Un hombre de 49 años de edad y con doble nacionalidad (mexicana-estadounidense), identificado como Julio Santamaría, se declaró culpable, el 7 de febrero de 2023, ante el tribunal federal de San Diego, California, al admitir que utilizó y vendió programas espía a diversos gobiernos, en México y Estados Unidos, para vigilar a rivales políticos y empresariales.
Aunque no se especificó el cargo que Santamaría ocupaba cuando trabajaba en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el acusado admitió que había participado como intermediario para la empresa Elite by Carga, la cual le vendió “programas espía” a los gobiernos de Baja California y Durango, ello a pesar de que el “equipo vendido a sus clientes mexicanos podría y probablemente sería utilizado con fines políticos”.
El semanario ZETA de Tijuana ha documentado que la compra-venta de dichos programas informáticos de espionaje, se realizó durante la Administración de Francisco Arturo “Kiko” Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2019, militante del Partido Acción Nacional (PAN).
Según un informe de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de California, Santamaría dejó de laborar en la PGR y comenzó a trabajar en enero de 2016 para un consorcio de compañías mexicanas y estadounidenses, en el que estaba incluida la citada empresa Elite by Carga.
Durante la audiencia en la que admitió su culpabilidad, Santamaría reveló que sus clientes en gobiernos mexicanos pretendían utilizar “equipo de intercepción” con fines políticos, en lugar de usarlos “con fines legítimos apegados a la ley”.
Pese a que no se mencionó directamente a los funcionarios implicados en el aparente caso de espionaje, durante el juicio, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó que “hubo arreglos para que un alcalde mexicano obtuviera acceso no autorizado a las cuentas de iCloud, Twitter y Hotmail de un rival político”.
Sumado a esto, las investigaciones del caso 23cr0185JLS, detallaron que el consorcio vendía softwares de inteligencia e intervención de comunicaciones -normalmente destinados a agencias de seguridad- a “ciudadanos particulares y políticos mexicanos que pretendían utilizar los servicios con fines privados y políticos”.
Sin embargo, los fiscales del Distrito Sur californiano, no especificaron el papel de Santamaría en la PGR, ni dijeron si había utilizado su antiguo empleo a su favor, mientras vendía el software espía para Elite by Carga, ni cómo lo había hecho.
La pena máxima en los Ángeles, California, para el delito de conspiración es de cinco años en prisión y una multa de 250 mil dólares. Sin embargo, según información proporcionada por el diario local The San Diego Union Tribune, Santamaría consiguió llegar a un acuerdo de culpabilidad.
A cambio de su declaración, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California aceptó no acusarlo de conspiración para cometer fraude informático, ni procesarlo por una venta de medio kilo de metanfetamina, concretada en 2015.
En su comparecencia, Santamaría aceptó haber trabajado con Carlos Alberto Guerrero Villanueva, dueño de la empresa Elite by Carga, y con el director de tecnología de dicha compañía, identificado como Daniel Moreno. Ambos se declararon culpables de un cargo de conspiración en 2022 y fueron sentenciados a tres años de libertad condicional.
Entre las actividades que el acusado confesó haber llevado a cabo, estuvo el pago a Daniel Moreno para “hackear” un celular en Estados Unidos en 2017 y dos cuentas de correo electrónico de empresas del mismo país en 2018.
Sumado a ello, ayudó a los dos sujetos referidos a vender herramientas de vigilancia como inhibidores de señal y dispositivos que interceptan señales Wi-Fi y llamadas telefónicas, los cuales también son capaces de “piratear mensajes de WhatsApp”.
“La declaración de culpabilidad de hoy ayuda a detener la proliferación de herramientas digitales utilizadas para la represión y promueve la seguridad digital de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos […] Esta oficina se compromete a interrumpir las actividades cibernéticas maliciosas y mitigar la vigilancia ilegal”, dijo, citado en un comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU., el fiscal federal Randy Grossman, quien también agradeció al equipo de la Fiscalía california, y a los agentes federales “por su arduo trabajo en el caso”.
“La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que el ciberespacio no es un refugio de la justicia estadounidense y, como se vio en este caso, quienes violen los derechos de privacidad serán responsables […] HSI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley siguen comprometidos a proteger al público estadounidense de personas que intentan interceptar ilegalmente comunicaciones privadas para obtener ganancias ilícitas”, dijo el agente especial a cargo, Chad Plantz, del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), en San Diego.
“Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, con la asistencia proporcionada por la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia”, indicó el Gobierno estadounidense, en el mismo comunicado.
En febrero de 2022, se conoció que la Fiscalía del Distrito Sur de California alegaba que Guerrero Villanueva, residente de San Diego y Tijuana, Baja California, conspiró para vender y usar herramientas de espionaje fabricadas por compañías de Italia, Israel y otros países. Sus principales clientes eran políticos mexicanos interesados en seguir los pasos de sus opositores y empresarios que querían vigilar de cerca a sus competidores.
