La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez y que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- informó, la noche del 1 de marzo de 2023, que Genaro García Luna -director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), de noviembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006, así como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012-, tiene bloqueadas 11 de sus cuentas bancarias, con un monto total de 21 mil 255 pesos y 67 centavos.
Sin embargo, a través de demandas de amparo, el ex funcionario federal y otras personas señaladas por la UIF, entre ellas la esposa del ex funcionario federal, Linda Cristina Pereyra Gálvez, han logrado desbloquear 18 millones 917 mil 932 pesos, del total de los 25 millones 920 mil 195 congelados, lo que equivale al 72 por ciento del dinero originalmente inmovilizado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Además, en un informe, el organismo adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que los desbloqueos en favor de los implicados, en lo que denomina el Caso García Luna, son resultado de sentencias dictadas en 7 juicios de amparo.
La cuenta bancaria con más recursos que en su momento fue intervenida tenía un saldo de 7 millones 550 mil 049 pesos, en la cual el Poder Judicial de la Federación (PJF) desbloqueó 5 millones 464 mil 738 pesos y mantiene inmovilizados 2 millones 85 mil 311 pesos.
Según el documento presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando en 2019 la UIF comenzó a bloquear los activos de García Luna y sus allegados, también se congelaron 140 mil 420 dólares, de los cuales se desbloquearon 49 mil 668, es decir, el 35 por ciento del total.
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En la demanda civil que presentó contra Genaro García Luna, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el Gobierno de México pretende obtener 700 millones de dólares, sin embargo, los bienes que le han sido asegurados en dicho juicio sólo valen 17 millones 930 mil 402 dólares.
El documento indica que el bien más caro que tiene embargado por dicha demanda es una casa propiedad de García Luna, ubicada en Williams Island, en Aventura, Miami, valuada en 4.2 millones de dólares.
En dicho procedimiento civil el Gobierno de México reclama 39 empresas, fideicomisos y propiedades de García Luna y Pereyra Gálvez, así como del ex titular de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la SSP Federal, José Francisco Niembro González, y la esposa de éste, Martha Nieto Guerrero.
También a los supuestos socios y prestanombres de García Luna, los empresarios Mauricio Weinberg López, Jonathan Weinberg Pinto, Sylvia Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub, entre otras personas físicas y morales.
“Durante el tiempo en que Genaro García Luna ejerció su cargo como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos”, señaló la UIF, en un comunicado.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones”, agregó la Unidad de Inteligencia Financiera.
“Beneficios que fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro mediante la utilización de paraísos fiscales, y aplicados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en el estado de Florida”, indicó la UIF.
“El actual Gobierno de México, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019”, detalló.
“El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”, recordó la UIF.
“En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años, incluyendo dentro de éstos los 6 años del gobierno anterior, cuando ya no era servidor público”, insistió la Unidad de Inteligencia Financiera.
