2009 en Ensenada, porque como parte de un “pleito de tránsito”, chocaron a una familia en un auto, bajaron al conductor, lo golpearon y le quitaron el dinero. Un grupo de abogados los sacó de la captura preventiva antes que las fiscalías les imputaran ningún cargo.
El asesinato, decapitación y exposición de la cabeza de Ramsés Jesús Mendoza Velázquez en un puente, sucedida el 3 de enero de 2011, también se relación al grupo criminal. El narcomenudista había sido asesinado para “alinear” al resto de los vendedores.
De acuerdo a datos del Centro Estatal de Inteligencia, el 6 de enero de 2011, “El Bóxer”, logró escapar del operativo implementado por el Grupo Coordinación tras el asesinato del agente ministerial Carlos Fernando López, quien había acudido a una casa en la colonia Lucio Blanco como parte de la investigación en una carpeta por el delito de robo. En el lugar encontraron dos hojas con narcocorridos que “El Bóxer” estaba escribiendo de sí mismo.
El asesinato de Bulmaro López madero, testigo de asistencia de la Mesa 9 del Ministerio Público Federal en la Delegación FGR Tijuana -cometido el 16 de enero de 2011- también se atribuyó a este grupo. El empleado federal fue acribillado mientras circulaba en su auto; en la escena localizaron 44 casquillos calibre .223.
LAS OTRAS DENUNCIAS DEL “BÓXER”
Inicialmente “El Bóxer” estuvo preso en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 3 de Tamaulipas, entre los años 2011 y 2016, tiempo en el cual promovió varios amparos, reclamando falta de atención médica, insuficiencia de alimentos y humillaciones.
En 2016, Valle Beltrán fue trasladado al Cefereso 15 en Chiapas, donde sus demandas y amparos han continuado. Exigió judicialmente porque primero, no le daban tenis, después, que no le daban plantillas. Su abogado también litigó por falta de lentes y demandó que no le daban trabajo en el penal, así como por falta de tratamiento médico y mala atención médica, además que no le daban papelería. De manera permanente busca protección porque teme ser trasladado.
Entre noviembre de 2022 y enero de 2023, junto a otros internos promovió una “controversia judicial en contra de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS Chiapas”, con sede en Villa Comaltitlán, por la omisión de dar contestación a la petición colectiva, en la que solicitaron se les tomara una foto para enviársela a sus familiares “por las razones ahí expuestas…”.
Aseguraban estar muy lejos de sus familias y que no los podían ver, por lo que querían enviarles las imágenes.
Como no explicaron ni justificaron que se les estuviera provocando un daño, el juez de Ejecución que desechó la controversia judicial 49/2023, “promovida por los justiciables de mérito”, se ampararon, pero igual, la autoridad rechazó su más reciente petición.
