Lozoya usa chaleco antibalas y es vigilado con cámaras 24 horas, tras amenaza de muerte, denuncia abogado

Miguel Ontiveros Alonso, abogado defensor de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), denunció, el 22 de marzo de 2023, que su cliente usa chaleco antibalas y es vigilado con cámaras de video durante las 24 horas del día, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte -ubicado en el calle Jaime Nunó, en la colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México-, donde el ex funcionario federal está preso desde el 28 de julio de 2020, ello debido a que recibió una amenaza de muerte “documentada”.

“Ha sufrido amenazas, tiene ya una amenaza documentada amenaza de muerte, desde esas fechas tiene un equipo de seguridad con restricciones muy fuertes a su libertad, usa chaleco antibalas, está con cámaras las 24 horas”, detalló el litigante, durante una entrevista con el periodista Alejandro Domínguez, en Milenio Televisión.

Además, Ontiveros Alonso insistió en que se debía llamar a declarar a Enrique Peña Nieto -presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018-, en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) en España, donde reside el ex mandatario nacional.

“Lozoya ha dicho claramente con datos, fechas, lugares cómo el señor Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República, le instruyó a generar las condiciones para corromper a los legisladores para que se aprobara la reforma energética”, afirmó el abogado.

“Y esas instrucciones las recibió en algunas ocasiones en Los Pinos, como lo narra él en su denuncia por parte de Enrique Peña Nieto y, en la mayoría de las veces utilizando Peña Nieto a Luis Videgaray Caso, quien se dice era el operador más importante de Enrique Peña Nieto para este tipo de casos”, expresó el litigante defensor.

Ontiveros Alonso también expresó que toda la familia del ex director general de la empresa paraestatal había manifestado su ánimo para firmar todos los acuerdos reparatorios con las autoridades federales, incluyendo PEMEX, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

MADRE DE LOZOYA CUESTIONA A TITULAR DE UIF POR NO ACTUAR CONTRA PRESUNTA CORRUPCIÓN DE PEÑA NIETO

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuestionó a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque presume tener pruebas de la presunta corrupción del ex presidente Enrique Peña Nieto y no procede en su contra.

En videoconferencia, durante la audiencia intermedia presidida por Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la mujer dio lectura a una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que criticó que su hijo estuviera preso y no los ex funcionarios y legisladores a los que denunció.

En su misiva, Austin y Solís manifestó al político tabasqueño que seguía sin saber por qué hace un año el Gobierno Federal reculó, cuando estaba a punto de firmarse un acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad que significa la suspensión condicional de los procesos, así como la libertad para ella y su hijo.

Asimismo, en su carta fechada el 13 de marzo de 2023, la madre del ex director general de la empresa paraestatal también afirmó que las mujeres de su familia estaban siendo perseguidas, “siendo inocentes”. Esto, debido a las acusaciones que versan en su contra y de su hija Gilda Susana Lozoya Austin.

“Respetuosamente me dirijo a usted, recordándole que en varias mañaneras, ha manifestado que está de acuerdo que en el caso de mi hijo Emilio, siendo testigo colaborador y valiente como usted lo ha expresado, por haber denunciado a varios ex funcionarios del sexenio pasado que incurrieron en sobornos para lograr la Reforma Energética, pueda acceder a un criterio de oportunidad, con la cantidad fijada, tanto por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la empresa PEMEX”, expuso.

“Hace casi un año, en abril del año pasado, se iba a firmar, pero una hora antes de la junta se suspendió por alguna razón que nunca se nos explicó”, insistió la madre de Lozoya Austina, quien también expresó su complacencia con el juez de control Gerardo Alarcón López, por conducirse conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), defender los derechos humanos, el secreto bancario y la vida privada de los ciudadanos.

“Señor presidente: ¿Por qué mi hijo siendo testigo colaborador y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, está en la cárcel?, ¿por qué se nos persigue a las mujeres de la familia, siendo inocentes?, y ¿por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer?”, preguntó Austin y Solís al final de la audiencia intermedia.

“Usted ha dicho siempre ‘no soy tapadera de nadie’ y nosotros confiamos que usted quiere que se conozca la verdad. Lo ha reiterado en múltiples ocasiones ¿por qué señor presidente, si en más de dos ocasiones, también en la mañanera, el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes en contra del ex presidente Peña Nieto y no se ha procedido, dejando pasar un tiempo muy valioso?”, indicó la madre de Lozoya Austin.

“Estoy segura que usted señor presidente, siguiendo sus valores de justicia, morales, cristianos y éticos, cumplirá lo que públicamente ha prometido varias veces”, señaló Austin y Solís, que se encuentra procesada en prisión domiciliaria y para quien la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al juez que le impusiera 21 años con 3 meses de prisión, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht.

JUEZ ORDENA APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA EMILIO LOZOYA POR CASO ODEBRECHT

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ordenó, la noche del 13 de marzo de 2023, la apertura de juicio oral en contra de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, relacionados al caso Odebrecht.

La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó su solicitud de imponer una pena 46 años y 6 meses de prisión a Lozoya Austin e interpuso un recurso de apelación por la exclusión que hizo el juez de diversos elementos probatorios clave en el caso, que fueron presentados por la defensa del ex funcionario federal, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, quien explicó que con dicho recurso y un amparo presentado, se suspendía la materialización del auto de apertura del juicio oral.

El litigante explicó que el amparo tenía como propósito que se definiera cuál institución tenía la personalidad jurídica para ser la receptora de los fondos que suponen la reparación del daño al erario público, con el fin de ratificar la voluntad resarcitoria de Lozoya Austin a las instituciones del Estado y seguir colaborando con las autoridades.

Durante la audiencia intermedia, la defensa del ex director general de la empresa paraestatal pidió cancelar 48 de los 67 datos y medios de prueba que ofreció la FGR para el juicio y logró que el juez excluyera 21 por ilícitas y cancelara 12 en forma parcial. Por su parte, la FGR pidió excluir 28 de las 38 pruebas que presentó Lozoya Austin en su descargo, pero Alarcón López rechazó todas las solicitudes.

Ontiveros Alonso dijo que, además de promover un amparo, su cliente reiteró su petición para que la FGR, PEMEX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aceptaran un acuerdo reparatorio y con ello evitar el juicio por los delitos que se le imputaban a Lozoya Austin no sólo en el caso Odebrecht, sino por el caso Agronitrogenados.

Sin embargo, el juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte ordenó notificar, en un plazo de 5 días, a un tribunal de enjuiciamiento, para que fije fecha para el juicio del ex director general de Petróleos Mexicanos.

Por su parte, los fiscales federales anunciaron a Alarcón López que apelarán su decisión, en la que declaró ilegales y excluyó la información bancaria entregada por Suiza y Brasil para juzgar a Lozoya Austin por el Caso Odebrecht.

Los representantes de la FGR dijeron estar en desacuerdo con la postura del juez, porque los tratados suscritos por México con esas naciones no establecen que la información financiera deba estar sujeta a un control judicial en los casos de solicitudes de asistencia jurídica internacional.

La Fiscalía General de la República pide a Lozoya Austin, una reparación del daño de 1 millón 385 mil dólares por el delito de lavado de dinero; y, de 5 millones 951 mil dólares por el delito cohecho, ambos relacionados con el caso Odebrecht.

Por su parte, el codefensor Alejandro Rojas Pruneda pidió al juez dejar fuera del proceso a PEMEX y la UIF porque, en su opinión, los delitos que imputaban a Lozoya Austin no les afectaban en su patrimonio y, por consecuencia, no tenían la calidad de víctima u ofendido.

No obstante, Alarcón López descartó el argumento y confirmó a las dos entidades como ofendidas por los ilícitos del ex director general de la empresa paraestatal, decisión que la defensa de Lozoya Austin va a combatir mediante el juicio de garantías presentado el 13 de marzo de 2023.

En la misma causa penal, la Fiscalía General de la República solicitó condenar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, a 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.

La FGR explicó que la pena solicitada contra Lozoya Austin se componía de 22 años de prisión por el delito de lavado de dinero, 14 por cohecho y 10 por asociación delictuosa. Mientras que para la madre del ex funcionario federal la pena era de 10 años de prisión por asociación delictuosa y 11 por lavado de dinero. Además, solicitó inhabilitar al ex director general de PEMEX para ocupar cualquier cargo del servicio público, por un plazo de 14 años.

FGR RECHAZA ACUERDO REPARATORIO CON LOZOYA POR CASO ODEBRECHT Y PIDE 46 AÑOS DE PRISIÓN EN SU CONTRA

Durante la audiencia intermedia, llevada a cabo el 10 de marzo de 2022, para desahogar pruebas por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó llegar a un acuerdo reparatorio con Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por lo que pidió Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ir a juicio e imponer una pena 46 años y 6 meses de prisión, por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

La defensa del ex funcionario federal, encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso, había anunciado que buscarían llegar a un acuerdo reparatorio con la institución de procuración de justicia -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero-, con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y PEMEX, por un total de 200 millones de pesos por el caso de Odebrecht y buscar un criterio de oportunidad, a fin de continuar colaborando con las autoridades.

Casi al mediodía, el litigante defensor declaró ante los representantes de medios de comunicación, que Lozoya Austin solicitaría que se fijar una fecha y hora para firmar el convenio con el que se comprometería a pagar más de 200 millones de pesos por concepto de reparación del daño al erario público.

“La postura del señor Emilio Lozoya Austin es que se solicitará que se fije fecha y hora para los efectos de la firma del convenio de reparación del daño a favor de las instituciones del Estado, que han señalado montos específicos”, dijo el abogado.

Por su parte, Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, determinó que era ilegal toda la información financiera que entregó Suiza a México, para acreditar los supuestos sobornos de la constructora brasileña al ex director general de PEMEX, porque no había pruebas de que los helvéticos obtuvieron los datos mediante orden judicial.

Por la misma razón, el juzgador también canceló los documentos bancarios que proporcionó Brasil, de las transferencias de las empresas off shore Innovation Research Engineering and Development Ltd, Latín America Asia Capital Holding y Zecapan, la primera de ellas empleada por Odebrecht para el pago de sobornos a Lozoya Austin.

Asimismo, durante la audiencia intermedia ambas partes debatieron la legalidad y pertinencia de los 67 datos de prueba que ofreció la FGR para llevar a juicio a Lozoya Austin y los 38 que ofreció la defensa del ex director general de la empresa paraestatal.

En el caso Odebrecht, la FGR pidió imponerle a Lozoya 46 años con 6 meses de prisión, la inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos públicos, el pago de una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares y una multa de 7 mil 950 días, equivalente a 87 millones 252 mil 442 pesos.

En la misma causa penal, la Fiscalía General de la República solicitó condenar a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, a 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.

En marzo de 2022, PEMEX aceptó una reparación del daño de 10.7 millones de dólares, de los cuales 7 millones 385 mil corresponden al expediente de Odebrecht y 3.4 millones al de Agronitrogenados, con lo que un juez de control iba a conceder la suspensión condicional de los procesos y la libertad de Lozoya Austin. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dicho pago, porque dijo que era menor al daño causado.

