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viernes, octubre 4, 2024
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Más de 60 ONG’s convocan a movilización denominada #MiVotoNoSeToca, contra el “plan B” electoral

Decenas de organizaciones no gubernamentales convocaron a la manifestación denominada #MiVotoNoSeToca, misma que se llevará a cabo el 26 de febrero de 2023, para rechazar el llamado “plan B” de la reforma en materia electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena.

“Buscamos que esta sea la norma más impugnada de la historia para mandar un claro mensaje a los tres poderes de la Unión, pero sobre todo al Poder Judicial, de que las y los ciudadanos estamos dispuestos a dar la batalla en defensa de la democracia desde todas las trincheras”, expresaron un poco más de 60 ONG’s en un comunicado.

La concentración principal será en el Zócalo de Ciudad de México, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero se espera que la marcha se replique en al menos 35 ciudades del país. Según la convocatoria, se podrán sumar todos “aquellas personas, organizaciones y fuerzas políticas que estén en defensa de la democracia y en contra del ‘plan B’, pero los protagonistas, como el pasado 13 de noviembre [de 2023], son los ciudadanos”.

Esto en referencia a la “Marcha por la Democracia: El [Instituto Nacional Electoral] INE se no toca”, que las mismas ONG’s convocaron en dicha fecha contra la reforma constitucional, en la cual los organizadores calcularon al menos 300 mil manifestantes, que caminaron desde el Ángel de la Independencia, hasta el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Al final de dicha marcha, el único orador fue Isaac José Woldenberg Karakowsky, consejero presidente del ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE), del 10 de octubre de 1996 al 31 de octubre de 2003.

Según las organizaciones no gubernamentales convocantes -entre ellas el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, Une y Unidos por México-, los cambios pretendidos en el “plan B” son inconstitucionales, porque supuestamente violan derechos referentes al voto libre en elecciones auténticas y democráticas, así como la autonomía Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, las decenas de ONG’s señalaron en su comunicado, que están en riesgo las próximas elecciones presidenciales de junio de 2024, porque se pretende desmantelar al órgano constitucional autónomo, al reducir un 84.6 por ciento de su personal.

“PLAN B” PODRÍA SER LA REFORMA ELECTORAL MÁS IMPUGNADA DE LA HISTORIA, REVELA ESTUDIO DEL SENADO

El llamado “plan B” de reforma en materia electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su Gobierno y el partido Morena, podría ser la reforma electoral más impugnada en la historia, señala lo previó un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República.

“El Instituto Belisario Domínguez es un órgano especializado encargado de realizar investigaciones estratégicas sobre el desarrollo nacional, estudios derivados de la agenda legislativa y análisis de la coyuntura en campos correspondientes a los ámbitos de competencia del Senado con el fin de contribuir a la deliberación y la toma de decisiones legislativas, así como de apoyar el ejercicio de sus facultades de supervisión y control, de definición del proyecto nacional y de promoción de la cultura cívica y ciudadana. El desarrollo de las funciones y actividades del Instituto se sujetará a los principios rectores de relevancia, objetividad, imparcialidad, oportunidad y eficiencia”, según indica el Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República (ESPAT).

El documento titulado ‘Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)’, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que hasta el 1 de febrero del 2023, se habían presentado contra la reforma un juicio de amparo, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, además de una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunado a lo anterior, el estudio previó que el paquete de reformas relativo a las normas electorales, que será retomado por el Congreso, motive un mayor número de acciones jurídicas y sociales. Ello, luego de que todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental, anunciaron que harían lo mismo con las reformas a normas electorales, que modifican la estructura y funcionamiento del INE.

La investigación del IBD identificó que los actores inconformes con la reforma señalaron principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentaron que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos y que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.

Por otra parte, el estudio recuperó algunos de los argumentos del Gobierno Federal y los grupos legislativos en el Congreso de la Unión, a favor del llamado “plan B”, entre los que destacan aspectos como la austeridad, que supuestamente generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales. Asimismo, el IBD considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver los recursos antes de junio del presente año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.

INE PRESENTA PRIMERA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ANTE SCJN, CONTRA ‘PLAN B’ ELECTORAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó, el 1 de febrero de 2023, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera controversia constitucional contra el llamado “plan B” de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en específico por las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

El órgano constitucional autónomo informó que presentaron formalmente este recurso en contra del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 27 de diciembre de 2022.

