El 90 por ciento de los poco más de 13 mil internos que conforman la población penitenciaria de Baja California, pertenecen a alguna de las nueve pandillas con presencia en los cinco centros de reinserción social de la entidad, a quienes se atribuyen la mayoría de los altercados registrados durante la administración de Jaime Bonilla Valdez y uno más ocurrido en el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El último motín se suscitó el sábado 8 de octubre de 2022, cuando un pleito entre dos integrantes de pandillas contrarias inició una reyerta que se extendió a una batalla campal, cuyo momento de mayor tensión se dio cuando criminales tomaron de rehén a un elemento de la Policía Estatal y Custodia Penitenciaria.
En entrevista con ZETA, María Elena Andrade Ramírez, comisionada del Sistema Estatal Penitenciario, reconoció que la “Peni” de Tijuana, ubicada en la delegación La Mesa, era una “bomba de tiempo” debido a las carencias, hacinamiento y el ambiente que externaron los reclusos, lo cual se replicaba en los penales de Mexicali y Ensenada, donde se encontraba una sobrepoblación que encendía las alarmas.
Como una medida de control, se tomó la decisión de iniciar una intensa serie de traslados a penales federales y al complejo penitenciario El Hongo, donde hasta el momento se ha reubicado a 6 mil internos, liberando -según la funcionaria- la presión en al menos dos de los tres penales prioritarios. Sin embargo, el de Tijuana aún requiere mayor intervención.
Héctor Grijalva Tapia, especialista en materia penitenciaria, aseveró que las pandillas son uno de los principales problemas a atender dentro de los penales, pues este tipo de grupos son los brazos operativos de estructuras criminales de la delincuencia organizada, sobre todo los que se dedican a la venta y tráfico de enervantes.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California compite con Jalisco por el tercer lugar a nivel nacional en población penitenciaria; ambas entidades son sobrepasadas por Ciudad de México y Estado de México, cuya población es mucho más grande que la de BC.
LAS NUEVE PANDILLAS
“Los Paisas”, agrupación delictiva que se conformó al interior de los propios penales como una medida de defensa ante el azote de las pandillas tradicionales que provienen de las calles, representa entre el 70 y 90% de los privados de la libertad que pertenecen a alguna pandilla, según el penal del que se hable.
Dicha agrupación delictiva tiene presencia en prácticamente todos los penales del país, e incluso en gran número de centros de control de detención para migrantes en Estados Unidos.
Su origen se dio como una medida de protección ante integrantes de otras pandillas como “Los Sureños”, “Los Norteños” e incluso los “Mara Salvatrucha”, de los cuales eran “víctimas” y una gran cantidad de la población penitenciaria decidió unirse en un mismo régimen y protegerse ante la situación de violencia.
“Los Sureños” son otra agrupación delictiva que representa aproximadamente el 9% de la población total dentro de los penales del Estado. Son una extensión de la peligrosa banda californiana “Los Sureños”, quienes cuentan con presencia en la mayoría de EU; hoy en día tienen presencia en México y gran parte de sus ingresos deriva de la venta de enervantes al menudeo y la extorsión, tanto fuera como dentro de los penales.
El resto de las agrupaciones delictivas son “Los Bulldogs”, “Mara Salvatrucha”, “Los Norteños”, “Los Shalom”, “Los Barrio 18”, “El Poder Paisano” y “Los Aztecas”, de los cuales la mayoría proviene de Estados Unidos. Sin embargo, su influencia es pequeña en comparación con los otros dos grupos con mayor presencia.
En entrevista para ZETA, Héctor Grijalva Tapia, ex subsecretario del Sistema Penitenciario de Baja California, quien actualmente dirige parte de las operaciones de los penales de Nuevo León, comentó que existe un sentido de pertenencia y de protección por parte de quienes pertenecen a alguna mafia y terminan en prisión, por lo que de inmediato buscan a sus similares para hacer un poco más llevadera la cárcel. Pero también hay gente que se une para generar ingresos dentro del penal mediante la distribución de droga, teléfonos celulares o cualquier otro objeto que represente valor dentro de la cárcel.
