Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó, el 8 de mayo de 2023, que los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que votaron a favor de invalidar la primera parte del llamado “plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena, decidieron seguir “protegiendo sus intereses particulares”, por lo que anunció que habrá un “plan C”, que se llevará a cabo “en las urnas”.
“El pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la @SCJN decidió seguir protegiendo intereses particulares. Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas”, señaló el funcionario federal, en su cuenta de la red social Twitter.
El mismo 8 de mayo de 2023, por 9 votos a favor y 2 sufragios en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respaldó el proyecto de sentencia elaborado y presentado por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, para invalidar, en su totalidad, todas las reformas legislativas publicadas el 27 de diciembre del 2022, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mismas que modificaron, adicionaron o derogaron, diversas disposiciones de la leyes General de Comunicación Social (LGCS) y la General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), las cuales representan la primera parte del llamado “plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.
De un total de 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN, los que votaron a favor de la invalidez fueron de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Luis María Aguilar Morales. Mientras que los sufragios en contra son de: Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, destacó que México tenía una democracia constitucional, y uno de sus principios fundamentales es que las decisiones deben ser tomadas mediante procedimientos democráticos deliberativos, por lo que no era suficiente una votación mayoritaria en el Congreso de la Unión.
“El decreto se emitió sin que todas las fuerzas políticas tuvieran conocimiento de las iniciativas, y no tuvieron tiempo para analizarlas […] No basta que una mayoría dispense el trámite sin exponer las razones que lo justifiquen”, indicó la ministra, quien también enfatizó que la solicitud de trámite urgente, se hizo a las 23:00 horas del 6 de diciembre de 2022, y que la mayoría legislativa -conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, la aprobó sin dar razón alguna.
“Fácticamente es imposible que los legisladores se hayan allegado elementos para la discusión. Si bien debemos tener deferencia al legislador democrático, sí tenemos que velar porque en un parlamento todos los grupos puedan debatir en condiciones de igualdad y libertad, lo que en este caso no sucedió”, señaló, por su parte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien también expresó que existieron violaciones al derecho legislativo, porque “se privó a los diputados en participar en un debate […] no se podían posicionar en el fondo porque no lo conocían”.
“En el caso concreto que estamos analizando me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo, que afectaron gravemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando”, argumentó Zaldívar Lelo de Larrea.
En tanto que el ministro José Luis González Alcántara Carrancá dijo que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales, además de que aclaró que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación “estamos llamados a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo”.
Asimismo, el ministro Luis María Aguilar Morales detalló que en una democracia, se deben escuchar las voces de todos en el Congreso de la Unión. “Coincido con el proyecto donde hay diversas violaciones […] con todo respeto dichas violaciones se vulneraron con los artículos 71 y 72 de la Constitución, se violentaron los principios de liberación democrática, no existió una deliberación democrática real y de fondo”.
“No respetar estas reglas [de procedimiento legislativo] es una deslealtad institucional y un desdén a las minorías parlamentarias, que también representan a un sector del pueblo de México […] Yo estoy de acuerdo con la propuesta de declarar la invalidez total del decreto impugnado, porque se cuentan acreditadas múltiples irregularidades al procedimiento legislativo”, anotó Aguilar Morales.
Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menda aclaró que “no se debe deliberar sobre aquello que no se conoce”, por lo que era evidente de que los legisladores no tuvieron tiempo para familiarizarse con la misma, ni menos aún para formarse una opinión informada que les permitiera participar en la deliberación parlamentaria. “En consecuencia, al encontrar que en el procedimiento legislativo se constataron dos vicios con un efecto invalidante”, expuso.
En su turno, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo recordó que el 6 de diciembre del 2022, el grupo legislativo de Morena en San Lázaro, presentó la iniciativa y a las 00:01 horas del día siguiente, se efectuó la votación y en este sentido, los diputados federales no tuvieron la posibilidad de conocer las iniciativas que estaban votando.
En su intervención, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat emitió un voto concurrente a favor del mismo, al destacar que “esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”. Por su parte, Javier Láynez Potisek dijo que era un derecho de los parlamentarios conocer qué están votando y poder expresar su opinión.
En tanto que la ministra Yasmín Esquivel Mossa se manifestó en contra del proyecto y destacó que no se debía invalidar compromisos del legislativo por respeto de la división de poderes, “Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, acotó.
“Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de las demás plenas planteados de las demandas”, anotó Esquivel Mossa, quien también destacó que “es de particular importancia adentrarnos al análisis constitucional de las normas reformadas y no quedarnos en una simple invalidez de procedimiento legislativo”.
Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf también rechazó invalidar la totalidad de la primera parte del llamado “plan B”, ya que observó que los cambios hechos a las reformas “fueron mínimos”, por lo que no se podía argumentar, por parte de los legisladores, que no hubo certeza de qué es lo que se estaba votando.
