El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó, el 26 de enero de 2023, que el Instituto Nacional Electoral (INE) pone en riesgo las elecciones, que el pueblo es quien ha hecho valer la democracia en México y no los consejeros electorales, quienes, junto a sus adversarios, son “demócratas de mentira”.
“Ahora, se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo [a los consejeros] porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. Cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos, siempre”, indicó el mandatario nacional.
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¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto?”, cuestionó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.
“¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte, lo que quieren es seguir atacándonos”, señaló el político tabasqueño.
“Nos ganaron [los adversarios] y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque pertenecen a la oligarquía, no son demócratas de verdad, son de mentira. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero lo de fondo sea el decir [Genaro] ‘García Luna no se toca’ je, je, je porque eso los trae nerviosísimos”, agregó.
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“Es parte de lo mismo, ellos tienen pensamiento conservador, somos distintos, estoy absolutamente seguro que no tienen vocación demócrata real, son acomodaticios y tienen pensamiento conservador, les molesta el concepto de democracia que viene desde los griegos”, insistió.
“Y aunque parezca paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas. Pueden ser intelectuales, don Justo Sierra era un gran intelectual y no estaba a favor del voto universal, y si uno ve a Sheridan es lo mismo, claro hay una gran diferencia”, expuso.
“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se mal acostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos”, abundó.
“Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad, y el ejemplo está aquí, cuando llegamos a la Presidencia se gastaban 3 mil 600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones y ¿Se colapsó la Presidencia? ¡No!”, exclamó.
INE IMPUGNARÁ “PLAN B” DE AMLO ANTE SCJN, POR PONER “EN RIESGO” LAS ELECCIONES DEL 2024
Los 11 consejeros que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciaron, el 25 de enero de 2023, que interpondrán todos los recursos jurídicos al alcance contra el llamado “plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se presentó un informe respecto al impacto y riesgos de la reforma electoral, en la cual, cada uno de los consejeros del INE señalaron que está hecha desde el poder y busca beneficiar al Gobierno actual.
El informe presentado ante los consejeros advierte que el “plan B” de la reforma electoral debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024, además de que vulnera la autonomía técnica del órgano constitucional autónomo, en materia de fiscalización.
Asimismo, el informe advierte que se retrocede en avances del voto electrónico; se modifican plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones; además de que agrava la falta de condiciones para competencia pareja con el involucramiento de servidores públicos y retroceso del voto electrónico, entre otros puntos.
Los consejeros del INE también anticiparon un aumento en el número de litigios poselectorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad democrática.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, alertó que, de aprobarse en dichos términos, “debemos prepararnos para vivir en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública”.
“Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral de la elección más grande de nuestra historia”, señaló el presidente del Consejo General del INE.
Asimismo, ante la falta de apertura de la mayoría en el Poder Legislativo, Córdova Vianello sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país”.
“Ante esto estamos, una apuesta desde el poder para minar las elecciones libres y auténticas comprometiendo el ejercicio del voto libre. Ahora, desde arriba, desde lo más alto del Estado, se quiere destruir el sistema electoral que permite la vida democrática”, lamentó, por su parte, el consejero Ciro Murayama Rendón.
Sin embargo, el representante del partido Morena ante el Consejo General del INE, Mario Rafael Llergo Latournerie, intentó retirar del orden del día la presentación del informe, al señalar que estaba al margen de la ley, porque, según él, la propuesta seguía en trámite legislativo.
Tras no prosperar la petición del también diputado federal, Llergo Latournerie afirmó que la reforma electoral exigía una democracia más austera, acabar con los altos salarios de consejeros y una autoridad imparcial e independiente.
“Ya chole con tantas mentiras, que para su disgusto sólo comprueban una cosa: en México hay tanta democracia y libertades que cualquiera pueda manifestarse, incluso con un discurso iracundo, lleno de odio y mentiras como de quienes afirman defender al INE y la democracia”, expresó el representante de Morena ante el INE.