Según la Comisionada del Sistema Penitenciario, durante 2022 se incautaron más de 100 celulares que eran utilizados para sostener contacto con familiares, o bien, para continuar con operaciones ilícitas en el penal.
Aunque fuentes del sistema penitenciario aseveraron que los cárteles de la droga no representan gran problema dentro de los penales de la entidad, Grijalva Tapia comentó que la intervención del narcotráfico no es tan directa, sino que a través de las pandillas toman ciertas acciones o decisiones. De hecho, algunas han hecho mancuerna con estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) para distribuir su mercancía e incluso perpetrar asesinatos en beneficio de los grupos delictivos. Este tipo de “acuerdos” se pasa de boca en boca y, a la fecha, las instrucciones a nivel nacional “se replican en todo el país, sobre todo los que purgaban una pena”, indicó el entrevistado.
Por medio de estudios de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), autoridades norteamericanas identifican de forma recurrente que algunas pandillas de ese país tienen estas sociedades, lo cual data desde la época más pujante del Cártel Arellano Félix, el cual encontró en las pandillas una mancuerna perfecta para matar y vender drogas.
Cabe señalar que el 10% de los internos que no pertenecen a pandilla alguna, se encuentran recluidos en algún punto especial de los Centros de Reinserción Social (Cereso), por considerarse perfiles de alta peligrosidad, agresores sexuales, policías y ministerios públicos, así como servidores públicos que pudieran ser agredidos por la población carcelaria.
“EN UN DÍA SE PUEDE CAER TODO EL TRABAJO”: GRIJALVA TAPIA
Para el especialista Héctor Grijalva Tapia, el trabajo en el sistema penitenciario es sumamente cambiante y cada día se tienen crisis potenciales, pues el ingreso de un nuevo líder no identificado por autoridades del Cereso puede levantarse en armas en cuestión de días y perjudicar el sistema.
A su parecer, los ex gobernadores Jaime Bonilla Valdez y Francisco Vega de Lamadrid abandonaron las medidas de protección del sistema penitenciario, dejándolo en una situación complicada.
Grijalva reconoció que tanto el penal de Tijuana como el de Mexicali ya no cumplen con las medidas necesarias para seguir operando, por lo que desde que estuvo al frente de la institución ya se pretendía construir un nuevo Cereso en cada municipio ante la sobrepoblación y condiciones precarias en que se encuentran los penales, sobre todo el de la Capital bajacaliforniana, donde en el último motín, internos lograron arrancar los barrotes con sus propias manos.
Las condiciones eran tan deplorables que los reclusos tenían piojos, pulgas, ratones y cucarachas, además de un severo problema de adicciones.
Sólo en 2022, policías de custodia encontraron 141 dosis de droga, de las cuales la principal fue la heroína, con 113 mil 522; fentanilo, con 11 mil 340 dosis; China White, 8 mil 459 dosis; marihuana, 6 mil dosis; cristal, 558 dosis; además de 506 de cigarros, tabaco y pastillas con 235 dosis interceptadas en el ingreso al penal; o bien, ya al interior mediante el operativo Torbellino-Tornado.
A eso se suma el hacinamiento que hoy en día ha descendido, pero sigue existiendo. Por citar un ejemplo, el penal de Ensenada tenía mil 500 internos que recibió la administración, ahora son mil 250; mientras que en Mexicali, de 2 mil 800 descendió a 2 mil; y en Tijuana se tienen 5 mil en un espacio para 2 mil 400.
Fuentes del sistema penitenciario refirieron que han detectado que mediante abogados o familiares, principalmente integrantes de “Los Paisas” y “Los Sureños” tienen conocimiento de alguna restricción, petición o mandamiento por parte de los líderes de la agrupación ubicados al exterior o dentro de los mismos penales.