La emergencia en muchas de las cárceles del país se suma al clima de inseguridad y de violencia, pese a los intentos de las autoridades de poner remedio a través de operativos de revisión, sobre todo de traslados de los penales estatales a los centros penitenciarios federales, pues el número de personas privadas de la libertad sigue incrementando y los grupos de poder ilegal se apoderan de espacios, actividades y cobros. con la complicidad de algunos representantes de autoridad.
Motines, fugas, riñas, homicidios, suicidios y violaciones, son las incidencias negativas que se reproducen en algunos de los 284 centros carcelarios de México, como los ocurridos recientemente en reclusorios de Baja California, Zacatecas, Chihuahua y Nuevo León, donde ha corrido la sangre no sólo de los propios reos, sino de elementos de seguridad y custodia.
Grupos de internos que forman parte de pandillas o de los cárteles mantienen en vilo los establecimientos que presuntamente tienen como función constitucional la reinserción social. De acuerdo con el cuaderno de estadística penitenciaria nacional, diciembre de 2022 cerró con una población de 228 mil 530 personas privadas de la libertad, en prisiones que tienen capacidad global para 217 mil 671 sitios debidamente instalados, por lo que sobran 10 mil 859 reclusos que no cuentan con un espacio propio y digno.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconocen que existe sobrepoblación en 132 de los 284 penales; es decir, en casi la mitad del total de cárceles.
En 270 penales estatales y de Ciudad de México se encuentran alojados 209 mil 554 internos, mientras que en sólo 14 centros penitenciarios a cargo del Gobierno Federal están recluidos los 18 mil 976 restantes, pese a que la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, informó que en lo que va del sexenio, han sido trasladados más de 8 mil 740 reos a Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), algunos de máxima seguridad como Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, siendo esa misma entidad, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua y Quintana Roo, las que más apoyo han recibido.
Sólo 4 mil 58 de los traslados fueron realizados en 2022, aquellos masivos han sido de forma reactiva a incidencias negativas y a petición de los estados en casos de motines como los registrados en el Centro de Reinserción Social (CRS) de La Mesa en Tijuana, durante los meses de abril de 2021, octubre y diciembre de 2022, donde custodios resultaron heridos. También, el intento de motín y la frustrada fuga de al menos once presos la noche del domingo 4 de diciembre de 2022 en el penal de Cieneguillas en Zacatecas, que tuvo por reacción bloqueos carreteros con el incendio de 10 vehículos.
Sin embargo, el evento más terrible asaltó el inicio de año, el domingo 1 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el CRS Número 3 de Ciudad Juárez y asesinó a 17 personas, 10 de ellas custodios penitenciarios, dos policías estatales y cinco privadas de la libertad, para propiciar la fuga de 30 reclusos de la pandilla delincuencial Los Mexicles y su líder en presidio, Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz alias “El Neto”, abatido días después por agentes policiales.
El titular del centro y el director del sistema carcelario fueron destituidos. A la fecha, 12 de los reos evadidos han sido recapturados y otros cuatro murieron durante los hechos.
El más reciente de los disturbios se registró el 31 de enero en el penal de Apodaca, Nuevo León, durante un operativo de revisión en el que fueron asegurados celulares, objetos punzocortantes y diversas drogas como marihuana y 500 mililitros de cristal líquido, así como cinco memorias USB. La acción en la que participaron custodios y policías de Fuerza Civil causó inconformidad en la población del centro, por lo que hubo una serie de protestas que, aunque amenazaban con aumentar de tono, no pasaron a mayores.
AUTOGOBIERNO, UN SOFISMA
Para Enrique Zúñiga Vázquez, maestro en Criminología y Política Criminal que durante varios lustros pudo ingresar a diversas cárceles por su trabajo de visitador penitenciario, asegura que el abordaje del problema no sólo se explica a través de la sobrepoblación y el hacinamiento que tiene que ver con la prisión preventiva, sino con la dinámica de lo que sucede ahí adentro, además de que cada centro tiene sus propias complicaciones. Fenómeno que ha conocido desde que estaba como criminólogo adscrito a los reclusorios de Ciudad de México.
Autor del libro “La pelea por los infiernos”, subtitulado “Las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en México”, publicado por Editorial Grijalbo, Zúñiga Vázquez destaca que grupos de poder ilegales operan en muchas de las prisiones del país ante la complacencia de algún tipo de autoridad, mientras que el grueso de la población carcelaria se compone de personas empobrecidas y criminalizadas que de victimarios se convierten en víctimas intramuros. A esas mafias la autoridad formal les identifica como autogobierno “para cubrir sus huellas”.
“Las autoridades hablan de un autogobierno, es decir, grupos de poder que operan dentro de una cárcel, y a partir de ahí cometen crímenes dentro de las poblaciones penitenciarias, ellos haciéndose a un lado, pero de manera real, las autoridades nunca pierden el control; es decir, el sistema penitenciario pasó a ser un activo criminal, en el sentido de que deja mucho dinero”, advierte el experto, quien reconoce que la definición de autogobierno y cogobierno están categorizadas dentro de la normatividad y reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El investigador estima que los autogobiernos son totalmente una mentira, en el sentido que la autoridad nunca pierde el control sobre una prisión. “Evidentemente tenemos esa idea. El planteamiento de la autoridad es la siguiente: un día, un grupo de personas decidió conformar un grupo de poder ilegal, y después, entrando en las cárceles, como había muchísimas personas como ellos, que son criminales, decidieron establecer ahí un poder donde doblaban a la autoridad, y empezaron a operar a partir de ahí el crimen. Es algo totalmente ilógico, en esos lugares tan cerrados siempre hay alguien que sabe, siempre hay alguien que ve y alguien que está dispuesto a decirte”, refirió.
