El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de hecho nominado a esa magistratura por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las primeras facultades que ejerció como mandatario nacional, es el autor del proyecto de sentencia que propone declarar inconstitucional la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como se estableció, por decreto en septiembre de 2022.
Es importante el origen de la nominación del ministro González, pues no podrá argumentar López Obrador que actúa contra su política, por ser parte del grupo conservador, o que pretende desde la oligarquía desestabilizar a su gobierno.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justifica, entre otros planteamientos, para declarar inconstitucional la adhesión de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano:
Que “la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional. En este sentido, el Artículo 129 constitucional reza que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y, en ese sentido, por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles”.
Desde su campaña previa a la elección de 2018, AMLO había propuesto la creación de una Guardia Nacional, precisamente para quitarles a Ejército y Marina las facultades de perseguir delitos federales, particularmente contra organizaciones criminales y cárteles de las drogas, que se les habían conferido en los sexenio de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y un poco en el de Enrique Peña Nieto.
En ese entonces López Obrador no estaba de acuerdo en que los militares hicieran labores de corporaciones civiles y, de hecho, su propuesta formaba parte del eje para “sacar al Ejército de las calles”. En concordancia, cuando ganó la Presidencia de la República propuso la activación de la Secretaría de Seguridad federal que había sido desaparecida en el sexenio del priista Peña Nieto, sería esa la que tendría facultades sobre la Guardia Nacional.
Su primer secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, inició con ese encargo que, poco a poco, fue cediendo a los militares.
La Guardia Nacional, de corte civil, fue transmutándose en un apéndice de la Sedena, pues de la convocatoria pública por el Presidente para que jóvenes civiles integraran esa corporación creada en marzo de 2019, el cuerpo policíaco pasó a ser integrado por militares y marinos prácticamente en su totalidad, y por supuesto, en sus mandos.
A la salida de Durazo y la llegada de Rosa Icela Rodríguez como primera mujer secretaria de Seguridad en el ámbito federal, la situación no cambió. Poco a poco le fueron restadas facultades a la secretaria y entregadas a las Fuerzas Armadas, de tal forma que Rodríguez dejó de encabezar una corporación civil. De hecho, se quedó sin corporación alguna, para convertirse en una especie de notaria de la seguridad, de la estadística.
En septiembre de 2022, con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en su versión del día 9 del mismo mes, AMLO reformó varias determinaciones legales para que fuese el Ejército, la Sedena, la institución que tomara el control de la Guardia Nacional. Entonces se comenzó, con razón legal, a hablar de la militarización de la seguridad en México.
Justo lo que propone en su proyecto el ministro González, es “declara(r) la invalidez del Artículo 29 (…) en su porción normativa ‘y ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana’”.
Por supuesto que este proyecto no tiene complacido al Presidente López Obrador. Al darse a conocer, consideró que sacar la Guardia Nacional de la estructura y facultad de la Sedena sería un “error garrafal”, cuando de hecho, la propuesta inicial del Ejecutivo federal era que la Guardia Nacional fuese una “institución de seguridad pública, policial y civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil”.
Hace unos días, reflexionó, sentenció, en su conferencia matutina: “Falta todavía ver qué van a resolver los ministros de la Corte, porque está todavía en proyecto este asunto, se va a votar creo que hasta la próxima semana y ojalá lo piensen bien. Si declaran inconstitucional la Ley en la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, va a ser un grave error, un error garrafal”.
Abundó:
“Entonces, si no dependen la Guardia Nacional (de la Sedena) se va a relajar la disciplina y vamos a regresar de nuevo al modelo (Genaro) García Luna de la Policía Federal, ojalá los ministros, porque van a resolver sobre eso, lo tomen en cuenta”.
La cuestión es por qué el Presidente, que tiene ya cuatro años en el gobierno, que supuestamente ha “transformado” la estructura del mismo, que reactivó una Secretaría de Seguridad, que puso a una incondicional como Rosa Icela Rodríguez, considera que regresar la Guardia Nacional a la Secretaría, y por lo tanto bajo la tutela de Rodríguez, significaría “regresar de nuevo al modelo García Luna”. Evidentemente no sólo las condiciones son distintas, también las personas que, junto al mandatario nacional, encabezan la “transformación”.
En próximos días, los mexicanos conoceremos qué resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si declaran inconstitucional la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena y “desmilitarizan” la seguridad, o si continúan por el rumbo presidencial y mantienen, con todo su poder y una corporación civil, al Ejército.
