El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró, el 30 de marzo de 2023, infundadas las denuncias por el supuesto financiamiento ilegal de la constructora brasileña Odebrecht, para las campañas electorales de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República -del 2011 al 2012- y de Alfredo del Mazo Maza a la gubernatura del Estado de México -del 2016 al 2017-, así como contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista Mexicano (PVEM).
Ello por la omisión reiterada de la Fiscalía General de la República (FGR) para proporcionar pruebas del caso, para que la autoridad electoral pudiera maximizar el ejercicio de las facultades de investigación para probar los hechos denunciados.
El INE argumentó que entre 2017 y 2020 se entregaron ocho solicitudes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la FGR, y en todos ellos se negó a entregar información de sus expedientes relacionados con el tema.
“En todos se ha negado la información bajo el mismo argumento: No proporciona la información, en virtud de que no se es parte dentro del procedimiento penal, por lo que aplica la prohibición que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, argumentó la Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
Durante su última sesión al frente del Instituto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acusó que estaban ante un caso de encubrimiento, opacidad y falta de colaboración con el órgano constitucional autónomo.
“Nos vemos obligados que cerrar este caso esperando, a ver si es cierto que los partidos o que los actores que descalifican a la autoridad, impugnan ante el Tribunal [Electoral del Poder Judicial de la Federación], para que abra la posibilidad de continuar con las indagatorias”, apuntó el consejero presidente del INE.
Durante la investigación, el PRI negó que de manera directa o a través de Emilio Ricardo Lozoya Austin, aportara recursos a las precampañas y campañas de Peña Nieto o de Del Mazo Maza. En tanto, la empresa Odebrecht Servicios Integrales de México, S. de R.L. de C.V, señaló que no aportó recursos de forma directa o a través de un intermediario al Revolucionario Institucional o al PVEM, ni a los entonces candidatos.
Asimismo, el Consejo General del INE detalló que Lozoya Austin se reservó el derecho a proporcionar información, toda vez que le asistía el derecho humano del principio de no autoincriminación. Mientras que Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negó haber ordenado transferencias de recursos a supuestos consultores en la campaña de Peña Nieto, cuando fue candidato a la Presidencia de la República, en el 2012.
Al respecto, el consejero Ciro Murayama Rendón subrayó que el INE no había podido acceder a las carpetas de investigación de la FGR, a pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que el secreto ministerial no era oponible al órgano constitucional autónomo.
“La verdad es que hemos enfrentado una actitud de muy poca colaboración, de opacidad, por parte de la Fiscalía General de la República. Yo espero que se pueda conocer el fondo del caso Odebrecht sin obstáculos políticos de la Fiscalía”, sostuvo Murayama Rendón.
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE aseguró que, ante la negativa de la FGR, a finales del 2021 y en el 2022 el Instituto presentó diversos juicios electorales ante el TEPJF para presionar en la entrega de la información, y la Sala Superior del Tribunal determinó que el secreto ministerial no era oponible a la facultad fiscalizadora del órgano constitucional autónomo, por lo que le ordenó entregar la información.
Ante la omisión, el INE interpuso incidentes de incumplimiento, y los magistrados del TEPJF le dieron la razón, por lo que nuevamente acudió a la FGR, sin que atendiera su petición. En octubre del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una controversia de la Fiscalía General de la República para no entregar información a otras autoridades, pero los ministros la desecharon y dejaron vigente la sentencia del Tribunal.
El 3 de junio de 2019, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), de la FGR, resolvió que ya estaban prescritos los delitos relacionados con el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto en el 2012, por lo que no ejercería la acción penal en cuanto a los hechos de dicho periodo.
Sin embargo, la FISEL estableció que estaban vigentes los ilícitos relacionados con el dinero que en 2014 Odebrecht transfirió a Lozoya Austin y que presumiblemente habría sido destinado al financiamiento del PRI en las campañas intermedias del 2015. Además de que tenía abiertos expedientes por presunto financiamiento ilícito en la campaña de Del Mazo Maza, en el 2017.
Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde finales 2012 hasta febrero de 2016, habría recibido sobornos de hasta 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de beneficios indebidos por parte de la empresa petrolera, según una declaración de Hilberto Mascarenhas, responsable de Operaciones Estructuradas de la compañía.
Según el ex directivo de la constructora brasileña, el soborno lo habría sido solicitado Lozoya Austin durante una reunión realizada en noviembre de 2014 por Luis Weyll, director de Odebrecht México, y con la autorización de Luiz Mameri, director de Odebrecht en América Latina.
