SCJN admite impugnaciones de Presidencia, Senado y Diputados contra suspensión de “plan B” electoral

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite, el 7 de marzo de 2023, recursos de impugnación interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF); así como por Alejandro Armenta Mier y Karla Yuritzi Almazán Burgos -presidente y vicepresidenta del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente-, contra la suspensión otorgada por el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, contra las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas (LGRA), para que éstas no se puedan aplicar en el Estado de México y en Coahuila, mismas que se llevarán a cabo el domingo 4 de junio del presente año.

Las impugnaciones a la suspensión dictada por Pérez Dayán, fueron turnadas a una de las ministras de la Segunda Sala de la SCJN, donde están adscritas Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf. Hasta el momento suman al menos 49 controversias constitucionales admitidas contra el llamado “plan B” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) informó, el 26 de febrero de 2023, que impugnó la suspensión que ordenó el ministro de la SCJN, Alberto Gelacio Pérez Dayán, de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, para que éstas no se puedan aplicar en el Estado de México y en Coahuila.

En el recurso legal presentado por la CJEF, expuso que en el caso de las normas expedidas por el Congreso de la Unión, sólo podían invalidarse mediante el voto de ocho ministros de la SCJN y estaba proscrito expresamente suspender sus efectos.

Por esta razón, “constituye un fraude a la Constitución que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, se separe indebidamente de las reglas del procedimiento, lo que desnaturaliza los medios de control constitucional y en la medida en la que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática”.

A través de un comunicado, la CJEF afirmó que la suspensión de dichas normas, otorgada por el ministro Pérez Dayán, afectaba “de manera grave” la división de poderes, ya que, insistió, “carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, ya que sólo la determinación del Pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”.

La CJEF subrayó que en los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza “sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”.

“Resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación”, agregó la Consejería.

Asimismo, la CJEF aseveró que el diseño constitucional de los medios de control, como es la acción de inconstitucionalidad, prevé que las decisiones de fondo emitidas por la SCJN no puedan tener efectos retroactivos, “por lo que tampoco existe razón lógica que permitiera al ministro instructor anticipar efectos que invaliden la entrada en vigor de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; esto representa un acto arbitrario de un juzgador constitucional al apartarse de las normas jurídicas que regulan su actuación”.

Según dijo la CJEF, el ministro Pérez Dayán “pierde de vista que el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Comunicación Social en cumplimiento a una sentencia firme de la Primera Sala de la SCJN (amparo en revisión 308/2020), lo cual constituye un hecho notorio y público”.

En la argumentación legal presentada por la Consejería, se señaló que la propia SCJN, en la tesis Segunda XXXII/2005, establece que, respecto a la suspensión en controversias constitucionales, “la prohibición de otorgarlas respecto de normas generales incluye a los artículos transitorios y sus efectos”.

Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la SCJN admitió a trámite, el 21 de febrero de 2023, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como diversos diputados y senadores de oposición, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Según un comunicado de la SCJN, no obstante, el ministro desechó la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político del estado de Jalisco, denominado Hagamos. Pérez Dayán también dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho decreto, para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.

Ello sobre la base de que: “i) se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; ii) contiene modificaciones legales fundamentales y, iii) porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.

El ministro también suspendió la aplicación del nuevo concepto de “propaganda” contenido en las reformas a las citadas leyes, mismo que permite a los servidores públicos emitir sus opiniones políticas, sin ser sancionados por ello.

La resolución de Pérez Dayán considera que la modificación de dicho concepto incide de forma directa en las reglas que regulan tres aspectos: la propaganda electoral, el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos a cargo de funcionarios para no incidir en la equidad en la contienda y los principios que deben regir en la configuración de las infracciones en la materia.

Los partidos PAN, PRI, PRD y MC, junto a un grupo de legisladores, impugnaron en sus acciones de inconstitucionalidad las reformas a las dos normas, publicadas el 27 de diciembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismas que entraron en vigor a partir del día siguiente.

Dichas modificaciones impiden a los estados y municipios gastar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación. Además de que establecen que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

SENTENCIAS CONTRA ‘PLAN B’ SE BASARÁN EN LA CONSTITUCIÓN, AFIRMA PRESIDENTE DEL TEPJF

El 6 de marzo de 2023, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invitaron a la ciudadanía a estar atenta y vigilar las resoluciones respecto a las impugnaciones contra el llamado “plan B” en materia electoral, que, según advirtieron, privilegiarian el apego a la Constitución.

En la inauguración del foro ‘Reflexiones en torno a la justicia electoral y la reforma electoral’, organizada por la Escuela Judicial Electoral del TEPJF y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, y Felipe de la Mata Pizaña señalaron que en próximos días comenzarían a resolverse las primeras impugnaciones.

De la Mata Pizaña destacó que se abordarían todas las impugnaciones, que por su complejidad incluirán diversos aspectos de las leyes reformadas, y advirtió que no todo se basaría en si era o no constitucional, sino incluso si era “tonto y dañino”.

“En esta iniciativa se puede identificar cosas buenas, porque también habrá algo bueno, por supuesto; cosas inconstitucionales que seguramente ahí corresponderá analizar, pero también puede haber tonterías que no sean inconstitucionales y que puedan ser igual de dañinas y eso también lo tendremos que identificar. No todo lo tonto es inconstitucional, evidentemente”, comentó el magistrado.

Por su parte, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, señaló que, si bien sabía que se esperaba conocer su opinión respecto al “plan B”, pidió esperar a que emitiera sus pronunciamientos al debatirse los proyectos sobre las impugnaciones, para respetar su labor de juzgador.

“Los invito a que no me obliguen a adelantar juicios, a que me permitan ejercer mi libertad con responsabilidad, y no hacer del conocimiento público ahora cuál sería mi análisis sobre la vigente legislación electoral. Ustedes saben que hemos recibido impugnaciones en contra de los efectos de la reforma, y por ello nos encontramos en el proceso de análisis, de estudio de los planteamientos”, dijo.

“Y solamente quiero, a pesar de ser anticlimático por empezar así, invitarles a que estén muy atentos, atentas a las resoluciones del Tribunal Electoral que se tomarán en los próximos días, y que hagan el juicio con libertad y valoren si lo hicimos con responsabilidad, con imparcialidad, con independencia y, sobre todo, con la perspectiva de integridad electoral, y siguiendo los ejes rectores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, agregó Rodríguez Mondragón.

El magistrado del TEPJF defendió que la Sala Superior había emitido todas sus sentencias, dentro de sus competencias, por lo que aprovechó para reiterar que se ordenó que una mujer debía presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) y la sentencia se tenía que cumplir.

Rodríguez Mondragón celebró que los distintos actores y la ciudadanía siguieran recurriendo al TEPJF para resolver los conflictos en materia electoral por la vía jurisdiccional, evitando la violencia y privilegiando el cumplimiento de la ley. Asimismo, aclaró que dicha estabilidad no implicaba que no hubiera cambios, pero siempre debía ser respetando la Constitución y garantizando las bases democráticas.

“Preservar la estabilidad no impide renunciar a la posibilidad de cambios y mejoras institucionales, tampoco impide que los poderes públicos ejerzan sus facultades modificando el marco legal. Es válido ejercer legítimamente las facultades, siempre y cuando se haga dentro del marco de los más altos estándares constitucionales y democráticos, porque así lo exige el pacto social y político establecido en la Constitución Mexicana”, apuntó el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF.

Rodríguez Mondragón detalló que, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvería las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en contra del llamado “plan B”, mientras que el TEPJF los juicios electorales en contra de derechos y afectaciones concretas.

“Reconozco que puede haber diferencias o que podría no ser satisfactorias para todas las partes o autoridades responsables, las decisiones del Tribunal Electoral, pero éstas también están sujetas a la reflexión y a la Constitución”, dijo el presidente de la Sala Superior del TEPJF.

