Salvo la marcha contra el gasolinazo y la Ley de Aguas en enero de 2017, las protestas no habían sido un fenómeno común en la última década en Baja California. Ahora, como evidencia de la desatención y falta de oficio de los ejecutivos, de sus secretarios y funcionarios, se están convirtiendo en el pan de cada día.
Se trata de organizaciones, sectores, vecinos, familias o individuos cuyos derechos humanos, tranquilidad y forma de vida son afectados de manera relevante, usualmente debido a la ausencia de profesionalismo y compromiso de los funcionarios, cuya incompetencia se manifiesta de manera reiterada, coronada por la falta de atención a sus usuarios, quienes en su desesperación al ser ignorados, por ser pocos o estar dispersos, deciden que la única forma de ser escuchados es aumentar el número de afectados.
Optan por bloquear con marchas o protestas, vialidades, acceso a edificios públicos, incluso las garitas de cruce a Estados Unidos, todo en horas pico y sobre vialidades de por sí conflictuadas. Entonces les toca pagar a justos por pecadores, porque nadie puede llegar a ningún lado.
En el mejor de los casos, estas personas victimizadas por quienes están recibiendo un sueldo para servirlos, sólo buscan exponer públicamente su desesperación sin generar mayores conflictos.
Ejemplos sobran. En marzo, primero 5 mil mujeres, después 10 mil mujeres y más, marcharon en Tijuana, Mexicali y otros municipios, reclamando respuestas a los casos de feminicidios y desapariciones porque el gobierno “sólo da palmaditas”.
En diferentes semanas, casi como actos aislados, en aniversarios de asesinatos, familias y amigos toman las banquetas de las oficinas de las fiscalías para exigir avances en las carpetas de investigación de sus seres queridos.
El mismo marzo se manifestaron los taxistas en Mexicali para reclamar las multas impuestas por el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), y uno de sus líderes, Rubén Quiñones, fue detenido.
En Tijuana, las marchas multitudinarias de trabajadores del volante son comunes, las más recientes en marzo, abril y mayo; la última pudo terminar en tragedia, cuando un conductor afectado por los bloqueos, sacó un machete del auto y amenazó a los taxistas que evidentemente lo sometieron porque lo superaban en número. Los reclamos también son por la desatención del IMOS en diversas formas.
O los trigueros, marchando y tomando instalaciones de gobierno en Mexicali, porque después de pedir citas y apoyo, lo único que lograron fue que les dieran largas a sus solicitudes de apoyo para lograr un mejor precio para sus productos.
También los jornaleros agrícolas de Maneadero en Ensenada, quienes cerraron parcialmente la Carretera Transpeninsular para reclamar mejoras a sus condiciones laborales.
Otras menos concurridas, las manifestaciones como parte del movimiento nacional en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).
O qué tal los residentes de zonas donde bardas y casas se están cayendo en terrenos que se están desmoronado, otros por la falta de suministro de agua, como fue el caso de vecinos del fraccionamiento Paseos del Vergel en Tijuana, quienes, en mayo cerraron la Carretera Tijuana-Tecate para ver si después de hablar y denunciar de manera constante, finalmente les hacían caso.
De igual forma, residentes de la calle Sor Juana Inés de la Cruz que se manifestaron contra la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) porque ignoraron sus denuncias por un derrame de aguas negras. Alumnos y padres de la Escuela Técnica 20 en Ensenada que protestaron por falta de profesores e inseguridad. Familiares de reclusos del penal de La Mesa reclamando el traslado a El Hongo, alegando corrupción y violaciones a derechos humanos. La señora Marisela Barboza en huelga de hambre en la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Mexicali, porque la incompetencia del sector salud y un mal diagnóstico, derivó en la muerte de su hermano por cáncer.
En Baja California, a la cabeza de estas insuficiencias -porque son los principales responsables de las políticas públicas y del manejo del gobierno- están la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda y su secretario, Catalino Zavala Vázquez, seguidos por el resto del gabinete. Además de ellos, los titulares en los respectivos municipios y, en algunos casos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con las marchas y protestas, los ciudadanos exponen sus necesidades y, sobre todo, firman su hartazgo a pesar de las molestias que pueden provocar a la ciudadanía en general, dejando claro que sólo están reclamando sus derechos a la justicia, al trabajo, a estar vivo, a la libertad, a una vida digna, a la educación, al servicio de agua, a seguridad en la propiedad, a la salud… nada que los funcionarios en el poder no estén obligados a generar.
Los gobernantes actuales ni siquiera cumplen dos años en sus cargos, y la indiferencia de los que deberían ser servidores públicos de la nación, les está provocando más problemas que la incompetencia.
