Las cosas que suceden en el Poder Judicial son de no creerse.
El 14 de marzo de 2023, colonos de Lomas Verdes reportaron a una persona herida por arma de fuego. La Policía Municipal de Tijuana llegó rápidamente al lugar. Fueron alertados de los presuntos responsables, su media filiación y el vehículo en que viajaban.
Y justo cuando una patrulla municipal divisó el carro referido, les marcó el alto a sus ocupantes, pero… se dieron a la fuga. Obviamente, inició una persecución sobre quienes, al huir, presumieron su participación en el hecho violento denunciado.
El vehículo de los perseguidos entró en sentido contrario en el Bulevar Díaz Ordaz y a su paso chocó con otra patrulla y con el carro de un civil, logrando con ello inmovilizar el auto en el que viajaban. Entonces los oficiales municipales que participaban en la persecución, les detuvieron, prácticamente en flagrancia. Por lo menos eran ya responsables del impacto contra dos carros, uno de ellos oficial de la Secretaría de Seguridad de Tijuana.
El mismo día, desde la Secretaría de Seguridad que comanda Fernando Sánchez, se informó, a través de un boletín, lo sucedido. Que había sido detenidas cinco personas en el vehículo: Víctor Joaquín “N”, de 17 años y originario de Sinaloa; Christian “N”, de 40 años; Ángel Alexis “N”, de 24; y Mayra “N”, de 18 años, los tres, tijuanenses. Además de Osiris “N”, ciudadana norteamericana nacida en Los Ángeles, California de 18 años.
En el vehículo en que emprendieron la huida, fue localizada una pistola abastecida con cinco cartuchos 9 milímetros, por lo que los cinco detenidos fueron dispuestos ante la Fiscalía General del Estado.
Del hombre denunciado como lesionado, se informó que había perdido la vida. El caso pasaba a ser uno de homicidio doloso. Además, en las primeras indagaciones el carro de los cinco detenidos fue identificado como participante en otros hechos de violencia.
El caso, uno más de los cientos que ocurren cada mes en Tijuana relacionados con la inseguridad y la violencia, mayormente aunque se desconoce en el referido, producto de rencillas entre narcomenudistas, distribuidores de droga y aliados de los diferentes cárteles que operan en la región, a saber, Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Arellano Félix.
A los pocos días del hecho violento que concluyó con el choque con una patrulla, con el auto de un civil y la muerte de otro, los cinco detenidos en flagrancia se presentaron a la audiencia de vinculación, donde precisamente, fueron vinculados a proceso.
Como procede, siendo el anterior un hecho de inseguridad que impactó a la comunidad con un asesinato en Lomas Verdes, una persecución en el Bulevar Díaz Ordaz y el impacto de una unidad y un vehículo civil, varios reporteros acudieron a la audiencia de vinculación para conocer más sobre la investigación, el destino de los detenidos y así informar a sus lectores bajacalifornianos.
La audiencia la llevó a cabo el juez Daniel Aguilar Patiño. Los hechos ya eran del conocimiento público no sólo por lo aparatoso del acto delincuencial y su desenlace en uno de los principales bulevares de la ciudad, sino porque incluyó disparos y una persona resultó muerta. Sin embargo, por voluntad propia, el juzgador amagó a los integrantes de la prensa en caso de proporcionar información adicional.
Dijo directamente a la reportera de ZETA que tenía prohibido publicar los nombres de los cinco imputados. Que ni siquiera con el nombre y el alias “N” podía hacerlo (cuestión que ya había realizado la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana), que también tenía prohibido publicar imágenes de los vinculados a proceso, ni siquiera con los ojos cubiertos, como las fotografías que ya se habían distribuido por la propia autoridad municipal y fueron replicadas en diferentes medios.
Directamente, también señaló a esta casa editorial, al referir que tampoco podemos utilizar la leyenda “Se presume inocente, mientras no se declare en su responsabilidad por la autoridad judicial. Art. 13, Código Nacional de Procedimientos Penales”, la cual en ZETA anotamos cuando se menciona a personas y hechos que están dentro de un proceso judicial, como es el caso que se aborda en esta columna.
Frente a todos en la audiencia de imputación, el juez Aguilar Patiño le dijo a la reportera que de no seguir sus prohibiciones, la sancionaría a ella en lo particular, además de al medio de comunicación, o sea, a ZETA.
De acuerdo a este juez, los medios no podemos publicar prácticamente nada de un hecho que violentó a una zona de la ciudad con un asesinato y una aparatosa persecución. Para Aguilar Patiño, lo que procede es la censura, ordenar silencio, ignorar lo sucedido, no mencionar nada, amagar en caso de publicar y seguir la vida. Partes todas, de la impunidad que impera en el país, particularmente en Baja California.
Las “advertencias” del juez no son las primeras, pero sí las únicas respecto a no publicar absolutamente nada. En el Poder Judicial de Baja California no existen protocolos para la cobertura de audiencias, que de suyo son públicas. Por ejemplo, en Mexicali, a reporteros y fotógrafos les permiten introducir a las audiencias en los Juzgados locales tanto cámaras fotográficas como grabadoras de audio. La condicionante es no tomar imágenes de las caras de los imputados, ahora sí que sólo fotografías de espaldas. Eso sí, pueden realizar, para sus lectores y sociedad, crónicas periodísticas de las audiencias, que son públicas.
En Tijuana -se insiste- el del juzgador Daniel Aguilar Patiño no es el primer caso, a los reporteros se les impide introducir su grabadora y por supuesto les está negado tomar imágenes de lo que sucede en las audiencias públicas.
Luego por qué los jueces -algunos, no generalicemos, pues- resultan indefendibles ante los ataques desde Palacio Nacional o de las víctimas. Como Aguilar, le apuestan a la opacidad, a la censura desde el Poder Judicial para protegerse quién sabe de qué. O a quién sabe quién.