“ES TIEMPO DE LA CORTE”, DICE LORENZO CÓRDOVA RESPECTO A IMPUGNACIONES AL “PLAN B” DE AMLO

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó, el 5 de marzo de 2023, su confianza en la objetividad e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver la segunda controversia constitucional que interpondrá el órgano constitucional autónoma contra el “plan B” en materia electoral, que impulsan Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

“Es el tiempo de la Corte y estoy seguro de que las ministras y ministros actuarán con responsabilidad e independencia como los auténticos guardianes de la Constitución que están llamados a ser”, indicó el consejero presidente del INE, en un video publicado en su cuenta de la red social Twitter.

“La defensa de la democracia seguirá siendo en las semanas por venir independientemente de las descalificaciones y actos de intimidatorios, que lamentablemente se emprenden desde las más altas esferas del poder”, mencionó Córdova Vianello.

“[En el INE] ya comenzamos a acatar lo que esta nueva legislación arbitraria y antidemocrática nos obliga a hacer”, pero simultáneamente se presentará la controversia constitucional “para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si son constitucionales tanto el contenido del ‘plan B’ como la manera en la que se desarrolló el proceso legislativo”, detalló el consejero.

Córdova Vianello reiteró que se puso en riesgo la confiabilidad de los procesos electorales y la estabilidad de personal especializado del INE, ya que, según él, se concretó la destitución del secretario ejecutivo del órgano constitucional autónomo, Edmundo Jacobo Molina, ordenada por la reforma, lo que, agregó, “vulnera la autonomía constitucional del Instituto”.

“Tengo la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma, no subsistirá la prueba a la que será sometida en los tribunales de la República. Confío en que el Poder Judicial habrá de restablecer el orden constitucional y democrático en nuestro país”, expresó el consejero presidente del INE.

MINISTRO ADMITE 7 ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE MUNICIPIOS CONTRA PRIMERA PARTE DE “PLAN B” ELECTORAL

Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite, el 5 de marzo de 2023, un total de 7 acciones de inconstitucionalidad, promovidas por los municipios de Monclova, Sierra Mojada y Matamoros, de Coahuila; así como de Naucalpan y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, además de los guanajuatenses Guanajuato y Comonfort.

Ello contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), como parte de la primera parte del llamado “plan B” en materia electoral, que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

No obstante, el ministro rechazó otorgar la suspensión solicitada por dichos municipios, ya que combaten normas generales, y porque no se actualiza la excepción establecida por la SCJN, consistente en que la la misma puede otorgarse siempre y cuando impliquen o puedan implicar la transgresión irreversible de algún derecho humano.

En las controversias constitucionales, las autoridades municipales señalan que las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la LGC, les “generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas constitucionalmente”.

MC PRESENTA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL “PLAN B” ELECTORAL DE AMLO

Un grupo de dirigentes del partido Movimiento Ciudadano (MC) presentaron, el 3 de marzo de 2023, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra el llamado “plan B” electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y Morena.

Dicha acción busca impugnar ell decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los dirigentes de MC acusaron que el “plan B” violó el debido proceso legislativo y era inconstitucional porque no respetaba el artículo 72 de la Constitución mexicana. Además, acusaron que viola la autonomía y la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entre los militantes de MC que acudieron a la sede de la SCJN a presentar la acción de inconstitucionalidad, estuvieron Dante Alfonso Delgado Rannauro, coordinador del grupo parlamentario de dicho partido en el Senado de la República, así como Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado federal de Movimiento Ciudadano, entre otros.

ADÁN AUGUSTO CALCULA 1,200 DESPIDOS DE “BUROCRACIA DORADA” EN INE, CON”PLAN B” ELECTORAL

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), afirmó, el 3 de marzo de 2023, que los despidos en el Instituto Nacional Electoral (INE), derivados de la aplicación del llamado “plan B” en materia electoral, no serán superiores al 8 por ciento del total de 17 mil 500 trabajadores del órgano constitucional autónomo, y no 6 mil, como lo había advertido Lorenzo Córdova Vianello.

“En el caso de los despidos serían 64 vocales de las juntas locales y mil 200 de las juntas auxiliares, ese es el universo de posibles despidos, no llega ni al siete, ocho por ciento de los 17 mil 500 trabajadores del INE“, afirmó el titular de la SEGOB, quien también acusó que la reforma legal en materia electoral ha sido objeto de una serie de ataques y de una estrategia diseñada desde la oposición, construida a base de falsedades.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el funcionario federal descartó que se fuera a despedir a 8 mil empleados del órgano constitucional autónomo, ya que, según indicó, en el caso de los que formaran parte del Servicio Profesional de Carrera, la ley obligaba a que fueran reubicados en otras áreas del INE.

Asimismo, López Hernández dijo que se despedirían a 64 vocales de las juntas locales del Instituto Nacional Electoral, cuyos sueldos oscilan entre 50 mil y 70 mil pesos mensuales. Además, de las juntas auxiliares serían cinco vocales, cuyos salarios van de los 45 mil a los 70 mil pesos al mes.

El funcionario federal expuso que con el llamado “plan B” en materia electoral se suprimían los privilegios de los miembros del INE, como el seguro de gastos médicos mayores, además de dos fideicomisos, cuyo monto y operación se desconocía.

Según el titular de la SEGOB, el “plan B” fortalecía la relación laboral del resto de los empleados del INE, porque se compactarían las áreas administrativas. También afirmó que la reforma electoral legal no quitaba facultades al órgano constitucional autónomo, sino que sólo era la eliminación de la “burocracia dorada” que había en dicho Instituto.

“Básicamente lo que la reforma contiene es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos: uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles fideicomisos”, explicó López Hernández.

“Falsamente se dice que se pone en riesgo la jornada electoral […] que no habrá conteo rápido, pero eso no lo realiza el INE, sino otras empresas”, afirmó el funcionario federal, quien también aseguró que el Instituto contaba con los recursos necesarios para liquidarlos conforme a ley. “Si no, que un abogado les haga bien las cuentas”, insistió el titular de la SEGOB.

El funcionario federal detalló que con el “plan B” se reformaron 5 leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Comunicación Social. Asimismo, se crea la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, el titular de la SEGOB indicó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) operaría de la misma manera, con la diferencia de que los cómputos distritales iniciarían a la par de la captura de actas para acelerar su publicación. También dijo que se facilitaría el voto de migrantes y mexicanos en el exterior, que se llevaría a cabo por internet.

“[El ‘plan B’] es para que haya [autoridades] honestas, que no le cueste tanto al pueblo, que no sucedan estas cosas como la que vimos ayer, ni siquiera sabía esto del señor [Edmundo] Jacobo [Molina], que tiene, 14 años de ser uno de los mandamás, que gana más que yo”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además me enteré que tiene 30 años en el INE, es del grupo de [Isaac José] Woldenberg [Karakowsky]. Imagínense, ¿en cuántos fraudes ha participado? Y todavía se atreve a enfrentar una reforma que es en beneficio del voto libre, de elecciones limpias en favor de la democracia”, insistió el mandatario nacional.

“Tienen una caja de ahorro especial en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando y este señor Jacobo ahora que va a salir se lleva todo lo que ahorró, o sea, si está ganando 160 mil pesos mensuales puede dejar 10 mil y con el presupuesto público se le aportan otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales”, criticó el político tabasqueño.

“Cuando termina su función o lo cambian se lleva todo ese ahorro, ¿cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial? Seis mil millones de pesos al año y la cancelamos, pero estos se ampararon. ¿Y dónde está todo ese dinero? En los fideicomisos, ¿y cuánto es ese dinero?, enigma, no sabemos y tenemos derecho todos a saberlo, ojalá hoy aclaren eso, pero no sólo son los fideicomisos del INE, el Poder Judicial tiene muchos fideicomisos con muchos millones de pesos”, acusó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero forma parte de estos grupos que fueron creando en el periodo neoliberal, de saqueo, y que le servían al régimen para legitimar sus fechorías, y les pagaban muy bien. De los amparados para ganar más, tener seguros de gastos médicos, hacerse cirugías plásticas, irse con una caja de ahorros financiada por los mexicanos, ahorros millonarios, son de veras muy cretinos, muy cínicos, y el peor de los males es que engañan, manipulan a mucha gente”, agregó López Obrador.

Por último, el titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que el llamado “plan B” de la reforma electoral no afecta el funcionamiento del INE y que sólo implica ahorrar en la operación del órgano constitucional autónomo. “Porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario”, subrayó.

