Los gobiernos estatal y municipal tuvieron muchas advertencias de lo que estaba pasando en la conocida zona de antros de Mexicali, pero no actuaron
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Los gobiernos de Morena tienen un manto especial ofrecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que los ayuda a lavarse las manos o salir bien librados de señalamientos de corrupción de funcionarios, favoritismos o concesiones a empresas consentidas.
La sociedad aún respalda a los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación cuando se trata de temas políticos o económicos. Sin embargo, la diferencia entre un político y un estadista se mide en las crisis, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda sufrió la más grande de su gobierno durante el pasado fin de semana, cuando un grupo de manifestantes cimbró con sus protestas la zona de antros, conformada por gran número de centros nocturnos, donde es más el narcomenudeo y las actividades ilícitas son más que evidentes.
Es por ello que los posicionamientos políticos en contra de la gobernadora puede sacudirlos fácilmente, no así los problemas reales de la sociedad, como lo son las luchas feministas, los ataques del crimen organizado y, en esta última ocasión, los desaparecidos.
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Lo que ocurre cada fin de semana en los bares y antros de Mexicali, fue una crisis anunciada. La indolencia de los gobiernos municipal, estatal y las áreas de seguridad y procuración de justicia, dieron muchos avisos de lo que podía ocurrir.
No fue hasta los días 15 y 16 de abril cuando familiares irrumpieron y dañaron las instalaciones del monumento a la impunidad (bar Shots) cuando el Poder Ejecutivo y el fiscal Ricardo Iván Carpio, reaccionaron ante una situación que pudo prevenirse.
Pero la onda expansiva debe golpear otros sectores, pues la alcaldesa Norma Alicia Bustamante y su secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela, son los encargados de regular las actividades de dichos bares, que impunemente permanecen abiertos hasta la hora del desayuno sin un control específico.
La Policía Municipal que instala retenes en la zona, pero nunca observó privaciones de la libertad ni tuvo la vinculación necesaria con los encargados de los negocios; la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dirigida por Leopoldo Tizoc Aguilar, cuyos agentes intervinieron a personas fuertemente armadas en el mismo lugar dos días antes de la desaparición, pero lo consideraron como un acto aislado al sólo incautar (o al menos eso reportaron solamente) armas, cartuchos, equipo táctico y esposas dentro de un automóvil; al Congreso de Baja California, encabezado por Juan Manuel Molina y Manuel Guerrero Luna, que prácticamente desaparecieron del tema y no exigieron rendición de cuentas en el tema ni proyectaron reformas en la materia; al igual que el Cabildo de Mexicali.
Todo el gobierno de Morena se encuentra aletargado y se vuelve indolente ante los problemas de la sociedad porque se saben ganadores de la siguiente elección y su pensamiento sólo les da para visualizar y preservar sus recientes privilegios.
El partido vinotinto recibió un fuerte golpe político gracias a su indolencia y frivolidad, y al creer que los sectores empresariales están a su disposición y que la “oposición” política no les genera ninguna afectación.
Hace un año se dio la advertencia: si no se da una atención real a la crisis de los desaparecidos, el problema se les va a salir de las manos. Hoy se les fue, pero debe salpicar a todos los entes de gobierno para que entiendan que las crisis reales deben atenderse como tales.
Refilón
La gobernadora está asumiendo un costo político por un mercado orgánico en Tijuana, pues sus socios son los mismos dueños del bar Copeo, ubicado junto a Shots Factory en Mexicali, donde han desaparecido cinco jóvenes. ¿Vale la pena?