INAI ORDENA A FGR HACER PÚBLICA CARPETA DEL CASO ODEBRECHT
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó, este miércoles 17 de noviembre, a la Fiscalía General de la República (FGR, hacer pública la carpeta de investigación del caso Odebrecht y actualizarla cada tres meses.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, informó que el pleno aprobó por unanimidad revocar la respuesta de la FGR, institución de procuración de justicia que, a su vez, alegó que esta se trata de información clasificada.
Sin embargo, el Instituto ordenó hacer pública la carpeta de investigación en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde se tendrán que dar a conocer los nombres de funcionarios y ex funcionarios llamados a declarar y que están presuntamente ligados al caso de corrupción.
Ibarra Cadena calificó esta determinación como “histórica”, convirtiéndola en una obligación de transparencia, pues la investigación ha estado sujeta a diversas solicitudes de información. Esta resolución es la primera en que el INAI ejerce su facultad para que un caso particular se convierta en una obligación de transparencia.
Hasta la fecha, sólo dos personas han sido vinculadas a proceso en México por dicho caso. Se trata del ex legislador Jorge Luis Lavalle Maury, ex presidente de la Comisión de Administración del Senado y militante del Partido Acción Nacional (PAN).
Ello por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, derivados de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, tras las acusaciones que hizo en su contra el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, quien también fue vinculado a proceso por dicho caso.
Ello por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, todos derivados del caso Odebrecht, ante la actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad, por parte del ex funcionario federal.
Asimismo, el pasado 9 de noviembre, la FGR solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), emitir una ficha roja para la búsqueda y localización en más de 190 países del ex director general de PEMEX, Carlos Treviño Medina, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso de Odebrecht.
Esto, luego de que el político regiomontano fuera acusado de recibir sobornos por 4 mil 390 millones de pesos a cambio de otorgar un contrato a la empresa Brakem, filial de la compañía brasileña Odebrecht, por el también ex director general de PEMEX, Lozoya Austin.
Además, la FGR acusa al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), de recibir un soborno de más de 6 millones de dólares, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, “con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales” con la reforma energética, todo ello a través de un depósito en Islas Vírgenes, que luego fue retirado en efectivo.
“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, dice la imputación de FGR, que el diario Reforma citó el pasado 1 de septiembre.
Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos el 11 de agosto del 2020, en la cual acusó 16 políticos y ex altos funcionarios- de recibir sobornos de hasta 500 millones de pesos, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para aprobar la reforma energética en 2012, impulsada por el ahora ex presidente Peña Nieto.
El diario Reforma reveló el ‘modus operandi’ a través del cual la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares a Lozoya Austin, ex director general de PEMEX, dinero que fue usado en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
Dicha cantidad, según le informó el ex funcionario federal al Gobierno de México antes de aceptar su extradición, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña presidencial y después titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contrató para asesorías electorales.
Según afirmó Lozoya Austin, ya con Peña Nieto como presidente, la constructora brasileña Odebrecht pagó 6 millones de dólares al Gobierno del entonces mandatario nacional, para ser beneficiada en contratos y que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de la Reforma Energética en 2014.
“El ex director de Pemex, que actualmente enfrenta los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, preparó un documento, al que tuvo acceso REFORMA, donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al ‘criterio de oportunidad’ y así poder sortear las acusaciones que pesan en su contra. Con lo negociado a cambio de su testimonio, Lozoya aceptó su extradición y ser juzgado en México”, indicó el rotativo.
Según este documento, el ex funcionario federal narró que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo, de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con el ex director de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll, cita a la cual aseguró haber acudido por órdenes de Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña de Peña.
“La instrucción era gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, principalmente en el extranjero”, señaló Lozoya Austin en su testimonio respecto a dicho encuentro, mismo en el que el brasileño se comprometió a entregar 4 millones de dólares, de los cuales depositó 3 millones 150 mil dólares en la off shore Latin America Asia Capital Holding LTD.
El ex funcionario federal señaló haber informado de este movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray Caso, según el testimonio de Lozoya Austin previo a su extradición, en el cual el ex director general de Pemex también comunicó al Gobierno Federal mexicano que Odebrecht entregó otros 6 millones de dólares luego de obtener un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
Esos 6 millones de dólares fueron transferidos a Fabiola Tapia Vargas, administradora de Construcciones Industriales Tapia, una empresa que se asoció con Odebrecht para las obras en Tula. La mujer, quien murió en mayo de 2014, le entregó a Lozoya Austin una tarjeta de una cuenta con los 6 millones de dólares, para ponerlos a disposición del Gobierno de Peña Nieto.