‘PLAN B’ NO AFECTA EN NADA AL INE; CONSEJEROS SON “CINICAZOS”, ASEGURA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 2 de marzo de 2023, que su “plan B” en materia electoral no afecta el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), e insistió en que las reformas contemplan ahorros, además de que exhibió que los consejeros tienen salarios de más de 160 mil pesos al mes, además de viáticos, seguro médico privado, caja de ahorro y fideicomisos especiales, por lo que los calificó como “cinicazos”.

“Una vez más sostengo, la ley electoral que están impugnado no afecta en nada el funcionamiento del INE, lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, ni siquiera mucho, porque como no se pudo hacer la reforma constitucional, se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, la más cara del mundo”, señaló el político tabasqueño.

“Los que vinieron a marchar no saben en qué consiste la reforma legal ni la constitucional. La bloquearon porque es el dinero de la élite, la democracia dorada del INE, sueldos elevadísimos, viáticos para viajar por el mundo, es una inmoralidad, son deshonestos”, agregó el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el jefe del Poder Ejecutivo Federal agregó que Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) explicará en qué consistían las reformas y evitar que se siguiera “engañando” a la población.

“Se debe garantizar el derecho a la manifestación y el derecho a disentir, pero que tengan información, elementos, que no los manipulen, entonces mañana viene Adán a informar y sí pueden hasta ganar en el Poder judicial, cómo está la Corte”, dijo el presidente de la República.

“No voy a dar yo órdenes o a dar consigna, ya lo estamos planteando aquí, hay que seguir adelante, pero que se saque como lección la importancia que tiene, si se quiere […] seguir adelante la transformación, no sólo se requiere ganar el Ejecutivo, se requiere ganar la mayoría en el Congreso, no sólo la mayoría simple”, agregó el político tabasqueño.

AMLO PUBLICA EN EL DOF, A MEDIANOCHE, LA SEGUNDA PARTE DE SU “PLAN B” ELECTORAL

El titular del Poder Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los primeros minutos del 2 de marzo de 2023, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, como parte de la segunda parte del llamado “plan B” en materia electoral, que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

“Ciudad de México, a 22 de febrero de 2023.- Dip. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Sen. Alejandro Armenta Mier, Presidente.- Dip. Brenda Espinoza Lopez, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 1 de marzo de 2023.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica”, dice el decreto al calce.

Tras la aprobación, el 22 de febrero de 2023, de la segunda parte del llamado “plan B”, el Senado remitió al titular del Poder Ejecutivo Federal las reformas realizadas a 429 artículos del paquete de cuatro leyes, mismo que ya había sido aprobado en diciembre de 2022 por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Sin embargo, su promulgación quedó pendiente, porque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hizo un cambio adicional y eliminó la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría el traspaso de votos, para garantizar mantener el registro de los partidos políticos, al competir con candidaturas comunes.

Por tal motivo, San Lázaro devolvió la minuta al Senado, que ya había clausurado su periodo de sesiones y ya no pudo enviar el decreto al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación. Pero, en un nuevo periodo ordinario de sesiones, la Cámara alta determinó retirar la “cláusula de vida eterna” y enviar el resto de los artículos para su publicación en el DOF, mismos que entrarán en vigor el 3 de marzo de 2023.

MINISTRO PÉREZ DAYÁN ADMITE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL DEL INE CONTRA PRIMERA PARTE DEL ‘PLAN B’ ELECTORAL

Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite, el 1 de marzo de 2023, las acciones de inconstitucionalidad, promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), como parte de la primera parte del llamado “plan B” en materia electoral, que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

Además, el ministro de la SCJN también admitió la primera de alrededor de 60 controversias promovidas por municipios de oposición contra dichas reformas, entre ellos el Ayuntamiento de Chihuahua, aunque negó conceder una suspensión.

“El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGCS y de la LGRA, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal”, explica el acuerdo de admisión de la acción de inconstitucionalidad del INE.

“Además, que producen una violación directa a las funciones que, como órgano autónomo, le confiere el texto Constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 Constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, agrega el acuerdo del ministro Pérez Dayán.

En cuanto a la controversia constitucional de la Administración Municipal de Chihuahua, ésta fue admitida porque dicho Ayuntamiento impugnó el nuevo tope de 0.1 por ciento del presupuesto anual para gastos de comunicación social, aplicable a todos los niveles de gobierno.

“Las adiciones de los párrafos tercero y cuarto al artículo 26 de la LGCS, le generan una afectación directa en su autonomía presupuestaria, en tanto que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales se extralimitan o desbordan las facultades que tienen encomendadas Constitucionalmente”, alegan los municipios.

“Se tiene por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, resolvió Pérez Dayán.

El ministro dio un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación, para que las cámaras de Diputados y de Senadores, del Congreso de la Unión, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presenten su respuesta a las acciones de inconstitucionalidad contra las disposiciones de la LGCS y de la LGRA, las cuales se encuentran suspendidas en Coahuila y Estado de México, por determinación de Pérez Dayán.

A través de la Secretaría Ejecutiva, el INE argumentó que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere la Constitución, ya que “obstaculizan” la función que realiza como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia.

HOY O MAÑANA SE PUBLICA “PLAN B”, CONFIRMA AMLO; REFORMA ELECTORAL “DEMENCIAL”, ACUSA PRESIDENTE DEL INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró, que el 1 de marzo de 2023 o a más tardar al día siguiente, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la segunda parte del llamado “plan B” en materia electoral, de artículos aprobados por ambas cámaras del Congreso de la Unión.

Incluidos en la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El político tabasqueño dijo desconocer las razones por las cuales había tardado tanto en publicarse dichas leyes en el DOF, pero que el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, le informó que se haría el 1 o 2 de marzo de 2023.

“Me informó el secretario de Gobernación que hoy por la tarde, o a más tardar mañana ya se publica la reforma electoral”, apuntó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

LA REFORMA ELECTORAL IMPULSADA POR AMLO ES “DEMENCIAL”, DICE LORENZO CÓRDOVA A CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió el 28 de febrero de 2023, que la reforma electoral impulsada por Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena, es “demencial”, ya que generaría graves riesgos en las próximas elecciones.

El titular del órgano constitucional autónomo aseguró que los mexicanos debían unirse a la batalla colectiva en defensa del sistema democrático actual, porque, de lo contrario, las elecciones se convertirían en un problema.

El consejero del INE dijo lo anterior ante miembros de la The American Society of Mexico, una organización comunitaria y sin fines de lucro para la comunidad estadounidense que vive en México, establecida el 26 de agosto de 1942, por George S. Messersmith, entonces titular de la Embajada de Estados Unidos en la República Mexicana.

“Cuando las democracias mueren tiene dos responsables: aquel que ataca, destruye la democracia, con un propósito político, pero también hay otro responsable, aquellos que pasivamente vieron como la democracia era atacada y finalmente aniquilada, es decir la pasividad, la indolencia de los ciudadanos que ven como su democracia se agota y no hace nada, es también responsabilidad en la muerte de las democracias”, dijo Córdova Vianello.

Asimismo, el presidente del INE consideró que en México existía una sociedad dispuesta defender algo que le pertenece, como son las reglas democráticas de acceso al poder, por lo que recordó que podían ampararse como ciudadanos, ante los impactos de la nueva legislación, que estaba por publicarse.

“Las elecciones como hace 35 años van a volver a ser un problema que se va a sumar a los problemas de pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción y violencia que hoy nos aquejan. No queremos un problema donde no lo tenemos. Entonces digo: no permitamos que en México la democracia se nos agote por no hacer nada”, indicó Córdova Vianello.

El presidente del INE detalló que el “plan B” era una reforma disruptiva que iba en contra de todo lo construido en 35 años, que fue propuesta desde el poder, no desde la oposición, como solía ser, y que se aprobó por una “aplanadora legislativa” oficialista y sin consultar a expertos o a las autoridades electorales.

Sin mencionar directamente al presidente López Obrador, el consejero electoral afirmó que si bien en la elección del 2006 hubo situaciones cuestionables, como la intervención indebida del Gobierno y sus funcionarios, uso de recursos públicos para favorecer a una fuerza política, dinero privado para la compra de publicidad, no existió un fraude.

