Con 92 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 15 de marzo de 2023, el dictamen que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, que databa de 1917 y que aumentaba los castigos por “injurias” al jefe del Poder Ejecutivo Federal, así como a los secretarios del gabinete, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 15 de febrero de 2023, que vetaría el dictamen propuesto por la zacatecana Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas -del grupo legislativo de Morena- y aprobado, un día antes, por la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados de la Unión.
Durante la sesión ordinaria, el Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen previamente avalado en noviembre del 2020 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que fue turnado al titular del Poder Ejecutivo Federal.
En el dictamen se argumentó que la citada Ley surgió en una etapa de indefinición, respondiendo más bien a un contexto de guerra e inestabilidad y por eso contenía disposiciones francamente autoritarias. Sin embargo, pese a su carácter provisional, de corte penal, fue prolongado en su vigencia por más de 100 años, conservando normas anacrónicas e incompatibles con el resto del orden jurídico.
“Se sepulta todo retroceso en el avance progresivo de la garantía de protección más amplia de los ciudadanos […] Es inadmisible cualquier regresión a los derechos fundamentales. A cualquier intento de establecer penalidades a las injurias, lo que hacemos es abrogar esta ley”, dijo Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, así como coordinador del grupo legislativo de Morena, en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
AMLO ANUNCIA QUE VETARÁ LEY DE 1917, REVIVIDA POR MORENA, QUE IMPONE MULTAS POR ‘INJURIAS’ CONTRA EL PRESIDENTE
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 15 de febrero de 2023, que vetaría un dictamen propuesto por la zacatecana Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas -del grupo legislativo de Morena- y aprobado, un día antes, por la Comisión de Gobernación y Población, de la Cámara de Diputados de la Unión.
Mismo que aumentaba los castigos por “injurias” al jefe del Poder Ejecutivo Federal, así como a los secretarios del gabinete, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a gobernadores, legisladores y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Está como me sorprendió, ayer, que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso. No necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, o sea no, libertad de expresión”, dijo el político tabasqueño.
Según la diputada federal promovente, las multas en Unidad de Medida y Actualización (UMAS), contempladas en la Ley sobre Delitos de Imprenta, que databa de 1917, debían aumentarse, porque las actuales “no inhiben la comisión de delitos”. No obstante, el dictamen no tocó las penas de prisión consideradas, que alcanzan hasta dos años.
“La Ley sobre Delitos de Imprenta, en todas las fracciones del Artículo 33, aplica penas y multas que no rebasan en su mayoría los dos años de prisión, y multas de 25 a 200 pesos, y esto en la actualidad ya no funciona porque da pie a cometer los delitos del Artículo 3 que se refieren al orden público”, planteó la legisladora de Morena, en su propuesta.
“Reiteramos que las multas que se aplican son demasiado laxas, por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se deben actualizar. De otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal, por lo que también deben reformarse”, señala el dictamen aprobado, el 14 de febrero de 2023, en la Comisión de Gobernación y Población de San Lázaro.
La propuesta, presentada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, fue aprobada sin discusión, con 19 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo (PT), del Verde Ecologista Mexicano (PVEM), de Movimiento Ciudadano, así como nueve sufragios en contra del Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y cero abstenciones.
En junio de 2015, la actual diputada federal zacatecana fue detenida, junto a otras dos mujeres, por elementos de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), en posesión de un millón de pesos en efectivo, antes de tomar un vuelo privado a Toluca, Estado de México, en el Aeropuerto de Tapachula, Chiapas.
Hernández Ruedas declaró ante la autoridad ministerial, que el dinero era para Ricardo Monreal Ávila, en ese entonces candidato para jefe delegacional de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y actual presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, así como coordinador del grupo legislativo de Morena, en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
En junio del 2018, Jesús Ortega Martínez, entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, exhibió una llamada entre Monreal Ávila y Manuel Velasco Coello, entonces gobernador de Chiapas, así como militante del PVEM y actual coordinador del grupo legislativo de dicho partido político en el Senado de la República.
“No me dejes solo, hermano”, decía Monreal Ávila en el audio filtrado. “No hermano, estoy presionando. Te voy a decir qué me puso mi procurador, porque está ahí con el delegado de la PGR, está ahí pegado. Le estoy encargando el tema”, le respondió Velasco Coello.
Entre 2013 y 2015, Hernández Ruedas fue asesora en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Ese último año se convirtió en titular de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México, cuando Monreal Ávila se desempeñaba como jefe de dicha demarcación. En la actualidad es diputada federal por el Distrito 1 de Zacatecas, que corresponde a Fresnillo, municipio cuyo alcalde es Saúl Monreal Ávila, hermano del actual gobernador, David Monreal Ávila.
