A sólo unas semanas de que se publique la licitación pública de la obra del nodo vial El Sauzal, en la carretera Ensenada-El Sauzal, los vecinos de la comunidad buscan prevenir un “colapso” en materia de movilidad y de servicios.
El sábado 1 de abril, varios residentes acudieron a la primera reunión de vecinos en el deportivo “Ernesto Moreno”, denominada “Por una comunidad con orden y dignidad, crecimiento no es progreso ni desarrollo”.
Los asistentes manifestaron temor por el supuesto crecimiento económico que se prevé en la delegación a partir de la modernización del nodo vial.
Una de las proyecciones, es que el movimiento de carga pesada podría pasar de 120 mil contenedores anuales a 213 mil adicionales cada año a partir de 2027, según datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).
Este flujo vial se contrapone con los problemas básicos de la comunidad, ya que enfrentan problemas con el movimiento de contenedores, falta de drenaje, tiradero de aguas negras, malos olores emitidos por la industria pesquera y desabasto de agua potable.
Los afectados tienen una década protestando por estos problemas, además del crecimiento acelerado de la industria pesquera y de contenedores.
No obstante, como no han tenido respuesta del gobierno estatal ni municipal, han decidido elevar las quejas a nivel federal.
Los oficios que se elaboren a partir de abril, mencionaron, estarán dirigidos al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al delegado federal único, Alejandro Ruiz Uribe.
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NODO SE CONSTRUIRÁ EN ETAPAS
Se espera que la licitación para la construcción de este nodo inicie en abril, con una inversión de 300 millones de pesos, informó la gobernadora Marina del Pilar Olmeda a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT).
Aunque el tiempo estimado es de 14 meses, no hay confianza en que se respeten los tiempos. La propuesta del programa de movilidad durante la obra consiste en dividir la construcción en tres etapas. En la primera se mantendrá la circulación por el puente Tecate-Ensenada en ambos sentidos, a la par de que se construirá el segundo con cuatro carriles.
“No tiene programado el gobierno trabajar en horario nocturno”, lamentó una de las vecinas, a quien no convence el plan de movilidad mientras dure la obra.
Según describieron, una parte del tráfico lo pretenden desviar por la calle Emiliano Zapata, alterna a la carretera y que atraviesa la Escuela Primaria “Abelardo L. Rodríguez”, así como la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO BAJO CONTROL: SERVICIOS PÚBLICOS
En un recorrido hecho por la zona, se detectaron al menos cinco bocas de tormenta abiertas que representan un peligro para los peatones o que han dejado daños en vehículos y son responsabilidad de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).
Dentro del polígono de El Sauzal, tanto en la zona de 4 Milpas y Las Rosas como en la entrada hacia el Valle de Guadalupe, hay desarrollos habitacionales con una proyección de entre 8 mil y 10 mil viviendas.
Referente a las atribuciones de Servicios Públicos Municipales, el titular de la dependencia, Francisco González Revilla, informó que en la zona se mantiene un programa de recolección de basura semanal en todas las colonias de la delegación.
Una de las acciones emprendidas en la zona donde se construirá el nodo vial, desde El Sauzal hasta la entrada al Libramiento, El Sauzal-Ojos Negros, hasta el Bulevar Santa Anita, fue colocar una red de alumbrado.
De manera permanente se realizan trabajos de limpieza de los camellones, desde San Miguel hasta el Puerto de Ensenada.
En cuanto a la obra de modernización del nodo en El Sauzal, la dependencia sólo participa en las reuniones para coordinar con el gobierno municipal.
JUECES FEDERALES DAN LARGAS A PROBLEMÁTICA CIUDADANA
Como parte de las acciones legales emprendidas por los afectados, quienes buscan erradicar las emisiones de las empresas ubicadas en la zona de Fondeport y en el corredor de El Sauzal, existen al menos diez denuncias.
Son cinco juicios de responsabilidad ambiental contra Pesquera California Bahias, Moon Pesquera, Oceánica San Miguel, Harinera San Carlos y DLR, expuso el abogado Alejandro Casillas.
“Hay un amparo contra las empresas harineras y los transportistas, así como una consulta ciudadana. Un amparo más está en proceso de presentarlo por la problemática de los aceites”, comentó.
“Estos juicios, o por lo menos los primeros siete, son por responsabilidad ambiental, mientras los amparos son por violación de parte de las autoridades, al otorgar permisos o licencias sin siquiera reunir -las empresas- los requisitos mínimos, así como aditamentos para mitigar la contaminación”, abundó el litigante.
Como ejemplo, la compañía DLR, dedicada al servicio de transporte de carga pesada y logística, carece de uso de suelo.
ZETA preguntó a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal sobre la veracidad de la información respecto a la disponibilidad de uso de suelo, sin embargo, el director no respondió la petición.
En octubre de 2020, el Ayuntamiento de Ensenada clausuró la empresa Moon Pesquera por incumplir con el protocolo ante una fuga de amoniaco, e interno, la Dirección de Protección Civil.
Alejandro Castillo indicó que si bien cerró esa empresa, otra de nombre Capitanía Moon, le renta el espacio a Moon Pesquera.
En el juicio no se menciona que la empresa está operando bajo otro nombre, con la finalidad de hacerlos responsables de los daños ambientales.
Otro de los negocios, California Bahías, que hace unas semanas emitió humo negro y quedó grabado en video, ha manifestado tener los aditamentos y maquinaria necesarios para mitigar la contaminación, sin embargo, no han podido acreditarlo.
“Los jueces no quieren emitir fallos para no generar problemas económicos, tenemos más de un año pidiendo las medidas precautorias, los jueces federales piden más evidencia de parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero cuando se entregan, se deslindan de responsabilidad, argumentó el abogado, para concluir:
“Una vez reunidos los informes, las pruebas, los jueces dicen que no es de su competencia, sino de Semarnat o Profepa, y no podemos seguir así; sólo por la falta de certeza científica no van a actuar”.
De manera que, como no hay tribunales especializados en medio ambiente, los jueces se protegen para evadir la responsabilidad de dictar sentencia condenatoria.
