La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) solicitó, el 3 de mayo de 2023, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, resolver primero respecto a la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGCS), el 11 de mayo de 2018, y luego se analice la validez de la reforma a dicha norma, es decir, el llamado “plan B” electoral.
A través de un comunicado, la institución gubernamental recordó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, por las mayorías parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), en la Cámara alta del Congreso de la Unión, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en el Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Movimiento Ciudadano (MC), al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones, no eran acordes con la Constitución.
“La solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es con el propósito de evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México, por lo que hace un respetuoso llamado a la SCJN para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión”, señaló la CJEF.
La Consejería, cuya titular es María Estela Ríos González, detalló que, al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral, ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta.
Ello, contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), aprobadas en diciembre de 2022. “Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018”, señaló la CJEF.
PRESIDENCIA RECLAMA FILTRACIÓN DE PROYECTO PARA SUSPENDER EL PLAN B DE AMLO: SCJN LO FILTRÓ ‘CLANDESTINAMENTE’
El 2 de mayo de 2023, la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) filtró el proyecto de sentencia del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, en el que propone invalidar, en su totalidad, todas las reformas legislativas publicadas el 27 de diciembre del 2022, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mismas que hayan modificado, adicionado o derogado, diversas disposiciones de la leyes LGCS y LGRA, las cuales representan la primera parte del llamado “plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.
A través de un comunicado, la Presidencia de la República señaló que los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada de acuerdo con el Acuerdo General número 18/2006, emitido por el Pleno de la SCJN. Por ello llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a aclarar a los mexicanos varias cuestiones.
“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la SCJN filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? La filtración de información ¿afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información?”, recriminó la CJEF.
Asimismo, indicó que contaminó el proceso deliberativo de los integrantes del Pleno de la SCJN, transgrediendo de manera negativa al principio de imparcialidad. En este sentido, acusó que el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no constituye un acto de transparencia, sino de irresponsabilidad, ya que dicho procedimiento judicial aún se encontraba en trámite y no había sido incluido en la lista oficial de asuntos por resolver, por lo cual se viola flagrantemente el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“La SCJN no difundió de forma institucional el proyecto de sentencia, sino que lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación, lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno, pues los demás ministros no conocían el proyecto que se divulgó ante la opinión pública, lo cual trasciende de manera negativa al principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 constitucional”, dijo la Presidencia de la República.
Además, la CJEF recordó que el artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal, establece penas por cometer un delito en contra de la administración de justicia, el servidor público que dé a conocer, a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en un proceso judicial y que por disposición de la ley esté reservado.
Ante ello, la Presidencia de la República enfatizó que esperaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciara, de oficio, “la investigación interna que corresponda a efecto de deslindar responsabilidades y evitar, en futuros casos, este tipo de conductas ilegales”.
“El alto tribunal está llamado a ser ejemplo de pulcritud en el desarrollo de los procedimientos judiciales, ya que juzga con rigidez los actos de otros poderes y, al no existir instancia legal que revise su actuar lícito, corresponde al pueblo de México exigir a cada juez el apego irrestricto a la nuestra Constitución y demás leyes que de ella emanan”, insistió la CJEF.
