Un destacado investigador estatal refiere que el problema del narcotráfico es ciertamente el principal origen de la violencia en Baja California, pero cuando se trata de inseguridad, lo que más preocupa es la calle. Se refiere a la inseguridad cotidiana en las distintas demarcaciones de Tijuana, del estado incluso, donde más allá de homicidios, lo que afecta harto a la ciudadanía es la comisión de delitos “menores” como robos y asaltos.
Justifica que, por ejemplo, el tercer fin de semana de este enero, en la zona de Agua Caliente e Hipódromo, cuatro cafés fueron asaltados por la misma persona. Un hombre delgado con corte de pelo al ras, entró a los lugares y asaltó no sólo la caja de los negocios, también se llevó pertenencias, entre ellas, celulares.
Independientemente de si los propietarios de los negocios presentaron una denuncia formal, sí recurrieron a agencias de seguridad privada para ser protegidos de ladrones y asaltantes. Incluso proporcionaron imágenes del hombre, mismas que, de alguna manera, llegaron por lo menos a la Policía Municipal con el objetivo de que iniciaran una búsqueda. Pero no hubo tal. La Fiscalía General del Estado también posee esta información.
Los robos y los asaltos están ahogado a pequeños propietarios. Lo lamentable de la situación es que los agentes de seguridad municipal tienen conocimiento de los hechos, pero no han logrado capturas y el incremento del patrullaje sólo se registra en los días posteriores a las denuncias, estrategia fallida que es del conocimiento de los delincuentes para posteriormente, cuando baja la presencia policial, arremeter de nueva cuenta contra los negocios.
Cuidar la calle es la recomendación de los agentes privados al Ayuntamiento de Tijuana, pero ante la inacción por parte de la municipal, que permite -por ejemplo- que un hombre sea detenido después de haber robado 31 tiendas Oxxo, como fue el caso de Daniel “N”, aprehendido el 23 de enero en Tijuana, los propietarios de pequeños comercios prefieren contratar servicios privados, y por lo tanto personalizados, para protegerse de la inseguridad.
En estos días de ataques a policías por parte de organizaciones criminales, sea porque tenían una relación de complicidad o porque “servían” a estructuras delincuenciales distintas, las calles de las ciudades están siendo descuidadas y con ello la ciudadanía es vulnerada.
El crecimiento de la inseguridad a partir de los últimos meses de 2022, cuando delitos como robos, extorsiones, cobros de piso fueron denunciados, de igual forma a pequeños comercios, es negado de manera constante por las autoridades. Un día la gobernadora dice que eso no real, que no hay denuncias, y otro el secretario de Seguridad Pública de Tijuana niega cualquier incremento en la incidencia delictiva por más que la estadística demuestre lo contrario.
La cuestión es que si a partir de ocultar cifras o manipularlas, la autoridad niega la realidad que viven los ciudadanos en la inseguridad, significa que no se establece estrategia alguna para combatir los delitos, dado que, si no existen, para qué dedicarles tiempo. Esta situación de negación oficial deja aún más en el desamparo al sector productivo que está invirtiendo en pequeños negocios. Como fue evidente hace unas semanas, cuando a través de redes sociales y medios, se revelaron imágenes de cámaras de seguridad exhibiendo momentos de asaltos.
El tema ya domina las comidas, los cafés y las pláticas en esquinas. Ya es normal llegar a un negocio, cualquiera que sea su giro, y escuchar de asaltos, robos y la nula aplicación de la Ley como la falta de atención policíaca.
Tijuana como ciudad, y el estado de Baja California, normalmente están en los primeros sitios de inseguridad en el país, incluso sobre regiones como Ciudad de México y Estado de México. En esta parte del Norte del país se cometen más asesinatos que en esas demarcaciones, la estadística de la Presidencia de la República, donde se aprecia lo anterior y que es presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador los días jueves en su conferencia matutina, es utilizada ciertamente para el envío de más elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, en una estrategia presencial para inhibir la comisión de delitos. Desafortunadamente, los cada vez más raros rondines de la Guardia Nacional no han inhibido los robos y asaltos que asedian a los tijuanenses y a los bajacalifornianos.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana no termina de asentarse, y por lo tanto, de elaborar un plan preventivo y de contención de la delincuencia, desde que a inicios de 2023 se dio el cambio en la titularidad. El nuevo secretario -de acuerdo a personal de Comunicación del Gobierno del Estado- no puede proveer información, dado que no ha concluido su plan, lo que indica que aún está informándose del contexto bajacaliforniano, mientras los delincuentes aprovechan el vacío.
En esta edición de ZETA, se da cuenta de cómo elementos del Cártel de Sinaloa están atacando, asesinado e hiriendo a policías en varios municipios de BC, de los constantes apagones en una ciudad tan poblada como Tijuana y la terrible situación de calles y avenidas en las que abundan los baches. De suyo una ciudad con problemas de iluminación, este contexto de desatención policíaca y de servicios públicos deficientes son caldo de cultivo para los “delincuentes menores” que roban, asaltan y laceran a la ciudadanía económicamente activa.
Cuidar la calle, en todos los sentidos, es lo que se espera tanto del Gobierno del Estado como de los ayuntamientos. Ojalá lo hicieran…
