Con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, el 27 de noviembre de 2022, que mantendrá vigente el Título 42, una ley que obliga a los migrantes a permanecer en la frontera de dicho país con México.
El Título 42 permite a los funcionarios estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes atrapados en la frontera entre EE.UU. y México. Sin embargo, 19 estados podrían impugnar el fin de la política.
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El máximo tribunal estadounidense concedió una solicitud de un grupo de fiscales generales estatales republicanos, para suspender la decisión de un juez que invalidaba la orden de emergencia.
Los fiscales de los 19 estados habían argumentado que levantar dicha política podría conducir a un aumento en los cruces fronterizos ya registrados.
John Roberts, juez principal de la Corte Suprema de EE.UU. miembro de la mayoría conservadora, emitió, el 19 de diciembre de 2022, una suspensión administrativa temporal manteniendo el Título 42, mientras la el máximo tribunal estadounidense consideraba mantener la política vigente por más tiempo.
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Antes de la orden de Roberts, la póliza vencía el 21 de diciembre de 2022. El Título 42 se implementó por primera vez en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia de COVID-19, durante la Administración del presidente republicano Donald Trump .
Joe Biden, actual mandatario demócrata, mantuvo las restricciones vigentes durante más de un año después de asumir el cargo en enero de 2021, a pesar de prometer alejarse de las políticas de inmigración de línea dura adoptadas por Trump.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron a un récord de 2.2 millones de migrantes en la frontera suroeste en el año fiscal 2022, que finalizó el 30 de septiembre del presente año. Cerca de la mitad de los arrestados fueron expulsados rápidamente bajo la política del Título 42.
La Administración de Biden intentó levantar el Título 42 después de que las autoridades sanitarias de EE.UU. dijeran en abril de 2022, que la orden ya no era necesaria para evitar la propagación de la COVID-19, pero fueron bloqueadas por un juez federal en Luisiana, designado por Trump, en respuesta a un desafío legal liderado por republicanos.
Por otra parte, un grupo de migrantes solicitantes de asilo representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), había demandado al Gobierno Federal de EE.UU. por la política, argumentando que las expulsiones a México los exponían a daños graves, como secuestros o agresiones.
En ese caso, el juez federal de Distrito en Washington, DC, Emmet Sullivan, dictaminó, en septiembre de 2022, que el Título 42 era ilegal. El juzgador, designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, dijo que el Gobierno Federal no demostró que el riesgo de que los migrantes propaguen el COVID-19 era “un problema real”.
Asimismo, Sullivan dijo que el Gobierno Federal tampoco sopesó el daño que los solicitantes de asilo enfrentarían por la orden del Título 42. El juez le dio hasta el 21 de diciembre de 2022, a la Administración de Biden, para prepararse para el final de la política.
Inconformes con la decisión del tribunal inferior, un grupo de fiscales generales estatales republicanos trató de intervenir para seguir defendiendo la política. Sin embargo, el 16 de diciembre de 2022, cuando una corte federal de apelaciones se negó a permitirles intervenir y suspendió la orden de Sullivan, llevaron el asunto a la Corte Suprema de EE.UU.
-Con información de agencias.
