El Instituto Nacional Electoral (INE) informó, el 16 de marzo de 2023, que cuatros consejeros, entre ellos el presidente del organismo, Lorenzo Córdova Vianello, recibirán 6.9 millones de pesos al dejar su cargo, el 3 de abril del mismo año.
El presidente del Consejo General del órgano constitucional autónomo, así como los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, concluirán sus funciones el 3 de abril de 2023. Sus relevos serán electos por las dos terceras partes de la Cámara baja del Congreso de la Unión, para un periodo de nueve años.
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Ello en un proceso similar como el que se registró en 2020, cuando se eligió a Beatriz Claudia Zavala Pérez, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, Carla Astrid Humphrey Jordan, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-Kib Espadas Ancona y Martín Faz Mora, quienes concluirán su periodo en julio de 2029.
A través de un comunicado, el INE señaló que los consejeros Favela Herrera, Murayama Rendón y Ruiz Saldaña recibirán 1.6 millones de pesos por Compensación por Terminación de la Relación Laboral, que comprende del 4 de abril de 2014 al 3 de abril de 2023.
Mientras que Córdova Vianello recibirá 1.9 millones de pesos, un total de 270 mil 991 pesos más que los otros consejeros, ya que inicialmente fue designado como consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), el 15 de diciembre de 2011, sin que, al término de ese encargo, percibiera algún monto de compensación por conclusión del mismo. Desde el 3 de abril de 2014 es el presidente del Instituto Nacional Electoral.
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Además, el órgano constitucional autónomo mencionó que este tipo de compensación era común en el sistema laboral mexicano, tanto en el ámbito privado, como el público, ya que se contemplaban como parte de las liquidaciones relacionadas con la conclusión o la separación del trabajador o servidor público, según correspondiera.
El INE también especificó que la compensación por terminación de la relación laboral contemplada por las condiciones generales de trabajo en dicho Instituto, era una prestación laboral ordinaria y, por ende, con ella se veían favorecidas todas las personas que prestaban sus servicios en dicha institución, incluso aquellas que lo hacían como asesores de las representaciones partidistas o de las consejerías del Poder Legislativo.
Asimismo, el Instituto mencionó que según el artículo 582, fracción V, del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del INE, el importe autorizado de la compensación que corresponde a los titulares de los órganos centrales y del Órgano Interno de Control (OIC), norma que aplica a los consejeros electorales y que, por conclusión del cargo o separación del mismo, dejaran de laborar en el órgano constitucional autónomo, era de tres meses de salario, más veinte días por cada año de servicio.
Sin embargo, a través de su cuenta de la red social Twitter, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, indicó que en la Constitución no estaban previstas las liquidaciones por servicios prestados por los consejeros electorales del INE, por lo que advirtió que dicho pago sería ilegal, y por ende, un delito.
“ART. 127 CONSTITUCIONAL: “No se concederán ni cubrirán… haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados…, sin que… se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo’”, tuiteó el funcionario federal.
“Las ‘liquidaciones’ de los integrantes del Consejo General en el INE no están asignadas por ley, decreto o contrato. Las condiciones generales de trabajo del personal no abarcan a los consejeros y consejeras. Todo pago ilegal es un delito”, agregó Gómez Álvarez.