“El fraude respecto del 2006, estoy convencido, es más un discurso público y político que algo probado. No hay fraudes y el voto es el que determina quién gana y quién pierde elecciones”, indicó Córdova Vianello, quien, sin embargo, aseguró que parte de lo que se corrigió para que no volviera a suceder, iba a regresar, provocando riesgos en la paz pública y gobernabilidad.

El consejero afirmó que un ejemplo de la pulcritud con la que trabaja el Instituto Nacional Electoral, fueron las elecciones de Tamaulipas, donde pese a su complejidad por el crimen organizado, se instaló el 100 por ciento de casillas.

Córdova Vianello confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revertiría la nueva legislación, y afirmó que el primer logro era que el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán hubiera suspendido la aplicación de la Ley General de Comunicación Social en el Estado de México y Coahuila, ya que, según él, permitía la injerencia de funcionarios en la elección.

El consejero presidente indicó que la reforma provocó una confusión entre órganos del INE, al fusionar áreas, desaparecer y crear otras, lo que comprometía la organización electoral. Además, afirmó, que era una legislación personalizada, ya que destituía al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, y le daba poderes al titular del Órgano Interno de Control, Jesús George Zamora, quien, acusó “se ha comportado con un sesgo político no menor”.

Además, Córdova Vianello dijo que el “plan B” desmantelaría el Servicio Profesional Electoral, y provocaría el despido de miles de personas, además de que calificó como irreal que propusieran que en las zonas metropolitanas solo exista una oficina del INE.

“Es una reforma demencial. Es una reforma peligrosísima para la viabilidad de la democracia por una simple razón: abre la puerta a que las elecciones sean un problema, y no me refiero a que sean unas elecciones competidas sino a la organización de las elecciones”, apuntó el presidente del INE.

“Son tiempos de la Corte, claro que hay motivos para estar preocupados, sí está pasando algo muy grave, pero también tengo muchísima confianza en que la Corte es el ancla de estabilidad jurídica que puede y debe salvar el orden democrático”, finalizó Córdova Vianello.

“PLAN B” ELECTORAL SE PUBLICARÁ EL LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA SU ENTRADA EN VIGOR, AFIRMA IGNACIO MIER

El segundo paquete de reformas del llamado “plan B” en materia electoral, será publicado el 27 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para su entrada en vigor, según adelantó Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Concluyó el proceso legislativo con la aprobación de la minuta modificada que regresó la Cámara de Diputados y que se allanó a ella el Senado. Ahora empieza, ya nacida oficialmente, se va a publicar, tengo conocimiento, a partir del día lunes”, declaró el político poblano, en conferencia de prensa.

Además, Mier Velazco afirmó que los más de 12 recursos de inconstitucionalidad, presentados por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para frenar la aplicación del primer paquete de reformas ya publicado, no tenían vinculación alguna con la materia base de la reforma.

“Tuve la oportunidad de revisarlos. No tienen nada que ver con la reforma electoral, absolutamente nada que ver con lo que está establecido en las cinco leyes”, dijo el también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro.

CONSEJERÍA JURÍDICA DE PRESIDENCIA PIDE A LA SCJN REVOCAR SUSPENSIÓN DEL ‘PLAN B’; MINISTRO PÉREZ DAYÁN VIOLA CONSTITUCIÓN, DICE

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) informó, el 26 de febrero de 2023, que impugnó la suspensión que ordenó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Gelacio Pérez Dayán, de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, para que éstas no se puedan aplicar en el Estado de México y en Coahuila.

En el recurso legal presentado por la CJEF, expuso que en el caso de las normas expedidas por el Congreso de la Unión, sólo podían invalidarse mediante el voto de ocho ministros de la SCJN y estaba proscrito expresamente suspender sus efectos.

Por esta razón, “constituye un fraude a la Constitución que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, se separe indebidamente de las reglas del procedimiento, lo que desnaturaliza los medios de control constitucional y en la medida en la que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática”.

A través de un comunicado, la CJEF afirmó que la suspensión de dichas normas, otorgada por el ministro Pérez Dayán, afectaba “de manera grave” la división de poderes, ya que, insistió, “carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como es el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, ya que sólo la determinación del Pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general”.

La CJEF subrayó que en los criterios de la propia SCJN, las medidas cautelares de esta naturaleza “sólo pueden otorgarse, en todo caso, respecto de actos eminentes e inmediatos, pero nunca con relación a actos futuros e inciertos”.

“Resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación”, agregó la Consejería.

Asimismo, la CJEF aseveró que el diseño constitucional de los medios de control, como es la acción de inconstitucionalidad, prevé que las decisiones de fondo emitidas por la SCJN no puedan tener efectos retroactivos, “por lo que tampoco existe razón lógica que permitiera al ministro instructor anticipar efectos que invaliden la entrada en vigor de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión; esto representa un acto arbitrario de un juzgador constitucional al apartarse de las normas jurídicas que regulan su actuación”.

Según dijo la CJEF, el ministro Pérez Dayán “pierde de vista que el Congreso de la Unión reformó la Ley General de Comunicación Social en cumplimiento a una sentencia firme de la Primera Sala de la SCJN (amparo en revisión 308/2020), lo cual constituye un hecho notorio y público”.

En la argumentación legal presentada por la Consejería, se señaló que la propia SCJN, en la tesis Segunda XXXII/2005, establece que, respecto a la suspensión en controversias constitucionales, “la prohibición de otorgarlas respecto de normas generales incluye a los artículos transitorios y sus efectos”.

IMPUGNACIONES CONTRA EL ‘PLAN B’ ELECTORAL, MUESTRA DEL ESTADO DE DERECHO QUE SE VIVE, AFIRMA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, el 23 de febrero de 2023, que las impugnaciones contra el llamado “plan B” en materia electoral, son muestra de que existe un verdadero Estado de Derecho en México y de una “normalidad” política.

“El que se aprueben iniciativas, que haya reformas a la Constitución, a las leyes, y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, es parte de la normalidad política, democrática, de un verdadero Estado de Derecho, no como era antes: un estado de chueco o de cohecho”, señaló el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que las reformas serán publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras su aprobación en el Senado, sin embargo, se presentarán controversias para que se declare inconstitucional y ello corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley y corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia”, insistió López Obrador.

“No hay nada que sea extralegal, eso es lo que debe prevalecer siempre, que no existía, porque antes se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo. Desde la época de Porfirio Díaz [Mori] hasta el sexenio pasado, habían o hay tres poderes, pero en realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo, los otros dos poderes eran apéndices del Ejecutivo”, agregó el presidente.

SENADO AVALA EL ‘PLAN B’ ELECTORAL DE AMLO, SIN LA “CLÁUSULA DE LA VIDA ETERNA”

Con 72 votos en favor y 50 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República, aprobó, el 22 de febrero de 2023, el dictamen que elimina una fracción del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), mismo que contenía la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría el traspaso de votos, para garantizar mantener el registro de los partidos políticos, al competir con candidaturas comunes.

El dictamen se envió al titular del Poder Ejecutivo Federal, junto al resto de los artículos aprobados en diciembre de 2022 por ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante las más de 7 horas de debate, los senadores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, desplegaron una manta en el Patio del Federalismo y en el Salón de Plenos, para criticar a la manifestación denominada #MiVotoNoSeToca, a la cual calificaron de #LaMarchaDeLaCorrupción y #LaMarchaDeLaImpunidad.

Misma que se llevará a cabo a partir de las 11:00 horas del día 26 del mismo mes y año, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cualquier otra plaza pública del país o del extranjero, para rechazar el llamado “plan B” de la reforma en materia electoral, impulsado por el político tabasqueño, su Gobierno y el partido Morena.

GOBIERNO IMPUGNARÁ “DETERMINACIÓN ARBITRARIA E ILEGAL” DE MINISTRO, PARA SUSPENDER “PLAN B” EN COAHUILA Y EDOMEX

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal aseguró, el 21 de febrero de 2023, que, no había recibido una notificación respecto a la decisión de Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien admitió a trámite, el mismo día, las acciones de inconstitucionalidad, contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las acciones de inconstitucionalidad admitidas por el ministro Pérez Dayán fueron promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como diversos diputados y senadores de oposición, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.