Según admitió Lozoya Austin en su testimonio, parte de ese dinero fue usado para sobornar a legisladores en una oficina en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. El ex director general de Pemex señaló que el “enlace” designado por Los Pinos era el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Uno de los encuentros que refirió Lozoya Austin se registró el 17 de septiembre de 2014, fecha en que asegura que una persona encargada del reparto de dinero, cuya identidad por ahora no ha revelado, entregó 6 millones de pesos a Penchyna Grub -ex director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFOMAVIT)- en la oficina de Montes Urales.
SUPUESTOS SOBORNOS A LEGISLADORES DEL PAN
Asimismo, en otra parte de su testimonio, Lozoya Austin informó al Gobierno Federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del llamado Pacto por México, además de que el entonces presidente Peña Nieto y Videgaray Caso, titular de la SHCP, encabezaban directamente dicha estrategia.
Según el ex director general de PEMEX, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la Reforma Energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.
Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Reforma recordó que Anaya Cortés fue presidente del PAN de agosto del 2015 hasta diciembre del 2017, cuando fue designado candidato presidencial.
Según la versión del ex director general de PEMEX, a través de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya Austin envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Así como los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.
Asimismo, Lozoya Austin denunció a senadores de Acción Nacional de intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras.
“El grupo que ejecutaba estas extorsiones, era el compuesto por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury”, detalló en su denuncia de hechos.
Según el ex director general de PEMEX, Lavalle Maury tenía “proyectos políticos” en Campeche y esa era su excusa para pedir más dinero, llevar a contratistas cercanos para que la paraestatal los favoreciera y amenazaba con boicotear la reforma energética “si no recibían sus sobornos”.
Días después, el diario Reforma reveló que Lozoya Austin acordó con el Gobierno Federal difundir al menos 12 videos con 16 horas de grabación para comprobar el pago de sobornos a dirigentes y legisladores de partidos opositores para apoyar la reforma energética impulsada por el entonces presidente Peña Nieto.
El pago de los sobornos habría ocurrido en 2013, previo a la aprobación de la reforma energética, en la oficina de Lozoya Austin en la Torre de PEMEX así como en un despacho alterno que tenía en la colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
EPN Y VIDEGARAY RECIBIERON UN SOBORNO DE MÁS DE 6 MDD DE PARTE DE ODEBRECHT, SEGÚN EL DIARIO REFORMA
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), de recibir un soborno de más de 6 millones de dólares, por parte de la constructora brasileña Odebrecht, “con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales” con la reforma energética, todo ello a través de un depósito en Islas Vírgenes, que luego fue retirado en efectivo.
“Con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de 6 millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso”, dice la imputación de FGR, que este miércoles 1 de septiembre cita el diario Reforma.
Esta acusación se reveló ayer, martes 31 de agoto, en un amparo promovido por la defensa jurídica de Jorge Luis Lavalle Maury -ex presidente de la Comisión de Administración del Senado- para llevar su proceso en libertad. Sin embargo, Antonio González González, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al panista está fundada, debido al poder económico con que cuenta el político campechano, los contactos que tiene y la incertidumbre del domicilio que habita, lo que hace factible el riesgo de fuga, por lo que el ex legislador continuará preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
En sus testimonios ante la Procuraduría General de Brasil, algunos de los ejecutivos de la constructora, como Hilberto Mascarenhas Alves da Silva -jefe del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht-, Marcelo Bahia Odebrecht -director general de la Organización Odebrecht-, Luiz Antonio Mameri -ex líder empresarial de la constructora para América Latina y Angola-, y, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la constructora brasileña en México, refieren la cifra de 6 millones de dólares para Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El ex funcionario federal mexicano ha declarado que el dinero de dicho soborno fue para pagar los votos de los legisladores de oposición en favor de la reforma energética. Asimismo, los directivos de Odebrecht manifestaron que el dinero era para ganar el contrato de un proyecto en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. Según los testimonios, los brasileños acordaron pagarle al ex director de PEMEX, un total de 2 millones de dólares, sin condiciones, y los restantes 4 mdd en caso de conseguir el convenio.
“Pero la Fiscalía afirmó que el dinero era para Peña y Videgaray, y fue depositado en Islas Vírgenes. Lozoya, efectivamente, ya tenía abiertas desde tiempo atrás dos empresas offshores en Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, con una cuenta en el banco suizo Gonet et Cie, y Zecapan SA, con una cuenta en el Neue Bank AG, en el Principado de Liechtenstein”, detalló el rotativo.
