José Avelino Orozco Córdova, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, vinculó a proceso, el 25 de abril de 2023, a Antonio Molina Díaz, Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), por el ejercicio ilícito del servicio público -delito que no tiene prevista la prisión preventiva de oficio, aunque sí la justificada-, por el caso de la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en una estación migratoria.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que a Molina Díaz le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el juez de control confirmó que el segundo funcionario de más alto rango en el Instituto Nacional de Migración, sólo después del comisionado Francisco Garduño Yáñez, continúe su proceso en libertad, algo que ya había determinado en una audiencia anterior. Además, determinó fijar en tres meses el plazo del cierre de investigación complementaria.
Según lo estipula el Código Penal Federal, en su artículo 214, la modalidad del delito que se le imputa a Molina Díaz tiene una pena de dos a siete años de prisión y de 30 a 150 días multa, por lo que no amerita prisión preventiva. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación (MPF) solicitó dicha medida cautelar al juez de control, mismo que la negó.
El MPF acusó a Molina Díaz de ser omiso y no garantizar las condiciones adecuadas de la estación migratoria de Ciudad Juárez, lo que provocó, según dijo, la muerte de los extranjeros, así como las lesiones de 25 personas más y el daño material del edificio público. En su argumentación, los representantes de la FGR denunciaron que el directivo del INM nunca supervisó las condiciones en que se encontraba dicho centro de detención, a pesar de que tenía conocimiento de cómo se encontraba.
Por otra parte, Víctor Hernández Calderón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, determinó, el 25 de abril de 2023, que Francisco Garduño Yáñez seguiría como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ya que rechazó la petición del Ministerio Público de la Federación (MPF), de separarlo del cargo, por el caso de la muerte de 40 migrantes extranjeros en un incendio ocurrido en una estación migratoria.
El juzgador federal tampoco aceptó prohibir a Garduño Yáñez -quien se reservó su derecho a declarar-, salir del país y la única medida cautelar que impuso al comisionado del INM, fue acudir a firmar cada 15 días. Asimismo, Hernández Calderón fijó la audiencia de vinculación o no a proceso, para el domingo 30 de abril de 2023.
El juez de control señaló que como funcionario federal, Garduño Yáñez incumplió con su deber de garante y que fue omiso en supervisar, vigilar y proteger a personas y lugares que le correspondían. También, que omitió opinar respecto a un posible cierre de la estación migratoria.
Asimismo, Hernández Calderón recordó que en la estancia provisional Juárez -donde el 27 de marzo de 2023, murieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados, luego de registrarse un incendio-, había falta de agua y comida, además de hacinamiento, además de que en el área de los hombres había 68 extranjeros encerrados con candado.
A su salida del Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, luego de seis horas de audiencia, Garduño Yáñez indicó que su abogado Rodolfo Pérez Velázquez sería el vocero en este caso. “Yo declaré ante el señor juez de guardar silencio”, dijo el comisionado del INM.
Pérez Velázquez, a su vez, fue cuestionado por representantes de los medios de comunicación respecto a por qué se aplicaron criterios distintos entre Garduño Yáñez y Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria del INM, respecto a la prisión preventiva, ya que por el primero no se solicitó, lo cual sí ocurrió con el segundo, aunque fue rechazada por el juez de control. Ambos funcionarios fueron acusados por el mismo delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“En ese momento que se solicitó la prisión preventiva [contra Molina Díaz], el juez la consideró desproporcionada y excesiva, toda vez que los funcionarios han cumplido con todo el apoyo a las víctimas y el desarrollo de la investigación, por lo tanto no había una razón para atender la prisión preventiva”, justificó el abogado defensor de Garduño Yáñez.
“De esta misma manera en esta audiencia la Fiscalía solicitó la separación del cargo del comisionado, también solicitó vigilancia y su prohibición de salir del país, sin embargo también se hicieron los argumentos correspondientes en la audiencia y el juez determinó, que el comisionado ha reconocido el trabajo, y la labor de apoyo y desarrollo de la investigación en su presencia en este Juzgado y consideró también infundada la petición de suspenderlo del cargo y de que no pudiera salir del país, porque aparte es necesario en relación a que él lleva una función con autoridades sobre todo de Estados Unidos”, detalló.
“Ya había habido un criterio en contra con Antonio Molina, ahora se intentó la separación de cargo, y bueno afortunadamente el juez escuchó nuestros argumentos y consideró que no”, enfatizó Pérez Velázquez, quien también reveló que incluso en la audiencia del 25 de abril de 2023, les entregaron nuevos elementos de la investigación.
“Entonces no puede ser considerada como una acusación ‘light’, sino yo diría que hasta hay algún tema nuevo en la investigación”, agregó el abogado defensor de Garduño Yáñez, quien solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para la audiencia de vinculación o no a proceso, por lo cual se efectuará el domingo 30 de abril de 2023.
El litigante también declaró que las direcciones generales y las Oficinas de Representación del INM en todos los estados del país, tienen la infraestructura y facultades para dar trámite a todas las necesidades de las entidades en el tema migratorio.