La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal advirtió, a través de un comunicado, que después de ser notificada, impugnará la decisión emitida por el ministro Pérez Dayán, “para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal”.

Además, la institución del Gobierno Federal aseguró que la decisión del ministro de la SCJN se contrapondría con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105, en donde se señala que admitir una acción de inconstitucionalidad, “no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL:

“Improcedente, supuesta suspensión de la Ley General de Comunicación Social
Comunicado de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal

Algunos medios de comunicación, en sus portales web, publicaron este martes 21 de febrero, que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite sendas acciones de inconstitucionalidad promovidas por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley general de la Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y concedió la suspensión de dicho decreto para que no se aplique en los procesos electorales en curso del Estado de México y Coahuila.

Hasta la tarde de este mismo día, la SCJN no ha notificado al Ejecutivo federal una comunicación oficial que confirme, precise o desmienta dicha aseveración de los medios.

Sería inusitado que el ministro Pérez Dayán hubiera emitido un acuerdo de dicha naturaleza, pues con la suspensión, total o parcial, se contravendría la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en cuyo último párrafo de su articulo (sic) 64 dice expresamente: “La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.

Por otro lado, dar carácter electoral a la Ley General de Comunicación Social, cuyo objeto es regular el gasto público en la materia, contradice el criterio REGULACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL NO VERSA SOBRE MATERIA ELECTORAL, de la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional, así como el precedente de la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y acumuladas, en la cual se impugnó la misma norma general, al considerar que dichas disposiciones legales carecen de una naturaleza electoral.

En su caso, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tendría que promover los medios de impugnación que establece la ley reglamentaria comentada más arriba, para revertir los efectos de esta determinación arbitraria e ilegal.”

SCJN SUSPENDE “PLAN B” DE AMLO, PARA QUE NO RIJA EN PROCESOS ELECTORALES DE COAHUILA Y EDOMEX

Alberto Gelacio Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite, el 21 de febrero de 2023, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), así como diversos diputados y senadores de oposición, integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Según un comunicado de la SCJN, no obstante, el ministro desechó la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político del estado de Jalisco, denominado Hagamos. Pérez Dayán también dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho decreto, para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.

Ello sobre la base de que: “i) se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; ii) contiene modificaciones legales fundamentales y, iii) porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.

El ministro también suspendió la aplicación del nuevo concepto de “propaganda” contenido en las reformas a las citadas leyes, mismo que permite a los servidores públicos emitir sus opiniones políticas, sin ser sancionados por ello.

La resolución de Pérez Dayán considera que la modificación de dicho concepto incide de forma directa en las reglas que regulan tres aspectos: la propaganda electoral, el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos a cargo de funcionarios para no incidir en la equidad en la contienda y los principios que deben regir en la configuración de las infracciones en la materia.

Los partidos PAN, PRI, PRD y MC, junto a un grupo de legisladores, impugnaron en sus acciones de inconstitucionalidad las reformas a las dos normas, publicadas el 27 de diciembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismas que entraron en vigor a partir del día siguiente.

Dichas modificaciones impiden a los estados y municipios gastar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual a su programa de comunicación. Además de que establecen que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.

La SCJN ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el llamado “plan B” en materia electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas para el análisis del ministro Pérez Dayán se encuentran las promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por gobiernos municipales de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, casi todos gobernados por el PAN, PRD, PRI y MC.

COMISIONES DEL SENADO QUITAN LA “CLÁUSULA DE VIDA ETERNA” DEL ‘PLAN B’ ELECTORAL

Con 20 votos a favor y 10 sufragios en contra, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, aprobaron, el 20 de febrero de 2023, el dictamen que elimina una fracción del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), mismo que contenía la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría el traspaso de votos, para garantizar mantener el registro de los partidos políticos, al competir con candidaturas comunes.

Por la Comisión de Gobernación, se emitieron 11 votos a favor y seis en contra; mientras que por parte de la de Estudios Legislativos Segunda fueron nueve sufragios a favor y cinco en contra. Ante ello, el dictamen pasó al Pleno del Senado de la República.

Según el proyecto, que se conoció desde el 19 de febrero de 2023, dichas comisiones de la Cámara alta del Congreso de la Unión argumentaron que dicha cláusula no se apegaba a lo previsto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No estoy de acuerdo de ninguna manera y en ningún formato con lo que se ha llamado la transferencia de votos, en lo personal no estoy de acuerdo, quisiera que quedara también muy claro en actas y que en este sentido también decir que varios compañeros han manifestado que están en contra tanto del término como de esta figura”, dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa.

“No estamos aprobando lo que hizo la Cámara de Diputados, modificó su versión normativa original, fue más allá de lo que estaba facultada constitucionalmente. Yo creo que aquí lo estamos poniendo en orden y estamos rechazando que ese sea el fondo del asunto, la cláusula de vida eterna”, indicó, por su parte, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

SCJN ASIGNA AL MINISTRO PÉREZ DAYÁN LAS IMPUGNACIONES CONTRA EL “PLAN B” ELECTORAL DE AMLO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asignó, el 16 de febrero de 2023, a la ponencia del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, las acciones de inconstitucionalidad que han sido promovidas en contra de la primera parte del llamado “plan B” de la reforma electoral, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El paquete de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa fue impugnado por los partidos que conforman la alianza Va por México -conformada por el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)-, así como por diputados y senadores de oposición.

El 16 de febrero de 2023, la SCJN publicó un acuerdo mediante el cual la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnó las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron en contra de las modificaciones electorales que, entre otras cosas, permiten a funcionarios públicos emitir declaraciones y opiniones sobres los procedimientos electorales que estén en curso.

Según fuentes consultadas por el medio digital Latinus, Pérez Dayán conocerá este caso y durante las próximas semanas analizará la procedencia de las impugnaciones y posteriormente realizará el proyecto de resolución, según la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución. A dicho ministro también se le turnaron la controversia constitucional 29/2023, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y las que promovieron diversos municipios.

“En virtud de la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este auto”, estableció el acuerdo extraordinario publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas estas impugnaciones serán analizadas por el ministro Pérez Dayán, “dado que en los asuntos de referencia se impugna el mismo decreto legislativo”.

JUEZ ADMITE A TRÁMITE AMPARO CONTRA EL PLAN B ELECTORAL EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El 14 de febrero de 2023, Germán Cruz Silva, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite una demanda de amparo contra una parte del llamado “plan B” electoral, además de que notificó que analizará la impugnación en contra el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el 27 de diciembre de 2022.

El amparo fue promovido por la Asociación de Municipios de México (AMMAC), debido que el artículo impugnado establece que los gobiernos estatales y municipales no deberán gastar más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual, en su programa de comunicación social.

Según el expediente 202/2023, el juez negó conceder una suspensión provisional a dicha asociación. Sin embargo, el 20 de marzo del presente año decidirá si concede una suspensión definitiva, lo que frenaría temporalmente la aplicación de la ley en lo que resuelve si concede el amparo.

SENADORES AGENDAN PARA EL 21 DE FEBRERO DE 2023, LA DISCUSIÓN EN COMISIONES DEL “PLAN B” ELECTORAL DE AMLO

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado de la República, informaron, el 15 de febrero de 2023, que adelantarán para el día 21 del mismo mes y año, la realización de la sesión en la que se discutirá el llamado “plan B” en materia electoral.

En un oficio firmado por los presidentes de ambas comisiones, Mónica Fernández Balboa -de Gobernación- y Rafael Espino de la Peña -de Estudios Legislativos, Segunda-, se indica que la reunión se mantiene a la hora acordada, las 17:00 horas del 21 de febrero de 2023.

“Nos permitimos dejar sin efectos la convocatoria a la reunión ordinaria de las Comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, que se celebraría el próximo 21 de febrero”, se lee en el documento, en el cual los senadores no ofrecieron mayores explicaciones.