“Cuando Odebrecht obtuvo el contrato, el 3 de diciembre de 2013, transfirió un millón de dólares a Zecapan y a lo largo de los siguientes tres meses le hizo varios depósitos hasta llegar a 5 millones de dólares. Desde el 2018, la FGR tiene información que establece que la constructora brasileña le hizo depósitos y transferencias a Lozoya por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, antes y después de ser nombrado director de PEMEX”, agregó el diario.
FGR ACUSA A EPN DE TRAICIÓN A LA PATRIA: REFORMA
El expresidente Enrique Peña Nieto fue el jefe de una banda criminal que participó en actos de cohecho y de traición a la Patria, y jugó un papel central en la comisión de delitos en el caso Odebrecht, según consideró la Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray Caso, según lo dio conocer el diario Reforma, el 12 de noviembre del 2020.
El rotativo, que tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el ex titular de la SHCP y la SRE –formulada por la Fiscalía ante un juez y que fue devuelta–, dice que en ese documento se considera que el expresidente “fue autor mediato de los delitos mencionados y los de carácter electoral”. Es decir, agrega, “que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de PEMEX”.
“Peña, dice en su consideración la FGR, se apartó del Estado de Derecho y utilizó el cargo para el que fue electo con el fin de delinquir. Con su actuar ilícito no sólo obtuvo beneficio personal sino procuró ‘también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la Patria con su mal desempeño’”.
El reforma citó a la solicitud de la FGR ante el Juez: “Los hechos delictivos de cohecho y traición a la Patria surgieron por disposición de él mismo”. El documento dice que Videgaray actuó bajo instrucciones de Peña, entonces su jefe. “A instancias del Mandatario, dice el documento de la FGR, Videgaray distribuyó ‘de manera espontánea y por interpósita personas’ 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle; al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchyna Grub’”.
Siempre según el citado rotativo, el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas para obtener su voto a favor de la Reforma Energética. Y la traición a la Patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la Nación”.
Más adelante señala, citando el documento, que bajo el liderazgo de Peña Nieto, Videgaray Caso y Lozoya Austin funcionaron “como un Estado dentro de un Estado e implementaron una política de actos de corrupción”. En el documento, el ex titular de la SHCP y de la SRE aparece como “autor material”. Pero, según el texto del diario, el entonces mandatario nacional fue “el orquestador y promovente de las acciones delictivas”.
FGR ACUSA A VIDEGARAY DE TRAICIÓN A LA PATRIA Y SOLICITARÁ FICHA ROJA PARA SU CAPTURA
La Fiscalía General de la República (FGR) consideró que Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, representa un riesgo un riesgo de obstaculización al desarrollo de sus investigaciones en el caso Odebrecht y podría recibir una condena de 79 años de prisión por el delito de traición a la Patria.
Por lo que una vez lograda la orden de aprehensión, solicitará a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una ficha roja, para que ex el funcionario federal sea buscado en 194 países, ya que aún desconoce su paradero, según publicaron los diarios El Universal y Milenio, con información de la FGR.
La nueva orden de aprehensión en contra de Videgaray Caso, un documento de más de 100 páginas, podría derivar en emitir la ficha roja de la INTERPOL, ya que al ex titular de la SRE y la SHCP se le acusa de delito electoral, asociación delictiva, cohecho y traición a la Patria, lo que amerita prisión preventiva, según información publicada por el diario Reforma.
“Esta distinción normativa al delito de traición a la patria para ser considerado de aquellos que ameritan la prisión oficiosa, hace por sí solo que ante la eventualidad de que los justiciables puedan ser sometidos a un proceso por este injusto penal, haga que no deseen comparecer voluntariamente”, según expuso la FGR, citada por El Universal.
Si es expedida la orden de aprehensión por parte de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, “podría dar lugar a la generación de una ficha roja para que la Interpol a nivel mundial colabore a la localización y detención del imputado, mismo que habría de ser requerido posteriormente mediante un procedimiento de extradición”, señaló la FGR, citada por el mismo rotativo.
“Existe riesgo de que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba”, señaló la Fiscalía para justificar la necesidad de capturar al ex funcionario federal. Además de que, añadió, Videgaray Caso puede alterar pruebas y hasta “comprar” a otros coimputados, testigos o peritos involucrados en el caso para que declaren a su favor o no declaren.
