El Presidente Andrés Manuel López Obrador está muy pendiente, y ha solicitado en más de una ocasión, que la Fiscalía de Estados Unidos haga pública la información que poseen y que incrimina a Genaro García Luna.
Esta semana en Brooklyn, Nueva York, en la Corte de Distrito se concluirá la selección del Jurado que participará en el juicio que se le lleva a quien fuera secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, detenido el 10 de diciembre de 2019 en Texas, Estados Unidos y presentado ante el Departamento de Justicia de aquel país por tres cargos por conspiración para traficar cocaína y uno más por declaraciones falsas ante autoridades migratorias.
Sin embargo, de López Obrador no se ha escuchado un llamado a que la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza su amigo Alejandro Gertz Manero, dé a conocer las carpetas de investigación que en México se tienen contra García Luna. Es un hecho que existen, dado que el 7 de diciembre de 2020, casi un año después de la detención, la Embajada de México en Estados Unidos solicitó formalmente su extradición a México, acción en la que debe justificar las investigaciones en proceso y los probables delitos cometidos por el ex secretario de Seguridad Pública.
En estas condiciones, AMLO espera y solicita información y transparencia en el sistema de justicia de Estados Unidos, pero omite peticionar lo mismo al sistema procurador de justicia de la República Mexicana. Lo único que se sabe por el propio Presidente, que así lo comentó en una de sus conferencias matutinas, es que habían “descubierto” un contrato ligado a García Luna por un monto de 19 millones de dólares, de los cuales aún debían (es de suponer que el gobierno) 6 millones, y cuyo objeto fue capacitar a tres funcionarios.
El mandatario nacional agregó que tal curso tuvo una duración de hora y media. Pero igual, se desconoce por qué ni él ni el fiscal lo han informado, si por ese contrato le fue abierta una carpeta de investigación.
También se conoce que en el tiempo en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hacía esa labor y además informaba sobre las investigaciones cuando Santiago Nieto era su titular, a días de la aprehensión de Genaro García Luna en la Unión Americana, fueron congeladas once cuentas bancarias ligadas al ex funcionario y a nombre de seis personas físicas y cinco personas morales.
Además, en su investigación, la UIF de Nieto detectó triangulaciones de transferencias de recursos públicos de ciertas dependencias federales hacia cuentas de García Luna, entre ellas una empresa de un familiar que recibió entre 2 mil y 3 mil millones de pesos en la administración federal de Enrique Peña Nieto.
De igual manera se desconoce si estas dos investigaciones realizadas y dadas a conocer por Santiago Nieto cuando fue titular de la UIF, forman parte de alguna carpeta de investigación en la FGR. En México no hay información sobre las acusaciones contra Genaro García Luna, pero evidentemente existe una orden de aprehensión que sería sustento de la orden de extradición.
Es evidente que el caso del ex secretario de Seguridad sirve al actual Gobierno de la República más para una cuestión mediática de señalamiento de corrupción “del pasado”, que como un paradigma de cómo se combate la corrupción en la presente administración. Las autoridades mexicanas esperaron hasta que las norteamericanas detuvieran a García Luna para iniciar sus propias investigaciones, cuando al ex funcionario lo tuvieron al alcance por lo menos durante un año entre la toma de posesión de López Obrador y la captura en la Unión Americana.
Sin embargo, ahora el Gobierno de México espera que el Departamento de Justicia de otro país, cumpla con lo que no es capaz de cumplir: transparentar y hacer pública información que vincula al crimen al ex funcionario.
En Estados Unidos, en el juicio que iniciará la próxima semana una vez seleccionado el Jurado, se espera que unas 70 personas testifiquen contra García Luna, entre narcotraficantes encarcelados en aquel país, así como policías, ex funcionarios y otros. Se recuerda -por ejemplo- el caso del narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada, quien en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera -por cierto, sentenciado en la misma Corte donde será procesado García Luna y por el mismo juez- declaró en noviembre de 2018 haber realizado millonarios pagos en dólares a Genaro García en calidad de sobornos, cuando éste fungía como secretario de Seguridad Pública federal.
Recientemente, se presume, Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” también fue colocado en la lista de testigos contra el ex secretario, por lo cual podría recibir beneficios de la justicia norteamericana.
En los siguientes días veremos, una vez iniciado el juicio, el entramado de política, corrupción y narcotráfico que envuelve a este polémico personaje, Genaro García Luna, y que podría salpicar a otros ex funcionarios en por lo menos dos administraciones federales: la de Felipe Calderón Hinojosa y la de Enrique Peña Nieto, casos que podrían no estarse investigando en México, dada la opacidad con que el de García Luna ha sido abordado -y protegido- en este país.
Eso sí, Andrés Manuel López Obrador estará muy pendiente, de manera lamentable no para actuar y denunciar formalmente o conminar a la FGR a que cumpla con su función de procurar justicia y entre ambas instituciones combatir la corrupción, sino para continuar su campaña mediática contra ese pasado que tanto critica, pero que se niega a perseguir formalmente.
