Una de las principales voceras de la llamada Cuarta Transformación en Baja California es -sin duda- la diputada federal Julieta Ramírez Padilla, joven ex secretaria particular de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien desde sus redes sociales ha buscado asumir un rol protagónico en las líneas discursivas de Morena no sólo en el Estado, sino a nivel nacional. Para sostener este tipo de discursos combativos hacia “los conservadores”, también es necesario hacer un ejercicio de reflexión sobre las acciones de los actuales gobiernos, sobre todo, mostrar transparencia y rendición de cuentas en sus actividades legislativas. Resulta que la legisladora mexicalense no profesa mucho con esta visión y prefiere mantener en secreto algunas cuestiones elementales, como el arrendamiento del inmueble conocido como Casa Comunitaria, ubicada justo detrás del Ayuntamiento de Mexicali, en el Centro Cívico, zona comercial de alto valor. La Casa ofrece internet y copias gratis para estudiantes, principalmente, y sostiene una operación diaria en horarios laborales. DICHOZ Y HECHOZ solicitó a la Cámara de Diputados, concretamente a la diputada Julieta Ramírez, información sobre los comprobantes de pago o facturas, así como el contrato de arrendamiento que signó la legisladora para hacerse de este inmueble. Sin embargo, parece que eso de la transparencia no se les da, pues la solicitud no pudo ser contestada, y en su lugar, el Poder Legislativo indicó que sólo proporcionaría un documento de buena fe, donde asegura que gastó determinada cantidad de dinero, es decir, sin comprobante alguno. El documento firmado por la legisladora cierra con la leyenda “bajo protesta de decir verdad”, es decir, sin pruebas tenemos que creerle, pese a que prácticamente todos los servidores públicos están obligados a rendir cuentas y a demostrar los gastos que realizan. Ramírez asegura que en diciembre -porque respondieron lo que les vino en gana- gastó 28 mil pesos para apoyo social y su casa de gestión, de los cuales -dijo-10 mil 394 pesos fueron para mantener la Casa Comunitaria (se insiste: sin demostrar que realmente paga eso). El resto lo gastó en servicios administrativos, papelería, combustible y otros temas relacionados, por un monto de 16 mil 131.99 pesos; además de 3 mil 296.37 pesos para logística en la elaboración de talleres, cursos, seminarios y conferencias. Lo interesante es que, durante diciembre, Julieta Ramírez presumió en redes sociales la entrega de apoyos en diversos puntos de la colonia Progreso y otras comunidades desfavorecidas de Mexicali, lo cual indica que hizo alarde de apoyos ajenos, pues no dio cuenta de ese gasto. Entonces, la legisladora es opaca en sus cuentas y presume con sombrero ajeno. En fin, todo sea por posicionarse para 2024, año en que aseguraban, buscaría la alcaldía de la Capital bajacaliforniana, pero ahora no descarta la senaduría.
Naranja
Dicen que quien atraviesa por su propia transformación es la diputada federal por Tecate, Zulema Adams Pereyra. La ex alcaldesa del Pueblo Mágico renunció hace unos días a su militancia en Morena, tras perder la motivación que la llevó a ingresar a ese partido: “Un interés genuino por erradicar de fondo las problemáticas que tanto daño le hacen a México”. Justificó que no encontró compromiso (ni cambio) en el partido oficial: “Lejos de basar sus decisiones en un criterio regido por la justicia y la legalidad, me he enfrentado a las injusticias que juraron combatir y a los silencios que dijeron que jamás volverían a permitir”. Hay que recordar las seis o siete carpetas de investigación que durante la administración de Jaime Bonilla Valdez le fueron aperturadas por la Fiscalía General del Estado, mientras fungía como alcaldesa y que trascendieron a la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y la FGE de Ricardo Carpio. En las últimas semanas, Adams fue vista en Tecate, litigando los casos referidos. Atacada por Morena BC cuando la encabezaba Bonilla, a quien de hecho denunció, no encontró apoyo en su partido. Por eso mejor dijo adiós. Y mientras son peras o son manzanas, la diputada ya es naranja. Ahora Zulema es parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, partido al que migró y donde la bienvenida se la dio el mismísimo Dante Delgado.
Reprobado
Exhibido quedó el magistrado electoral Jaime Vargas Flores, uno de los pocos alfiles de Jaime Bonilla que todavía ocupa puestos de poder dentro de la administración pública. Desde hace unas semanas ha enfocado sus atenciones en los procesos de evaluación para ser consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) como parte del avance en su carrera profesional. Resulta que uno de los principales operadores de la reforma constitucional que intentó dejar a Bonilla como gobernador de Baja California por cinco años, y no dos para los que fue electo, presentó los exámenes de conocimientos en el proceso de selección de consejeros del INE. Total que solo se evidenció. En el listado de calificaciones de los aspirantes, el cual es público, Vargas Flores se encuentra al final de la lista, con 58 aciertos de 100 posibles. Cabe recordar que en este tipo de evaluaciones el 5.8 no sube a 6, y por ende, uno de los que -en teoría- tendría que ser erudito en materia electoral, reprobó lamentablemente… y es magistrado electoral. Bonillista, pero magistrado.
Escondidas
A quien se le acabó el encanto de los encuentros con la prensa es al gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, ya que pasó de destacar como un mandatario fácil de localizar, a uno que, pareciera, juega a las escondidas con las y los reporteros que le plantean preguntas incómodas. Casualmente, ciertos medios de comunicación siempre saben cuáles son los lugares donde estará Castro, ahora que ya no se deja observar tanto por La Paz y que reporteros no reciben directamente su agenda para ubicarlo en la escena pública. Ahora sí que, a diferencia de otros gobernadores o el Presidente de la República, emanado de Morena, a Castro Cosío no se le da eso de las conferencias mañaneras, semaneras o el “dialogo circulante” que presume Andrés Manuel López Obrador. En BCS, lo del gobierno es esconderse para evitar preguntas incómodas. Eso sí, no faltan los comentarios irónicos cuando periodistas locales recurren a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para denunciar bloqueos y agresiones a la libertad de prensa, de expresión y el derecho al acceso a la información por parte de la administración sudcaliforniana.
