BC ocupa el sexto lugar nacional en violación contra menores. Lo ocurrido en la Escuela “Leona Vicario” es un recordatorio del grave problema que afecta a niños y niñas
Según datos cualitativos de análisis realizados por psicólogos de la niñez y especialistas en atención de violencia infantil, en Mexicali no se denuncian el 90 por ciento de agresiones sexuales en contra de menores de edad, ya sea por la incapacidad de los infantes en poder expresar los episodios traumáticos, o bien, por presiones familiares.
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubica a Baja California como la entidad número 6 con mayor cifra de denuncias por el delito de violación equiparada, la cual comprende a menores de edad y a quienes no tienen la capacidad de defenderse o de consensuar un acto sexual. En total, de enero a octubre de 2022, hablamos de 315 víctimas directas.
Lo ocurrido hace apenas dos semanas en la Escuela Primaria “Leona Vicario”, una de las de mayor prestigio y reconocimiento histórico en la Capital bajacaliforniana, es aterrador, pero parte de un fenómeno que se vive en la entidad, que por un lado tiene características ideológicas conservadoras, y por otro, es permisiva ante la violencia hacia la infancia, ya sea mediante el abandono, como la agresión sexual.
El lamentable suceso donde 14 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual -presuntamente- por un profesor interino del plantel, es un reflejo de los problemas sociales, y sí bien puede reconocerse a los directivos de la escuela por reportar inmediatamente el caso a las autoridades, los episodios de dolor de las familias no pueden encontrar justicia ni confort en la activación de un protocolo inmediato y la separación del docente de la escuela.
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Hablamos de 14 niños y el mismo número de familias que adolecen un episodio que ocurre mucho más seguido de lo que se presume.
El viernes 16 de diciembre -como era de esperarse-, el docente acusado en 14 ocasiones de abuso sexual en contra de alumnos de dos aulas, no acudió a la cita concertada por el Ministerio Público y el Juez de Control para responder por los señalamientos en su contra; decidió huir.
A raíz de ello se pudo conocer que el docente estuvo implicado en otros casos similares en otras escuelas y que podría haber más casos que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha encontrado.
El profesor interino se encuentra sustraído de la acción de la justicia, en parte, por la indolencia de la FGE y el Poder Judicial por tratar con tibieza a un agresor sexual, a quien le dieron la opción de huir, pese a tratarse de un caso sumamente delicado.
Más allá de la repartición de culpas, la realidad es que este caso debe ser emblemático. Así como a los gobiernos les importó implementar una evaluación de conocimientos, también deben implementarse mecanismos para la detección de personal inadecuado para la atención de niños y niñas dentro de las escuelas.
Si tenemos detectadas 315 denuncias por violaciones a menores -sin mencionar otro tipo de delitos sexuales- y que el 90 por ciento no se denuncia ante las autoridades, ¿ante qué realidad nos encontramos? ¿Qué tiene que ocurrir para que no sólo se implementen protocolos reactivos, sino preventivos?
El Sindicato y la Secretaría de Educación han visto como un negocio la entrega y ubicación de plazas, donde acuerdan y se benefician entre ellos, pero ¿están totalmente seguros de quiénes se encuentran en contacto con nuestras infancias?