“Además de influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos o intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación”, enfatizó la FGR, según el diario El Universal.
En la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, abierta contra Videgaray Caso, ya han declarado Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), quien en agosto pasado presentó la denuncia de hechos por la que la FGR inició las pesquisas contra el ex titular de la SHCP y la SRE.
Así como Miguel Pérez Esquivel, chofer de Lozoya Austin; además de Froylán Gracia Galicia, brazo derecho de el ex director general de PEMEX; así como Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con el legislador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
Este último fue exhibido en agosto del 2020 recibiendo maletas llenas de dinero en efectivo, que supuestamente provenía de los sobornos que fueron pagados a legisladores panistas en el sexenio pasado para la aprobación de la reforma energética.
UIF INVESTIGA A EPN Y FCH POR CASO ODEBRECHT, REVELA SANTIAGO CASTILLO
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó en una entrevista con el diario El Universal, publicada el 28 de septiembre del 2020, que que la institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigaba a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por el caso de los supuestos sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
El funcionario federal afirmó que lo que estaba haciendo la UIF -investigación que tardará alrededor de 3 meses- era corroborar los datos planteados por el ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Nieto Castillo explicó al rotativo que Calderón Hinojosa y Peña Nieto son dos de las 70 personas mencionadas por Lozoya Austin, por lo que se estaba revisando la ruta para comprobar que sean ciertas las afirmaciones del ex director general de PEMEX y recalcó que se estaba analizando operación por operación en el sistema financiero, para ver si había elementos o no que procedan y presentar la denuncia contra los ex presidentes.
El funcionario federal aceptó que su destitución como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en octubre de 2017 se debió, principalmente, a las órdenes de aprehensión que consiguió contra los exgobernadores priistas Javier Duarte de Ochoa y César Horacio Duarte Jáquez, y por el caso Odebrecht, sin embargo, rechazó una venganza contra Peña Nieto y sus colaboradores, de quienes dijo, “no es mi culpa que sean corruptos”.
“Parte de mi salida de la FEPADE tenía que ver con varios hechos, las órdenes de aprehensión conseguidas contra Javier Duarte y contra César Duarte, los asuntos relacionados con el despliegue ministerial, la situación de secretarios de Estado, del Estado de México durante el proceso 2017, y finalmente Odebrecht fueron los motivos de mi salida”, le dijo Nieto Castillo a El Universal.
LOZOYA DENUNCIA A EPN Y VIDEGARAY ANTE FGR; LE ORDENARON SOBORNAR A LEGISLADORES PARA PASAR REFORMAS
Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó el martes 11 de agosto del 2020, una denuncia de hechos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros.
Así lo dio a conocer Alejandro Gertz Manero, en un mensaje a medios, en el cual detalló que en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, Lozoya Austin indicó que hubo una serie de sobornos, por una cantidad “que pasa” de más de 100 millones de pesos, los cuales “fueron fundamentalmente utilizados para la campaña presidencial del 2012 para la Presidencia de la República”.
“Y el que después fue presidente [Enrique Peña Nieto] y su secretario de Hacienda [y Crédito Público, Luis Videgaray Caso], son las personas que este individuo que está presentando la denuncia, que fueron los que le ordenaron que ese dinero, fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros, que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”, según lo indicó el fiscal general.
Además, Gertz Manero informó que tanto Peña Nieto, como Videgary Caso, le ordenaron la “compra de votos” para las reformas estructurales, con sobornos a un diputado y 5 senadores, cuyos nombres no mencionó el titular de la FGR, porque serán judicializados cuando existan las pruebas suficientes.
Asimismo, en el caso de Etileno XXI, Lozoya Austin afirmó que hubo una serie de beneficios económicos para Odebrecht, que está asociada con una empresa mexicana, que les dieron una serie de privilegios en los insumos, en los que el Gobierno Federal tuvo pérdidas muy graves.
El ex director general de PEMEX también señaló en su denuncia de hechos, que Peña Nieto y Videgaray Caso le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos, a varios legisladores “los cuales son semejantes los nombres de los anteriores”, y a un secretario de finanzas de un partido político.
“Después también le dieron una cantidad superior a los 200 millones de pesos, para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace que él da el nombre. También habla de dos empresas privadas, que los elementos de prueba los tendrá que presentar”, detalló Gertz Manero.
“Sobre estas afirmaciones que él hace, ha señalado a cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, por lo que podrían llamar a testificar a Peña Nieto y Videgaray Caso, según agregó el titular de la FGR.
