El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó, el 5 de abril de 2023, una reforma a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, que obliga a las fiscalías e instituciones policiacas, a emitir la Alerta Amber, de inmediato, cuando un niño o adolescente es reportado como extraviado, sustraído o ausente.
El político tabasqueño publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, en la que se establece que las autoridades de procuración de justicia y de los tres niveles de gobierno deberán cumplir con el Protocolo Nacional Amber México.
“Cuando la persona reportada sea niña, niño o adolescente, al momento de presentar la denuncia formal ante la autoridad competente y sin dilación alguna, además, se emitirá la Alerta Amber de conformidad con el Protocolo Nacional Amber México”, refiere la reforma avalada por las cámaras de Diputados y Senadores.
El Artículo 105 de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las fiscalías estatales, procederán a la búsqueda inmediata de cualquier persona reportada como extraviada, sustraída o ausente.
Para ello, emitirán una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y el extranjero, así como al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para impedir que la persona sea sacada del país.
La Alerta AMBER -retroacrónimo en inglés de ‘America’s Missing: Broadcast Emergency Response’- es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos, implementado en varios países desde 1996. Originalmente hacía referencia a Amber Hagerman, niña que fue privada ilegalmente de su libertad y días después localizada sin vida.
Según la descripción de la Alerta AMBER México, publicado en el portal web del Gobierno Federal, este es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos.
“En el mecanismo participan los 3 niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), medios masivos de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, sector académico y todos aquellos que pudieran apoyar desde el ámbito de sus competencias”, señala.