“Se emprendió, desde diciembre del año pasado, una campaña de mentiras y de calumnias que buscan desacreditar esta reforma, desde acusaciones inverosímiles, como que la reforma desaparece las juntas distritales, hasta llegar a querer sembrar el miedo en los trabajadores del Instituto, afirmando que el Servicio Profesional Electoral se reducía con esta reforma a más del 80 por ciento, desde luego que acomodan los números a su conveniencia”, aseguró Llergo Latourneire.
El representante de Morena ante el INE insistió en que la reforma electoral busca terminar con los excesos, privilegios y dispendios con los que cuentan los organismos electorales, sin detallar cómo se logrará. También aseguró que el denominado “plan B” fue tan exitoso, que logró que quienes se presumen como independientes se quitaran las máscaras.
ALGUNAS DE LAS AFECTACIONES A LA DEMOCRACIA, SI SE CONCRETA EL “PLAN B”, SEGÚN EL INFORME DEL INE
De concretarse el denominado “plan B” de la reforma electoral, el INE advierte que generará incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de paquetes electorales y hasta en el conteo de votos en la elección del 2024.
En el informe interno que el Consejo General discutió, el 25 de enero de 2024, se enfatizó que se despedirá a 5 mil 80 empleados de las juntas distritales, sin sumar el personal de juntas locales y oficinas centrales. La falta de personal y la poca experiencia también impactará en el traslado de paquetes, lo que provocará incertidumbre para los partidos.
Ante ello, la reducción de personal, aunado a la contratación de empleados temporales y sin capacitación, cambios legales en los procesos y reducción de plazos pondrá en duda “la certeza jurídica y legitimidad” de la contienda en la que se elegirá al próximo Presidente de la República.
A nivel central, la reforma busca fusionar una decena de áreas, sin embargo, el INE alerta que unir las direcciones de Organización con Capacitación, junto la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), generaría un colapso mayor, ya que esas dos direcciones representan al menos el 40 por ciento del total de actividades institucionales que se desarrollan a lo largo del proceso electoral.
“El análisis de estas modificaciones revela la inviabilidad de que el Instituto esté en condiciones de realizar, con los plazos establecidos y bajo los parámetros de calidad y eficiencia conocidos, las actividades vinculadas con la preparación y organización de los procesos electorales”, indica el informe.
Por ejemplo, al no desaparecer el Programa de Resultados Preliminares (PREP) e iniciar el mismo día el conteo distrital, se suprimirán procesos que dan garantías de trasparencia y certeza a las elecciones, así como a sus resultados, además de que no se reducen costos.
Las presidencias de los consejos ya no rendirán un informe sobre el estado de las actas de escrutinio y cómputo, por lo que los partidos no podrán disponer de una copia de los resultados de la casilla, y aunque en la propuesta de reforma electoral se habla de un cotejo, no se aclara con qué documentos.
“[Con el nuevo diseño del proceso] se haría más tardado y potencialmente más conflictivo el cómputo. Se incrementaría la posibilidad de las impugnaciones por parte de los partidos y actores políticos, al no tener la certeza de lo que se está computando”, señala el informe.
Asimismo, al adelgazar la estructura de la organización de las elecciones, y que ésta sea improvisada, se impactarían los recuentos parciales y totales de votos que se hacen en cada elección, y que promedian el 60 por ciento de los paquetes.
Además, en la reforma electoral se plantea disminuir la base de la primera insaculación del 13 al 10 por ciento de la lista nominal por sección, con lo que se reduce el universo de personas que cumplan los requisitos para ser funcionario de casilla.
Aunado a lo anterior, el nuevo modelo establece que no se visite el 100 por ciento de los insaculados, generando mayor ausentismo de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, y se reducen los tiempos para la insaculación y capacitación, con lo que habría un incremento de errores en el procedimiento de la recepción de la votación, escrutinio y cómputo de los resultados en la casilla.
