El Gobierno del Presidente Joe Biden comenzará a expulsar de manera inmediata a México a los migrantes venezolanos haitianos, nicaragüenses y cubanos que lleguen de forma ilegal a su frontera sur, según anunció la Casa Blanca, el 5 de enero de 2023.
El mandatario estadounidense viajará a México, el lunes 9 de enero de 2023, para la X Cumbre de Líderes de América del Norte, con la asistencia de sus homólogos Justin Trudeau, de Canadá, además del mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
En un documento publicado horas antes de que el presidente estadounidense diera un pronunciamiento en vivo, la Casa Blanca precisó que las medidas anunciadas se acordaron con México y otros Gobiernos del hemisferio occidental.
El Gobierno de Estados Unidos expandirá el proceso implementado con los migrantes venezolanos en octubre de 2022 -mismo que calificó como “exitoso”-, a los migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua.
Esto implica que los viajeros de estos países que busquen asilo en EE.UU. deberán iniciar el proceso desde sus países de origen, y aquellos que lleguen a la frontera sur de Estados Unidos serán expulsados inmediatamente a México, que se ha comprometido a recibir a 30 mil migrantes cada mes.
“Hasta 30 mil individuos cada mes de estos cuatro países, que tienen un patrocinador elegible y pasen la investigación y verificación de antecedentes, pueden venir a Estados Unidos por un periodo de dos años y recibir una autorización de trabajo”, dice el documento difundido por la Casa Blanca.
“Individuos que crucen irregularmente a Panamá, México o la frontera con Estados Unidos después de la fecha del anuncio no serán elegibles para el proceso y serán sujetos a expulsión a México, que aceptará el retorno de 30 mil personas cada mes de estos cuatros países”, agregó la sede del Poder Ejecutivo de EE.UU.
Según el Gobierno estadounidense, este tipo de medidas abren caminos para una migración segura, ordenada y humana. Agregó que se impondrán también nuevas sanciones a aquellos migrantes que busquen entrar ilegalmente.
“Con efecto inmediato, individuos que busquen entrar a Estados Unidos sin permiso, no tengan una base legal para quedarse y no puedan ser expulsados en conformidad con el Título 42 estarán cada vez más sujetos a expulsión a su país de origen y a una prohibición de reingreso de cinco años”, informó la Casa Blanca.
MÉXICO RECIBE “CON AGRADO” EL ANUNCIO DE NUEVAS ACCIONES MIGRATORIAS POR PARTE DE EU, DICE GOBIERNO FEDERAL
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal mexicano informó, el 5 de enero de 2023, que las autoridades estadounidenses ampliarán el método de admisión a su mercado de trabajo, por lo que las personas migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua podrán ahora ingresar a los Estados Unidos “de una manera ordenada, segura y regular”.
“El programa de permisos humanitarios para personas de Venezuela, implementado en octubre del 2022, muestra resultados positivos tanto en la creación de una nueva vía de admisión al mercado laboral estadounidense como en la disminución de los flujos migratorios irregulares en la región”, agregó la Cancillería mexicana, en un comunicado.
“Hasta hoy, el nuevo programa ha permitido el acceso ordenado, seguro y regular a Estados Unidos, de 11 mil 460 personas venezolanas y alrededor de 16 mil cuentan ya con autorización para ingresar a dicho país. Asimismo, los cruces irregulares diarios han disminuido en hasta un 94 por ciento, con un pico máximo el 2 de octubre, de mil 511, previo a la implementación del programa, y un mínimo de 90 registrado el pasado 4 diciembre”, según detalló la SRE.
“Con base en dichos resultados, Estados Unidos procesará a partir de hoy el acceso de hasta 30 mil personas de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela por mes. Esto representaría un total de 360 mil durante 2023, la mayor expansión en materia de movilidad laboral en la historia contemporánea de Estados Unidos. Adicionalmente, México y Estados Unidos ampliarán sus políticas de reasentamiento para personas refugiadas, en reconocimiento a la importancia del acceso al asilo en ambos países y en la región”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Conforme a la información ofrecida por el Gobierno estadounidense, las personas migrantes que sigan las instrucciones del programa y no se presenten a la frontera terrestre entre México y Estados Unidos podrán ingresar a dicho país por vía aérea y acceder a su mercado laboral formalmente”, insistió la Cancillería mexicana.
