Baja California es cuarto lugar nacional, con 239 carpetas de investigación en los últimos
seis años. En el país se han denunciado 3 mil 225 casos de trata de persona en diversas
modalidades. Explotación para la prostitución, turismo sexual, pornografía infantil y trabajo
forzoso, entre las principales conductas ilícitas. Sorprende Sonora, entidad donde sólo se han
iniciado cuatro indagatorias por trata de personas. Tijuana y Mexicali, escenarios de tristes historias
de mujeres vendidas al mejor postor
La comisión del delito de trata de personas en sus diversas modalidades va en ascenso en México, y Baja California no es la excepción. De tener una incidencia de 18 carpetas de investigación al año, en 2017, el número de indagatorias aumentó a 70 en 2022, mismo fenómeno que se registra en todos los estados, salvo contados casos donde hubo algún decremento, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Durante los últimos seis años completos, entre 2017 y 2022, este tipo de ilícitos suman 3 mil 225 carpetas de investigación, constituyéndose Ciudad de México en el primer lugar con 659 casos denunciados; le sigue Estado de México, con 638; Nuevo León, 275; Baja California, 239; Chihuahua, 197; Puebla, 146; Quintana Roo, 114; Chiapas, 99; Guerrero con 67 y Oaxaca con 63.
En Baja California, de manera más frecuente en Tijuana y en Mexicali, se presenta este fenómeno aprovechándose de su condición de frontera y de la numerosa movilidad relacionada con la migración. De los indicadores delictivos, basado en el inicio de carpetas de investigación, se advierte el crecimiento de estas prácticas. En la entidad, en 2017 se registraron 18 indagatorias; en 2018 aumentó a 20; en 2019 fueron 19; en 2020 se dio un salto hasta 54 asuntos; en 2021, 58; y en 2022, la trata de personas escaló a 70 denuncias.
EL 26 de enero de 2023, cuando la Secretaría General de Gobierno de Baja California presentó el Programa contra la Trata de Personas para la entidad, Adriana Lizárraga, fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, informó que a partir de octubre de 2021 se han abierto 65 carpetas de investigación por el delito de trata, se han judicializado 23, se han girado 22 órdenes de aprehensión, se ha vinculado a 14 personas, obtenido dos sentencias condenatorias y rescatado a siete víctimas. De ese total, cinco carpetas se iniciaron y judicializaron sólo en el mes de enero; para marzo, las investigaciones aumentaron a 20.
Un Estado que resulta ser, no solo la excepción de las entidades fronterizas, sino de todo el país, con el menor número de casos de trata de personas, es Sonora, que en seis años ha conocido únicamente de cuatro investigaciones. Otras entidades federativas con bajo índice de este flagelo social y criminal son Durango, con cinco asuntos; Colima, con siete indagatorias; Campeche y Nayarit, 12 cada uno; Aguascalientes, 17; Baja California Sur, 20; Guanajuato, 21; así como Morelos y Sinaloa con 30, respectivamente.
LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA
En mayo de 2022, en Tijuana, Miguel Ángel Ayapantecatl Garza fue sentenciado a 20 años y tres meses de prisión, una multa de 150 mil 980 pesos y como concepto de reparación del daño el pago de 34 mil 320 pesos a favor de su ex pareja, a quien obligó a desempeñarse como trabajadora sexual.
La madre de familia había llegado a la ciudad en abril de 2017 con sus hijos y el hombre que la obligó a tener relaciones sexuales con personas desconocidas en un hotel de la Zona Norte, le quitaba el dinero y, para presionarla, amenazaba con quitarle a sus niños. Lo hizo hasta septiembre de 2020, cuando lo denunció.
Lo detuvieron 1 de octubre de ese año, presentaron la acusación en abril de 2021, el 25 de mayo de 2022 resolvieron la realización de un procedimiento y se dictó sentencia.
EL INFIERNO
De acuerdo con la Ley penal mexicana, la trata de personas implica una relación muy compleja entre la víctima y el victimario, que presupone dos aspectos en particular: uno, que la voluntad de la víctima sea completamente minada e, incluso, eliminada, siendo sustituida por la voluntad del tratante; y segundo, que la víctima, en la mayoría de los casos, desconoce su situación de víctima. El victimario anula completamente a su presa, afectando su libertad.
Así le ocurrió a “Viviana”, vecina de la población de Chietla, Puebla, quien fue trasladada a Tijuana por los hermanos Zambrano, dos hombres y una mujer, tratantes de personas, que la explotaron sexualmente durante dos años, obligándole a ejercer la prostitución en hoteles y bares del Centro como Hotel Río Nilo, Hotel Irma y el bar El Fracaso. Pese a la tardanza de la investigación, elementos de la División Científica de la ex Policía Federal pudieron ubicar los establecimientos citados por la víctima mediante tecnología digital.
Viviana narró su terrible experiencia, pues un día fue privada de la libertad en su tierra natal, con todo y su pequeño hijo de 6 años. Le desapoderaron de su teléfono celular y la llevaron en un auto a Izúcar de Matamoros, Puebla; posteriormente, en autobús la transportaron a Ciudad de México, donde la ocultaron durante ocho días y un sujeto de nombre Sergio le forzó a tener relaciones sexuales. El viaje se prolongó hasta Tijuana, donde el resto de la banda la puso a “trabajar”.