Asimismo, cambiar la fecha del arranque del inicio del proceso electoral, de septiembre a noviembre, afectaría la contratación de supervisores y capacitadores que visitarán a los insaculados y los capacitarán.
Además, la reforma electoral plantea que el registro de representantes de los partidos en casillas pueda hacerse 48 horas antes de la elección, y no en 13 días, por lo que la sustitución de éstos se dé el mismo día de la elección, y no 10 días antes. Esto imposibilita que todos los funcionarios cuenten con listas de representantes actualizadas, ya que en algunos casos deben trasladarse en lancha o avioneta, lo que provocará que no se les permita el ingreso, lo que sería una causa de nulidad de la votación en casilla.
También se impacta la certeza jurídica el cambio de fechas para las precampañas, ya que al no modificar el periodo para el registro de candidaturas, no da espacio a la resolución de impugnaciones y de facto modifica los tiempos de campaña establecidos en la Constitución. Aunado a lo anterior, la reforma electoral propone fechas contradictorias para la asignación de diputados de representación proporcional, lo que podría ser factor de impugnaciones.
VA POR MÉXICO EN SAN LÁZARO PRESENTARÁ NUEVA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA “PLAN B” DE AMLO
Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dio a conocer que, el 25 de enero de 2023, la alianza legislativa “Va por México”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presentar una nueva acción de inconstitucionalidad en contra del llamado “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador, que contiene diversas reformas en materia electoral.
“Les anticipo que mañana miércoles, estaremos presentando ya desde la Cámara de Diputados, a través de los grupos del PAN, del PRI y del PRD, una nueva acción de inconstitucionalidad controvirtiendo igualmente las reformas que se hicieron a la ley de Comunicación Social por una parte y por otra a la que rige a los Servidores Públicos”, explicó el diputado panista.
En conferencia de prensa, Creel Miranda explicó que las acciones de inconstitucionalidad serán porque se ha autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen simple y llanamente no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción.
“Todo esto hace que la competencia electoral sea totalmente inequitativa, que las campañas se adelanten y que no exista prácticamente sanción alguna para que los funcionarios o servidores hagan campaña, fundamentalmente las corcholatas, que reciben aportaciones y estas se traduzcan en su promoción y propaganda política y tercero han disminuido las sanciones”, agregó el diputado panista.
El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro recordó que, tanto la dirigencia de su partido, el PAN, como sus aliados, PRI y PRD, ya hicieron lo propio al acudir a la SCJN y presentar dicho recurso contra la Ley General de Comunicación Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su dimensión de servidores públicos.
¿INE NO SE TOCA?, YA CHOLE, TRUENA AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó, el 25 de enero de 2023, que se organice una nueva marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), ahora para rechazar la reforma conocida como “plan B”. El político tabasqueño soltó: “ya chole”.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional consideró que sus adversarios están usando la frase “el INE no se toca” -que abanderó la marcha del 13 de noviembre del 2022- como pretexto para defender a Genaro García Luna. ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
López Obrador dijo, en tono irónico, que ya ganaron sus adversarios en este tema, ya que no se aprobó la reforma constitucional electoral que contemplaba reducir el presupuesto del INE y los partidos políticos, además de eliminar a los legisladores plurinominales, entre otras cosas.
“Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos porque impiden una reforma constitucional para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, que se pueda hacer con la mitad del dinero; el ejemplo está aquí, es predicar con el ejemplo, cuando llegamos nosotros Presidencia ejercía 3 mil 600 millones de pesos y nosotros ejercimos el año pasado 500 millones y ¿se colapsó la Presidencia? No”, indicó el político tabasqueño.
“Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero, en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales, ellos ganaron porque el INE no se toca y van a haber 500, ellos ganaron también porque nosotros planteamos que sólo existiera un Instituto Nacional que organizara todas las elecciones, no 32 institutos, ganaron, porque el INE no se toca”, agregó el presidente.