En la reunión se abordarán las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

‘PLAN B’ TIENE POCO ALCANCE, ES SOLO PARA AHORRAR, DICE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 15 de febrero de 2023, que el llamado ”plan B” en materia electoral, que él impulsa, se decidirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esperaba que fuera aprobado, debido a que tiene poco alcance.

“Pues va a resolver la Corte, sobre si es o no Constitucional la ley electoral que propusimos y vamos a esperar el resultado”, dijo el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“¿La reforma está suficientemente fuerte para enfrentar esas controversias [en la SCJN]?”, le preguntó un reportero. “Sí, y además tiene muy pocos alcances, es nada más ahorrar para que se puedan liberar recursos porque es excesivo lo que gastan”, respondió el mandatario nacional.

“Lo que aquí dijo la vez pasada Pablo Gómez [Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera] de que ganan más que el Presidente los funcionarios del [Instituto Nacional Electoral] INE, violando la Constitución mediante argucias legaloides, amparos y otras triquiñuelas”.

El presidente volvió a criticar a los consejeros electorales del INE. Se quejó de nuevo de que sus “adversarios” toman como bandera la defensa de dicho órgano constitucional autónomo y se creen paladines de la democracia. Además, los acusó de ser encubridores de los fraudes electorales en el país.

“Es gente muy inmoral y muy hipócrita, es un doble discurso siempre, pero bueno hay que seguir adelante porque a pesar de esa oposición conservadora, rancia, se va avanzando en la transformación del país y pues nunca es fácil una transformación, siempre hay reacciones y reaccionarios”, insistió.

“Pero hay que seguir adelante y la gente lo está entendiendo muy bien y está ayudando mucho […] Pero ya es bandera, se creen los paladines de la democracia, cuando se ha ido consolidando a pesar de ellos. Ellos son promotores o encubridores de los fraudes electorales”, acusó.

SENADORES DE OPOSICIÓN PIDEN A LA SCJN NO DEJARSE PRESIONAR POR EL ‘PLAN B’ DE AMLO

Los líderes de los grupos legislativos del PAN, PRI, MC, PRD y del Grupo Plural, en el Senado de la República, pidieron, el 15 de febrero de 2023, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a no ceder ante presiones al momento de analizar las impugnaciones que se presenten contra el llamado “plan B” en materia electoral, impulsado por el presidente López Obrador.

“PLAN B” PODRÍA SER LA REFORMA ELECTORAL MÁS IMPUGNADA DE LA HISTORIA, REVELA ESTUDIO DEL SENADO

El llamado “plan B” de reforma en materia electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena, podría ser la reforma electoral más impugnada en la historia, señala lo previó un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República.

“El Instituto Belisario Domínguez es un órgano especializado encargado de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado con el fin de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición del proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana. El desarrollo de las funciones y actividades del Instituto se sujetará a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia”, según indica el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República (ESPAT).

El documento titulado ‘Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)’, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que hasta el 1 de febrero del 2023, se habían presentado contra la reforma un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, además de una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunado a lo anterior, el estudio previó que el paquete de reformas relativo a las normas electorales, que será retomado por el Congreso, motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales. Ello, luego de que todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental, anunciaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales, que modifican la estructura y funcionamiento del INE.

La investigación del IBD identificó que los actores inconformes con la reforma señalaron principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentaron que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos y que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.

Por otra parte, el estudio recuperó algunos de los argumentos del Gobierno Federal y los grupos legislativos en el Congreso de la Unión, a favor del llamado “plan B”, entre los que destacan aspectos como la austeridad, que supuestamente generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales. Asimismo, el IBD considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver los recursos antes de junio del presente año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.

INE PRESENTA PRIMERA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE SCJN, CONTRA ‘PLAN B’ ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó, el 1 de febrero de 2023, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera controversia constitucional contra el llamado “plan B” de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en específico por las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

El órgano constitucional autónomo informó que presentaron formalmente este recurso en contra del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2022.

“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”, señaló el INE, a través de un comunicado.

“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados [el de Morena], en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”, agregó el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, el órgano constitucional autónomo explicó que en la controversia detallan cómo estos cambios merman la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución mandata, ya que es contraria a las restricciones constitucionales que siguen vigentes, como el artículo 134, generando un desequilibrio en el modelo de comunicación social y perjudicando la equidad de la contienda, afectando así, que el Instituto ejerza su función para garantizar que se respete la ley.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, detalló el INE.

‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL VA A COMISIONES DEL SENADO

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República sesionarán en próximas fechas para analizar la minuta del llamado ‘plan B’ de la reforma en materia electoral, proveniente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante la primera sesión el Segundo Periodo de Sesiones, del Segundo Año de la LXV Legislatura, el Senado recibió el documento, mismo que se envió de forma directa a dichas comisiones.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta del Congreso de la Unión, previó convocar hasta la próxima semana a las comisiones que analizarán la minuta, pero no los más de 400 artículos de las cuatro leyes reformadas que comprende ésta, sino sólo el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), mismo que contenía la llamada “cláusula de vida eterna”, que fue eliminada por los diputados, lo que ahora los senadores solamente analizarán si ratifican o rechazan la decisión.

La minuta con proyecto de decreto comprende reformas a diversas disposiciones de la LEGIPE, así como de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de que se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En oficio remitido por la Cámara de Diputados de la Unión se añadió el acuerdo por el que se autorizó al Senado a -como lo establece la fracción E del artículo 72 constitucional- que “se remita al Ejecutivo Federal el proyecto antes señalado, con los artículos aprobados por ambas cámaras”.

Por su parte, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado, detalló que la minuta fue enviada el 30 de enero de 2023, a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Justicia, para su respectivo análisis.

“También les informo que la Cámara de Diputados remitió un acuerdo por el que se autoriza para que de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72 constitucional, se remita al Ejecutivo Federal el proyecto antes señalado, con los artículos aprobados por ambas cámaras”, detalló Armenta Mier.

ADÁN AUGUSTO ORDENÓ “’DESTAZAR” Y “DESCUARTIZAR” AL INE, AFIRMA LORENZO CÓRDOVA

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) instruyó a los legisladores federales “destazar” y “descuartizar” al Instituto Nacional Electoral (INE), según acusó, el 26 de enero de 2023, su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

“Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan […] Hoy sabemos, por testimonios [de quienes] estuvieron presentes, que esa fue la palabra que utilizó el titular de la política interior, cuando fue a cabildear en el Senado, para que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma”, reveló el consejero electoral.

“‘Descuarticen al INE’, se dijo, y lo hicieron, o ‘destacen al INE’, para el caso es lo mismo. Entonces, vamos a defender al servicio electoral que esta reforma destaza”, apuntó Córdova Vianello, durante una conferencia de prensa, en la cual los consejeros electorales dijeron que no exageran al decir que, con la reforma, las elecciones de 2024 están en riesgo.

Ante ello, anunciaron que la próxima semana presentarán la primera controversia constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades, que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Vamos a presentar dos controversias constitucionales: una en contra de las normas que ya están publicadas y esto ocurrirá a principios de febrero y otra en contra de las que son inminentes que se publiquen: el autoritarismo tiene prisa. Seguramente se publicarán a principios de febrero. Vamos a presentarlas probablemente a finales de ese mes”, comentó Córdova Vianello.

“Vamos a presentar todos los recursos adicionales que estén a nuestro alcance. Se van a presentar otras seguramente y en todos concurriremos presentando ‘amicus curiae’, es decir, elementos adicionales para que la SCJN pueda normar un juicio lo más informado posible”, mencionó el presidente del INE.

Asimismo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia de prensa matutina, que las elecciones estarían en riesgo, pero por causa del INE, los consejeros exigieron demostrar, con pruebas, no con discursos, que en los últimos años ha habido fraudes.

“No son acusaciones serias, son graves, pero adolecen de la mínima seriedad. Se ha repetido que el INE permite el fraude, relleno de urnas, quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del INE, de un acta falsificada”, planteó Córdova Vianello.

“Eso no ocurre en este país hace más de un cuarto de siglo, y quien afirma que hace fraudes como antes, con Manuel Bartlett [Díaz] al frente de la Comisión Electoral, que participa en alteración de resultados, miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad pese al cargo que ocupen”, dijo el presidente del INE.

