Dicen que, por el momento, Marina del Pilar Ávila Olmeda detuvo el nombramiento del hankista Miguel Ángel Badiola como director de Relaciones Públicas del Gobierno del Estado. Es harto conocido que a funcionaria no le place eso de que se filtre información para presionarla a hacer designaciones, además, da la impresión que Badiola hace relaciones públicas para él y no para la morenista. Total que, a pesar de que la primera semana de enero, Miguel Ángel se “despidió” de algunos que le ven cuando va a cobrar a la Fiscalía General del Estado los 51 mil pesos al mes que le pagan por dirigir el Departamento de Relaciones Públicas, la realidad es que todavía no cobra en el Gobierno del Estado. “A la FGE no viene, pero sí cobra”, informó un contacto al interior de la fiscalía, al tiempo que en las oficinas de Mexicali donde despacha Ávila Olmeda, aseguran que la gobernadora lo saluda, pero no lo atiende, y que Badiola hace lo que puede para intentar que algún cercano a la titular del Poder Ejecutivo le abra la puerta como “operador” de relaciones públicas y así congraciarse con la mandamás estatal. Aunque los momentos en que más cercano ven al hankista, son aquellos en los que participa la FGE, pues ello le da motivo oficial para hacerse notar… aunque no lo vean y él se venda como “operador” de la gobernadora.
Censura
Resulta que Afirme, aquella que ha sido acusada y exhibida en múltiples ocasiones por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de retener 123 millones de pesos, derivado de un contrato leonino que firmó la administración de su antecesor Jaime Bonilla Valdez con la empresa Next Energy, ya no quiere que se hable o se publique ni de la banca, ni de sus trabajadores, y utiliza el sistema de justicia para intentar amedrentar y censurar a medios de comunicación. Mediante oficio enviado a los correos de varios periodistas, entre ellos los codirectores de ZETA, el Poder Judicial notificó a los medios de comunicación que estarían imposibilitados de hacer pública cualquier información relacionada con los datos personales de las partes intervinientes, pero también solicitó abstenerse de hacer mención a dicha empresa. Así lo determinó textualmente: “Abstenerse en publicar y/o publicitar datos personales de las partes que intervienen en la causa al rubro anotada, así como de la persona moral denominada Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, relacionados al presente proceso, con el apercibimiento que, en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se impondrá a los respectivos directivos de los medios de comunicación, una multa por el equivalente a cincuenta valores de la Unidad de Medida y Actualización vigente en esta fecha”.
La empresa actualmente enfrenta un proceso judicial con la causa penal 05312/2022, y solicitó a la juez de Control, María de Jesús Acosta Sumarán, obligar a los medios de comunicación a no publicar información al respecto. Y en el comunicado enviado a los medios de comunicación, firmado por el administrador del sistema, determina: “Así mismo se le informa que conforme al principio de publicidad los medios periodísticos podrán estar presente en las audiencias que se programen en la presente causa penal, sin embargo a su ingreso no se permitirá cámaras de video grabación, así como cualquier dispositivo electrónico que permita video grabar o toma de fotografías y/o imágenes”, algo que particularmente en Mexicali se había logrado conseguir como un avance en materia de transparencia. Mediante su defensa particular, los representantes de Afirme incluso solicitaron que se multara a un medio de comunicación por hacer pública información específica sobre los implicados, pero al final se desistió. Todo parece indicar que la empresa se siente muy ofendida por las publicaciones de los medios de comunicación, que de hecho replican tal información proporcionada por la gobernadora, el secretario de Hacienda o el consejero jurídico, a quienes llama la atención que Banca Afirme no intente censurar, siendo ellos la fuente de los reporteros… qué cosa.
Distraído
Había transcurrido apenas un minuto de la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda el martes 7 de febrero en Ensenada, cuando su teléfono móvil comenzó a sonar y se distrajo. También distraído, u ocupado en otros asuntos, en un cuarto contiguo en el que esperaban miembros del gabinete para atender -según el caso- preguntas de la prensa, su secretario particular Jaime Cantón no atendió un primer llamado de la morenista. Volteando hacia su derecha y luego hacia su teléfono, la titular del Poder Ejecutivo no atinaba si contestar en medio de su discurso, si moverse para buscar a su secretario, o seguir con el mensaje que había preparado, guardando un silencio de más de 10 segundos; incluso la directora del CEJUM, Magdalena Bautista, le estiró la mano para llevar el aparato a Cantón. Volteando hacia su director de Comunicación Social, Néstor Cruz, tomó los dos micrófonos del estrado y lanzó: “Dile a Jaime que esté al pendiente, por favor”. El asunto no paró ahí. Más adelante, la gobernadora buscó una botella de agua en el mismo estrado, debajo de los micrófonos, pero tras estirar la mano y agacharse un poco para ubicarla con la vista, no encontró lo que buscaba. De nueva cuenta volteó hacia el cuarto contiguo donde esperaban los demás funcionarios; Cruz se percató de la situación, tomó una botella de agua y salió en busca de Cantón. Ya con botella en mano, Jaime rodeó el recinto para acercarse a Marina, intercambió unas palabras con ella… y volvió a desaparecer.