Con el lema “mi voto no se toca”, 50 organizaciones sociales convocaron a una concentración en el Zócalo capitalino para el 26 de febrero de 2023, en rechazo al llamado “plan B” de la reforma electoral que impulsó por López Obrador. Ante esta convocatoria, el mandatario nacional dijo que a lo mejor están pensando en que la movilización sea para defender a García Luna.
“Me decían que iban a hacer una marcha, que no, ¡exageran! Sólo que usen esa marcha, pero para defender a García Luna porque en una de esas ese es el propósito, pero ¿qué le van a defender al INE si ganaron?, ¿si el INE no se toca?”, se burló.
“A lo mejor Claudio [X. González Laporte] y los machuchones están pensando eso ¿no?, en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca, ¿ya, chole! Mejor que se quiten ya por completo la máscara: ‘sí, García Luna es inocente, ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros'”, ironizó.
“¿Qué culpa tengo yo? O sea, por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron, por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí, ahora sí que como diría el mismo clásico [Vicente Fox Quesada] ¿y yo por qué? ¿Quién los manda? Es de sabios cambiar de opinión, además, tienen capacidad para rectificar. No, ‘Andrés Manuel es comunista, es populista'”, abundó.
“No sabía de eso [postura del INE], pero la democracia es que la elección sea limpia y libre, eso es la democracia y es lo que deben estar ellos procurando. No nos vamos a entender con ellos, o sea, tienen una formación completamente diferente, les molesta mucho lo nuestro, no están a favor de la transformación”, añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Ya no hace falta responderles, es parte de lo mismo, ellos tienen un pensamiento conservador, somos distintos, yo estoy absolutamente seguro que no tienen vocación democrática real, que son acomodaticios, arribistas, y que tienen un pensamiento conservador, les molesta lo que hacemos”, finalizó.
DIPUTADOS APRUEBAN, EN GENERAL, ‘PLAN B’ DE REFORMA ELECTORAL DE AMLO; QUITAN “VIDA ETERNA” A PARTIDOS
Con 269 votos a favor y 217 sufragios en contra, así como cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, el 15 de diciembre de 2022, en lo general, el primero de dos proyectos de decreto de la reforma electoral vía leyes secundarias, con las modificaciones avaladas por el Senado de la República.
El dictamen de avaló con 269 votos a favor por parte de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), así como 217 sufragios en contra de los legisladores de las bancadas opositoras, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).
Legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron 22 reservas para la discusión en lo particular de las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial y de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Tras un receso de cinco horas, reinició la sesión minutos después de la 18:00 horas y, desde la tribuna, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en San Lázaro, Carlos Alberto Puente Salas, anunció el retiro de la llamada “cláusula de vida eterna”, que permitiría el traspaso de votos, para garantizar mantener el registro de los partidos políticos, al competir con candidaturas comunes.
Tras una reunión de Ignacio Mier Velazco, Puente Salas y Reginaldo Sandoval Flores, coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT), respectivamente, con el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Adán Augusto López Hernández, acordaron eliminar el párrafo referente a dicha cláusula y evitar el regreso de la minuta al Senado, mediante una interpretación del artículo 72 constitucional.
Se trata del artículo 15, fracción cuarta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), que establecía que no perderían el registro los partidos políticos que lograran el 3 por ciento de una votación federal o mantuvieran el registro local en al menos 17 entidades federativas.
Además, el proyecto incluyó los cambios enviados por los senadores para permitir a los partidos políticos utilizar los remanentes de su financiamiento público al finalizar cada año y poner disponer de dichos recursos en el próximo ejercicio fiscal, así como en procesos electorales estatales o federales.
Asimismo, el dictamen aprobado por el Pleno de San Lázaro impide al Instituto Nacional Electoral (INE), multar a los partidos políticos que no verifiquen su padrón electoral y se restablece la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF).
Se prevé que el decreto aprobado, tanto por el Senado como en San Lázaro -desechando las modificaciones a las que renunciaron el PT y el PVEM-, se envíe al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.