Sin embargo, todos los consejeros coincidieron en que sí están en riesgo las elecciones de 2024, porque se podrían realizar con un INE colapsado, mutilado, limitado, y que, como nunca antes, se abre la puerta a la nulidad. No obstante, confiaron en que no lleguen al 2 de junio de 2023, sin una determinación de la SCJN.

“La fecha fatal es el 2 de junio. Si el 2 de junio no están validadas por los tribunales y en plena vigencia las normas del ‘plan B’, vamos a ir a las elecciones de 2024 con las reglas que hasta ahora han permitido paz pública, estabilidad democrática”, detalló el consejero presidente del INE..

“El 2 de junio es la fecha de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, que arranca en septiembre”, aclaró Córdova Vianello, quien también dijo que mientras la SCJN resuelve respecto a las controversias constitucionales que se presenten, no habrá despidos de personal, ya que, estimó, estos trabajadores organizarán las elecciones de 2024.

“No vamos a darle herramientas a quienes nos quieren perseguir políticamente y a quienes nos quisieran ver encarcelados como lo han intentado. Nosotros vamos a tener, como autoridad, que empezar a tomar las medidas que se plantean en el ‘plan B’, pero nada de despidos. Estoy convencido que el personal del INE, el que hoy está, seguirá siendo el que en 2024 va a organizar elecciones”, enfatizó.

Según Córdova Vianello, los consejeros electorales impugnarán la reforma electoral, ya que, aseguró, es una “la constelación de violaciones constitucionales”, que pone en riesgo las elecciones de 2024, al punto de ser anuladas.

“Elecciones va a haber […] pero pueden ser de tal calidad que se pueden abrir, como nunca antes, causales de nulidad. Y una elección que es anulada, que es la última garantía de que una elección siga siendo democrática, es lo peor que nos puede pasar […] una elección fracasada que tiene que volver a hacerse”, aseguró el consejero presidente.

“La Corte tiene que tener claridad de cómo esta es una constelación de violaciones que buscan regresar a un México autoritario”, afirmó Córdova Vianello, quien también criticó a los integrantes del gabinete del Gobierno del presidente López Obrador.

“Esta reforma es producto del autoritarismo, de una visión autoritaria y, ya que en esas estamos, por cierto, a lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años, es lo que le lleva a pensar que México no ha cambiado nada”, dijo el consejero presidente del INE.

“El que él haya ganado la presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba, él es la mejor prueba, de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario, del que alguno de los miembros de su gabinete fueron responsables. A lo mejor, esa cercanía impide ver con claridad las cosas”, insistió.

AMLO REVIRA: INE ES EL QUE PONE EN RIESGO LAS ELECCIONES; “DEMÓCRATAS DE MENTIRA”, LES DICE A CONSEJEROS

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 26 de enero de 2023, que el Instituto Nacional Electoral (INE) pone en riesgo las elecciones, que el pueblo es quien ha hecho valer la democracia en México y no los consejeros electorales, quienes, junto a sus adversarios, son “demócratas de mentira”.

“Ahora, se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo [a los consejeros] porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. Cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos, siempre”, indicó el mandatario nacional.

¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto?”, cuestionó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

“¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte, lo que quieren es seguir atacándonos”, señaló el político tabasqueño.

“Nos ganaron [los adversarios] y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque pertenecen a la oligarquía, no son demócratas de verdad, son de mentira. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero lo de fondo sea el decir [Genaro] ‘García Luna no se toca’ je, je, je porque eso los trae nerviosísimos”, agregó.

“Es parte de lo mismo, ellos tienen pensamiento conservador, somos distintos, estoy absolutamente seguro que no tienen vocación demócrata real, son acomodaticios y tienen pensamiento conservador, les molesta el concepto de democracia que viene desde los griegos”, insistió.

“Y aunque parezca paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas. Pueden ser intelectuales, don Justo Sierra era un gran intelectual y no estaba a favor del voto universal, y si uno ve a Sheridan es lo mismo, claro hay una gran diferencia”, expuso.

“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se mal acostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos”, abundó.

“Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad, y el ejemplo está aquí, cuando llegamos a la Presidencia se gastaban 3 mil 600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones y ¿Se colapsó la Presidencia? ¡No!”, exclamó.

INE IMPUGNARÁ “PLAN B” DE AMLO ANTE SCJN, POR PONER “EN RIESGO” LAS ELECCIONES DEL 2024

Los 11 consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron, el 25 de enero de 2023, que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra el llamado “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se presentó un informe respecto al impacto y riesgos de la reforma electoral, en la cual, cada uno de los consejeros del INE señalaron que está hecha desde el poder y busca beneficiar al Gobierno actual.

El informe presentado ante los consejeros advierte que el “plan B” de la reforma electoral debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024, además de que vulnera la autonomía técnica del órgano constitucional autónomo, en materia de fiscalización.

Asimismo, el informe advierte que se retrocede en avances del voto electrónico; se modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; además de que agrava la falta de condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y retroceso del voto electrónico, entre otros puntos.

Los consejeros del INE también anticiparon un aumento en el número de litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad democrática.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, alertó que, de aprobarse en dichos términos, “debemos prepararnos para vivir en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.

“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, señaló el presidente del Consejo General del INE.

Asimismo, ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, Córdova Vianello sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”.

“Ante esto estamos, una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”, lamentó, por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón.

Sin embargo, el representante del partido Morena ante el Consejo General del INE, Mario Rafael Llergo Latournerie, intentó retirar del orden del día la presentación del informe, al señalar que estaba al margen de la ley, porque, según él, la propuesta seguía en trámite legislativo.

Tras no prosperar la petición del también diputado federal, Llergo Latournerie afirmó que la reforma electoral exigía una democracia más austera, acabar con los altos salarios de consejeros y una autoridad imparcial e independiente.

“Ya chole con tantas mentiras, que para su disgusto sólo comprueban una cosa: en México hay tanta democracia y libertades que cualquiera pueda manifestarse, incluso con un discurso iracundo, lleno de odio y mentiras como de quienes afirman defender al INE y la democracia”, expresó el representante de Morena ante el INE.

“Se emprendió, desde diciembre del año pasado, una campaña de mentiras y de calumnias que buscan desacreditar esta reforma, desde acusaciones inverosímiles, como que la reforma desaparece las juntas distritales, hasta llegar a querer sembrar el miedo en los trabajadores del Instituto, afirmando que el Servicio Profesional Electoral se reducía con esta reforma a más del 80 por ciento, desde luego que acomodan los números a su conveniencia”, aseguró Llergo Latourneire.

El representante de Morena ante el INE insistió en que la reforma electoral busca terminar con los excesos, privilegios y dispendios con los que cuentan los organismos electorales, sin detallar cómo se logrará. También aseguró que el denominado “plan B” fue tan exitoso, que logró que quienes se presumen como independientes se quitaran las máscaras.

ALGUNAS DE LAS AFECTACIONES A LA DEMOCRACIA, SI SE CONCRETA EL “PLAN B”, SEGÚN EL INFORME DEL INE

De concretarse el denominado “plan B” de la reforma electoral, el INE advierte que generará incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de paquetes electorales y hasta en el conteo de votos en la elección del 2024.

En el informe interno que el Consejo General discutió, el 25 de enero de 2024, se enfatizó que se despedirá a 5 mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales. La falta de personal y la poca experiencia también impactará en el traslado de paquetes, lo que provocará incertidumbre para los partidos.

Ante ello, la reducción de personal, aunado a la contratación de empleados temporales y sin capacitación, cambios legales en los procesos y reducción de plazos pondrá en duda “la certeza jurídica y legitimidad” de la contienda en la que se elegirá al próximo Presidente de la República.

A nivel central, la reforma busca fusionar una decena de áreas, sin embargo, el INE alerta que unir las direcciones de Organización con Capacitación, junto la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), generaría un colapso mayor, ya que esas dos direcciones representan al menos el 40 por ciento del total de actividades institucionales que se desarrollan a lo largo del proceso electoral.

