En el estacionamiento subterráneo de un centro comercial, en las inmediaciones de un casino, al frente de una taquería, en una plaza comercial, a las afueras de una radiodifusora. En pleno corazón de la Primera Etapa del Río Tijuana, o en la colonia Francisco Villa, en Playas, en El Pípila, ya no hay lugar seguro. Para nadie.
El inicio de 2023 trajo algunos cambios, un nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Estado, el compromiso de alcaldesas, un nuevo Comandante de la II Zona Militar, pero ninguno ha logrado incidir en la baja de los índices de seguridad en Tijuana o en Baja California.
En estas páginas se da cuenta de cómo, con todo y que le pese a las autoridades municipales y estatales, BC es el tercer Estado donde más carros se roban en el país. También, de las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación hacia un grupo, su cantante principal y balazos y narcomantas como muestra del repudio criminal. Además, el control que en los centros penitenciarios estatales tienen las pandillas de reos, y lo último, el asesinato de un abogado en una céntrica taquería.
Los hechos de inseguridad y violencia no han disminuido ni en Tijuana, ni en el resto de la entidad. Por ejemplo, en Ensenada los ataques en Valle de Guadalupe son cada vez más constantes. No ha habido estrategia integral, al menos no dada a conocer públicamente por la gobernadora -para efectos prácticos, líder en la Mesa de Seguridad del Estado- para contener los crecientes índices de violencia.
En 47 días que han transcurrido del año, se contabilizan 248 asesinatos violentos, de esos enmarcados en las actividades ilícitas del narcotráfico y el crimen organizado, prácticamente seis ejecutados por día. Sin embargo, estas alarmantes cifras con las que entra el año, no han sido objeto suficiente para instar a una coordinación real más allá de sentarse en la Mesa de Seguridad para la fotografía.
Poco se sabe del nuevo secretario de Seguridad, General Leopoldo Aguilar Durán, quien llegó a sustituir al General Gilberto Landeros los primeros días de enero. La justificación de los departamentos aledaños a la oficina de la gobernadora cuando se pregunta por la agenda del secretario o se solicita una entrevista, es que se encuentra “ocupado” elaborando el plan de seguridad, que una vez que lo tenga afinado, podrá presentarlo y entonces responder preguntas para informar a la ciudadanía. Pero ya ha pasado mes y medio desde que tomó posesión y nada.
Los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado se reducen cuando no se tiene una estrategia de coordinación entre quien previene, investiga, patrulla, persigue, protege y procesa, para hacer justicia ante los ilícitos ya cometidos y evitar que otros se lleven a cabo.
Es tal la impunidad que se respira en el aire bajacaliforniano, que los criminales atacaron esta semana una radiodifusora, dejando impactos de bala en el edificio y una corona fúnebre. Amenazando impunemente por la realización de una actividad económicamente productiva. Además, cuelgan mantas amenazantes a su soberano antojo para amedrentar a empresarios, policías y su criminal competencia. No hay quién los detenga. La labor de la Policía se reduce a eliminar los mensajes antes de ser vistos por la sociedad.
Atacar en una plaza comercial ante la firma de autógrafos de un grupo que no es del agrado de un cártel, pero sí de otro, es un acto de soberbia criminal que sólo es posible en un clima de impunidad. Aun cuando según los investigadores que entrevistaron a uno de los detenidos, “les ordenaron un ataque directo y no contra los civiles ahí presentes”, no pueden confiar la estrategia de seguridad y la protección de la ciudadanía en los dichos de un presunto atacante, que más parecen una campaña a favor de los criminales, como si tuviesen palabra y compromiso social, que una buena noticia.
El taquero que quedó estupefacto cuando mataron frente a sus ojos a un comensal e hirieron a una mujer, corrió con la suerte de no ser atacado ante la huida de los criminales una vez que habían concretado su objetivo de matar. O los automovilistas o ciudadanos que transitaban en esos momentos por la zona y fueron testigos del crimen, de la huida de los asesinos, que vieron su seguridad amenazada y su integridad vulnerada.
Los criminales que pertenecen a distintos cárteles, en su mayoría a Jalisco Nueva Generación, al de Sinaloa, al Arellano Félix, ya no respetan ni zona, ni horario, ni sector. Matan, amedrentan, atacan y sorprenden en cualquier zona de la ciudad y a cualquier hora. Lo mismo asesinan a plena luz del día, que en la penumbra de la oscuridad arrojan cuerpos en calles, parques y avenidas.
Dueños de la calle, estos criminales han arrebatado el camino a los ciudadanos, ante una Guardia Nacional que -se supone- patrulla las calles para proveer seguridad, pero frecuentemente es burlada en el intento. Por más elementos que envíen desde el centro del país, si no cuentan con una estrategia en seguridad, más allá de dar vueltas por las calles de la ciudad, no podrán contener los crímenes y, por lo tanto, la inseguridad seguirá como en estos 47 primeros días del año, al alza, en todas partes y cualquier hora.
Urge que el Gobierno del Estado de Baja California presente el plan de seguridad de su secretario y la coordinación de Marina del Pilar Ávila Olmeda con los órdenes federal y municipales de la entidad para disminuir la inseguridad, y con ello, el riesgo de la población a convertirse en víctima colateral.
