Un juez de Control ordenó prisión preventiva en contra de Inés Gómez Mont Arena, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una supuesta defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017. Con esta suman cuatro órdenes de aprehensión giradas en contra de la presentadora de televisión. Las otras tres, fueron por el delito de defraudación fiscal.
Según el diario Reforma, que informó del hecho, el 26 de enero de 2023, la indagatoria inició con una denuncia del Servicio de Investigación Tributaria (SAT), por una supuesta defraudación fiscal por parte de la conductora de televisión, de 13.5 millones de pesos, por concepto de ISR en 2016. Sin embargo, Gómez Mont Arena y la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) pactaron un acuerdo reparatorio, con el que cubrió la totalidad del daño al fisco en dos pagos.
Uno, por 10.9 millones de pesos, lo realizó el 30 de noviembre de 2018; y otro, por 2.6 millones de pesos, el 7 de junio de 2019. Con ello, quedó saldado el presunto fraude fiscal de Gómez Mont Arena. Sin embargo, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) desconoció el acuerdo, ya que la Procuraduría Fiscal de la Federación reclamó que era ella, y no el SAT, la que tenía la atribución para negociar cualquier reparación del daño.
Además, la FGR convirtió este asunto de fraude al fisco en un caso de lavado de dinero, porque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también presentó una querella por las mismas operaciones bancarias. De dicho expediente derivó la orden de captura en contra de Gómez Mont Arenas y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
“En la portada de REFORMA de este jueves 26 de enero de 2023, así como en la página dos de la Sección Nacional, y en las plataformas digitales, se publicó erróneamente que un juez de control ordenó prisión preventiva contra Inés Gómez Mont. Lo ocurrido fue que se liberó una orden de aprehensión contra la comunicadora por el delito de defraudación fiscal la cual no era de conocimiento público. Ofrecemos una disculpa a los implicados y a nuestros lectores por este lamentable error”, dijo luego el citado rotativo, en una fe de erratas, publicada el 27 de enero de 2023.
Asimismo, Gómez Mont Arena afirmó, a través de un comunicado, emitido el 26 de enero de 2023, que era falso que un juez de Control ordenó prisión preventiva en su contra, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por una supuesta defraudación fiscal de 3.6 millones de pesos, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2017, como lo informó, el mismo día, el diario Reforma.
“Deseo comunicarles que es completamente falso que se haya dictado o solicitado prisión preventiva en mi contra, como incorrectamente afirma hoy la portada de @Reforma. Se trata de un encabezado falaz sin sustento alguno. Además, ninguna de las órdenes de arresto a que hacen referencia es nueva. Tienen más de un año y actualmente están siendo debatidas en los tribunales”, indicó la presentadora de televisión.
“En algo tiene razón la nota de @Reforma. Se ha repetido en la opinión pública y redes sociales que me acusan por un supuesto lavado o desvío de 3,000 MDP de un contrato público – lo cual por supuesto niego enfáticamente. Lo dije el primer día, lo reitero y hoy lo confirma @Reforma: La acusación en mi contra no es por 3,000 MDP como maliciosamente se ha dicho, sino por 14 MDP, de la cual obviamente me defiendo en los juzgados”, agregó Gómez Mont Arena.
“Se trata pues de una mentira que se ha repetido una y otra vez hasta volverse verdad. ¡Ya basta! Quiero decirles que el 30 de noviembre de 2018 celebré un Acuerdo Reparatorio de impuestos ante la FGR y pagué 13.5 MDP. No entiendo porque desconocen ese pago. Continuaré presentando mi defensa ante las instancias judiciales a las que expreso mi respeto”, finalizó el comunicado.
FGR OBTIENE ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA INÉS GÓMEZ MONT Y SU ESPOSO
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo, el 20 de enero de 2022, órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por su posible participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los siete señalados habrían participado en diversos contratos con las Oficinas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas.
Los otros presuntos implicados por la Fiscalía General de la República fueron identificados como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, y, Mauricio “R”.
El 19 de octubre del 2021, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), giró una ficha roja para buscar en 194 países a la conductora de televisión, Inés Gómez Mont Arena, y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
Quienes contaban con una orden de aprehensión en México, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto desvío de 2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.
El 29 de septiembre del 2021, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró un total de 10 órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, presuntamente implicadas en el caso contra Gómez Mont Arena y Álvarez Puga.
Las órdenes de captura incluyen a Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; y Emmanuel Castillo Ruiz, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales de dicho organismo dependiente de la SEGOB, cuando el titular de esa dependencia era Miguel Ángel Osorio Chong, del 1 de diciembre de 2012 al 10 de enero de 2018.
La FGR señaló que los implicados -entre los que estaba Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, considerado como el principal prestanombres de Álvarez Puga- desviaron 2 mil 950 millones de pesos a empresas “factureras”, supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que dicho dinero provenía de dos contratos con el OADPRS, mismos que fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia, para diversos penales federales.
Así como para la adquisición de la interconexión de otros tres CEFERESOS. De los ex funcionarios federales que la FGR busca detener por este caso -entre los que también se encontraban José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras-, Uribe Arriaga ya contaba con citatorio para una audiencia por otro caso.
La FGR buscaba imputar el pago a sobreprecio de 62 mil millones de pesos por el otorgamiento de contratos multianuales, durante la titularidad de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, a empresas como ICA, Arendal, PRODEMEX, GIA, TRADECO y HOMEX, para la construcción de un penal privatizado, con capacidad para 20 mil internos.
LOS PROBLEMAS LEGALES DE GÓMEZ MONT Y SU ESPOSO
El 10 de septiembre del 2021 se dio a conocer que Inés Gómez Mont Arena, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron acusados por supuestamente haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por lo que un juez giró una orden de aprehensión en contra de ambos.
Se presumía que Gómez Mont Arena y su esposo se encontraban en Estados Unidos, en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría de ser detenidos. En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) registraron las oficinas del despacho de Álvarez Puga y Asociados.
El SAT señaló que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos y pagos al seguro social.
En 2012, el diario estadounidense The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma. En 2016, la presentadora de televisión fue acusada de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.
De ser encontrada culpable, Gómez Mont Arena, quien tiene 7 hijos, podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión. Sin embargo, ayer martes 28 de septiembre, la conductora de televisión aseguró que las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido casi 3 mil millones de pesos por dos contratos públicos son totalmente falsas, ya que jamás ha tenido esa suma de dinero.
“Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista”, afirmó Gómez Mont Arena a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social Instagram, en el cual indicó, también, que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.
Asimismo, la conductora de televisión dijo que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, además de que afirmó ser inocente, al no haber cometido algún delito. “Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia”, expresó.
Inés Gómez Mont Arena es sobrina de Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), y quien desde el 10 de noviembre del 2008 hasta el 14 de julio del 2010 se desempeñó como el titular de la SEGOB, durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