JUEZ APLAZA, OTRA VEZ, AUDIENCIA POR CASO AGRONITROGENADOS; ABOGADO PIDE ACUERDO REPARATORIO Y LIBERTAD PARA LOZOYA

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aplazó, el 16 de febrero de 2023, hasta las 10:30 horas del 27 de abril del mismo año, para la realización de la audiencia intermedia por el caso Agronitrogenados, en el cual se encuentra imputado Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Pero la defensa del ex funcionario federal espera que el 10 de marzo de 2023, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), autoricen el acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad, para que sean suspendidos en forma condicional los procesos por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, tras lo cual el ex director general de la empresa paraestatal podría salir de la cárcel.

Antes de iniciar la audiencia intermedia, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Lozoya Austin, dijo que solicitarían ante el juez de control, establecer una fecha y hora para la firma del acuerdo reparatorio de más de 10 millones de dólares, en los casos Agronitrogenados y Odebrecht, a cambio de salir de prisión, “en los términos que señalen las instituciones del Estado”.

“La postura de la familia Lozoya Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100 por ciento la reparación del daño solicitado por las instituciones, y esa es la afirmación que vamos a hacer como defensa”, expresó el litigante, en entrevista con representantes de los medios de comunicación, antes de ingresar a la sala de audiencias.

“Nosotros le hemos reiterado a los colegas de PEMEX, de la FGR y de la Unidad Inteligencia Financiera, la disposición plena para reunirnos y antes de esa fecha, lo antes posible, generar las condiciones para que vengamos por ejemplo el 10 de marzo, que es la fecha de la audiencia de Odebrecht, a firmar los acuerdos en el marco del caso Agronitrogenados y el convenio en el marco del criterio de oportunidad de caso Odebrecht y suspender ambos procesos”, señaló el abogado de Lozoya Austin, al salir del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

“El juicio va a ser en contra de Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, quienes dirigieron el aparato organizado de poder, no puede haber juicio en contra de Emilio Lozoya, porque es un testigo colaborador que ha aportado suficientes elementos con base en los cuales se ha ejercido ya acción penal por parte de la Fiscalía y ha generado incluso órdenes de aprehensión y ya hay personas procesadas”, agregó el litigante.

“Entonces lo que no puede ser es que se procese a una persona que aporta elementos y por el otro lado también se les procesa a quienes han sido imputados y alguno de ellos ya procesados, entonces el juicio debe ser en contra del ex presidente de México”, abundó Ontiveros Alonso.

“Si es necesario, lo quiero dejar muy claro, si es necesario que nosotros solicitemos que se gire atento oficio de colaboración a las instituciones españolas, especialmente a la Fiscalía del Gobierno del Reino de España, para que sea citado Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, a la FGR y se haga de su conocimiento la denuncia que existe en su contra y que manifieste lo que a su derecho convenga”, indicó.

“Lo vamos a hacer, vamos a ver cuál es la respuesta de las instituciones y tenemos plena confianza de que vamos a pagar y vamos a obtener el criterio de oportunidad”, insistió el litigante, quien también recordó que Lozoya Austin le pidió personalmente manifestar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los medios de comunicación, la situación injusta en la que se encuentra, ya que era testigo colaborador y estaba preso, mientras que los ex funcionarios a los que denunció se encontraban libres.

“Él me ha pedido transmitirles que no comprende la razón por la cual, a pesar de tener la calidad de testigo colaborador, de cooperar y de manifestar, que no entiende por qué al testigo colaborador se le ingresa a prisión, se le reprime, mientras que a las personas que han sido denunciadas se encuentran en libertad”, expuso el abogado.

Ontiveros Alonso agregó que Lozoya Austin mantenía su compromiso de proceder a la firma del acuerdo para extinguir las acciones penales en contra de su familia, especialmente de su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, quien llevaba más de mil días en prisión domiciliaria y no había podido ver a sus familiares.

Cuestionado respecto a si Lozoya Austin renunciaría a seguir colaborando con la FGR, en caso de no conseguir la libertad, el litigante respondió que dicho escenario simplemente no existía y que su cliente siempre continuaría cooperando con las investigaciones de la autoridad ministerial.

El área de la FGR responsable de conducir y formalizar dicha negociación es el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Las ocasiones en las que previamente fue programada la audiencia, sin llevarse a cabo, fueron el 3 de abril y 4 de noviembre de 2022, así como el 3 de enero del presente año.

La defensa legal de Lozoya Austin pidió el nuevo dirimiendo, porque la Fiscalía General de la República (FGR) entregó el 14 de febrero de 2023, unas cuatro mil fojas que correspondían, entre otros rubros, a traducciones de estados de cuenta del banco JP Morgan de Nueva York, traducidos al español.

Durante la audiencia, el Ministerio Público de la Federación se opuso a la nueva prórroga, con el argumento de que ya había pasado tiempo suficiente para reanudar el proceso, y es que era la cuarta vez que se posponía la resolución respecto a un posible acuerdo o avanzar en la audiencia intermedia. “El número de veces pueden ser 100, eso a mí no me importa”, respondió Alarcón López.

Sin embargo, el juez ponderó el derecho a la defensa adecuada de Lozoya Austin, por contar con tan poco tiempo para revisar la información recibida, al tiempo que también exhortó a los representantes de la FGR a entregar con anticipación más registros si es que contaran con otros a los ya exhibidos en la carpeta de investigación, a fin de evitar retrasar más el proceso.

La defensa legal de Lozoya Austin, a través de Alejandro Rojas Pruneda, propuso que el Ministerio Público de la Federación se desistiera de estos medios de prueba, a fin de seguir con el proceso, el 16 de febrero de 2023, a lo que el juez concedió un receso de 10 minutos para que los representantes de la FGR definieran esto, lo cual, al final rechazaron, por lo que se concretó una nueva prórroga de la audiencia intermedia.

“Tiene un mayor rango axiológico el derecho de defensa sobre los tiempos [de un proceso], no se afecta a la empresa PEMEX; ni a la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF]. Ellas han manifestado que se encuentran listas para el juicio; sin embargo, lo determinante es el derecho de defensa adecuada”, dijo Alarcón López.

CARLOS TREVIÑO ASEGURA QUE EL ACUERDO DE EMILIO LOZOYA Y PEMEX ES IMPROCEDENTE

Carlos Alberto Treviño Medina, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), indicó, el 15 de febrero de 2023, que el acuerdo reparatorio entre las autoridades y Lozoya Austin es improcedente, ya que existe una “imposibilidad legal” para que el ex funcionario federal evite un juicio en su contra.

A través de un carta que envió a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Treviño Medina aseguró que no había cantidad de dinero que Lozoya Austin pudiera ofrecer para reparar los daños que le provocó a PEMEX por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

El ex director general de la empresa paraestatal reiteró en su misiva que había imposibilidades legales para que Lozoya Austin lograra salir del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, y también evitar que se le llevara a juicio por los delitos que se le acusan.

“Estas cantidades son por mucho superiores a las que pretende pagar el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin por todos los delitos que cometió, como si se tratara de uno solo. Por ello es evidente que no hay cantidad alguna de dinero que el señor Lozoya, sus papás y su defensa puedan ofrecer para reparar el daño que causó con las conductas que cometió”, indicó Treviño Medina en la carta.

Para finalizar, el ex director general de PEMEX sentenció que las personas culpables son las que buscan ofrecer “reparar el daño para no sufrir la prisión que está prevista en la ley”, por lo que insistió que el acuerdo reparatorio de Lozoya Austin con las autoridades federales era improcedente.

Treviño Medina está acusado por el propio Lozoya Austin, por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos, de parte de la constructora brasileña Odebrecht, cuando era diputado federal, por aprobar la reforma energética.

TRIBUNAL AMPARA A LOZOYA Y ORDENA ANALIZAR PRISIÓN PREVENTIVA POR CASO ODEBRECHT

Por unanimidad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó, el 19 de enero de 2023, un amparo a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sentencia que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le fue impuesta en el proceso por el caso Odebrecht.

Aunque dicho fallo no implica la inmediata libertad del ex funcionario federal, sí ordena a un juez de control que se analice el caso, porque, según los magistrados, se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad, ya que se omitió contestar, los agravios que la defensa del quejoso presentó en apelación, para tratar de evitar que su cliente continuara en prisión.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México declaró infundados e inoperantes los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), que impugnó el fallo de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quien era titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, misma que concedió, el 16 de agosto de 2022, la protección de la justicia al ex funcionario federal, para que un juez de control analizara de nueva cuenta el asunto y se emitiera un nuevo pronunciamiento.

Dicha magistrada estableció que en la audiencia del 3 de noviembre de 2021, José Artemio Zúñiga Mendoza, entonces juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó la prisión preventiva justificada al ex director general de PEMEX, sin atender todos los argumentos expuestos por su defensa.

“La magistrada de amparo [Rodríguez Escobar] concedió el amparo para efectos, porque advirtió insuficiencia en la fundamentación y motivación en el acto reclamado, se ciñó a destacar aquéllos agravios expuestos por la defensa particular del quejoso, que no se contestaron por la autoridad de alzada, o bien, se contestaron con insuficiencia, trasgrediendo así los principios de congruencia y exhaustividad”, sentenció el Tribunal Colegiado.

“De ahí que, si los motivos de disenso esgrimidos por el recurrente (FGR), no resultaron aptos para combatir, todos y cada uno de esos aspectos y, en su lugar, refieren diversos temas que no afrontan las razones por las que se concedió el amparo”, insistió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México.

“Es importante precisar que la imposición -y subsistencia- de la prisión preventiva justificada no atiende a la naturaleza del delito que se le imputa al supuesto sujeto activo del hecho, contrario de lo que sucede con la prisión preventiva oficiosa, la cual cuenta con un catálogo numerus clausus de delitos, para determinar su procedencia”, indicó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México.

“Por el contrario, la prisión preventiva justificada se rige por las reglas comunes de la imposición de cualquier medida cautelar sumado a diversos requisitos adicionales que la legislación contempla, con el objetivo de limitar su uso y garantizar el principio de excepcionalidad -y de última racionalidad-”, explicó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal en la capital de la República.

Asimismo, los magistrados ratificaron en todos sus términos la sentencia de Rodríguez Escobar, quien concedió el amparo porque el Tercer Tribunal Unitario, el cual conoció la apelación, no precisó por qué se acreditó una variación en las condiciones de Lozoya Austin, cuando ya habían sido materia de debate durante la audiencia del 29 de julio de 2020.

Además, el Tercer Tribunal Unitario tampoco sustentó por qué fue correcta la aplicación del contenido previsto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, refirió que “las razones que motivaron la prisión preventiva subsisten”.

Asimismo, el Tercer Tribunal Unitario no atendió el aspecto relativo a que el depósito de dos millones de euros a una empresa no es una circunstancia que hubiera variado las condiciones objetivas, para la imposición de la prisión preventiva, porque desde la audiencia de 29 de julio de 2020, fue uno de los hechos materia de imputación.

