El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó, el 16 de marzo de 2023, que Ignacio Ovalle Fernández, ex director general de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), era “gente buena”, que fue engañada por un grupo de “mañosos” militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuestos por el propio titular de la entonces Secretaría de la Presidencia de la República, durante el Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, del 3 de octubre de 1975 al 30 de noviembre de 1976.
SEGALMEX es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Federal, cuyo objetivo es la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos y leche, para el fomento al desarrollo económico y social del país.
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Ovalle Fernández, de 78 años de edad, fue director general de dicha empresa paraestatal del 1 de diciembre de 2018 al 19 de abril de 2022, pero luego fue nombrado como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en sustitución de Leonel Cota Montaño.
Ovalle Fernández fue jefe de López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista entre 1976 y 1977, además de que fungió como director general de la ahora extinta empresa paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cargo que dejó el 16 de noviembre de 1990, para luego ocupar la titularidad de la Secretaría de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, que entonces presidía Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) había aprehendido a ocho de 22 imputados en un presunto fraude al interior de SEGALMEX, institución que compró 7 mil 800 toneladas de azúcar a la empresa Servicios Integrales Carregin SA de CV, de las cuales se recibieron solo 3 mil 110.
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La compañía paraestatal supuestamente pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la proveedora sólo depositó 8 millones de pesos a DICONSA, filial de la compañía paraestatal.
Sin revelar sus nombres, la institución de procuración de justicia dio a conocer que de las 22 personas que busca detener, 12 son ex funcionarios públicos de SEGALMEX, mientras que 4 son personas que tenían relación con la empresa privada señalada y 6 fueron los beneficiarios de los recursos desviados por DICONSA.
Según la FGR, el supuesto desfalco ascendía a 142 millones de pesos. Sin embargo, la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que en dicho organismo descentralizado, sectorizado a la SADER Federal, se habían desviado recursos por más de 15 mil millones de pesos.
El 13 de marzo de 2023, la Fiscalía General de la República detuvo a Carlos Antonio Dávila Amerena, ex titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos de SEGALMEX, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivados de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar que DICONSA nunca recibió.
Dávila Amerena encabezó, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Dirección General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), organismo que es acusado por la Administración encabezada por López Obrador, de beneficiar con miles de millones de pesos a Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa-, a través de contratos otorgados a las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc.
De 2003 al 2008, Dávila Amerena también se desempeñó como titular de la Dirección General Adjunta Jurídica de la Subsecretaría de Seguridad Pública, tiempo en que dicha institución era encabezada por Alejandro Gertz Manero y posteriormente por Genaro García Luna.
El 16 de marzo de 2023, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, consideró que había suficientes datos de prueba para procesar a tres ex funcionarios y un particular por el delito de delincuencia organizada. Sin embargo, liberó a Dávila Amerena, por falta de pruebas, ya que su nombre no aparecía en ninguno de los documentos relacionados con la operación de compra venta de azúcar.
Los procesados fueron Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, Coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa; Simón Escobar Copca, Jefe de Almacén en Querétaro, y Artemio Gutiérrez Rodríguez, Subjefe Operativo de DICONSA en Querétaro.
La FGR también capturó a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Servicios Integrales Carregin, empresa proveedora en este contrato de azúcar, así como a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista, y Gonzalo Mora Nateras, quien recibió las transferencias del dinero.
René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de SEGALMEX, se encontraba prófugo por este caso, pero tenía dos procesos por la supuesta compra ilegal de títulos bursátiles por 800 millones de pesos, con recursos de la empresa paraestatal.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que los ex funcionarios de SEGALMEX que recomendó el propio Ovalle Fernández, estaban acostumbrados a robar. Sin embargo, dijo que se recuperó parte del dinero del desfalco a dicha institución.
“Entonces, ahora iniciamos con lo de SEGALMEX, con el propósito de fijar precios de garantía, para que el productor vea compensado su esfuerzo y llega a DICONSA y a estas instituciones, llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena, desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, acostumbrados a robar y los mete y empiezan a hacer negocios. A comprar leche, a comprar maíz, pagando precios elevados y se descubre que hay corrupción”, afirmó.
“¿Tres años engañaron a Ovalle?”, preguntó un reportero al mandatario nacional. “Pues yo creo que se confió, nada más que nosotros no aceptamos la corrupción y más tarde que temprano o más temprano que tarde, el que comete un delito, es castigado, porque no somos tapadera”, respondió el presidente.
López Obrador reveló que el desfalco en la SEGALEX le dio tristeza, “porque los conservadores, siempre han estado en contra de una empresa comercializadora, estuvieron en contra de la [Compañía Nacional de Subsistencias Populares] CONASUPO”.
“Y a lo mejor pensaron que no iba a pasar nada, pues di la orden de que se investigara, entró la [Secretaría de la] Función Pública, Hacienda [y Crédito Público], bueno, se recuperó una parte del dinero porque hay unas cajas de ahorro o unas financieras, de estas que crearon en la época de la corrupción neoliberal, que daban intereses supuestamente elevados y ahí depositaban”, expresó el político tabasqueño.
“Entonces, eran financieras que no tenían respaldo y ahí depositaron dinero de SEGALMEX, entonces, cuando nos enteramos de que había ese dinero depositado, les dijimos: nos van a devolver el dinero […] No sé [cuánto], creo que son 800 millones, no recuerdo, pero era una cantidad importante, dijo López Obrador.
“Y hablamos con el banco que autorizó la operación y tuvieron que devolver el dinero, pero eso fue una parte”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también criticó que los ex funcionarios de SEGALMEX supuestamente tenían buenas relaciones con jueces.
“Entonces, ahora ya salieron las órdenes de aprehensión, porque como son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprensión, nos llevó tiempo. Pero con esto quiero decirles, cero corrupción, sea quien sea […] Fueron 900 millones los que se recuperaron, pero fue lo que se recuperó, hay pendientes, faltan los intereses y hay ya 8 en la cárcel”, finalizó.
