Damnificados de Lomas del Rubí, donde decenas de casas se desplomaron en 2018 a raíz de una serie de deslizamientos, acusaron que el gobierno del estado no los ha apoyado con la emisión de un diagnóstico en el que se establezca el origen de la catástrofe.
Advirtieron que el dictamen es necesario, pues otras viviendas corren riesgo de venirse abajo con la presencia de grietas en una vialidad; además de que serviría para proceder jurídicamente contra quien resulte responsable.
“Aún tenemos 120 familias alrededor de una zona de riesgo sin opciones de solución donde se le ha solicitado un estudio especializado (al gobierno del estado) para en este caso dar opciones de salvaguardar y rescatar la zona y sobre todo (como) un elemento de prueba para fincar una responsabilidad a quien provocó esto y sobre todo a quienes omitieron hacer su trabajo en el 2018”, mencionó Mariana Morales, presidente del Comité de Lomas del Rubí.
En un acto celebrado este jueves 2 de febrero, a cinco años de que sobrevinieron los deslizamientos, Morales afirmó que la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se comprometió en campaña a atender la problemática.
“Tuvimos varios acercamientos y mesas de trabajo donde se les ha manifestado la situación del lugar, que sigue en riesgo, que sigue afectando y que va a afectar a más familias, tanto a las que perdieron su patrimonio como a las que siguen viviendo en la zona de riesgo y hasta ahorita no han hecho el pago para que se pueda hacer ese estudio para evitar más tragedias”, refirió a ZETA la presidente del Comité.
Refrendó que el diagnóstico podría ser de utilidad para proceder contra Grupo Melo, empresa a la que se le ha señalado como responsable de los derrumbes, por un corte de talud al que procedió para desarrollar un fraccionamiento en las inmediaciones de Lomas del Rubí.
En una atención a medios auspiciada por los afectados, el abogado Antonio Albuerne Gómez asentó que “el estado da licencias de construcción”, con el pormenor de que igualmente “tiene la obligación de observancia y vigilancia de que se esté cumpliendo con esas construcciones”.
Detalló que “si se va a cortar el talud un representante del gobierno debe de estar para que estos cortes se hagan de acuerdo a las normas establecidas y que no haya riesgos a las familias”.
Reveló que en su momento “se solicitó a todas las autoridades del gobierno” emitir “constancias en copia certificada de que sí han realizado algo a favor de las víctimas de Lomas del Rubí” y que “como no contestaron dentro del plazo del ley” se procedió con “un juicio de amparo, el 400-2022, que se encuentra radicado en el juzgado décimo de distrito del estado de Baja California”.
Del consabido dictamen el portavoz del Comité de Lomas del Rubí Ricardo Montiel recalcó que el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez, “hace cuatro meses” ofreció otorgarlo a los solicitantes y “no ha dado una respuesta”.
Por otro lado señaló que en cinco años no se ha visto disposición para proceder contra Grupo Melo. “Pura simulación. Con el dictamen en mano seguramente las cosas cambiarán. Es lo que estamos haciendo, el dictamen. Solamente exigimos justicia”, afirmó en entrevista con ZETA.
Ignacio Carlos Huerta, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana, recordó que el 2 de febrero de 2018 se vinieron abajo 89 casas y que en razón de que no se ha ubicado “el plano de la falla” casi 200 viviendas han corrido con la misma suerte.
Mencionó que en un primer momento el problema se concentró en la calle Liberal Patria y que actualmente la calle Libertad de Expresión presenta grietas.
“No se tienen los estudios adecuados en los cuales requerimos, dentro de los principios de la geología el tener el plano de falla perfectamente ubicado, la prueba está en lo que le digo, esto sigue subiendo y obviamente se van a seguir cayendo viviendas y no es posible que no asuman su compromiso los órdenes estatal, federal y municipal”, advirtió en declaraciones a este medio.
Personas que participaron en el evento dieron cuenta de que 120 viviendas están en riesgo de colapsar.