“Entonces, la autoridad completamente lo sabe, y tan es así que es partícipe de ese engaño, porque han armado y tiene que ver también con una lógica, desde los jueces que muchas veces determinan enviar a determinado tipo de personas a determinada prisión, y he visto que mandan desde una persona que está encargada de la cárcel y que es un comandante, de un poder totalmente irregular o paramilitar, macabro, se derivan los que cobran, los operadores financieros, los que matan, los que están dentro de las propias prisiones. Ese poder factico está apoyado por el poder legal para que operen”, estableció el maestro Zúñiga.
En su opinión, varios factores alteran el estado del sistema penitenciario mexicano: “Es más, hasta hay prisiones que se encuentran reforzadas por dentro. ¿Qué guardan al interior? No lo sé, tienen un activo muy valioso ahí, que las autoridades legalmente constituidas forman un círculo de poder o de retención al exterior y las fuerzas irregulares al interior protegen un bien. Ahora es al contrario, se protegen de los ataques de los de afuera para resguardar a las personas de adentro, no al contrario, de que tengan que salir los que están dentro para cometer crímenes, sino que tienen que resguardar un baluarte que está ahí adentro de la misma prisión. Entonces, los autogobiernos para mí son una mentira, como dicen, un sofisma, una falacia”
NEGOCIO DE LAS CÁRCELES
Tras doce años de investigación en campo dialogando con personas privadas de la libertad y observando lo que ocurre en el espectro carcelario, Enrique Zúñiga no duda en decir que “el muro de mentiras y de ignominia que gira alrededor de la industria penitenciaria es un mercado totalmente capitalizable, donde las personas, afuera, son vistas como un desecho, pero adquieren una alta plusvalía en el interior. Vale más una persona privada de la libertad en la cárcel, evidentemente que afuera. Afuera no son nadie y adentro tienen un estatus, tienen un nombre”.
Y prosiguió:
“Hay dos tipos de privatizaciones: la privatización legal, y la privatización de facto. La de facto es la que existe en todas las prisiones donde hay cobros y la autoridad está totalmente ahí metida. Tiene metidas las manos porque no son actos de corrupción esporádicos, donde digan ‘es que me dio 5 pesos o 10 pesos para que yo pasara determinado tipo de productos’, sino que existe lista de precios para que entren productos para la visita, para la comida, para operar celulares, etcétera”.
Es triste ver cómo la figura de la prisión sigue siendo una prioridad para el control social. El ahora escritor enfatizó: “Las personas privadas de la libertad se convierten en carne de cañón de esos grupos de poder y tienen que ‘jalar’, vamos. Si no pueden pagar, tienen que jalar con el grupo de poder que está ahí, pero también muchos encuentran una identidad en este grupo, por eso salen graduados en pedagogías de la crueldad, porque ahí practican todo tipo de crueldades, como en Topo Chico, donde les daban Viagra a los violadores para que abusaran de las personas que tenían información. A los hombres y mujeres”.
Lo mismo ha pasado en otro tipo de prisiones, y son poblaciones que de ser victimarios pasan a ser víctimas, “donde evidentemente el Estado desatiende esa cuestión que tiene que ver con el resguardo de las personas y la protección de sus derechos humanos. Se vuelven también victimarios de un sistema que en teoría tendría que estar regido por la norma y por respeto a las garantías y a los derechos humanos”.
Pero no es la misma dinámica en todos los lugares. “Por ejemplo, en algún momento cuando gobernaban Los Zetas las prisiones, tenían líderes muy crueles. Se llevaban a cabo actos con una crueldad extrema, como por ejemplo, en Piedras Negras, que tenían hasta un campo de exterminio. Ahí lo único encontrado que se le asemeja es un campo de concentración, donde metían a las personas ahí, las tenían encerradas, las torturaban, las mataban y las hacían polvo. Las pozoleaban. Los Zetas actuaban de esa manera, las cárceles las derruían, quitaban los tubos, tiraban los alambrados, las oficinas, quemaban… eran totalmente centros derruidos y llenos de fauna nociva”, describió el profesionista egresado del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
“Si te vas hacia otras cárceles, donde gobernaba el Cártel de Sinaloa, encontrabas a lo mejor un mayor orden, con grupos de poder que controlan ahí, totalmente diferentes, con más permisibilidad para las autoridades. Permiten más juego con la autoridad. Ahora, la instalación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que vemos esa dinámica en las cárceles de Jalisco, que son de las más limpias del país, a pesar que tienen una sobrepoblación y hacinamiento grandísimo, son limpias.
“El CJNG tiene un sello particular: no permite la mendicidad, o sea, que pidan dinero, no permite la suciedad y la gente tiene que estar limpia y bañada, las estancias perfectamente recogidas. A pesar de que sean muchísimas PPL, vas a los centros donde gobierna CJNG y te queda claro su forma de operar, su sello característico”, finalizó el entrevistado.