Aunado a lo anterior, el Tercer Tribunal Unitario no justificó “lo relativo a que se infringieron los principios de igualdad, contradicción, cargas probatorias, porque no se acreditó con dato de prueba alguno que el imputado tuviera a disposición los dos millones de dólares” o que tuviera acceso a otras cuentas bancarias”, que le permitieran evadir la justicia, según mencionó la magistrada Rodríguez Escobar.

El caso Odebrecht es el único asunto que mantiene a Lozoya Austin en la cárcel, ya que enfrenta un proceso por los probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, ilícitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, según el análisis del Tribunal Colegiado, basado en diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la FGR, los ejecutivos de la constructora brasileña sobornaron a Lozoya Austin con al menos 10.5 millones de dólares, para conseguir contratos de obra en la refinería de Tula, Hidalgo. No obstante, en su escrito de acusación, dicha institución de procuración de justicia dejó fuera las operaciones financieras que ya no podían ser sancionadas por prescripción y señaló sólo 6 millones de dólares de coimas y un lavado de un millón 385 mil dólares.

Por este asunto, la Fiscalía General de la República pidió imponerle 46 años con 6 meses de prisión y el decomiso de la residencia de Ixtapa, municipio de Zihuatanejo, en Guerrero, a nombre de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, entre otras sanciones.

En marzo de 2022, PEMEX pactó un acuerdo reparatorio con el ex director general de dicha empresa paraestatal, para que pagar un daño de 10.7 millones de dólares, a cambio de que le otorgaran la suspensión condicional de los dos procesos y saliera de prisión.

Sin embargo, justo cuando iban a celebrarse las audiencias para que se oficializara el acuerdo y Lozoya Austin saliera en libertad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de los términos de dicha negociación y PEMEX reculó.

Como PEMEX y la FGR han reiterado en distintas audiencias que no existe un acuerdo para reparar el daño y concederle un criterio de oportunidad, la única oportunidad que tiene Lozoya Austin de salir de la cárcel es con el cambio de medida cautelar en el caso Odebrecht.

El ex director general de la empresa paraestatal tiene otro proceso abierto por lavado de dinero, derivado del caso Agronitrogenados, no obstante, desde julio del 2022 cuenta con libertad provisional, además del uso de un brazalete electrónico, la firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares, así como el retiro del pasaporte y visas.

MADRE DE LOZOYA SUPLICA A AMLO ACEPTAR ACUERDO DE REPARACIÓN DEL DAÑO POR ODEBRECHT

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), suplicó, el 17 de enero de 2023, al presidente Andrés López Obrador autorizar el acuerdo reparatorio que permita cancelar el proceso del caso Odebrecht, que permita devolverle la libertad a ella y a su hijo.

Además, la progenitora del ex funcionario federal pidió al político tabasqueño, que sean castigados los supuestos verdaderos culpables de los hechos de corrupción denunciados por el ex director general de la empresa paraestatal.

La madre de Lozoya Austin compareció por videoconferencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, desde su domicilio particular ubicado en la Ciudad de México, donde se encuentra sujeta a prisión domiciliaria, procesada por asociación delictuosa y lavado de dinero, en el caso Odebrecht.

“Mi hijo ha cumplido en denunciar a otras personas involucradas en corrupción, es el funcionario de más alto nivel del sexenio pasado que ha tenido el valor que nadie ha tenido en contar lo que pasó […] Me duele verme involucrada en estos actos, he estado en 5 prisiones en Alemania, tengo más de mil días en prisión domiciliaria y más de 3 años sin ver a mi hijo y a mis nietos”, indicó la madre de Lozoya Austin.

“Que se sancionen a los verdaderos culpables y se llegue a un acuerdo. Confío en el sentido humano y de justicia del señor presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Austin y Solís, casi al final de la audiencia, misma que fue aplazada para las 12:15 horas del 10 de marzo de 2023.

Se tenía previsto que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara de forma oral al ex funcionario federal y a su madre por el caso Odebrecht, siendo puestos a debate los datos y medios de prueba de las partes. Sin embargo, el juez de control, Gerardo Alarcón López, difirió la audiencia.

Austin y Solís insistió que lo mejor para las autoridades y los acusados, era llegar a un acuerdo en el que se pagara la reparación del daño y se concedieran los beneficios necesarios para que se concediera la suspensión condicional del proceso.

“Hemos dejado en garantía mi casa en donde hemos vivido desde hace más de 47 años, así como otras propiedades de la familia que hemos adquirido durante varias generaciones. Sigo esperando que las autoridades tomen una resolución”, dijo la madre de Lozoya Austin.

El ex director general de PEMEX obtuvo una nueva prórroga de 30 días para la audiencia intermedia en el caso Odebrecht, en el que se le acusa de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Sin embargo, la FGR acusó al ex funcionario federal de retrasar el caso, lo que ha generado incertidumbre jurídica y genera costos al erario. No obstante, dicho argumento fue desestimado por el juez de control.

Alarcón López aceptó los argumentos de la defensa del ex director general de PEMEX respecto a que no han tenido acceso a declaraciones de directivos de Odebrecht que señalan a Lozoya Austin y que serían utilizados en un eventual juicio.

Alejandro Rojas Pruneda, abogado del ex director general de PEMEX, también reveló que la FGR les entregó el 12 de enero de 2023, ocho discos compactos con 46 archivos y aproximadamente 900 fojas, así como cuatro videos con 4 horas y 43 minutos de duración en total en idioma extranjero, material que, dijo, no han podido terminar de revisar.

Lozoya Austin ofrecía a PEMEX un total de 7.3 millones de dólares para llegar a un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio en el caso Odebrecht, del que está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña, por más de 10 mdd.

Por este asunto, la FGR pidió imponer a Lozoya Austin un total de 46 años con 6 meses de prisión, por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. También solicitó sentenciar al ex funcionario federal una inhabilitación de 14 años para desempeñar cargos públicos, el pago de una reparación del daño de 6 millones 385 mil dólares y una multa de 7 mil 950 días, equivalente a 87 millones 252 mil 442 pesos.

En el mismo expediente, la FGR pidió imponer a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, una condena de 21 años con 3 meses de cárcel y el pago de 4 mil 50 días multa, que en este caso son 262 mil 278 pesos.

LOZOYA PODRÍA LLEVAR SU PROCESO EN LIBERTAD, PERO QUE PAGUE EL DAÑO, DICE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, el 4 de enero de 2023, que si Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX),, quiere salir de prisión, debe pagar la reparación del daño, calculado en alrededor de 10.7 millones de dólares (3.4 mdd del caso Agronitrogenados y 7.3 mdd del caso Odebrecht).

“En todos los juicios que están en proceso por corrupción, si hay detenidos que quieren resolver su asunto, lo que se está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía [General de la República] y los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero”, dijo el mandatario nacional.

“En el caso de Agronitrogenados fue una compra que se hizo y se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales para esa planta, el señor [Alonso Ancira Elizondo] que participó en la venta, para llevar su proceso en libertad, se comprometió a devolver 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100, entonces esto aplica para todos”, agregó el político tabasqueño.

“Si no hay devolución del dinero, si no hay reparación del daño, no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o los jueces. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus abogados, en la reparación del daño, sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero sí tiene que [pagar]”, insistió el presidente.

LOZOYA LE MANDA A DECIR AMLO QUE QUIERE REPARAR DAÑO DE MÁS DE 10 MDD Y SALIR DE PRISIÓN

Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), envió un mensaje, el 3 de enero de 2023, al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, para comunicarle que el ex funcionario federal se encuentra con toda la disposición de reparar un daño de más de 10 millones de dólares, a cambio de salir de prisión.

El litigante volvió a manifestar que los procesos contra Lozoya Austin por los casos Agronitrogenados y Odebrecht no llegarán a juicio, porque antes lograran un acuerdo reparatorio con PEMEX y un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR).

Al llegar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte -donde se tenía programada una audiencia intermedia del caso Agronitrogenados-, Ontiveros Alonso indicó que no están a debate, ni en disputa, los montos de la reparación del daño que, aunque no los mencionó, son más de 10 millones de dólares por los dos procesos que Lozoya Austin tiene en su contra.

“Aprovecho este momento para que de manera muy respetuosa enviar un mensaje al señor presidente de la República Andrés Manuel Lopez Obrador, primero, para confirmarle que nosotros coincidimos absolutamente con su política anticorrupción implementada por su Gobierno”, dijo el litigante.

“Segundo, para decirle que coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe reparar totalmente el daño, así lo ha manifestado Lozoya Austin ante el juez, ante la FGR y también ante PEMEX”, agregó el abogado.

“Finalmente, decirle también al señor presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la FGR en el marco de los hechos denunciados vinculados a los hechos de corrupción sucedidos en el pasado, ese es el mensaje que queremos mandarle al señor presidente”, abundó Ontiveros Alonso.

“La postura de esta defensa es firme, vamos a informar al señor juez que continúa en la edificación del acuerdo reparatorio con a PEMEX para los efectos de que se declare la extinción de la acción penal y así mismo vamos a informar al señor juez que seguimos analizando algunos de los materiales que nos fueron entregados por parte de la FGR”, insistió el litigante.

“Especialmente unos archivos digitales que fue muy complejo acceder a ellos, acudimos más tarde con los colegas del Ministerio Público y seguimos valorando más de mil páginas que contienen además múltiples correos electrónicos, mensajes que tenerlos que preparar para efectos de la defensa que, sabemos, no se va a materializar porque vamos a lograr el acuerdo reparatorio”, afirmó el abogado.

JUEZ APLAZA AUDIENCIA DE LOZOYA POR CASO AGRONITROGENADOS; SERÁ ÚLTIMA PRÓRROGA

Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, otorgó un plazo de 30 días hábiles -que concluirán día 16 de febrero del mismo año-, a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para la realización de la audiencia intermedia por el caso Agronitrogenados.

Ello debido al descubrimiento de nuevos medios de prueba a los que la defensa del ex funcionario federal ha no ha tenido acceso, siendo esta la tercera ocasión en que la Fiscalía General de la República (FGR) no puede acusar a Lozoya Austin, cuyos abogados indicaron que ésta será la última prórroga que tendrán.

Durante la audiencia, la representación legal de PEMEX dijo que hasta ese momento no se había logrado un acuerdo reparatorio, aunque el abogado defensor Miguel Ontiveros Alonso afirmó que continuaban negociando, con el compromiso de su cliente de cubrir totalmente el monto que fije el Consejo de Administración de la empresa paraestatal.

Por su parte, el abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda dijo al juez que el motivo del nuevo plazo, era porque algunos datos de prueba acababan de ser descubiertos, y porque les fue entregado un disco compacto con dos mil o tres mil hojas.

Durante el análisis de dicho disco, hay un archivo que se llama “Pagos a Nafin”, el cual tiene un subapartado denominado “Pagos de cuentas Pro Agroindustria”, que contiene estados de cuenta en español de un banco español y del estadounidense J.P. Morgan, las cuales se encuentran en inglés. En dicho material hay otro subcapítulo “Pago de intereses a Nafin”, del cual no pudieron abrir el archivo.

