A pesar de que se encuentran en juicio iniciado por el Ayuntamiento de La Paz, tiendas comerciales de la Capital del Estado presentan estantes del proyecto Misión Punta Norte que ofrecen terrenos habitacionales a potenciales compradores, situación que ha despertado reacciones por parte de autoridades municipales y asociaciones civiles.
En dicho juicio, el Ayuntamiento de La Paz busca remover el permiso de cambio de uso de suelo que la administración del ex alcalde Rubén Muñoz otorgó a los desarrolladores en marzo de 2021, debido a irregularidades en el proceso ya demostradas.
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En entrevista, Milena Quiroga Romero, alcaldesa de La Paz, señaló que ya entabló diálogo con la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur para que la dependencia intervenga ante cualquier situación que pudiera afectar a futuros compradores.
“Hay un juicio y ayer tuve una plática con el encargado de Profeco, él me platicaba un poquito de eso, nosotros le dimos esta información y seguramente ellos estarán actuando, esperemos a la brevedad, para evitar que haya fraude a quienes busquen comprar algún predio”, reiteró.
En sus declaraciones, Quiroga aclaró que no hay impedimento para vender o comprar terrenos habitacionales, no obstante, recalcó que es importante que las personas tengan a la mano información fidedigna respecto a qué está sucediendo en torno a este desarrollo.
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También subrayó que deben explicarse las especificaciones de dichos terrenos habitacionales, como el lote mínimo, la dimensión e informar sobre lo que establece el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) respecto a qué es lo que sí se puede o no construir.
“A nosotros sí nos llegan muchas quejas de personas que compraron un terreno que lamentablemente son de una superficie menor a lo que indica el PDU, y, por lo tanto, no pueden lotificar, no pueden escriturar, registrarlo en Catastro o que sí cumple con las especificaciones, pero que de acuerdo a los reglamentos o las leyes, no se pueden generar cierto tipo de desarrollos o de construcciones”, comentó.
Explicado lo anterior, Quiroga Romero aseguró que eso es lo que está revisando Profeco, ya que, si el Ayuntamiento de La Paz gana el juicio de lesividad, Misión Punta Norte perderá el permiso de cambio de uso de suelo que le otorgó el Cabildo de la administración municipal anterior.
Según sus declaraciones, sobre todo busca salvaguardar los derechos del comprador, que no vaya a registrarse algún fraude o falta de información, ya que estas problemáticas al final se reflejan en quejas o denuncias cuando las personas quieren iniciar las inversiones en esos terrenos que se adquieren.
“Le pedimos a todos y todas quienes estén en oportunidad de adquirir algún terreno que pasen acá, si tienen alguna duda en cuanto a las características y en lo que pudieran utilizar este terreno, que se puedan acercar a Gestión Integral de la Ciudad para que les ubique el predio dentro del PDU y ahí puedan conocer las especificaciones de dimensionamiento y de uso”, finalizó.
ANTECEDENTES
En marzo de 2021, el XVI Ayuntamiento -entonces encabezado por el alcalde Rubén Muñoz Álvarez (Morena)- otorgó un permiso de cambio de uso de suelo al consorcio inmobiliario SiNow Century 21.
La agrupación busca crear el desarrollo Misión Punta Norte en La Paz, en la carretera hacia San Juan de la Costa. Cuentan con 4 mil 613 lotes, en los que contemplan la construcción de más de 2 mil 600 casas nuevas.
Calculan que el desarrollo dará vivienda a 8 mil 560 personas y tendrá una demanda de agua de 2 Litros Por Segundo (LPS), no obstante, activistas e investigadores pertenecientes al Frente Ciudadano en Defensa del Agua (Freciudav) manifestaron su rechazo inmediato la entrada de Punta Norte, argumentando que el acuífero de La Paz no puede sostener este proyecto.
El 14 marzo de 2022, el Cabildo del XVII Ayuntamiento de La Paz encabezado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero (Morena), ordenó al síndico municipal Rogelio Martínez, iniciar las acciones necesarias para anular los acuerdos de la administración anterior.
En aquel momento, Quiroga refirió que las acciones de las y los funcionarios del XVI Ayuntamiento excedieron sus facultades al aprobar el cambio de uso de suelo a Misión Punta Norte, agregando que se trata de un asunto de fondo para respetar el cumplimiento de las atribuciones que tienen los servidores públicos de cualquier gobierno.
“Ya inició el procedimiento hasta donde tengo conocimiento y vamos a esperar a que continúe el proceso jurídico. Lo importante es iniciarlo y llevar el seguimiento, hacerlo público también, lo que necesitamos es sentar un precedente para que funcionarios públicos no se presten a poner en riesgo el ordenamiento del territorio y servicios básicos”, declaró en su oportunidad.
En mayo de 2022, representantes legales de Grupo SiNow interpusieron una denuncia en contra de la alcaldesa y funcionarios municipales por supuestos actos de abuso de autoridad.
Se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para denunciar que, supuestamente, las autoridades municipales vertieron declaraciones que generaron mala imagen a la empresa e incertidumbre a compradores al asegurar que Misión Punta Norte no cuenta con los permisos para llevar a cabo el desarrollo.