“El análisis de estas modificaciones revela la inviabilidad de que el Instituto esté en condiciones de realizar, con los plazos establecidos y bajo los parámetros de calidad y eficiencia conocidos, las actividades vinculadas con la preparación y organización de los procesos electorales”, indica el informe.

Por ejemplo, al no desaparecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP) e iniciar el mismo día el conteo distrital, se suprimirán procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones, así como a sus resultados, además de que no se reducen costos.

Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo, por lo que los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla, y aunque en la propuesta de reforma electoral se habla de un cotejo, no se aclara con qué documentos.

“[Con el nuevo diseño del proceso] se haría más tardado y potencialmente más conflictivo el cómputo. Se incrementaría la posibilidad de las impugnaciones por parte de los partidos y actores políticos, al no tener la certeza de lo que se está computando”, señala el informe.

Asimismo, al adelgazar la estructura de la organización de las elecciones, y que ésta sea improvisada, se impactarían los recuentos parciales y totales de votos que se hacen en cada elección, y que promedian el 60 por ciento de los paquetes.

Además, en la reforma electoral se plantea disminuir la base de la primera insaculación del 13 al 10 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplan los requisitos para ser funcionario de casilla.

Aunado a lo anterior, el nuevo modelo establece que no se visite el 100 por ciento de los insaculados, generando mayor ausentismo de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y se reducen los tiempos para la insaculación y capacitación, con lo que habría un incremento de errores en el procedimiento de la recepción de la votación, escrutinio y cómputo de los resultados en la casilla.

Asimismo, cambiar la fecha del arranque del inicio del proceso electoral, de septiembre a noviembre, afectaría la contratación de supervisores y capacitadores que visitarán a los insaculados y los capacitarán.

Además, la reforma electoral plantea que el registro de representantes de los partidos en casillas pueda hacerse 48 horas antes de la elección, y no en 13 días, por lo que la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes. Esto imposibilita que todos los funcionarios cuenten con listas de representantes actualizadas, ya que en algunos casos deben trasladarse en lancha o avioneta, lo que provocará que no se les permita el ingreso, lo que sería una causa de nulidad de la votación en casilla.

También se impacta la certeza jurídica el cambio de fechas para las precampañas, ya que al no modificar el periodo para el registro de candidaturas, no da espacio a la resolución de impugnaciones y de facto modifica los tiempos de campaña establecidos en la Constitución. Aunado a lo anterior, la reforma electoral propone fechas contradictorias para la asignación de diputados de representación proporcional, lo que podría ser factor de impugnaciones.

VA POR MÉXICO EN SAN LÁZARO PRESENTARÁ NUEVA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA “PLAN B” DE AMLO

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio a conocer que, el 25 de enero de 2023, la alianza legislativa “Va por México”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contiene diversas reformas en materia electoral.

“Les anticipo que mañana miércoles, estaremos presentando ya desde la Cámara de Diputados, a través de los grupos del PAN, del PRI y del PRD, una nueva acción de inconstitucionalidad controvirtiendo igualmente las reformas que se hicieron a la ley de Comunicación Social por una parte y por otra a la que rige a los Servidores Públicos”, explicó el diputado panista.

En conferencia de prensa, Creel Miranda explicó que las acciones de inconstitucionalidad serán porque se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción.

“Todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa, que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna para que los funcionarios o servidores hagan campaña, fundamentalmente las corcholatas, que reciben aportaciones y estas se traduzcan en su promoción y propaganda política y tercero han disminuido las sanciones”, agregó el diputado panista.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro recordó que, tanto la dirigencia de su partido, el PAN, como sus aliados, PRI y PRD, ya hicieron lo propio al acudir a la SCJN y presentar dicho recurso contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su dimensión de servidores públicos.

¿INE NO SE TOCA?, YA CHOLE, TRUENA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, el 25 de enero de 2023, que se organice una nueva marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora para rechazar la reforma conocida como “plan B”. El político tabasqueño soltó: “ya chole”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional consideró que sus adversarios están usando la frase “el INE no se toca” -que abanderó la marcha del 13 de noviembre del 2022- como pretexto para defender a Genaro García Luna. ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

López Obrador dijo, en tono irónico, que ya ganaron sus adversarios en este tema, ya que no se aprobó la reforma constitucional electoral que contemplaba reducir el presupuesto del INE y los partidos políticos, además de eliminar a los legisladores plurinominales, entre otras cosas.

“Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos porque impiden una reforma constitucional para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, que se pueda hacer con la mitad del dinero; el ejemplo está aquí, es predicar con el ejemplo, cuando llegamos nosotros Presidencia ejercía 3 mil 600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado 500 millones y ¿se colapsó la Presidencia? No”, indicó el político tabasqueño.

“Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero, en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales, ellos ganaron porque el INE no se toca y van a haber 500, ellos ganaron también porque nosotros planteamos que sólo existiera un Instituto Nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos, ganaron, porque el INE no se toca”, agregó el presidente.

Con el lema “mi voto no se toca”, 50 organizaciones sociales convocaron a una concentración en el Zócalo capitalino para el 26 de febrero de 2023, en rechazo al llamado “plan B” de la reforma electoral que impulsó por López Obrador. Ante esta convocatoria, el mandatario nacional dijo que a lo mejor están pensando en que la movilización sea para defender a García Luna.

“Me decían que iban a hacer una marcha, que no, ¡exageran! Sólo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna porque en una de esas ese es el propósito, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron?, ¿si el INE no se toca?”, se burló.

“A lo mejor Claudio [X. González Laporte] y los machuchones están pensando eso ¿no?, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca, ¿ya, chole! Mejor que se quiten ya por completo la máscara: ‘sí, García Luna es inocente, ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros’”, ironizó.

“¿Qué culpa tengo yo? O sea, por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron, por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí, ahora sí que como diría el mismo clásico [Vicente Fox Quesada] ¿y yo por qué? ¿Quién los manda? Es de sabios cambiar de opinión, además, tienen capacidad para rectificar. No, ‘Andrés Manuel es comunista, es populista’”, abundó.

“No sabía de eso [postura del INE], pero la democracia es que la elección sea limpia y libre, eso es la democracia y es lo que deben estar ellos procurando. No nos vamos a entender con ellos, o sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Ya no hace falta responderles, es parte de lo mismo, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos, yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas, y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos”, finalizó.

DIPUTADOS APRUEBAN, EN GENERAL, ‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL DE AMLO; QUITAN “VIDA ETERNA” A PARTIDOS

Con 269 votos a favor y 217 sufragios en contra, así como cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 15 de diciembre de 2022, en lo general, el primero de dos proyectos de decreto de la reforma electoral vía leyes secundarias, con las modificaciones avaladas por el Senado de la República.

El dictamen de avaló con 269 votos a favor por parte de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como 217 sufragios en contra de los legisladores de las bancadas opositoras, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron 22 reservas para la discusión en lo particular de las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial y de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tras un receso de cinco horas, reinició la sesión minutos después de la 18:00 horas y, desde la tribuna, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en San Lázaro, Carlos Alberto Puente Salas, anunció el retiro de la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría el traspaso de votos, para garantizar mantener el registro de los partidos políticos, al competir con candidaturas comunes.

Tras una reunión de Ignacio Mier Velazco, Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT), respectivamente, con el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, acordaron eliminar el párrafo referente a dicha cláusula y evitar el regreso de la minuta al Senado, mediante una interpretación del artículo 72 constitucional.

Se trata del artículo 15, fracción cuarta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que establecía que no perderían el registro los partidos políticos que lograran el 3 por ciento de una votación federal o mantuvieran el registro local en al menos 17 entidades federativas.

Además, el proyecto incluyó los cambios enviados por los senadores para permitir a los partidos políticos utilizar los remanentes de su financiamiento público al finalizar cada año y poner disponer de dichos recursos en el próximo ejercicio fiscal, así como en procesos electorales estatales o federales.

Asimismo, el dictamen aprobado por el Pleno de San Lázaro impide al Instituto Nacional Electoral (INE), multar a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral y se restablece la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).

Se prevé que el decreto aprobado, tanto por el Senado como en San Lázaro -desechando las modificaciones a las que renunciaron el PT y el PVEM-, se envíe al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.