“Tampoco no encontramos indicio de un disco compacto CDR UNO, el cual les hace falta y que contiene archivos de la familia de Emilio Lozoya, el cual asciende a mil hojas”, mencionó el litigante, quien detalló que el archivo les fue proporcionado una semana antes por la FGR.

“Es un caso complejo donde hay al menos 200 datos de prueba, que ha sido complicado localizar cierta Información que está ofertada”, señaló Rojas Pruneda, quien agregó que tampoco han alcanzado a cotejar la prueba “59”, donde se anexan observaciones y aclaraciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de fecha de 16 diciembre de 2016.

El abogado apuntó que el Ministerio Público también les hizo notar sobre una prueba pericial que habían ofrecido en materia de derecho extranjero, derecho en Luxemburgo y de Alemania de Thomas Wimer.

Por esta razón, el litigante solicitó una prórroga de 20 días hábiles. Sin embargo, el juez le advirtió que esta era la única oportunidad que tendría para aplazar la audiencia intermedia, por lo que le pidió reconsiderar si eran suficientes esos días o necesitaba más.

Ante ello, la defensa de Lozoya Austin terminó pidiendo 30 días complementarios. Aunque la FGR comentó que estaba en condiciones de iniciar la audiencia intermedia, no se opuso a la prórroga solicitada.

Por su parte, la representación legal de PEMEX y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se quejaron de que la defensa de Lozoya Austina no les había corrido el traslado de los datos de pruebas descubiertos por los abogados del ex funcionario federal.

Por su parte, Ontiveros Alonso recordó que desde el inicio de la etapa procesal habían propuesto a la FGR y a las víctimas, llegar a un acuerdo reparatorio y que el 2022 tuvieron una sesión, pero siguen trabajando, además de que buscan, también, un criterio de oportunidad en el caso Odebrecht.

LOZOYA INSISTE EN PAGAR 3.4 MDD PARA REPARAR DAÑO POR CASO AGRONITROGENADOS

Miguel Ontiveros Alonso, abogado de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), anunció, el 4 de noviembre de 2022, que insistirían en su oferta de pagar 3.4 millones de dólares a la Fiscalía General de la República (FGR), para llegar a un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados.

Al arribar al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para la audiencia intermedia -que presidiría la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes-, el litigante afirmó que la postura del ex funcionario federal es buscar el acuerdo reparatorio en dicho caso y en lo que respecta a Odebrecht, el criterio de oportunidad con la FGR.

“Vamos a esperar lo que nos dice Petróleos Mexicanos. Nosotros venimos con la postura del acuerdo reparatorio y vamos a esperar la posición de las víctimas, ellas tienen el derecho de manifestar lo que consideren pertinente para los efectos de su postura institucional, siempre hemos mantenido el diálogo constante y permanente”, indicó Ontiveros Alonso.

En la audiencia del 4 de noviembre del 2022, la FGR pediría, en forma oral, condenar a Lozoya Austin a 15 años de prisión, por el delito de lavado de dinero, en el caso Agronitrogenados.

Mientras que el 7 de noviembre de 2022, se tenía programada otra audiencia intermedia, en la que la FGR solicitaría 46 años de cárcel para el ex director general de PEMEX, en el caso Odebrecht, por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho.

FUNCIONARIO DEL PODER JUDICIAL FEDERAL INVITA A LOZOYA A DECLARARSE CULPABLE POR CASO ODEBRECHT

Rodrigo Jesús Vega Madrid, encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, invitó a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a declararse culpable por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el caso Odebrecht.

Ello en caso que el ex funcionario federal estuviera interesado en terminar de forma anticipada dicho proceso judicial, a través de una forma distinta al criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio, opciones que Lozoya Austin continúa negociando con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Dentro del citatorio fechado el 1 de agosto del 2022 y girado a las partes para que se presenten el próximo 7 de noviembre del presente año -a la audiencia intermedia por el caso Odebrecht-, el encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, invitó al ex director general de PEMEX y la FGR, a negociar un procedimiento abreviado, mecanismo que implica que el acusado reconozca su culpabilidad a cambio de la pena mínima de prisión y un descuento adicional al castigo.

“Se invita a las partes a que, si es de su interés, concreten esa forma de terminación anticipada del proceso, en términos de lo establecido en el numeral 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en la inteligencia que la audiencia programada en el cuerpo del presente acuerdo, podrá direccionarse hacia un procedimiento abreviado -solicitando tal circunstancia previo al inicio del debate-, siempre y cuando se cuente con la autorización correspondiente y estén impuestos de la misma, cuya obligación procesal de correr traslado con esa propuesta recae en la representación social de la Federación (FGR) , además de hacerla llegar a esta sede judicial con la debida anticipación”, señaló Vega Madrid.

JUEZA FIJA PARA NOVIEMBRE AUDIENCIAS DE ACUSACIÓN A LOZOYA

El 16 de agosto del 2022 se conoció que Verónica Gutiérrez Fuentes, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México -quien relevó a su homólogo José Artemio Zúñiga Mendoza-, agendó para las 10:00 horas del 4 y 7 de noviembre del presente año, las audiencias intermedias, donde se definirá si la FGR continúa con la acusación contra el ex director general de PEMEX o se logra un acuerdo en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Dichas audiencias son también el plazo límite para que Lozoya Austin logre un arreglo con PEMEX y la FGR para salir de la cárcel mediante la reparación del daño y un criterio de oportunidad. Una vez que concluya la etapa intermedia y se dicte el auto de apertura de juicio, el ex funcionario federal ya no podrá acceder a la libertad a través de una salida legal alterna.

Antes, el 7 de junio del 2022, el equipo de abogados de Lozoya Austin informó que su cliente estaba en la mejor disposición de cubrir íntegramente los montos solicitados por diversas autoridades para cubrir la reparación del daño, en los procesos que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

A través de un comunicado, los litigantes Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, mencionaron que el compromiso de Lozoya Austin con las víctimas, la FGR y las instituciones del Estado, es “firme, sólido y permanente”. Respecto al adeudo fiscal de 2 millones 695 mil 985.32 pesos, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los abogados aseguraron que el monto fijado por las autoridades hacendarias y la Procuraduría Fiscal, ya fue cubierto.

Los litigantes detallaron que el ex director general de PEMEX es el funcionario de mayor nivel de la Administración encabezada por Enrique Peña Nieto, que se ha atrevido a denunciar actos de corrupción en el sexenio pasado. Asimismo, mencionaron que Lozoya Austin aportó pruebas que sostienen plenamente sus afirmaciones, lo que permitió ejercer acción penal en contra de, por lo menos tres personas involucradas en su denuncia, misma que se comprometía a ratificar cuantas veces fuera necesario.

LOZOYA NO HA CUMPLIDO CON REPARACIÓN EN CASOS ODEBRECHT Y AGRONITROGENADOS, AFIRMA FGR

Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), no ha cumplido con la reparación del daño en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, según lo informó, el 6 de junio del 2020, la Fiscalía General de la República (FGR).

Según detalló la institución de procuración de justicia, en el caso Odebrecht, continúa el procedimiento sin ningún beneficio procesal para el ex funcionario federal. Asimismo, por el caso Agronitrogenados, a Lozoya Austin se le tienen embargados bienes sometidos a extinción de dominio, por lo que dicho procedimiento penal, también continúa sin ningún beneficio procesal.

“En el caso de un adeudo fiscal de Emilio ‘N’, por pago de impuestos, dicho pago lo ha estado gestionando a través de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], situación que se encuentra en trámite. Este pago de impuestos no tiene vinculación de ninguna naturaleza, ni conexión de ningún tipo con los dos casos anteriores”, detalló la FGR.

AMLO INSTRUYÓ REVISAR ACUERDO REPARATORIO DE LOZOYA POR DAÑO PATRIMONIAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, el 13 de abril del 2022, que dio la instrucción de que se revise el acuerdo reparatorio que ofrece la defensa de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con base en el daño patrimonial causado en los casos de Odebrecht y Agronitrogenados.

“Está revisando porque se solicitó información y yo creo que lo que estaban considerando como daño era lo de Odebrecht, lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya y por eso se hablaba de 10 millones de dólares, pero la instrucción que di es que se revise bien sobre el daño patrimonial, si existe, que no se hagan las cosas a la ligera”, expresó el mandatario nacional.

“No hay todavía valoración porque se debe hacer una auditoría, eso por un lado, y lo segundo es que informe cómo se utilizó el dinero porque en su declaración, y por eso se le dio el carácter de testigo protegido, que el dinero que salió de Odebrecht y otras fuentes se le entregó a legisladores del [Partido Acción Nacional] PAN para que aprobaran la reforma energética, de eso no se habla, pero entonces él tiene que probar eso y la Fiscalía tiene que actuar, porque por eso le dieron el carácter de testigo protegido”, dijo el político tabasqueño.

“¿Qué es un tratamiento especial? Vamos a decir, y es importante que se aclare sobre estos sobornos, hace dos días en la Cámara de Diputados, ¿No tienen por ahí la escena? Un, le llaman cabildero, un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras, que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio”, acusó.

“No estoy diciendo que llevaba dinero, pero ¿Qué hace sentado junto a una diputada? Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera, por eso va a ser muy importante lo del domingo, cómo van a votar los representantes populares, ahí está, esas son las presiones Fuertes presiones y hasta cañonazos, como decía Obregón”, insistió.

“No sé [si les están ofreciendo dinero a los diputados], pero ya lo hicieron con la reforma energética. Son las dos cosas, la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas de los sobornos para aprobar la reforma energética, que es por esa reforma que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional”, agregó.

“Porque se llevó a cabo para beneficiar a empresas extranjeras, como esta que representa este señor, Enel, yo creo que es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y se siguiera inundando Tabasco. Entonces esto es, asesor de los partidos en contra de México”, finalizó.

“SIN COMENTARIOS”, DICE GERTZ MANERO SOBRE PRESUNTO ACUERDO ENTRE LOZOYA Y PEMEX

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), evitó responder respecto al presunto acuerdo reparatorio al que el ex director de PEMEX habría llegado con la empresa paraestatal para salir de prisión.

Tras salir del Palacio Nacional, a donde acudió como invitado eal informe por lo 100 días del cuarto año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gertz Manero prefirió no hablar del caso.

“Sin comentario. Está es una ceremonia en que venimos a celebrar el informe del señor presidente, que ha sido espléndido, es todo lo que hay que decir”, respondió el titular de la FGR a un reportero de Radio Fórmula.

JUEZ CANCELA AUDIENCIA DE LOZOYA POR CASO ODEBRECHT; EX DIRECTOR DE PEMEX SEGUIRÁ EN PRISIÓN

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, difirió, el 12 de abril, hasta nuevo aviso, la audiencia de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por el caso Odebrecht, por lo que el ex funcionario federal continuará preso.