“Se reclaman diversas violaciones al proceso legislativo al haberse aprobado apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa”, señaló el INE, a través de un comunicado.

“El grupo parlamentario de mayor representación en la Cámara de Diputados [el de Morena], en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”, agregó el Instituto Nacional Electoral.

Asimismo, el órgano constitucional autónomo explicó que en la controversia detallan cómo estos cambios merman la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución mandata, ya que es contraria a las restricciones constitucionales que siguen vigentes, como el artículo 134, generando un desequilibrio en el modelo de comunicación social y perjudicando la equidad de la contienda, afectando así, que el Instituto ejerza su función para garantizar que se respete la ley.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, detalló el INE.

‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL VA A COMISIONES DEL SENADO

Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado de la República sesionarán en próximas fechas para analizar la minuta del llamado ‘plan B’ de la reforma en materia electoral, proveniente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante la primera sesión el Segundo Periodo de Sesiones, del Segundo Año de la LXV Legislatura, el Senado recibió el documento, mismo que se envió de forma directa a dichas comisiones.

La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta del Congreso de la Unión, previó convocar hasta la próxima semana a las comisiones que analizarán la minuta, pero no los más de 400 artículos de las cuatro leyes reformadas que comprende ésta, sino sólo el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales (LEGIPE), mismo que contenía la llamada “cláusula de vida eterna”, que fue eliminada por los diputados, lo que ahora los senadores solamente analizarán si ratifican o rechazan la decisión.

La minuta con proyecto de decreto comprende reformas a diversas disposiciones de la LEGIPE, así como de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, además de que se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En oficio remitido por la Cámara de Diputados de la Unión se añadió el acuerdo por el que se autorizó al Senado a -como lo establece la fracción E del artículo 72 constitucional- que “se remita al Ejecutivo Federal el proyecto antes señalado, con los artículos aprobados por ambas cámaras”.

Por su parte, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva del Senado, detalló que la minuta fue enviada el 30 de enero de 2023, a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Justicia, para su respectivo análisis.

“También les informo que la Cámara de Diputados remitió un acuerdo por el que se autoriza para que de conformidad con lo que establece la fracción E del artículo 72 constitucional, se remita al Ejecutivo Federal el proyecto antes señalado, con los artículos aprobados por ambas cámaras”, detalló Armenta Mier.

ADÁN AUGUSTO ORDENÓ “’DESTAZAR” Y “DESCUARTIZAR” AL INE, AFIRMA LORENZO CÓRDOVA

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) instruyó a los legisladores federales “destazar” y “descuartizar” al Instituto Nacional Electoral (INE), según acusó, el 26 de enero de 2023, su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

“Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan […] Hoy sabemos, por testimonios [de quienes] estuvieron presentes, que esa fue la palabra que utilizó el titular de la política interior, cuando fue a cabildear en el Senado, para que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma”, reveló el consejero electoral.

“‘Descuarticen al INE’, se dijo, y lo hicieron, o ‘destacen al INE’, para el caso es lo mismo. Entonces, vamos a defender al servicio electoral que esta reforma destaza”, apuntó Córdova Vianello, durante una conferencia de prensa, en la cual los consejeros electorales dijeron que no exageran al decir que, con la reforma, las elecciones de 2024 están en riesgo.

Ante ello, anunciaron que la próxima semana presentarán la primera controversia constitucional, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades, que ya están publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Vamos a presentar dos controversias constitucionales: una en contra de las normas que ya están publicadas y esto ocurrirá a principios de febrero y otra en contra de las que son inminentes que se publiquen: el autoritarismo tiene prisa. Seguramente se publicarán a principios de febrero. Vamos a presentarlas probablemente a finales de ese mes”, comentó Córdova Vianello.

“Vamos a presentar todos los recursos adicionales que estén a nuestro alcance. Se van a presentar otras seguramente y en todos concurriremos presentando ‘amicus curiae’, es decir, elementos adicionales para que la SCJN pueda normar un juicio lo más informado posible”, mencionó el presidente del INE.

Asimismo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante su conferencia de prensa matutina, que las elecciones estarían en riesgo, pero por causa del INE, los consejeros exigieron demostrar, con pruebas, no con discursos, que en los últimos años ha habido fraudes.