“Me dieron un vestido corto y strapless -sin tirantes-, así como unas zapatillas muy altas, de plataforma, diciéndome que iba a trabajar teniendo relaciones sexuales con los hombres e iba a cobrar 260 pesos por quince minutos, que usara condón con ellos porque si me enfermaba me iba a morir sola”, detalló la victima cuando pudo estar frente al Ministerio Público tiempo después de escapar cuando estuvo en Tenancingo, Tlaxcala, en casa de su explotador principal.
Cuando Viviana fue llevada a Tijuana, sus victimarios la tuvieron primero en un departamento de la colonia Obrera segunda sección, y posteriormente habitó otros inmuebles. En un principio la sacaron a prostituirse en el cruce de Calle Primera y Avenida Constitución, pero como no ligó ningún cliente de forma intencionada, fue golpeada por Sergio, su verdugo, quien le estableció una tarifa de 2 mil a 2mil 500 pesos diarios, bajo amenaza que, de no completar lo exigido, seria golpeada, como sucedió en diversas ocasiones.
Inicialmente le hacían trabajar de viernes a lunes en un horario de 19:00 a 03:00 horas, y de lunes a jueves, de 10:00 a 24:00 horas. Cuando su horario de trabajo fue modificado de viernes a domingo, de 10:00 a 06:00 horas, la exigencia aumentó a reunir la cantidad de 4 mil a 5 mil pesos por jornada. En ese tiempo, para que se “pusiera las pilas”, le quitaron a su hijo, al que enviaron a Tlaxcala con uno de los hermanos de la banda. “Resulté embarazada, le dije que era de él, pero me decía que era de un cliente”, recuerda Viviana del momento en que Zambrano la hizo abortar a golpes.
Del grupo criminal sólo algunos miembros han sido detenidos y se encuentran encarcelados por el delito de trata de personas en la modalidad de captar, transportar, recibir, entregar y alojar a una persona con fines de explotación sexual; en tanto, jueces les han dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar (sistema de justicia penal anterior), al no acreditarse los delitos de beneficio de la explotación sexual y delincuencia organizada.
TAMBIÉN ENTRE FAMILIA
Uno de los casos que más ha sorprendido a los bajacalifornianos, fue el de Y. Cristina S., quien en el lapso comprendido del 19 de junio al 5 de septiembre de 2017, presuntamente se dedicó a prostituir a su hermana y su hijastra de 13 años de edad, trasladándolas a diversos lugares para que sostuvieran relaciones sexuales con personas que contactaban sus servicios por medio de la página mileroticos.com, que aún existe en internet. Se ofrecían los servicios sexuales de adolescentes cobrando entre mil 300 y 2 mil pesos. La adulta, que fue detenida hasta junio de 2020, les quitaba 500 pesos “por comisión”.
El asunto fue conocido por Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Mexicali, donde una de las chicas estuvo a disposición en dos ocasiones. La segunda de ellas, dijo que todavía no terminaba la primaria, iba en sexto grado, que en su casa vivían su padre, dos medios hermanos y su madrastra, quien la obligaba a tener relaciones sexuales con hombres, la vendía y, del dinero que conseguía, les cobraba “comisión” por la publicación de fotografías en internet y las llevadas y traídas a los moteles. En dos meses, la menor estuvo con más de 30 hombres.
La víctima Uno aseguró que para finales de junio de 2017, la amiga de su madrastra Y. Cristina S., le dijo a esta y una de sus hermanas “que las metiera a la putifábrica”, ya que en ese momento no tenían luz y debía una fuerte cantidad de dinero. La menor fue convencida de ejercer la prostitución con tal de que “sus hermanitos no pasaran calor” y de esa forma le tomaron fotografías y ofrecieron sus servicios sexuales, los cuales se llevaron a cabo en varios moteles, como Marche, Samil, Paraíso, Morro, Zeus, Virreyes, Motel Itto Inn, Hacienda del Indio, Real Inn, Hotel Araiza, así como en domicilios particulares, ubicados en Hacienda del Bosque, Fraccionamientos Los Pinos y Barcelona, en Mexicali.
Por su parte, la víctima Dos declaró que fue a vivir a casa de su hermana por problemas con su padre y corroboró lo expuesto por la otra menor, en el sentido de que eran prostituidas. Cristina las llevaba a los moteles en su carro color gris. En el caso del motel Samil, su hermana tenía un contacto que le conseguía clientes y también le pagaba una comisión, además de que le daba comisión a su fraterna, tenía que pagar la luz y otros gastos. La imputada no trabajaba y sólo conseguía dinero a través de sus familiares menores.
La mujer fue vinculada a proceso por los delitos previstos en los artículos 10 y 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que en el primer caso, contemplan una pena de 5 a 15 años de prisión; y en el otro, de 15 a 20 años de cárcel. Aunque ha promovido juicios de amparo ante jueces de Distrito en BC, la protección de la justicia federal le ha sido negada a la imputada.
Independientemente de que se encuentre establecido en la Ley como un tipo penal diverso, la trata de personas es un delito que consiste en promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para un tercero, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder a una persona, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.
La codificación penal federal y las de las entidades federativas, prevén distintas modalidades de trata de personas, entre ellas, la explotación para la prostitución, el turismo sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud y sus formas análogas (servidumbre, mendicidad obligada); matrimonio servil y trata de órganos, así como la adopción ilícita.
