La población en situación de pobreza extrema en México, aumentó en 2.1 millones de personas del 2018 al 2020, al pasar de 7 por ciento (8.7 millones de personas) en el primer año, a 8.5 por ciento (10.8 millones de personas) en el segundo, según datos contenidos en el ‘Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022’, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El órgano constitucional autónomo, cuyo secretario ejecutivo es José Nabor Cruz Marcelo, indicó, además, que a nivel nacional, el porcentaje de personas en situación de pobreza creció entre 2018 y 2020, al pasar de 41.9 a 43.9 por ciento, sumándose a dicha condición un total de 3.8 millones de ciudadanos.
Asimismo, el CONEVAL detalló que durante 2018, un total de 51.9 millones de personas vivían en pobreza y para 2020 la cifra subió a 55.7 millones de personas. E indicó que Chiapas, Guerrero y Puebla registraron 75.5 por ciento, 66.5 y 62.4 por ciento de su población.
También indicó que desde 2008, la carencia por acceso a la seguridad social ha sido la más frecuente entre la población mexicana, ya que una mayor proporción de la población la padece. Sin embargo, disminuyó ligeramente entre 2018 y 2020, al pasar de 53.5 a 52 por ciento.
Pero la carencia por acceso a los servicios de salud aumentó en el mismo lapso, al registrar a 16.2 por ciento de la población en 2018 y 28.2 por ciento en 2020. Mientras que el rezago educativo también creció de 19 por ciento en 2018 a 19.2 por ciento en 2020.
Pese a que los programas sociales, prioritarios para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador registran ineficacias, sin esas transferencias, la población en situación de pobreza habría aumentado en mayor proporción durante 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, según afirmó el secretario general de la CONEVAL, durante la presentación del informe.
No obstante, en su informe el CONEVAL enfatizó que no identificó un aumento significativo de personas que reportaron ser beneficiarias de algún programa federal de desarrollo social, que en 2018 era del 29.9 por ciento y en 2020, del 30.3 por ciento.
El órgano constitucional autónomo señaló que por la falta de focalización de los programas sociales, entre 2018 y 2020 el porcentaje de personas más pobres -el Decil I- que reciben ayudas de programas sociales bajó de 20.9 por ciento a 13.3 por ciento, mientras que el reparto creció entre los más ricos -Decil X-, aumentó de 1.7 por ciento al 5.7 por ciento.
“Esto se puede deber a distintos factores; por ejemplo, podría ser consistente con el cambio de orientación de la política social, que se caracterizó por la sustitución de programas focalizados en población en condición de pobreza por programas prioritarios con enfoque de acceso universal”, explicó el CONEVAL.
Por otra parte, el órgano constitucional autónomo señaló que durante 2019, el porcentaje de pobreza laboral se mantuvo en torno a 39 por ciento e incluso disminuyó hasta 36.6 por ciento para el primer trimestre de 2020. Después se produjo la mayor alza en el tercer trimestre de 2020, cuando alcanzó 46 por ciento, y luego una leve recuperación comenzó a registrarse apenas a inicios de 2022, que inició con un 38.8 por ciento. Sin embargo, en el tercer trimestre del año pasado volvió a aumentar y alcanzó el 40.1 por ciento.
Aunado a ello, según el informe del CONEVAL, los niveles de pobreza laboral en el tercer trimestre de 2022 reflejaron una brecha de 17.2 puntos porcentuales entre la población del ámbito urbano (36 por ciento) y la del ámbito rural (53.2 por ciento).
Respecto de las personas ocupadas formales e informales, el órgano constitucional autónomo indicó que a inicios de 2022 la brecha entre ambas había comenzado a descender, al llegar a 19.9 puntos porcentuales tras haber sido de 22.6 en 2019, pero para el tercer trimestre de 2022 el porcentaje de personas en situación de informalidad se incrementó a 21.8 por ciento, por lo que la brecha volvió a subir a 21 puntos porcentuales.
Por otro lado, el informe destaca los aumentos en el salario mínimo en los últimos años. Mientras que entre 2015 y 2018 estos incrementos variaron entre 2 y 4.4 por ciento, a partir de 2019 se mantuvieron constantes, con variaciones que superaron el 17 por ciento durante ese mismo año. En términos absolutos, esto significó que, de 2018 a enero de 2022, el salario mínimo pasó de 105.4 a 152.4 pesos.
Según el CONEVAL eso era un acierto de política pública para el ingreso de las personas trabajadoras; sin embargo, su alza fue modesta en relación con la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo. “Además, se deberán valorar a la luz de las altas tasas de inflación que se han reportado en el último año”, especificó el documento.
El informe también subrayó que, respecto del ingreso de las y los trabajadores, “es importante mantener la política orientada a la recuperación de los salarios mínimos y elaborar una estrategia para evitar que la aceleración de la inflación vuelva a generar pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos”. Del mismo modo, implementar medidas que reduzcan las diferencias salariales entre mujeres y hombres, para que ellas no tengan que dejar el mercado laboral.
Asimismo, el CONEVAL destacó la importancia de considerar que para las mujeres “el costo de oportunidad de mantenerse fuera del mercado laboral para prestar servicios de cuidado no remunerados en la familia es menor que para un hombre”. Añadió que la pandemia de la COVID-19 impactó en la distribución del trabajo no remunerado.
“De manera específica se identificó un aumento drástico en la carga de tareas domésticas y de cuidados no remunerados en las mujeres, resultado de las medidas de distanciamiento social, el cierre de las escuelas y los sistemas sanitarios saturados que implicaron que las mujeres cubrieran el acompañamiento educativo de las y los niños, el cuidado de personas enfermas o de avanzada edad”, insistió el informe.
El CONEVAL también detalló que en México, durante 2020, las mujeres destinaban en promedio 21.7 horas semanales a los quehaceres domésticos y 27 al cuidado de otras personas, es decir, 48.7 horas semanales al trabajo de cuidados no remunerado, lo que equivalía a una brecha de 12.9 y 11.5 horas, respectivamente, al tiempo que dedicaban los hombres a dichas actividades.
“Esto se agudizó con la presencia de toda la familia en el hogar y la necesidad de adoptar las medidas de prevención en salud como resultado de la emergencia sanitaria […] Desde hace tiempo se reconoce el trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres como impulsor de desigualdades, especialmente en lo relativo al salario e ingresos más bajos”, señaló el informe.