“No son acusaciones serias, son graves, pero adolecen de la mínima seriedad. Se ha repetido que el INE permite el fraude, relleno de urnas, quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del INE, de un acta falsificada”, planteó Córdova Vianello.

“Eso no ocurre en este país hace más de un cuarto de siglo, y quien afirma que hace fraudes como antes, con Manuel Bartlett [Díaz] al frente de la Comisión Electoral, que participa en alteración de resultados, miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad pese al cargo que ocupen”, dijo el presidente del INE.

Sin embargo, todos los consejeros coincidieron en que sí están en riesgo las elecciones de 2024, porque se podrían realizar con un INE colapsado, mutilado, limitado, y que, como nunca antes, se abre la puerta a la nulidad. No obstante, confiaron en que no lleguen al 2 de junio de 2023, sin una determinación de la SCJN.

“La fecha fatal es el 2 de junio. Si el 2 de junio no están validadas por los tribunales y en plena vigencia las normas del ‘plan B’, vamos a ir a las elecciones de 2024 con las reglas que hasta ahora han permitido paz pública, estabilidad democrática”, detalló el consejero presidente del INE..

“El 2 de junio es la fecha de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, que arranca en septiembre”, aclaró Córdova Vianello, quien también dijo que mientras la SCJN resuelve respecto a las controversias constitucionales que se presenten, no habrá despidos de personal, ya que, estimó, estos trabajadores organizarán las elecciones de 2024.

“No vamos a darle herramientas a quienes nos quieren perseguir políticamente y a quienes nos quisieran ver encarcelados como lo han intentado. Nosotros vamos a tener, como autoridad, que empezar a tomar las medidas que se plantean en el ‘plan B’, pero nada de despidos. Estoy convencido que el personal del INE, el que hoy está, seguirá siendo el que en 2024 va a organizar elecciones”, enfatizó.

Según Córdova Vianello, los consejeros electorales impugnarán la reforma electoral, ya que, aseguró, es una “la constelación de violaciones constitucionales”, que pone en riesgo las elecciones de 2024, al punto de ser anuladas.

“Elecciones va a haber […] pero pueden ser de tal calidad que se pueden abrir, como nunca antes, causales de nulidad. Y una elección que es anulada, que es la última garantía de que una elección siga siendo democrática, es lo peor que nos puede pasar […] una elección fracasada que tiene que volver a hacerse”, aseguró el consejero presidente.

“La Corte tiene que tener claridad de cómo esta es una constelación de violaciones que buscan regresar a un México autoritario”, afirmó Córdova Vianello, quien también criticó a los integrantes del gabinete del Gobierno del presidente López Obrador.

“Esta reforma es producto del autoritarismo, de una visión autoritaria y, ya que en esas estamos, por cierto, a lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años, es lo que le lleva a pensar que México no ha cambiado nada”, dijo el consejero presidente del INE.

“El que él haya ganado la presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba, él es la mejor prueba, de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario, del que alguno de los miembros de su gabinete fueron responsables. A lo mejor, esa cercanía impide ver con claridad las cosas”, insistió.

AMLO REVIRA: INE ES EL QUE PONE EN RIESGO LAS ELECCIONES; “DEMÓCRATAS DE MENTIRA”, LES DICE A CONSEJEROS

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 26 de enero de 2023, que el Instituto Nacional Electoral (INE) pone en riesgo las elecciones, que el pueblo es quien ha hecho valer la democracia en México y no los consejeros electorales, quienes, junto a sus adversarios, son “demócratas de mentira”.

“Ahora, se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo [a los consejeros] porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. Cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos, siempre”, indicó el mandatario nacional.

¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto?”, cuestionó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

“¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte, lo que quieren es seguir atacándonos”, señaló el político tabasqueño.

“Nos ganaron [los adversarios] y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque pertenecen a la oligarquía, no son demócratas de verdad, son de mentira. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero lo de fondo sea el decir [Genaro] ‘García Luna no se toca’ je, je, je porque eso los trae nerviosísimos”, agregó.

“Es parte de lo mismo, ellos tienen pensamiento conservador, somos distintos, estoy absolutamente seguro que no tienen vocación demócrata real, son acomodaticios y tienen pensamiento conservador, les molesta el concepto de democracia que viene desde los griegos”, insistió.