Este mexicano compareció en una corte federal de San Diego y quedó libre tras el pago de una fianza. La jueza Janis Sammartino le permitió residir en México, mientras esperaba su audiencia condenatoria, de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad condicional y una multa de 250 mil dólares.
Su nombre y su compañía Elite by Carga, con sede en Tijuana, aparecieron en correos electrónicos subidos a la plataforma WikiLeaks en 2015. En estos se indicó que era intermediario de Hacking Team, una empresa italiana dedicada a la comercialización de sofisticados sistemas de espionaje que, por una cuota de varios millones de pesos, tenía una cuenta activa con el gobierno de Baja California, cuyo titular era el gobernador Vega de Lamadrid.
Una investigación del semanario ZETA de Tijuana señalaba que en aquella época un funcionario de alto perfil en Baja California decía poseer un programa que le permitía espiar a otros miembros del gabinete estatal. “Alardeaba que tenía a todos los funcionarios bien agarrados: que sabía todo lo que hacían, con quién salían, si tenían novias, si hacían negocios, con quién se mensajeaban y con quién hablaban”, dijo una fuente anónima al mismo medio.
Elite by Carga es proveedora de equipo táctico a dependencias policiales y forma parte de un consorcio llamado Grupo Armor, que vende blindaje de vehículos, tanquetas y aeronaves. El Gobierno de Vega de Lamadrid le habría pagado más de cuatro millones de pesos mexicanos (alrededor de 200 mil dólares estadounidenses, al tipo de cambio de ese momento), por dos camionetas blindadas que usaron el gobernador y su familia.
La acusación que pesaba contra Guerrero Villanueva en California alegaba que en 2014 y 2015 trabajó con una empresa italiana, identificada por los fiscales como ‘Compañía A’, que vendía dispositivos de espionaje y herramientas de geolocalización. La relación comercial inició el 7 de agosto de 2014, cuando él y su empleado Daniel Moreno se reunieron con representantes de dicha compañía italiana en San Diego.
En ese encuentro les describieron que sus aparatos, creados en Italia, permitían a los usuarios “hackear la red inalámbrica de objetivos” para interceptar sus comunicaciones y geolocalización. Ese día, Elite by Carga se convirtió en representante de ventas de la ‘Compañía A’ en México, a cambio de una jugosa comisión. Sus primeros clientes fueron los gobiernos de Baja California y Durango, según la Fiscalía Federal californiana.
A través de relaciones con otros proveedores internacionales, Elite by Carga negoció la venta de dispositivos de espionaje fabricados por compañías israelíes y de otros países. En 2016 y 2017 comercializó bloqueadores de señal, herramientas de interceptación de Wi-Fi, receptores, geo-localizadores, así como sistemas para escuchas telefónicas y que permitían leer mensajes de WhatsApp. La tarifa por esos servicios era de 25 mil dólares mensuales.
Uno de los interesados en esos programas fue un alcalde del estado de Morelos, cuyo nombre no se menciona en la acusación, que tuvo acceso no autorizado a las cuentas de Twitter, Hotmail y de iCloud de un rival político, según afirmó el Departamento de Justicia de EE.UU.
“La declaración de culpabilidad de hoy ayuda a detener la proliferación de herramientas digitales utilizadas para la represión y promueve la seguridad digital de los ciudadanos estadounidenses y mexicanos”, dijo el fiscal federal Randy Grossman, en un comunicado de ese entonces.
Por su parte, Chad Plantz, agente a cargo de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego, señaló que el proceso criminal de Guerrero Villanueva envía un mensaje claro de que no se tolerar+oa la violación a los derechos de privacidad y que quienes lo haicieran serán llamados ante la justicia.
“El mundo en el que vivimos está cada vez más interconectado por tecnología destinada a mejorar nuestras vidas, pero como se ve en este caso, esta misma tecnología puede ser adquirida por malos actores con intenciones dañinas”, insistió Plantz.
En su declaración de culpabilidad, Guerrero Villanueva aceptó que esos sistemas también fueron usados con fines comerciales. En un caso, uno o más empleados de Elite by Carga acordaron en febrero de 2017 hackear el teléfono y el correo electrónico de un representante de ventas de una empresa mexicana con sede en Florida, a cambio de un pago aproximado de 25 mil dólares.
El propio Guerrero Villanueva usó el equipo para interceptar en diciembre de 2015 las llamadas telefónicas de un competidor comercial estadounidense mientras este se encontraba en México y en el sur de California, según su propio testimonio.
Uno de los acuerdos del acusado con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, es que Guerrero Villanueva aceptó entregar al Gobierno de EE.UU. los 25 mil dólares que recibió como pago en febrero de 2017 y renunciaba a su derecho de apelar a su sentencia.