Según autoridades judiciales, citadas por el diario Reforma, el 11 de abril, una de las partes solicitó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte dejar sin efecto la diligencia relacionada con el expediente 261/2019 y el juez Zúñiga Mendoza acordó la cancelación de la audiencia, donde Lozoya Austin ofrecería 7 millones 385 mil dólares, como monto para la reparación del daño.

El caso Odebrecht es el único proceso donde el ex director general de PEMEX tiene la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que en caso de conseguir el criterio de oportunidad que negocia con la Fiscalía General de la República (FGR), podrá recuperar su libertad.

Desde enero pasado, Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, ordenó a Zúñiga Mendoza, que a las 13:30 horas del día 26 de ese mismo mes, se llevara a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, para definir si Lozoya Austin, continuaba o abandonaba dicha prisión, por el caso de los presuntos sobornos de la constructora brasileña.

La magistrada federal consideró que la prisión preventiva que le impuso el juez de control Zúñiga Mendoza, al ex director general de la empresa paraestatal, el 3 de noviembre del 2021, tenía aspectos que no están debidamente fundados, ni motivados.

Porras Odriozola puntualizó que a la hora de pronunciarse de nueva cuenta, el juez de control Zúñiga Mendoza, tendría la libertad de jurisdicción para liberar al procesado o volverle a imponer la prisión preventiva al ex funcionario federal.

Sin embargo, el juez de control determinó durante una audiencia llevada a cabo, el pasado 26 de enero, en el Centro de Justicia Penal Federal -y que duró alrededor de 50 minutos-, que Lozoya Austin continuara en prisión por el caso Odebrecht.

La FGR acusa al ex director general de PEMEX, de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho, y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de 7 millones 385 mil dólares.

No obstante, el juzgador federal argumentó que persistía el riesgo de fuga del ex director general de la empresa paraestatal, ya que el ex funcionario federal contaba con los recursos económicos y los contactos para ello, además de que no cumplió con la reparación del daño.

El juez indicó que la FGR probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio del 2020 permitieron que el ex director general de PEMEX pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares.

Antes, el pasado 20 de enero, Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ordenó liberar a Lozoya Austin, en el proceso que se sigue en su contra por el caso Agronitrogenados. No obstante, la misma juez ordenó como medida cautelar colocar al ex funcionario federal, un brazalete electrónico con localizador.

JUEZ DIFIERE POR 15 DÍAS LA AUDIENCIA DE LOZOYA POR CASO AGRONITROGENADOS

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, difirió, el 11 de abril, por 15 días, la audiencia de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por el caso de Agronitrogenados.

La audiencia del ex funcionario federal fue suspendida luego de 13 minutos, debido a que la empresa paraestatal y la Fiscalía General de la República (FGR), pidieron dos semanas para analizar el acuerdo reparatorio que ofreció la defensa del Lozoya Austin.

En la diligencia estuvieron presentes Emilio Lozoya Thalmann y Gilda Margarita Austin Solís, padres del ex funcionario federal, quienes aparecen en el acuerdo reparatorio, como obligados solidarios del pago de 10.7 millones de dólares por concepto de reparación del daño.

Asimismo, acudió el representante legal de una inmobiliaria y de la ciudadana alemana Marielle Elene Eckes, esposa del ex director general de la empresa paraestatal, quienes fungen como garantes del pago ofrecido.

Aunque la representante legal de PEMEX indicó al juez que bastaban dos semanas para que la defensa exhibiera la documentación faltante, Zúñiga Mendoza decidió no fijar nueva fecha de audiencia hasta que las partes informen si ya concretaron las negociaciones entre ambos.

Antes de terminar la audiencia, el juez pidió a los representantes legales de PEMEX, que si no estaban completamente de acuerdo con los términos del acuerdo reparatorio, se lo hubieran hecho saber antes para no celebrar la diligencia.

LOZOYA PACTÓ CON PEMEX PAGAR 10.7 MDD PARA SALIR DEL RECLUSORIO, AFIRMA REFORMA

Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), pactó con la Fiscalía General de la República (FGR), un criterio de oportunidad y el acuerdo reparatorio por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.

Según el diario Reforma -basado en fuentes federales-, PEMEX aceptó una oferta de 10.7 millones de dólares -equivalentes a más de 220 millones de pesos- presentada por Lozoya Austin para reparar el daño en ambos casos, a cambio de la suspensión condicional de sus dos procesos penales y de salir del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Las fuentes detallaron al citado rotativo, que 7 millones 385 mil dólares son por el asunto relacionado con los presuntos sobornos de la constructora brasileña y 3 millones 400 mil dólares por el de la planta “chatarra” comprada por PEMEX a Altos Hornos de México (AHMSA).

Siempre según Reforma, el primer pago en cada uno de los casos será de un millón de dólares, tras la firma del acuerdo, y el resto deberá ser abonado en parcialidades, a más tardar el 31 de diciembre del presente año.

En dichos acuerdos, Lozoya Austin dejará en garantía cinco inmuebles, entre ellos su residencia en Lomas de Bezares, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, y la casa de playa de su esposa Marielle Helene Eckes, en Ixtapa, Guerrero, viviendas que la FGR acusaba que compró con sobornos que AHMSA le pagó.

Además, según el mismo rotativo, el ex funcionario federal también ofreció a la FGR la residencia de su padre Emilio Lozoya Thalmann, ubicad en la colonia Bosques del Pedregal, de la alcaldía de Tlalpan, y otra en la misma demarcación que fue heredada por su abuela.

“Según los informes consultados, la Fiscalía también se desistirá de la acción penal contra Gilda Margarita Austin y Solís, Gilda Susana Lozoya Austin y Marielle Helene Eckes, madre, hermana y esposa del ex director de Pemex, respectivamente”, indicó Reforma.

Asimismo, como parte de los acuerdos, la FGR suspenderá los procesos de extinción de dominio con los que pretendía que pasaran al patrimonio de la Federación, la casa de Lomas de Bezares y la mansión de Ixtapa, en Guerrero.

“Funcionarios indicaron que el mes pasado el Consejo de Administración de PEMEX aprobó ambos acuerdos reparatorios, bajo la coordinación de Luz María Zarza Delgado, directora Jurídica”, abundó el mismo rotativo.

“La oferta aprobada representa más del doble de los cinco millones de dólares que Lozoya había ofrecido a las autoridades para cancelar sus dos procesos, conforme declaraciones que hizo a la prensa su abogado Miguel Ontiveros, el 10 de noviembre”, finalizó Reforma.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó, el 11 de abril, que los 10.7 millones de dólares que Lozoya Austin pactó con PEMEX, para quedar en libertad, son insuficientes para reparar el daño.

“Lo del señor Lozoya está en la Fiscalía, aunque el daño no es de esa cantidad. Bueno, apareció en el periódico Reforma, hay que verlo con cuidado. No [esta enterado], pero pedí que se hiciera la investigación porque el daño tendría que reponerlo, repararlo en PEMEX, ahí tendría que ser”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“El daño es a PEMEX y hay que ver PEMEX qué está planteando, porque sí puede la FGR desde luego aceptar la reparación del daño. Y nosotros estamos de acuerdo porque significa devolver al pueblo lo robado, es dinero que va al instituto o a PEMEX”, finalizó el político tabasqueño.

AUDIENCIAS DE LOZOYA POR CASOS ODEBRECHT Y AGRONITROGENADOS

Por ambos casos, la FGR pide que, en total, se determine una sanción contra el ex funcionario federal, de 54 años en prisión. En ambas audiencias, Lozoya Austin tendrá la última oportunidad de llegar a un acuerdo con la FGR para no ser procesado o para decidirse por un procedimiento abreviado, que implica declararse culpable a cambio de una pena reducida.

Durante ambas audiencias intermedias, el Ministerio Público de la Federación acusará formalmente al ex director general de la paraestatal y presentará las pruebas con que cuenta para buscar sea condenado por José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Asimismo, según el diario Milenio, que informó del hecho el 25 de febrero de 2022, durante dicha etapa procesal -previa a que se lleve a cabo el juicio oral contra el ex funcionario federal-, la defensa de Lozoya Austin podrá responder dicha acusación, además de que presentará pruebas a favor del ex director general de PEMEX.

LOZOYA SEGUIRÁ EN PRISIÓN POR ODEBRECHT; JUEZ DETERMINA MANTENER MEDIDA CAUTELAR

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, determinó, el 26 de enero de 2022, durante una audiencia llevada cabo en el Centro de Justicia Penal Federal -y que duró alrededor de 50 minutos-, que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), continuara en prisión por el caso Odebrecht.

Para que Lozoya Austin saliera la cárcel, tenía que obtener el fallo a favor en el proceso penal que obra en su contra por el caso de los sobornos recibidos por la constructora brasileña Odebrecht, que le imputaba la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución de procuración de justicia lo acusaba de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho, y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de 7 millones 385 mil dólares.

No obstante, el juzgador federal argumentó que persistía el riesgo de fuga del ex director general de la empresa paraestatal, ya que el ex funcionario federal contaba con los recursos económicos y los contactos para ello, además de que no cumplió con la reparación del daño.

El juez indicó que la FGR probó que cambiaron las condiciones objetivas que en julio del 2020 permitieron que el ex director general de PEMEX pudiera gozar de la libertad provisional con un brazalete electrónico y bajo otras medidas cautelares.

“Es infundado el argumento de que el imputado no quiso sustraerse de la justicia, cuando en realidad se necesitó de una orden de aprehensión en la que quedó justificada su necesidad de cautela e, incluso, fue necesaria la extradición para conducirlo a proceso […] Se considera que otra medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada no va a garantizar que el imputado comparezca en el proceso”, dijo Zúñiga Mendoza.

Al final de la audiencia -que duró alrededor de 50 minutos-, Lozoya Austin -que no habló y permaneció con el cubrebocas puesto- sólo se limitó a dar las gracias al juez y a quienes se conectaron de forma virtual.

Ese mismo 26 de enero de 2022, Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite una demanda de garantía del ex director general de PEMEX, pero no otorgó alguna suspensión, porque el ex funcionario no la solicitó.

Asimismo, el juzgador fijó para el 23 de febrero de 2022, la celebración de la audiencia constitucional. En su demanda de garantías, Lozoya Austin señaló que busca la protección contra cualquier orden de “detención o privación de la libertad fuera de procedimiento judicial”, es decir, por un caso distinto a los procesos que enfrenta por Odebrecht y Agronitrogenados.

TRIBUNAL DESECHA AMPARO DE UIF CONTRA LOZOYA POR CASO AGRONITROGENADOS

Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, desechó, el 26 de enero de 2022, el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -cuyo titular es Pablo Gómez Álvarez-, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicha institución impugnó, el 25 de enero de 2022, la resolución de Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), para que enfrente su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.

El 21 de noviembre del 2021, Rodríguez Escobar ordenó el cambio de medida cautelar para que el ex funcionario federal se le coloque un brazalete electrónico y enfrente su proceso fuera del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde ahora está preso.

“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares…no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, señaló, en su fallo, Porras Odriozola.