“Y aunque parezca paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas. Pueden ser intelectuales, don Justo Sierra era un gran intelectual y no estaba a favor del voto universal, y si uno ve a Sheridan es lo mismo, claro hay una gran diferencia”, expuso.

“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se mal acostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos”, abundó.

“Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad, y el ejemplo está aquí, cuando llegamos a la Presidencia se gastaban 3 mil 600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones y ¿Se colapsó la Presidencia? ¡No!”, exclamó.

INE IMPUGNARÁ “PLAN B” DE AMLO ANTE SCJN, POR PONER “EN RIESGO” LAS ELECCIONES DEL 2024

Los 11 consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron, el 25 de enero de 2023, que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra el llamado “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se presentó un informe respecto al impacto y riesgos de la reforma electoral, en la cual, cada uno de los consejeros del INE señalaron que está hecha desde el poder y busca beneficiar al Gobierno actual.

El informe presentado ante los consejeros advierte que el “plan B” de la reforma electoral debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024, además de que vulnera la autonomía técnica del órgano constitucional autónomo, en materia de fiscalización.

Asimismo, el informe advierte que se retrocede en avances del voto electrónico; se modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; además de que agrava la falta de condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y retroceso del voto electrónico, entre otros puntos.

Los consejeros del INE también anticiparon un aumento en el número de litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad democrática.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, alertó que, de aprobarse en dichos términos, “debemos prepararnos para vivir en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.

“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, señaló el presidente del Consejo General del INE.

Asimismo, ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, Córdova Vianello sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”.

“Ante esto estamos, una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”, lamentó, por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón.

Sin embargo, el representante del partido Morena ante el Consejo General del INE, Mario Rafael Llergo Latournerie, intentó retirar del orden del día la presentación del informe, al señalar que estaba al margen de la ley, porque, según él, la propuesta seguía en trámite legislativo.

Tras no prosperar la petición del también diputado federal, Llergo Latournerie afirmó que la reforma electoral exigía una democracia más austera, acabar con los altos salarios de consejeros y una autoridad imparcial e independiente.

“Ya chole con tantas mentiras, que para su disgusto sólo comprueban una cosa: en México hay tanta democracia y libertades que cualquiera pueda manifestarse, incluso con un discurso iracundo, lleno de odio y mentiras como de quienes afirman defender al INE y la democracia”, expresó el representante de Morena ante el INE.

“Se emprendió, desde diciembre del año pasado, una campaña de mentiras y de calumnias que buscan desacreditar esta reforma, desde acusaciones inverosímiles, como que la reforma desaparece las juntas distritales, hasta llegar a querer sembrar el miedo en los trabajadores del Instituto, afirmando que el Servicio Profesional Electoral se reducía con esta reforma a más del 80 por ciento, desde luego que acomodan los números a su conveniencia”, aseguró Llergo Latourneire.

El representante de Morena ante el INE insistió en que la reforma electoral busca terminar con los excesos, privilegios y dispendios con los que cuentan los organismos electorales, sin detallar cómo se logrará. También aseguró que el denominado “plan B” fue tan exitoso, que logró que quienes se presumen como independientes se quitaran las máscaras.

ALGUNAS DE LAS AFECTACIONES A LA DEMOCRACIA, SI SE CONCRETA EL “PLAN B”, SEGÚN EL INFORME DEL INE

De concretarse el denominado “plan B” de la reforma electoral, el INE advierte que generará incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de paquetes electorales y hasta en el conteo de votos en la elección del 2024.

En el informe interno que el Consejo General discutió, el 25 de enero de 2024, se enfatizó que se despedirá a 5 mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales. La falta de personal y la poca experiencia también impactará en el traslado de paquetes, lo que provocará incertidumbre para los partidos.

Ante ello, la reducción de personal, aunado a la contratación de empleados temporales y sin capacitación, cambios legales en los procesos y reducción de plazos pondrá en duda “la certeza jurídica y legitimidad” de la contienda en la que se elegirá al próximo Presidente de la República.

A nivel central, la reforma busca fusionar una decena de áreas, sin embargo, el INE alerta que unir las direcciones de Organización con Capacitación, junto la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), generaría un colapso mayor, ya que esas dos direcciones representan al menos el 40 por ciento del total de actividades institucionales que se desarrollan a lo largo del proceso electoral.