“Las personas de las nacionalidades referidas que no cumplan con los requisitos o que no sigan las indicaciones del nuevo programa serán sujetas al Título 42 como hasta ahora ha sucedido con personas de nacionalidad venezolana”, indicó la SRE.
“El ingreso de hasta 30 mil personas por mes a Estados Unidos representa una
alternativa significativa frente a los flujos migratorios irregulares que conllevan riesgos importantes para la seguridad de las personas migrantes y refugiadas. En ese sentido, la expansión de las nuevas medidas evita que dichas personas entren en contacto con organizaciones criminales y, en contraste, puedan ingresar a Estados Unidos de un modo ordenado, seguro, regular y humano”, dijo la Cancillería mexicana, en su comunicado.
“El Gobierno de México fortalecerá el diálogo y la colaboración con los organismos internacionales a partir del grupo de acción humanitaria establecido en octubre del 2022. El propósito central es coordinar y aumentar las medidas de protección para las personas migrantes y refugiadas que se encuentren en territorio nacional desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, las autoridades de México evaluarán periódicamente el desarrollo del nuevo programa con el gobierno de Estados Unidos a fin de mejorar sus resultados y valorar su continuidad”, finalizó la SRE.
Suprema Corte de EU mantiene Título 42, que obliga a migrantes a permanecer en frontera con México
Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, el 27 de noviembre de 2022, que mantendrá vigente el Título 42, una ley que obliga a los migrantes a permanecer en la frontera de dicho país con México.
El Título 42 permite a los funcionarios estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera entre EE.UU. y México. Sin embargo, 19 estados podrían impugnar el fin de la política.
El máximo tribunal estadounidense concedió una solicitud de un grupo de fiscales generales estatales republicanos, para suspender la decisión de un juez que invalidaba la orden de emergencia.
Los fiscales de los 19 estados habían argumentado que levantar dicha política podría conducir a un aumento en los cruces fronterizos ya registrados.
John Roberts, juez principal de la Corte Suprema de EE.UU. miembro de la mayoría conservadora, emitió, el 19 de diciembre de 2022, una suspensión administrativa temporal manteniendo el Título 42, mientras la el máximo tribunal estadounidense consideraba mantener la política vigente por más tiempo.
Antes de la orden de Roberts, la póliza vencía el 21 de diciembre de 2022. El Título 42 se implementó por primera vez en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19, durante la Administración del presidente republicano Donald Trump .
Joe Biden, actual mandatario demócrata, mantuvo las restricciones vigentes durante más de un año después de asumir el cargo en enero de 2021, a pesar de prometer alejarse de las políticas de inmigración de línea dura adoptadas por Trump.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a un récord de 2.2 millones de migrantes en la frontera suroeste en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre del presente año. Cerca de la mitad de los arrestados fueron expulsados rápidamente bajo la política del Título 42.
La Administración de Biden intentó levantar el Título 42 después de que las autoridades sanitarias de EE.UU. dijeran en abril de 2022, que la orden ya no era necesaria para evitar la propagación de la COVID-19, pero fueron bloqueadas por un juez federal en Luisiana, designado por Trump, en respuesta a un desafío legal liderado por republicanos.
Por otra parte, un grupo de migrantes solicitantes de asilo representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), había demandado al Gobierno Federal de EE.UU. por la política, argumentando que las expulsiones a México los exponían a daños graves, como secuestros o agresiones.
En ese caso, el juez federal de Distrito en Washington, DC, Emmet Sullivan, dictaminó, en septiembre de 2022, que el Título 42 era ilegal. El juzgador, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, dijo que el Gobierno Federal no demostró que el riesgo de que los migrantes propaguen el COVID-19 era “un problema real”.
Asimismo, Sullivan dijo que el Gobierno Federal tampoco sopesó el daño que los solicitantes de asilo enfrentarían por la orden del Título 42. El juez le dio hasta el 21 de diciembre de 2022, a la Administración de Biden, para prepararse para el final de la política.
Inconformes con la decisión del tribunal inferior, un grupo de fiscales generales estatales republicanos trató de intervenir para seguir defendiendo la política. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2022, cuando una corte federal de apelaciones se negó a permitirles intervenir y suspendió la orden de Sullivan, llevaron el asunto a la Corte Suprema de EE.UU.