“La autoridad municipal, incluida la presidenta municipal, está obligada a respetar esos permisos, porque son válidos; esas declaraciones que emite ante toda la población generan un perjuicio en contra de la marca Grupo Sinow, que es el principal motivo de la denuncia. La denuncia es por el delito de abuso de autoridad, la consecuencia de esta denuncia es una pena de prisión, y obviamente el perjuicio que ocasiona a la marca es que se puede traducir en un daño económico como moral”, manifestó entonces Moisés Omar Ramírez Torres, abogado de Misión Punta Norte.
PUNTA NORTE NO TIENE AUTORIZACIONES FEDERALES: CEMDA
En entrevista para ZETA, Mario Sánchez Castro, director regional Noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), expuso que el proyecto de Punta Norte no tiene ninguna autorización federal por el momento y las que corresponden al Municipio tienen que ver con el uso de suelo y en este momento están siendo parte de un juicio de lesividad, esto significa que el Ayuntamiento está impugnando “a una decisión propia que el ayuntamiento mismo emitió”.
En el mejor escenario, puede ser 50-50, por lo menos. “El proyecto digamos tiene un 50% de probabilidades de no tener en un futuro cercano autorización, en su caso, dejar insubsistente ese acto por parte de la autoridad”, indicó.
A su vez, expuso que es un hecho, no una especulación, que las personas que adquieran predios o demás tienen el 50% de probabilidad de que su proyecto o el uso que pretendían darle en un futuro cercano puedan no realizarse.
Subrayó que no se queda solamente en esta línea, sino como se ha dicho en diversas ocasiones desde que el proyecto se está promoviendo: no puede hacer ventas porque la Ley de Desarrollo Urbano en Baja California Sur establece que los fraccionamientos, la venta de predios y terrenos deben pasar por procesos donde el Ayuntamiento dé un cierto tipo de aval y permita la disposición pública de venta.
“Recordemos también que, durante este proceso, en algunas entrevistas en medios, como radio, las personas representantes del proyecto habían establecido que ellos no estaban haciendo ninguna venta, que ellos estaban invitando a las personas a formar parte de un proyecto para el futuro y demás, pero en este momento es muy claro que el proyecto está haciendo ventas”, remarcó.
Según el especialista, con estas acciones de venta violentan el compromiso en muestra directa, así como espectaculares que han colocado en la ciudad, ya que se ha denunciado a la autoridad municipal que eso resulta ilegal, pero no se han visto medidas en concreto para poner un alto al desarrollo.
Cualquier persona podría denunciarlo y, como es un hecho visible, el Ayuntamiento de La Paz puede tomar cartas en el asunto para garantizar el cumplimiento de la normativa en este y los demás casos que apliquen.
“No es un criterio que vaya a aplicar sólo al proyecto, sino que esta lógica de que el Ayuntamiento tenga conocimiento de estos predios tiene que ver un poco con que existe el proyecto, con que hay algo detrás de él”, añadió.
Sánchez enfatizó que la regulación también recalca que podrán publicitarse cuando los desarrollos tengan un 40% de avance en la urbanización de los predios.
“Sabemos que lo que pueden decir es ‘yo no estoy vendiendo, sólo estoy exhibiendo una idea y estoy invitando a las personas que se inviten a un sueño futuro’, pero en la práctica sabemos lo que significa y tendría que procederse y hablarse al respecto de esto”, comentó.
Recordó que Punta Norte es la referencia de lo que ha salido mal en muchos desarrollos urbanos, de cómo se han saltado ciertas trabas legales en los procesos, situación que se ha documentado.
Otra situación que pone contra las cuerdas jurídicamente hablando, es la reciente modificación de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Paz, que establece que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) ya no venderá recurso hídrico a nuevos proyectos inmobiliarios.
Se trató de una armonización de lo que especifica la Ley de Aguas, modificada años atrás por la Junta de Gobierno, por lo que ahora cada nuevo proyecto tendrá que conseguir sus propios volúmenes de agua y entregarlo a la red municipal.
Mario Sánchez argumentó que, en caso de que el Ayuntamiento de La Paz gane el juicio de lesividad y Misión Punta Norte pierda las autorizaciones municipales que obtuvo en 2021, el desarrollo tendrá otro conflicto frente a sí.
Si la autorización de uso de suelo se ve anulada, también se aplicará para la factibilidad de agua; en ese contexto la agrupación inmobiliaria tendría que solicitar una nueva autorización, pero en este escenario modificado.
“Tiene que ver con la planeación que tenga o no el Municipio de La Paz para el crecimiento y vuelve a involucrarse el tema del agua, es preocupante también por ese aspecto: el proyecto sigue haciendo esas referencias, no han podido obtener sus autorizaciones y sigue prospectando que más personas puedan unirse y puede convertirse en un problema más del crecimiento urbano”, compartió.
Recordó que en la parte federal, Misión Punta Norte establece la construcción de una desaladora, sin embargo, no considera la cantidad de agua que necesitarán las unidades habitacionales que plantean.
“Básicamente sigue pensando como que lo que promueven en impacto ambiental, solamente es hacer calles y zonas de parques y demás, como si no hubiera en un futuro que construirse casas”, finalizó.