“El análisis de estas modificaciones revela la inviabilidad de que el Instituto esté en condiciones de realizar, con los plazos establecidos y bajo los parámetros de calidad y eficiencia conocidos, las actividades vinculadas con la preparación y organización de los procesos electorales”, indica el informe.

Por ejemplo, al no desaparecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP) e iniciar el mismo día el conteo distrital, se suprimirán procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones, así como a sus resultados, además de que no se reducen costos.

Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo, por lo que los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla, y aunque en la propuesta de reforma electoral se habla de un cotejo, no se aclara con qué documentos.

“[Con el nuevo diseño del proceso] se haría más tardado y potencialmente más conflictivo el cómputo. Se incrementaría la posibilidad de las impugnaciones por parte de los partidos y actores políticos, al no tener la certeza de lo que se está computando”, señala el informe.

Asimismo, al adelgazar la estructura de la organización de las elecciones, y que ésta sea improvisada, se impactarían los recuentos parciales y totales de votos que se hacen en cada elección, y que promedian el 60 por ciento de los paquetes.

Además, en la reforma electoral se plantea disminuir la base de la primera insaculación del 13 al 10 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplan los requisitos para ser funcionario de casilla.

Aunado a lo anterior, el nuevo modelo establece que no se visite el 100 por ciento de los insaculados, generando mayor ausentismo de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y se reducen los tiempos para la insaculación y capacitación, con lo que habría un incremento de errores en el procedimiento de la recepción de la votación, escrutinio y cómputo de los resultados en la casilla.

Asimismo, cambiar la fecha del arranque del inicio del proceso electoral, de septiembre a noviembre, afectaría la contratación de supervisores y capacitadores que visitarán a los insaculados y los capacitarán.

Además, la reforma electoral plantea que el registro de representantes de los partidos en casillas pueda hacerse 48 horas antes de la elección, y no en 13 días, por lo que la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes. Esto imposibilita que todos los funcionarios cuenten con listas de representantes actualizadas, ya que en algunos casos deben trasladarse en lancha o avioneta, lo que provocará que no se les permita el ingreso, lo que sería una causa de nulidad de la votación en casilla.

También se impacta la certeza jurídica el cambio de fechas para las precampañas, ya que al no modificar el periodo para el registro de candidaturas, no da espacio a la resolución de impugnaciones y de facto modifica los tiempos de campaña establecidos en la Constitución. Aunado a lo anterior, la reforma electoral propone fechas contradictorias para la asignación de diputados de representación proporcional, lo que podría ser factor de impugnaciones.

VA POR MÉXICO EN SAN LÁZARO PRESENTARÁ NUEVA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA “PLAN B” DE AMLO

Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio a conocer que, el 25 de enero de 2023, la alianza legislativa “Va por México”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contiene diversas reformas en materia electoral.

“Les anticipo que mañana miércoles, estaremos presentando ya desde la Cámara de Diputados, a través de los grupos del PAN, del PRI y del PRD, una nueva acción de inconstitucionalidad controvirtiendo igualmente las reformas que se hicieron a la ley de Comunicación Social por una parte y por otra a la que rige a los Servidores Públicos”, explicó el diputado panista.

En conferencia de prensa, Creel Miranda explicó que las acciones de inconstitucionalidad serán porque se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción.

“Todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa, que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna para que los funcionarios o servidores hagan campaña, fundamentalmente las corcholatas, que reciben aportaciones y estas se traduzcan en su promoción y propaganda política y tercero han disminuido las sanciones”, agregó el diputado panista.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro recordó que, tanto la dirigencia de su partido, el PAN, como sus aliados, PRI y PRD, ya hicieron lo propio al acudir a la SCJN y presentar dicho recurso contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su dimensión de servidores públicos.

¿INE NO SE TOCA?, YA CHOLE, TRUENA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, el 25 de enero de 2023, que se organice una nueva marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora para rechazar la reforma conocida como “plan B”. El político tabasqueño soltó: “ya chole”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional consideró que sus adversarios están usando la frase “el INE no se toca” -que abanderó la marcha del 13 de noviembre del 2022- como pretexto para defender a Genaro García Luna. ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

López Obrador dijo, en tono irónico, que ya ganaron sus adversarios en este tema, ya que no se aprobó la reforma constitucional electoral que contemplaba reducir el presupuesto del INE y los partidos políticos, además de eliminar a los legisladores plurinominales, entre otras cosas.

“Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos porque impiden una reforma constitucional para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, que se pueda hacer con la mitad del dinero; el ejemplo está aquí, es predicar con el ejemplo, cuando llegamos nosotros Presidencia ejercía 3 mil 600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado 500 millones y ¿se colapsó la Presidencia? No”, indicó el político tabasqueño.

“Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero, en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales, ellos ganaron porque el INE no se toca y van a haber 500, ellos ganaron también porque nosotros planteamos que sólo existiera un Instituto Nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos, ganaron, porque el INE no se toca”, agregó el presidente.

Con el lema “mi voto no se toca”, 50 organizaciones sociales convocaron a una concentración en el Zócalo capitalino para el 26 de febrero de 2023, en rechazo al llamado “plan B” de la reforma electoral que impulsó por López Obrador. Ante esta convocatoria, el mandatario nacional dijo que a lo mejor están pensando en que la movilización sea para defender a García Luna.

“Me decían que iban a hacer una marcha, que no, ¡exageran! Sólo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna porque en una de esas ese es el propósito, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron?, ¿si el INE no se toca?”, se burló.

“A lo mejor Claudio [X. González Laporte] y los machuchones están pensando eso ¿no?, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca, ¿ya, chole! Mejor que se quiten ya por completo la máscara: ‘sí, García Luna es inocente, ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros’”, ironizó.

“¿Qué culpa tengo yo? O sea, por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron, por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí, ahora sí que como diría el mismo clásico [Vicente Fox Quesada] ¿y yo por qué? ¿Quién los manda? Es de sabios cambiar de opinión, además, tienen capacidad para rectificar. No, ‘Andrés Manuel es comunista, es populista’”, abundó.

“No sabía de eso [postura del INE], pero la democracia es que la elección sea limpia y libre, eso es la democracia y es lo que deben estar ellos procurando. No nos vamos a entender con ellos, o sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Ya no hace falta responderles, es parte de lo mismo, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos, yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas, y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos”, finalizó.

DIPUTADOS APRUEBAN, EN GENERAL, ‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL DE AMLO; QUITAN “VIDA ETERNA” A PARTIDOS

Con 269 votos a favor y 217 sufragios en contra, así como cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 15 de diciembre de 2022, en lo general, el primero de dos proyectos de decreto de la reforma electoral vía leyes secundarias, con las modificaciones avaladas por el Senado de la República.

El dictamen de avaló con 269 votos a favor por parte de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como 217 sufragios en contra de los legisladores de las bancadas opositoras, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron 22 reservas para la discusión en lo particular de las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial y de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tras un receso de cinco horas, reinició la sesión minutos después de la 18:00 horas y, desde la tribuna, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en San Lázaro, Carlos Alberto Puente Salas, anunció el retiro de la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría el traspaso de votos, para garantizar mantener el registro de los partidos políticos, al competir con candidaturas comunes.

Tras una reunión de Ignacio Mier Velazco, Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT), respectivamente, con el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, acordaron eliminar el párrafo referente a dicha cláusula y evitar el regreso de la minuta al Senado, mediante una interpretación del artículo 72 constitucional.

Se trata del artículo 15, fracción cuarta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que establecía que no perderían el registro los partidos políticos que lograran el 3 por ciento de una votación federal o mantuvieran el registro local en al menos 17 entidades federativas.

Además, el proyecto incluyó los cambios enviados por los senadores para permitir a los partidos políticos utilizar los remanentes de su financiamiento público al finalizar cada año y poner disponer de dichos recursos en el próximo ejercicio fiscal, así como en procesos electorales estatales o federales.

Asimismo, el dictamen aprobado por el Pleno de San Lázaro impide al Instituto Nacional Electoral (INE), multar a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral y se restablece la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).

Se prevé que el decreto aprobado, tanto por el Senado como en San Lázaro -desechando las modificaciones a las que renunciaron el PT y el PVEM-, se envíe al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.

Autor(a)

Carlos Álvarez Acevedo
Carlos Álvarez Acevedohttps://www.carlosalvarezacevedo.com
Corresponsal del semanario ZETA de Tijuana y del periódico Noroeste de Sinaloa, desde febrero de 2016. Durante varios años fungí como editor de opinión y jefe de redacción del diario digital SinEmbargo.
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