Ovidio Guzmán López -alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Menores”-, no podrá frenar la solicitud de extradición a Estados Unidos -para que sea juzgado en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre ellos el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana-, negando su identidad.
Así lo aseguró David Zepeda Jones, titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), en entrevista con el diario Milenio. Según el funcionario federal, ella será posible gracias al software estadounidense de reconocimiento facial, denominado Animetrics, y que el Gobierno de México adquirió en 2015, pero que recibe actualizaciones constantes.
“Respecto al hecho de que existan las cirugías faciales, es muy importante resaltar que no únicamente es a nivel externo el estudio, sino que es a nivel óseo donde se nos brindan ciertas características muy individualizantes, que es lo que nos permite tener la certeza de identificación fisonómica”, puntualizó Zepeda Jones.
Por su parte, José Luis Castañeda López, subdirector de Identificación Forense, de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la AIC, de la FGR, explicó que uno de los requisitos más importantes para poder llevar a cabo una extradición es la prueba de identidad.
“Las pruebas de identidad que cuentan con más índices son la identificación fisonómica y la lofoscopia forense, es decir, el análisis de las crestas papilares en los dedos, así como de palmas de las manos y plantas de los pies”, detalló Castañeda López.
“Para poder practicar este tipo de estudios debe existir un oficio del agente del Ministerio Publico de la Federación donde se solicite a la Agencia de Investigación Criminal, y en específico a la Coordinación General de Servicios Periciales, esos dos peritajes, independientemente de los elementos con los que cuente el país requirente; con base en eso, se realizan las diversas pruebas”, señaló Milenio.
“Esta área de la Fiscalía General de la República -la cual fue impulsada por la entonces Iniciativa Mérida- cuenta con laboratorios y equipamiento de alta tecnología, de las mejores a escala mundial, tanto en microscopía como identificación fisonómica. Además, todos los peritos están certificados, tienen un reconocimiento y reciben capacitaciones constantes. Realizar una identificación fisonómica lleva, contando con elementos de estudio, alrededor de 48 a 72 horas”, agregó el mismo rotativo.
Zepeda Jones comentó que también se efectúan peritajes del sistema óseo, y por ello que era totalmente certera la identificación de las personas. “Puede ser intervención únicamente de una especialidad o de varias, según las solicitudes del Ministerio Público y de acuerdo a como nuestros expertos vean la documentación que se nos está está aportando para llevar a cabo estas técnicas”, indicó.
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“Todo está reglamentado. Todos tenemos protocolos de intervención, los cuales seguimos puntualmente, y nuestros laboratorios están actualizados tanto nacional como internacionalmente”, agregó el titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República,
Por su parte, Castañeda López aseguró que todas las pruebas periciales cumplían con un estándar llamado Daubert, el cual es un método científico reconocido a nivel internacional. El 7 de marzo de 2023, Rogelio Díaz Villarreal, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, notificó a Guzmán López, la solicitud de extradición.
Misma que realizó el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, para que sea juzgado en las Cortes Federales de los Distritos Norte de Illinois y Sur de Nueva York, por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre ellos el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) notificó al hijo del capo sinaloense, el contenido de la petición formal de extradición que envió el Gobierno de Estados Unidos, que busca enjuiciarlo por cinco cargos de conspiración para traficar droga a su territorio. A partir de este día, Guzmán López podría tramitar un amparo contra la extradición y ofrecer pruebas en el proceso para intentar evitar su entrega a Estados Unidos.
Sin embargo, “El Ratón” afirmó que las autoridades federales se equivocaron con su captura, ya que supuestamente él no es el hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, durante la audiencia nunca dijo tener otro nombre y se identificó como Ovidio Guzmán López, cuando el juez Díaz Villarreal le pidió que se identificara.
“No soy la persona que ellos creen, que reclama Estados Unidos”, dijo Guzmán López, al final de la audiencia llevada a cabo por videoconferencia y que duró 5 horas y media. Por otra parte, Alberto Díaz Mendieta, coordinador del equipo de abogados defensores de “El Ratón”, anunció que presentarían las dos únicas excepciones o argumentos con los que podía litigarse un juicio de extradición en México.