La magistrada indicó, además, que las autoridades no puedan acudir al procedimiento constitucional para defender la legalidad de sus actos, al no ser titulares de derechos fundamentales, ya que actúan como entidades de gobierno dotadas de imperio, con la aclaración de que, sólo podrán acudir en defensa de derechos patrimoniales, pero como personas de derecho privado.

Porras Odriozola puntualizó que un requisito indispensable para acreditar la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por una persona moral oficial, es la afectación de sus intereses patrimoniales, derivados de actos jurídicos que realicen bajo un plano de igualdad, en una relación de coordinación frente a otro gobernado, lo que en el citado caso no se actualiza.

“Además, conforme al numeral 155 del citado código, las medidas cautelares no pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o una sanción penal anticipada. Por consiguiente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal prevista en los citados artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se desecha de plano”, detalló la magistrada en su resolución.

LOZOYA GANA APELACIÓN CONTRA PRISIÓN PREVENTIVA POR ODEBRECHT; PODRÍA QUEDAR LIBRE

Isabel Porras Odriozola, magistrada titular del Tercer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, ordenó a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, que a las 13:30 horas del 26 de enero de 2022, se llevaría a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, para definir si Lozoya Austin, continuaba o abandonaba dicha prisión, por el caso Odebrecht.

La magistrada consideró que la prisión preventiva que le impuso al ex director general de la empresa paraestatal, el 3 de noviembre del 2021, el juez de control Zúñiga Mendoza, tiene aspectos que no están debidamente fundados, ni motivados.

Porras Odriozola puntualizó que a la hora de pronunciarse de nueva cuenta, el juez de control Zúñiga Mendoza, tendría la libertad de jurisdicción para liberar al procesado o volverle a imponer la prisión preventiva al ex funcionario federal.

JUEZA ORDENA LIBERAR A LOZOYA POR AGRONITROGENADOS; SEGUIRÁ EN PRISIÓN POR ODEBRECHT

Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, ordenó, el 20 de enero de 2022, liberar a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en el proceso que se sigue en su contra por el caso Agronitrogenados.

Ello tras permanecer en prisión preventiva justificada durante más de tres meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, según lo informó el diario Milenio.

No obstante, la misma juez federal ordenó como medida cautelar colocar al ex funcionario federal, un brazalete electrónico con localizador. Asimismo, el diario Milenio, sigue vigente la prisión preventiva contra el ex director general de PEMEX, por el caso Odebrecht.

Siempre según el citado rotativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), la parte acusadora en el juicio contra Lozoya Austin, apelaron la resolución de la juez federal, para impedir que el el director general de la empresa paraestatal salga de la prisión donde aún permanece.

La juez que dictó la toca penal de la apelación presentada por la defensa de Lozoya Austin contra la prisión preventiva, requirió a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas de su cumplimiento.

Sin embargo, para que Lozoya Austina salga la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal que obra en su contra por el caso Odebrecht, por los que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión, así como la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.

Ello por el caso Agro Nitrogenados, causa penal 211/2019, en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a Altos Hornos de México (AHMSA), una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.

A principios de noviembre del año 2021, Zúñiga Mendoza dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada con Lozoya Austin en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por lo que el ex funcionario federal quedó preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

FGR PIDE 39 AÑOS DE PRISIÓN PARA LOZOYA Y 25 AÑOS PARA SU MADRE, POR CASO ODEBRECHT

Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), recibió, el 5 de enero de 2022, la acusación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, relacionados con el caso Odebrecht (causa penal 261/2019).

Según revelaron fuentes del Gobierno Federal, el ex funcionario federal podría pasar un total de 39 años en prisión, en caso de ser declarado culpable por los delitos que se le imputan, entre ellos de haber recibido sobornos por 6 millones de dólares de Odebrecht y lavar 1 millón 385 mil dólares en el sistema financiero.

Sin embargo, la última decisión la tendrá José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a quien el Ministerio Público Federal (MPF) presentó un documento con el fallo para convocar a Lozoya Austin y a su defensa a un juicio oral.

Además de los citados delitos, la FGR busca una condena de 39 años de prisión por la actuación de Lozoya Austin en un cargo de alta jerarquía del entonces Gobierno de México, mediante el cual se aprovechó para recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y, con el dinero, concretar la reforma energética impulsada por el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

Según las mismas fuentes gubernamentales, la FGR quiere la pena máxima por cada delito, es decir, 10 años por asociación delictuosa; 15 relacionados con el lavado de dinero; y 14 del delito de cohecho. En total, sumarían 39 años, aunque la determinación final se dará tras el juicio y el desahogo de pruebas por parte de la defensa del ex director general de PEMEX.

Aunado a lo anterior, la FGR planteó al juez federal multar a Lozoya Austin con cinco mil 450 días de salario mínimo -según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente-, además de decomisarle la mansión que posee en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, valuada en 1.9 millones de dólares y presuntamente adquirida en 2013 bajo el nombre de su esposa, la ciudadana alemana Marielle Helene Eckes, con los sobornos de la brasileña Odebrecht.

Por último, la FGR pide que Lozoya Austin repare un daño patrimonial que en audiencias pasadas se estimó en 7 millones 385 mil dólares, cantidad reclamada como condición para negociar con el ex funcionario federal un posible criterio de oportunidad, beneficio que lo convertiría en testigo colaborador y cancelaría el proceso.

Tras el escrito de la FGR, el juez notificará acusación en un plazo de tres días hábiles a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a PEMEX, en su carácter de víctimas, y después tendrá 10 días para informar a la defensa de Lozoya Austin.

Después, Zúñiga Mendoza deberá convocar a una audiencia intermedia en la que el juez federal debería validar las pruebas presentadas por las partes y definir cuáles serán consideradas en un eventual juicio. Asimismo, se espera que en los próximos días la FGR también presente la segunda acusación formal en contra de Lozoya Austin.

Ello por el caso Agro Nitrogenados, causa penal 211/2019, en la que se le acusa de haber recibido un soborno de 3.4 millones de dólares para que PEMEX comprara, a sobreprecio, a Altos Hornos de México (AHMSA), una planta “chatarra”, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, misma que tenía 14 años sin operar.

A principios de noviembre del 2021, Zúñiga Mendoza dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada con Lozoya Austin en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, por lo que el ex funcionario federal quedó preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Zúñiga Mendoza desestimó la solicitud de la defensa del ex director general de PEMEX -encabezada por el abogado Miguel Ontiveros Alonso- de revocar las medidas cautelares de uso de brazalete y retiro de documentos migratorios, al señalar que no podía dejar en el “limbo” el caso y sin ninguna medida de control procesal.

Después de haber sido exhibido por cenar en el lujoso restaurante Hunan, el ex funcionario federal perdió el criterio de oportunidad. La defensa de Lozoya Austin ofreció pagar 3.4 millones de dólares por el caso Agronitrogenados y 1.6 millones por Odebrecht, como reparación del daño.

Ello como parte de un acuerdo de reparación para que se retiraran los cargos y se cancelaran los casos judiciales abiertos contra el ex director general de PEMEX. Sin embargo, la acción nunca se concretó, ya que la Fiscalía General de la República -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- argumentó el posible riesgo de fuga de Lozoya Austin.

El 12 de noviembre del 2021, Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), negó que el Gobierno de México estuviera colaborando con Lozoya Austin, como lo aseguró la defensa del ex director general de PEMEX, “porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio”.

Tras recordar que Lozoya Austin enfrenta dos denuncias, una por el caso Odebrecht y otra Agro Nitrogenados; el titular de la SEGOB consideró que PEMEX es quien tiene que decidir “si conforme a su visión jurídica se satisface y procede la reparación del daño” ofrecida por su ex director general.

“No puede haber reparación del daño si la parte ofendida, en este caso PEMEX, no está conforme con el monto que se ofrece”, aseveró López Hernández, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevada a cabo en Sonora.

FGR PIDE 25 AÑOS DE PRISIÓN PARA MADRE DE LOZOYA

Asimismo, la Fiscalía General de la República pidió 25 años de prisión contra Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, quien también está procesada en el caso Odebrecht por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En julio de 2019, Austin y Solís, de 73 años de edad, que permaneció prisión domiciliaria, fue detenida por agentes de la Policía Internacional (INTERPOL) en Alemania, y días después fue entregada a las autoridades mexicanas.

Según la orden de aprehensión en la causa penal 261/2019, el ex director general de PEMEX ordenó, en noviembre del 2012, el depósito de 180 mil dólares americanos, provenientes de la cuenta 24000880974.60T, de la empresa Tochos Holdings Limited, a su madre, “bajo el concepto de pago de impuestos y abogados”.

Dichos recursos habrían provenido de los sobornos estimados en 10.5 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht entregó a Lozoya Austin. Ante ello, en noviembre del 2019, la madre del ex funcionario federal fue vinculada a proceso por dichos delitos y se le dictó prisión domiciliaria.

LOZOYA DICE QUE NUNCA SE FUGÓ Y NIEGA UN TRATO PRIVILEGIADO DE LA FGR

Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), afirmó, el 3 de noviembre del 2021, durante la audiencia en que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, le dictó, la medida cautelar de prisión preventiva justificada -a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR)-, que nunca se dio a la fuga.

Asimismo, el ex funcionario federal reveló que, antes y después de que se ordenara su aprehensión en 2019, sostuvo reuniones con altos funcionarios del Gobierno Federal para negociar su colaboración con las autoridades, negando así que haya sido beneficiario de un trato privilegiado durante los 15 meses en que estuvo en libertad provisional.

“Yo no me fugué. Yo vine un 1 de mayo de 2019 y me regresé a trabajar porque como consultor extranjero debía viajar mucho. Y tuve reuniones con altos funcionarios del Gobierno de México y me regresé a trabajar como financiero internacional, nunca dejé de ratificar que mi domicilio fue en la calle de Ladera, en Lomas de Bezares. Cuando sacaron la orden de aprehensión yo nunca me evadí de la justicia”, dijo Lozoya Austin.

“Cuando se ejecutó la orden de aprehensión yo ya tenía la plena intención [de colaborar con las autoridades]. Ya estábamos en diálogos con la FGR. Otros abogados me decían ‘estás loco si renuncias al principio de especialidad’ [lo obligaba a la FGR a pedir permiso del Gobierno de España para presentar nuevas acusaciones penales]”, según lo indicó el director general de PEMEX.

El ex funcionario federal acusó que es víctima de una persecución en la opinión pública que denominó “asesinato por carácter” de su persona, y afirmó que existen muchos intereses que pretenden que no se sepa la verdad respecto a los sobornos, incluidos medios de comunicación.

Lozoya Austin aseguró que no recibió un trato privilegiado de la FGR, porque dijo que su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, estuvo presa en cinco cárceles de Alemania y lleva dos años en prisión domiciliaria, mientras que su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin, tiene dos órdenes de aprehensión, y su esposa, Marielle Helene Eckes, una más.

“La verdad en muchas ocasiones no le gusta a la gente, sin duda hay muchos intereses que no quieren que se sepa. Se ha gestado un ambiente de persecución en la opinión pública, de asesinato por carácter de mi persona”, insistió el ex director general de PEMEX durante la audiencia.

