Es poco creíble que, a la llegada a la administración pública estatal de Baja California por parte de Marina del Pilar Ávila Olmeda y su equipo de notorios colaboradores, particularmente el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexía, no hayan observado irregularidades en el recurso ejercido durante los dos años previos a su arribo, en lo que fue el bienio de Jaime Bonilla Valdez.
Resulta más increíble si consideramos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lleva dos años consecutivos señalando las irregularidades administrativas que, en suma, refieren que la administración de Bonilla no ha aclarado el uso y destino (correcto) de mil 504 millones 644 mil pesos con 40 centavos.
Efectivamente, en tres revisiones administrativas sobre el recurso ejercido en 2020 durante el gobierno de Jaime Bonilla, la ASF detectó irregularidades por mil 144 millones 456 mil pesos con 80 centavos. Es decir, se desconoce el uso debido de ese recurso por parte del ex mandatario y sus colaboradores.
En la Cuenta Pública de 2021, la ASF determinó que las irregularidades en la administración de Jaime Bonilla Valdez se cuantifican en 351 millones de pesos.
En ambos casos, de lo observado en los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021, la suma del presupuesto ejercido de manera irregular es de mil 504 millones 644 mil pesos con 40 centavos.
Además, ningún miembro que fue de la administración de Jaime Bonilla, ni alguno del actual gobierno, se ha tomado el tiempo de solventar las millonarias irregularidades. No han presentado, pues, documentos, programas, análisis, estudios o evidencia de que esos mil 504 millones 644 mil pesos con 40 centavos sí se invirtieron en el Estado, sí se utilizaron de manera correcta y no hubo defraudación al erario. Las millonarias irregularidades de Bonilla siguen siéndolo.
Al no observar anomalía alguna (vaya, ni siquiera ve exceso o delito alguno en la transa de Fisamex), Marina del Pilar refleja una de dos: efectivamente hizo un pacto de impunidad con Jaime Bonilla (quien señaló e incluso denunció por irregularidades similares a su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid), o es cómplice al proteger, no observar y no denunciar, el ejercicio indebido -o al menos no documentado- del recurso económico en BC durante el bienio bonillista, particularmente lo detectado por la ASF.
Llama la atención también que en Baja California, ni los diputados al cargo, ni la Auditoría Superior del Estado, hayan observado las millonarias irregularidades que la de la Federación sí detectó. O son incapaces para desarrollar el trabajo de fiscalización, o son cómplices del bienio bonillista.
En la tercera y última revisión de la ASF respecto la Cuenta Pública de 2021 en el Gobierno de Baja California, encontró, por ejemplo, que totalmente por aclarar se encuentran 332.9 millones de pesos, de los cuales 203 millones 465 mil pesos, son del sector salud. O sea, de la Secretaría de Salud que en dos años de bonillismo y en plena pandemia, ejerció -o mal ejerció- el doctor Alonso Pérez Rico. Situación que, contrario a la ASF, el actual secretario de Salud no percibió al llegar, pues en reiteradas entrevistas, ha negado haber encontrado irregularidades. ¿Es posible no observar el destino poco o nada claro de 203 millones 456 mil pesos? Para la administración de Marina Ávila Olmeda, aparentemente sí.
Por ejemplo, en el último informe de la ASF -como se reporta en estas páginas en un análisis de la reportera Julieta Aragón Domínguez-, en esos 203 millones no aclarados, se encuentran 187 millones 586 mil 970 pesos que Isesalud de Bonilla recibió en especie del Insabi en medicamentos, pero que se desconoce, porque no se presentaron evidencias, cuál fue el destino de los mismos.
Además, 14 millones 385 mil pesos no aclarados y supuestamente utilizados para la compra de insumos para atender la contingencia por COVID-19 en tres irregulares contratos.
Estas, entre muchas otras anomalías que en salud y otras áreas de la administración de Jaime Bonilla sí fueron detectadas en la Federación, pero han sido pasadas por alto en el Estado, tanto en el gobierno de Ávila, como en el Congreso del Estado y la Auditoría Superior.
Es evidente la protección que en Baja California sigue teniendo Jaime Bonilla Valdez, el ex ingeniero por la UNAM a quien acaso intentaron tocar en la investigación de la irregular concesión para la planta fotovoltaica, pero que fue retirado de la lista de sospechosos cuando recuperó su fuero como senador.
En contraparte, Bonilla ha sido duro, aun sin pruebas, en sus expresiones y calificaciones contra Marina del Pilar, a quien ha acusado no sólo de “entregar” la administración pública a miembros del Partido Acción Nacional, sino de ligas con el narcotráfico y el crimen organizado. Descalificaciones por las que fue llamado a cuentas, pero que la gobernadora también dejó pasar.
Entonces, así como Bonilla denunció pública y oficialmente las irregularidades millonarias de su antecesor Francisco Vega, se esperaba que Ávila hiciera lo propio con un gobierno que estuvo plagado de abusos y excesos de manera cotidiana. Quizá impera en la inacción de la gobernadora que, a diferencia del antecesor de Bonilla, el suyo es del mismo partido, Morena, o que todavía presume el senador de una cercanía con el Presidente de la República.
Sea cual sea el trasfondo, la realidad es que en Baja California, Jaime Bonilla Valdez goza de impunidad.
