Con la salida del comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Francisco Javier Acuña, el 31 de marzo de 2023, el organismo corre el riesgo de dejar de resolver los recursos que suelen interponerse cuando las instituciones se niegan a proveer información a la que por mandato constitucional, los ciudadanos tienen derecho a acceder.
Sin la participación de Acuña Llamas en el Pleno, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podría carecer de quórum para sesionar.
Actualmente hay dos vacantes, en razón del veto que el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, hizo de los nombramientos de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. De modo que, a partir del 1 de abril, el organismo pudiere contar sólo con cuatro comisionados (de un total de siete), siendo que, conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, requiere cuando menos de cinco para que sus sesiones tengan validez.
El 15 de marzo, con motivo de la controversia constitucional que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI presentaría por la falta de integrantes, el Pleno advirtió de la posibilidad de que el organismo quede inhabilitado para sesionar válidamente y de incurrir con ello en incumplimiento de la Carta Magna.
Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta, se pronunció porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) preserve “el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano”, habida cuenta de que el INAI “coadyuva en el combate a la corrupción, fortalece la integridad del servicio público, facilita una gestión efectiva de los recursos nacionales, posibilita un control ciudadano al poder”.
Una vez que la Secretaría de Gobernación dio cuenta al Senado del veto de López Obrador, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, aseguró que, con semejante objeción, quedaba claro que el primer mandatario quería “aniquilar” el Instituto.
“Desde que inició este sexenio el Presidente de la República mostró el hastío que tiene por la transparencia y la rendición de cuentas, hoy es evidente su estrategia: desmembrarlo, destruirlo a costa del derecho a la información de los mexicanos”, acusó.
El 16 de marzo, López Obrador justificó haberse valido de su facultad de vetar las designaciones: “Hubo un acuerdo. No sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los candidatos, uno para Morena y otro para el PAN”.
El día en que se efectuaron los nombramientos (1 de marzo de 2023), el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “74 senadores, de 106 que estaban presentes, construyeran la mayoría calificada”.
Entre otras voces inconformes, el senador panista Damián Zepeda Vidales criticó el acuerdo y sugirió que Morena propuso a Alarcón Márquez para favorecer a la oposición, y a cambio el oficialismo se pronunció porque se avalara la designación de Luna Alviso, de quien se refirió como el “peor calificado”.
Consultado por ZETA, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, opinó que AMLO basó en meros comentarios su decisión de vetar:
“Yo creo él, le platicaron o le dijeron cosas que después él externó en su conferencia (matutina), y eso lo llevó a plantear su objeción. La objeción es un derecho que está ahí en el Artículo Sexto y él lo hizo valer de lo que le dijeron, porque a una persona la catalogó como 100% del PAN, y a otra persona, dijo que tenía la calificación más baja”.
Asumió que “lo que no le dijeron (al Presidente) es que ambas personas habían sido evaluadas y declaradas idóneas ambas, y que la persona que había catalogado como 100% del PAN, había estado en cargos en donde se requería una participación plural”.
En cuanto a la pertinencia de consumar los nuevos nombramientos antes de la salida del comisionado Francisco Javier Acuña, el ex jefe de Gobierno capitalino se dijo optimista.