“En otro capítulo, donde yo fui utilizado como instrumento de un aparato de estado organizado, y no me arrepiento de haber hablado con la verdad, hay medios de comunicación que recibieron toneladas de dinero para que esto no se conozca. Muchos de los que recibieron los recursos están libres”, expresó el ex funcionario federal.

“Finalmente, [quiero] hacer una reflexión de un supuesto trato de impunidad. Nada más lejano a la realidad, mi madre estuvo presa en cinco prisiones por recibir entre 120 y 150 mil dólares, antes de ser director de PEMEX”, abundó Lozoya Austin.

“Mi señora madre lleva dos años en prisión domiciliaria por el pago de un impuesto de traslación de dominio de un inmueble y por el pago a un notario […] Ahora si que, si la gente piensa que es un trato privilegiado, pues respeto la diferencia de opinión”, enfatizó el ex funcionario federal.

“No me van a encontrar un solo ingreso ilegal, ni antes ni después de que fuera servidor público. Si me pre-sobornaron, salvo que la gente tenga una bola de cristal, yo creo que no hay ángeles que te regalen millones por no haber un trabajo”, dijo Lozoya Austin con ironía.

Al principio y al final de su alocución, el ex director general de PEMEX ratificó la plena colaboración con las autoridades federales, para que se conozcan los hechos que denunció el 11 de agosto del 2020, contra políticos y legisladores que aprobaron la reforma energética.

La FGR había recordado al juez federal, que para que Lozoya Austin compareciera por el caso Odebrecht, tuvo que expedirse una orden de aprehensión y, una vez ejecutada en España, pasaron siete meses antes de lograr la extradición del ex director general de PEMEX.

“Cuando ejecutaron la orden de aprehensión ya estábamos en diálogos con la Fiscalía General de la República para el criterio de oportunidad”, explicó Lozoya Austin, quien reiteró, como señaló en la denuncia que presentó, él fue parte de un aparato de sobornos organizado desde autoridades del Estado mexicano y que no dejará de aportar elementos para dar con los responsables.

“Esas narrativas de que ‘se fugó’ sirven para que me carguen a mí las culpas de otras personas que realmente se beneficiaron de esos delitos […] No me arrepiento de haber hablado con la verdad y de haber expuesto estos hechos, de trato privilegiado pregúntenle a m madre […] queremos no sólo resolver un problema nuestro como familia sino queremos que se alcance la justicia”, enfatizó el ex titular de PEMEX.

LOZOYA ESTÁ MUY TRANQUILO, CONFIADO QUE CUMPLIREMOS EL CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ABOGADO

Al salir de la audiencia, el abogado Miguel Ontiveros Alonso adelantó que impugnarían la resolución para retirar la prisión preventiva a su cliente. Asimismo, aclaró que Lozoya Austin se encuentra “de muy buen ánimo” y recordó que éste mantiene su colaboración con la FGR.

“El juez tomó las informaciones de la Fiscalía, en el sentido de que no ha garantizado aún la reparación del daño, por lo que procedía a cambiar la medida cautelar hacía prisión preventiva justificada, el señor Lozoya y su familia están tranquilos a sabiendas de que estamos cooperando, con las autoridades del Estado mexicano”, señaló el litigante.

Ontiveros Alonso destacó que se había estado cooperando con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Poder Judicial de la Federación (PJF), y también en armonía con las pretensiones de “prevención de la corrupción” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y así vamos a continuar, para lograr la suspensión en el ejercicio de la acción penal que puede ser en cualquier momento y entonces que quede en libertad, sujeto que ratifique su denuncia, ante el tribunal”, dijo el abogado, quien también confirmó que presentará un recurso de apelación contra esta determinación del juez de control, ya que es un derecho al que tiene acceso la defensa.

“Desde diversos ámbitos hemos promovido amparos y en este caso también promoveremos algún recurso, pero estamos ciertos de que la vía es el acuerdo, con la Fiscalía General de la República, él ratificará ante un tribunal su denuncia”, agregó el litigante.

“Y estamos absolutamente convencidos de que este es un paso, que va a acelerar la suspensión, del ejercicio de la acción penal y la extinción de la acción penal en contra de él y su familia”, previó Ontiveros Alonso, quien reconoció que la figura del criterio de oportunidad se va modificando, poco a poco, mediante tres pasos.

“El primer paso es aportar datos eficaces para los efectos de acreditar un delito mayor, ya se hizo y hay reacciones judiciales, hay vinculaciones, hay situaciones judiciales, lo segundo es comprometerse, ya se hizo, va a ratificar su denuncia, cuando sea requerido por un tribunal, y la tercera es la garantía de la reparación del daño”, detalló el abogado.

El defensor de Lozoya Austin destacó que para lograr la reparación del daño, su equipo se reuniría con la representación de PEMEX. Además, dijo que en el ámbito de una persona que había respetado las medidas impuestas, se reportaba por firma electrónica, ahora sería presencial, también portaba un brazalete electrónico, y nunca violó de ninguna manera la zona geográfica que se le determinó.

“En eso nos vamos a enfocar en los próximos días, nos vamos a reunir con Pemex, hoy mismo ofrecimos a Pemex, a la Unidad de Inteligencia Financiera, y ante la Fiscalía General de la República, una propuesta de reparación del daño, nos reuniremos, en los próximos días si ellos lo consideran pertinente, para que el Criterio de Oportunidad proceda en sus términos”, adelantó el abogado.

“Pero respetamos al Poder Judicial, la decisión del juez, respetamos la postura de la Fiscalía General de la República, y muy pronto estaremos nuevamente con ellos trabajando, en el marco del criterio, para proceder con la parte que nos falta para garantizar la reparación del daño”, abundó Ontiveros Alonso.

Respecto a la polémica que se derivó tras la publicación en redes sociales de fotografías de su cliente en el restaurante Hunan, de la zona de Lomas de Chapultepec, el abogado reconoció que fue uno de los argumentos de quienes acusan, que señalaron que ese tipo de acciones son reprochables, mismas que el juzgador minimizo.

“El juez señaló que no hay ninguna restricción para el libre desarrollo de la personalidad, del señor Lozoya Austin, [dijo] ¿puede desayunar, comer y cenar donde quiera, eso no lo voy a tomar en cuenta’ y no lo consideró”, narró el litigante.

Por otra parte, Ontiveros Alonso se refirió al proceso de la señora Gilda Margarita Austin y Solís, de 73 años de edad, madre del ex director general de PEMEX. Aunado a lo anterior, afirmó que su cliente no corría ningún riesgo al permanecer en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

“Esperamos que también se vea beneficiada, como coautora en el criterio de oportunidad, esa es la solicitud que hizo desde España, el señor Lozoya Austin y que eso también hará que se cancelen las órdenes de aprehensión”, destacó el abogado defensor.

“Estamos también seguros que lo vamos a lograr porque confiamos en el sistema de justicia, lo dijimos ahora, confiamos en la Fiscalía, confiamos en las juezas y los Jueces y también confiamos que se aprecia la voluntad de un testigo que denuncia la existencia de un poder organizado corruptor del pasado y que a muchos no les gusta eso, pero vamos a continuar en eso”, insistió Ontiveros Alonso.

“Son circunstancias que no se van a dar porque confiamos también en las autoridades penitenciarias, quienes regulan el interior, no hay ningún riesgo desde mi punto de vista, de cualquier manera ahora están encargadas las instituciones del resguardo del señor Lozoya Austin”, señaló el abogado.

“Está muy tranquilo [Lozoya Austin], está muy confiado, entró con mucho respeto, asumimos la decisión y ahora mismo nos pondremos a trabajar, en la reparación del daño”, agregó el litigante, que se retiró del lugar con la madre del ex director general de PEMEX, quien continuará en prisión domiciliaria.

Luego, a través de un comunicado, el litigante explicó que el ex director general de PEMEX se encontraba apegado a un criterio de oportunidad, “el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la Presidencia de la República”.

UIF CELEBRA LA PRISIÓN PREVENTIVA QUE JUEZ LE DICTÓ A LOZOYA

Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), celebró la decisión de la FGR de solicitar la prisión preventiva en contra del ex director general de PEMEX, quien es acusado de los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Felicito a la @FGRMexico por la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio L y su prisión preventiva. Agradezco al equipo #UIF el compromiso institucional de analizar hasta la última transferencia ilícita y la colaboración que se brindó en todo momento a la Fiscalía”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social Twitter.

JUEZ DICTA PRISIÓN PREVENTIVA A EMILIO LOZOYA; SE QUEDA EN EL RECLUSORIO NORTE

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, dictó, alrededor de las 15:30 horas del 3 de noviembre del 2021, tras más de ocho horas de audiencia y a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Ello por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por asociación delictuosa y cohecho, todos derivados del caso Odebrecht. La FGR acusó ante el juez federal la actitud “reticente, evasiva y grosera” ante la autoridad, por parte del ex director general de la empresa paraestatal.

Al resolver la solicitud del Ministerio Público de la Federación, el juez Zúñiga Mendoza explicó que desde un inicio de este proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de Lozoya Austin, sin embargo, no la había podido imponer porque no había sido solicitada por la FGR.

El juez federal también basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse al ex director general de PEMEX: la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, por los que pudiera ser condenado de 12 a 35 años de prisión.

“Las fotos del ex funcionario comiendo en un lujoso restaurante, no son materia de prueba para determinarla prisión preventiva justificada, sino una red de ayuda y 2 millones de euros”, señaló Zúñiga Mendoza, según la versión de algunos medios que estuvieron presentes en la audiencia.

El ex director general de PEMEX fue detenido por agentes de la Guardia Nacional al término de la audiencia judicial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. El juez federal ordenó que Lozoya Austin sea encarcelado en el mismo centro penitenciario y ordenó medidas de seguridad especiales, ya que dentro de dicha cárcel también hay personas denunciadas por él.

La FGR solicitó la modificación de la medida cautelar para Lozoya Austin y pidió al juez prisión preventiva justificada, ya que, según argumentó, las condiciones desde que se le concedió el uso de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y visa, así como la firma periódica, han variado.

El agente del Ministerio Público de la Federación también argumentó que Lozoya Austin cuenta con al menos 2 millones de euros para poder sustraerse de la justicia y esconderse en algún otro país como Alemania, donde reside su esposa, Marielle Helene Eckes.

Asimismo, la FGR argumentó que el 8 de noviembre del 2021 se abriría la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales, y a pesar de que se le ha retirado el pasaporte y visa, el ex director general de PEMEX cuenta con los contactos para poder tramitar documentos con otros nombres.

La FGR acusaba a Lozoya Austin de haber usado su petición de criterio de oportunidad, con la cual evadió la prisión, para obstaculizar el proceso en su contra. “No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño. Lo cual era un requisito indispensable”, señaló la Fiscalía ante el juez federal.

A esta petición se sumaron la empresa paraestatal PEMEX y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular, Santiago Nieto Castillo, confirmó esta solicitud en su cuenta de la red social Twitter.

