El Poder Judicial del Estado de Chihuahua absolvió, el 22 de febrero de 2023, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el delito de peculado agravado, por lo cual ordenó su libertad y retirarle cualquier medida cautelar en su contra.
La vocería del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) chihuahuense confirmó que Adalberto Vences Vaca, juez del Tribunal de Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial Morelos, con sede en la capital de Chihuahua, cumplimentó la sentencia de exoneración que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17 Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
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Por su parte, María Eugenia Campos Galván, más conocida como Maru Campos, gobernadora de Chihuahua desde el 8 de septiembre de 2021 y militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue cuestionada respecto a la exoneración a Gutiérrez Gutiérrez. “No tengo conocimiento, pero pues fue un Tribunal Superior, no nosotros”, declaró a representantes de medios de comunicación.
En mayo de 2019, un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció a 3 años de prisión al ex secretario general adjunto del CEN del PRI, tras haberlo hallado culpable del delito de peculado de 1.7 millones de pesos en perjuicio de Chihuahua, durante la Administración de César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016.
En dicha ocasión, a Gutiérrez Gutiérrez se le otorgó una condena condicional -misma que cumplía con un dispositivo electrónico que le colocaron en una pierna-, además de que se le compurgaron 8 meses y 25 días que había permanecido encarcelado.
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Asimismo, fue absuelto de la reparación del daño, debido a que devolvió el dinero a la Secretaría de Hacienda estatal. Aunado a ello, se le impuso una multa de 35 mil 150 pesos. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se inconformó por la sentencia, al considerarla menor.
En noviembre de 2020, un Tribunal de Apelación del Poder Judicial del Estado confirmó el peculado agravado en el fuero común y estableció una sentencia contra Gutiérrez Gutierrez, de seis años de prisión, además de que revocó la sentencia anterior, aunque interpuso recursos para evitar la nueva pena.
El 28 de septiembre de 2018, el ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional PRI, acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario público federal, salió del Centro de Readaptación Social (CERESO), No. 1 de Aquiles Serdán -donde se encontraba preso desde hacía 9 meses-, según le confirmó el entonces fiscal general de aquella entidad, César Augusto Peniche Espejel, al diario Reforma.
El también ex senador por Coahuila -quien abandonó el penal estatal en compañía de sus abogados- quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo, además de que tendría que portar un brazalete electrónico en una pierna y no podría abandonar el estado de Chihuahua.
“Es la confirmación de que la justicia federal es selectiva y favorece al poder político. Es una página más en la historia de la corrupción política, que tiene al país sumido en la violencia y la desigualdad”, consideró Peniche Espejel.
Un día antes, el 27 de septiembre de 2018, la magistrada federal Isabel Porras Odriozola, desechó la apelación con la cual el Gobierno de Chihuahua pretendía revertir la absolución de Gutiérrez Gutirrez, por el desvío de 250 millones de pesos al PRI, tras el retiro de la imputación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
La magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, desechó la apelación 275/2018 promovida por la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, por considerarla notoriamente improcedente. A través de un comunicado, la defensa del político priista confirmó que Porras Odriozola estimó que la autoridad chihuahuense no tenía el carácter de parte en el proceso y, por tanto, no estaba legitimada para promover dicha impugnación.
“Esta resolución confirma que cualquier recurso o chicana legal interpuesta por el Gobierno de Chihuahua no prosperará, por lo que una vez exonerado deben ponerlo en inmediata libertad […] Esto significa que el Poder Judicial de la Federación confirmó una vez más que no hubo elementos suficientes para acreditar la supuesta culpabilidad de Alejandro Gutiérrez”, afirmó el abogado Antonio Collado Mocelo.
El 31 de agosto de 2018, el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia exoneró a Gutiérrez Gutiérrez, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, que se localiza en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de la Ciudad de México.
La PGR presentó una solicitud de sobreseimiento de la acusación, al considerar que no existían elementos de prueba suficientes para sostener la imputación, sustentada únicamente en declaraciones de testigos protegidos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
El ex secretario general adjunto del CEN del PRI, no salió del Cereso, No. 1 de Aquiles Serdán para acudir a la diligencia que se llevó a cabo en los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la ciudad de Chihuahua.
“En ese caso, considero que procede este sobreseimiento […] pues si la Fiscalía no tiene la intención de continuar con la investigación, yo no tengo las facultades para obligarla a que la lleve a cabo”, señaló el juez federal, durante la audiencia transmitida vía videoconferencia hasta la sede chihuahuense, en la sala número 1, donde se encontraba la defensa del imputado.
“La Fiscalía [Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mismo que atrajo el pasado 19 de enero la investigación] está plasmando en esta audiencia que no tiene la pretensión ni el interés para sostener una acusación y sustentarla en el juicio. Además, en esta audiencia no hay debate porque la defensa no se opone a la Fiscalía [Fepade]”, abundó el juez federal.
Después, en una conferencia de prensa, el entonces gobernador Javier Corral Jurado, afirmó que en caso de que se concretara la intención del Gobierno Federal de exonerar a Gutiérrez Gutiérrez, su Administración acudiría a instancias internacionales.
Ello “para denunciar las evidentes irregularidades y la manipulación descarada de la PGR y sus operadores, empezando por su encargado [Alberto Elías Beltrán] para dejar impune este caso tan importante en la historia del combate a la corrupción en nuestro país”.
“Al acudir a las instancias internacionales buscaremos que conozcan a detalle el curso de este caso y que conozcan y estudien cada una de las irregularidades que ha protagonizado el gobierno federal para tratar de exponer a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez”, indicó Corral Jurado.
El mandatario estatal añadió que en caso de que se declarara procedente la petición de la PGR se presentarían “las demandas de amparo que resulten procedentes y sin duda presentaremos las demandas penales en contra de funcionarios públicos del nivel que sean por llevar a cabo esa maniobra a todas luces ilegal, toda vez que a la luz de las pruebas que se encuentran en la carpeta son sólidas y suficientes”.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del 2017, acusado por dos casos de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), hacia la Administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de supuestas empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso era porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente del CEN priista -de 20 de agosto de 2015 al 20 de junio de 2016-, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
El gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que llevaba a cabo respecto a probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El entonces gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quería aprehender a Duarte Jáquez, pero si detenía los recursos para dicha entidad, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se estaba utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político”, contra los mandatarios estatales que investigaban hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el 4 de enero de 2018 sostuvo una reunión con el entonces titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le correspondían a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado, en ese momento.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2018, se destrabó de forma momentánea el conflicto político, cuando Corral Jurado, y el entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alfonso Navarrete Prida, otorgaron una conferencia conjunta, en la que informaron que suscribieron “una serie de acuerdos honorables”.