El primero era demostrar el error de identidad, es decir, que el detenido no era la persona que el Gobierno de Estados Unidos reclama en extradición, y el segundo era que la petición formal de EE.UU. no se apegaba al Tratado de Extradición suscrito entre ambos países.
El Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos presentó a la Fiscalía General de la República (FGR), el 27 de febrero de 2023, la petición formal de extradición contra Ovidio Guzmán López -alias “El Ratón”, hijo del capo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Menores”-, a quien pretende juzgar en una Corte Federal por el delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.
La FGR recibió la petición formal y turnó el documento -que incluye pruebas contra “El Ratón”- a Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México-, para que programe una audiencia informativa con el hijo del ex líder del Cártel de Sinaloa.
Salazar Hernández, dictó, el 6 de enero de 2023, prisión preventiva con fines de extradición por 60 días, a Guzmán López, por lo que “El Ratón” debería permanecer interno en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras dure el proceso para enviarlo a Estados Unidos.
La audiencia inicial del hijo de “El Chapo” se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, donde el juez de control determinó su legal detención. Después, en las audiencias subsiguientes, se le podría vincular a proceso o se realizaría el juicio de extradición.
Además, Salazar Hernández estableció que si la Embajada de Estados Unidos en México, no formalizaba su pedido de extradición antes del 5 de marzo de 2023, decretaría la libertad del hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
A las 15:15 horas del 17 de octubre de 2019, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) llevaron a cabo la detención de alias “El Ratón”, en la sindicatura de Jesús María, municipio de Culiacán, Sinaloa, cumplimentando una orden de aprehensión, girada el 2 de abril del 2018, por la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., “por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud”.
TRIBUNAL FEDERAL DECLARA INFUNDADA QUEJA DE “EL RATÓN” CONTRA PROCESO DE EXTRADICIÓN
Por unanimidad, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró infundado, el 18 de abril de 2023, un recurso de queja que interpuso “El Ratón”, quien pretendía que un juez no emitiera opinión jurídica respecto a si era procedente su entrega a Estados Unidos, para así paralizar su proceso de extradición.
El Tribunal Federal determinó correcta la decisión de Abigail Ocampo Álvarez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por no conceder una suspensión provisional al hijo de “El Chapo”. Los magistrados señalaron que Guzmán López buscaba que se le concediera la medida cautelar, para que no se emita la opinión jurídica de la juez.
“Luego indica que debe seguirse el procedimiento de extradición en los términos del numeral 25 de la ley en la materia, lo que no solicitó en su demanda, pero que el juez de Distrito responsable no emita la opinión jurídica hasta que se dicte la suspensión definitiva a fin de conservar la materia de amparo”, explicaron los magistrados.
Por su parte, la juzgadora sólo concedió la suspensión provisional contra la detención formal de extradición, para que Guzmán López no pudiera ser entregado a EE.UU. Sin embargo, negó conceder la medida cautelar contra la suscripción, publicación, aprobación y promulgación del Tratado Internacional entre México y Estados Unidos, mediante decreto de 26 de febrero de 1980.
Ocampo Álvarez tampoco otorgó a “El Ratón”, la suspensión contra el artículo 23 de la Ley de Extradición, y mucho menos contra la calificación y admisión de la petición de formal extradición internacional, al estimar que se trata de actos consumados. Por ello, el Tribunal enfatizó que fue correcta la decisión de la juzgadora, de no conceder la suspensión, “porque ello implicaría paralizar el procedimiento de extradición”.
La resolución de los magistrados también detalló que fue correcto considerar que el artículo 2 del Tratado de Extradición que reclamaba “El Ratón”, sólo establece las conductas intencionales punibles que dan lugar a la extradición, por lo cual tal disposición tampoco produce un efecto o consecuencia inmediata que se pueda considerar afecta la esfera jurídica del quejoso que amerite ser suspendida provisionalmente, ya que en posterior momento se determinaría si las que se le atribuyen eran compatibles o no para otorgar la extradición de forma definitiva.