La Unidad de Inteligencia Financiera añadió que tiene varias investigaciones abiertas en contra de Lozoya Austin, que en su momento pudieran ser judicializadas. Por tanto, ante el potencial riesgo de fuga, se unió a la petición de prisión preventiva justificada, por parte de la FGR.

“Su comportamiento es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas”, dijo Antonio López García, representante de la UIF.

Ello “porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles, pueden obtener unas medidas cautelares y otras no, él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando”, señaló el funcionario federal ante el juez de control.

Por su parte, el fiscal federal aseguró que la pena de prisión para Lozoya Austin, que va de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, es un incentivo suficiente para justificar la prisión preventiva.

Manuel Granados Quiroz, representante de la Fiscalía General de la República, agregó que su cena en el restaurante Hunan con empresarios, es una muestra de las redes de ayuda que podrían auxiliarlo para salir de México, además de que personalmente cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.

La FGR acusó que Lozoya Austin no había hecho el mínimo intento, ni había sostenido pláticas para pagar una reparación del daño al erario público de 7 millones 385 mil dólares, un requisito indispensable para que dicha institución de procuración de justicia pudiera negociar un criterio de oportunidad, que permitiera al ex director general de PEMEX la inmunidad penal.

“Su actitud ha sido evasiva, grosera […] no ha manifestado su intención de reparar el daño y no es posible en esas condiciones un criterio de oportunidad, al no reparar el daño, sólo ha logrado que el proceso se haya alargado de manera injustificada, por eso es que estamos ante una necesidad de cautela muy elevada”, detalló Granados Quiroz ante el juez federal.

Sin embargo, durante su intervención, el ex director general de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, aseguró que no tiene responsabilidad en los delitos de los que se le acusa, pero se comprometió a buscar un acuerdo para la reparación del daño.

“El Consejo de la Judicatura dice que el ex director de PEMEX pidió la voz durante esta audiencia, refirió ser inocente y que está buscando llegar a un acuerdo reparatorio, aunque dice no ha tenido responsabilidad”, señaló el CJF en un breve comunicado.

El ex funcionario federal ofreció dos casas a la empresa paraestatal para enmendar el daño. Sin especificar cuáles domicilios son, Lozoya Austin indicó que eran propiedad de su familia y proporcionó copias simples de las escrituras a las autoridades.

Antes, el citado juez de control concedió al ex director general de PEMEX, una prórroga de 30 días más, hasta el próximo 3 de diciembre del 2021, para cerrar la investigación complementaria del proceso contra el ex funcionario federal por el caso Odebrecht, con la finalidad de reunir pruebas en su descargo, argumentando que está pendiente la respuesta de Brasil a una solicitud de asistencia jurídica.

“El Juez autoriza un mes, feneciendo el 3 de diciembre. Sustenta lo anterior en los derechos a la defensa y debido proceso. Asimismo, insta a la Fiscalía a que agote los medios para obtener ese dato de investigación (Convenio No. 5)”, según informó el Poder Judicial de la Federación (PJF) en una tarjeta informativa.

El ex director general de PEMEX llegó, un poco después de las 9:00 horas de ese día para una audiencia presidida por el citado juez federal. Lozoya Austin arribó al lugar acompañado de su equipo de abogados quienes solicitaron a Zúñiga Mendoza, una prórroga de 60 días más, misma a la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso el 1 de noviembre del 2021.

El ex funcionario federal -que evitó dar declaraciones- arribó al exterior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, ubicado en la Ciudad de México, en una camioneta color negra y descendió de dicho vehículo para ingresar caminando al Centro de Justica Penal Federal, junto a sus asesores legales.

José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, presidió una audiencia en la que hubo un debate entre la defensa del ex director general de PEMEX y la FGR, para resolver si concedía o no el diferimiento.

En el proceso del Caso Odebrecht, al ex director general de PEMEX le imputan recibir sobornos de 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña, a cambio de los contratos de la refinería de Tula.

La solicitud del ex funcionario federal era un requerimiento para saber si estaba vigente o fue revocado en forma definitiva el acuerdo de colaboración suscrito por la Procuraduría de Brasil con Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, y testigo protegido que señaló a Lozoya Austin de recibir sobornos de la constructora brasileña.

El Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte notificó a la FGR la solicitud de prórroga del ex director general de PEMEX y de inmediato la institución de procuración de justicia se opuso, pidiendo, por el contrario, que fuera cerrada la investigación complementaria, porque estimó que no había actos de investigación pendientes de practicar.

Asimismo, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se unieron a la pretensión de la FGR de que fuera declara cerrada la etapa de investigación complementaria del caso Odebrecht.

A pesar de que la investigación complementaria se amplió únicamente 30 días más, de facto el plazo de investigación complementaria finalizaría a inicios de 2022, debido a que se descontaron las dos semanas de asueto que tendría el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante diciembre.

El ex funcionario federal fue vinculado a proceso el 28 y 29 de julio de 2020. Lozoya Austin pidió ampliación por 6 meses para reunir sus datos de prueba para un eventual juicio. Mientras que en enero del 2021, el ex director general de PEMEX solicitó otros tres meses. Mientras que en abril de ese mismo año, requirió tres más; y, en julio, otros 30 días.

En agosto del 2021, Lozoya Austin pidió y le autorizaron una nueva prórroga de 3 meses, argumentando que necesitaba el tiempo para la traducción de documentos bancarios recibidos desde Alemania, Brasil y Belice, debido a que la FGR no tenía peritos traductores disponibles para dichos idiomas.

El 11 de octubre del 2021 la FGR confirmó que Lozoya Austin tenía hasta este próximo miércoles 3 de noviembre, para presentar sus pruebas en el proceso. “Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminaba el 3 de noviembre del 2021, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, dijo la institución de procuración de justicia en un comunicado.

FGR “SE ESTÁ TARDANDO” EN CASO LOZOYA, QUIEN “NO ES UNA BLANCA PALOMA”, DICE AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó, el 21 de octubre del 2021, que existiera un pacto de impunidad en el caso de Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), además de que refrendó su confianza hacia Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos que llevaba, aunque reconoció “se está tardando” en investigar y dar una resolución.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional descartó que fuera a tratar el tema en sus reuniones con el titular de la FGR o con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al final Gertz Manero. Yo no hablo de estos asuntos con el fiscal ni con el presidente de la Corte, no establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias”, destacó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Sí hablo con el presidente de la Corte y con Gertz Manero, a quien considero un hombre recto e íntegro, de asuntos que considero fundamentales como el Caso Ayotzinapa, de eso sí hablamos y estamos trabajando de manera coordinada para que se aclare lo que sucedió”, expresó el político tabasqueño.

López Obrador aclaró que el ex director general de PEMEX se encontraba, según el mandatario nacional, acogido al criterio de oportunidad, “entonces se pueden acoger a eso a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción, que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”.

“No hay [un pacto de impunidad], lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México más que a jefes de la delincuencia organizada, y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco que consiste en que haya testigos protegidos”, agregó el mandatario nacional.

“Y aquí se le llama el criterio de oportunidad, entonces se pueden acoger a eso, a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tienen que ver con crímenes y llegar arriba, esclarecer todo”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Él [Lozoya Austin] se declara culpable, él dice yo repartí dinero a legisladores para que votaran por la reforma energética y la fiscalía lo acepta como testigo protegido, le otorga un criterio de oportunidad, entonces le da esta posibilidad de no ir a la cárcel”, dijo el mandatario nacional.

“Y le da [la FGR] este brazalete para que esté dando información sobre legisladores de partidos. Es realmente un caso muy vergonzoso de corrupción mundial, porque, ¿en qué país se compra a legisladores para aprobar una reforma”, cuestionó el político tabasqueño.

“No le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad, a veces la justicia tarda pero llega, entonces tengo confianza en que si están tardando, no debería ser así, pero entiendo que deban tomar declaraciones, los abogados”, señaló el presidente de la República.

“Imagínense los abogados de legisladores y de gente influyente son muy diestros, entonces están defendiendo, y no sólo es la defensa jurídica, sino los medios”, quienes, según el mandatario nacional, le dieron “vuelo” a la foto del ex director general de PEMEX cenando en el restaurante Hunan, para restar credibilidad al testigo y al caso, por quienes se vieron afectados. “Yo no lo estoy defendiendo, porque no es una blanca paloma”, agregó.

EMILIO LOZOYA AÚN SE ENCUENTRA BAJO PROCESO PENAL, AFIRMA LA FGR

El 11 de octubre del 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), continuaba enfrentando sus procesos penales y que el plazo que tenía para aportar pruebas para su defensa vencía el 3 de noviembre de ese mismo año.

La institución -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero- indicó que los procesos contra el acusado, por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, y de quienes recibieron los sobornos que él supuestamente entregó, “continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente” el 6 de enero del 2021.

“Emilio ‘L’ sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez de control del reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la FGR, que hizo una recapitulación del caso y señaló que desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), sin que hubiera ningún avance.

La institución mencionó que fue hasta 2019, que la nueva FGR investigó el caso, que fue ratificado por PEMEX, al igual que el asunto de Agronitrogenados, en los que Lozoya Austin era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país.

La FGR recordó que, durante más de un año, investigó dicha fuga, junto con las áreas de Interpol, hasta que fue localizado en España, donde perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la Fiscalía General de la República. En dichas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad “para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos”, para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización.

Presentando la denuncia correspondiente el 11 de agosto del 2020, y habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar “a un primer grupo de legisladores” -el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, así como Ricardo Anaya Cortés- “que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.

Aproximadamente a las 20:00 horas del 9 de octubre del 2021, la periodista Lourdes Mendoza publicó en su cuenta de la red social Twitter, una serie de fotografías de Lozoya Austin, cenando con otro grupo de personas en un lujoso restaurante.

La también columnista del diario El Financiero acusó que interpuso una demanda ante la FGR por daño moral contra el ex director general de PEMEX, la cual el funcionario federal no ha atendido aludiendo que cuenta con “arresto domiciliario”.

Dos jueces de control vincularon a proceso a Lozoya Austin por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivado de la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados; y por el caso Odebrecht se le vinculó a proceso por el citado delito, así como por asociación delictuosa y cohecho.

La Fiscalía General de la República (FGR) alegó que la compra provocó un daño a PEMEX por casi 8 mil millones de pesos, porque la planta era obsoleta, ya que tenía 14 años sin estar en funciones. No obstante, en ambos casos, Lozoya Austin se declaró inocente y dijo que renunció al juicio de extradición, tras ser detenido en España, para que se aclarara su situación y demostrar que no es culpable de los delitos que se le imputan.

Con fechas 28 y 29 de julio de 2020, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México vinculó a proceso a Lozoya Austin señalando como medidas cautelares la colocación de un brazalete electrónico, su firma periódica ante el Juzgado y la prohibición de salir del país, retirándole el pasaporte.

Tras ser vinculado a proceso, Lozoya Austin interpuso una denuncia en la FGR que alcanzó a ex presidentes de México y a cuatro ex secretarios de Estado, además de nueve legisladores, políticos y empresarios, que presuntamente recibieron sobornos y se beneficiaron con favores.