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martes, enero 31, 2023
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La atroz narcoguerra

Eran las cuatro de la mañana del lunes 19 de diciembre, aún no amanecía en Tijuana, cuando un hombre dejó una camioneta tipo van color blanco, con placas 87896B1 del Estado de California, en el estacionamiento de una farmacia al interior de Plaza Conquistador, frente a una farmacia y un bar en el segundo piso del centro comercial.

El hombre bajó de la camioneta con reporte de robo y huyó del lugar.


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Ello se aprecia claramente en un video en posesión de las autoridades. El anónimo criminal, confiado, baja del vehículo, retira la cinta de plástico que “impedía” el acceso al centro comercial esa madrugada, y prosigue a estacionar la van en cuyo interior se encontraban seis cuerpos correspondientes a cinco hombres y una mujer.

De acuerdo con lo que captaron las cámaras de videovigilancia monitoreadas desde el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo -C4- de Baja California, nadie parece alertar la comisión del delito. Conforme fue amaneciendo, la Clínica 7 del IMSS y demás oficinas aledañas, comenzaron su rutina laboral, al tiempo que las vialidades aledañas a la plaza comenzaron a tener tránsito de personas y vehículos.

A las 11:00 horas, los administradores de la plaza solicitaron a la Policía Municipal apoyo para retirar la camioneta abandonada frente a la farmacia. Alrededor de 30 minutos tardó en llegar la grúa marcada con el número 13 de la empresa Arrastres Automotrices Transpeninsular.


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Una vez listos para retirar la camioneta robada el 24 de septiembre en el fraccionamiento Santa Fe tercera sección, procedieron a hacer el inventario de la unidad. El operador de la grúa abrió las puertas traseras de la camioneta y entró en shock al ver los cadáveres de seis personas apilados. Uno encima del otro, semidesnudos, algunos descalzos y con huellas visibles de violencia.

De inmediato realizó el reporte a la Fiscalía General del Estado (FGE) y se inició un despliegue de reporteros, policías, ministeriales, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, elementos del Ejército y Guardia Nacional, hasta de la Fiscalía General de la República (FGR), para resguardar e iniciar las investigaciones del hecho.

Al interior de la camioneta había seis personas sin vida. Cinco hombres y una mujer. Todos los varones tenían los pantalones casi en los tobillos. Los que se encontraban boca abajo tenían expuestos sus glúteos. La mujer, el pecho casi desnudo. El sostén era lo único que le cubría el pectoral.

A simple vista no eran perceptibles heridas provocadas por arma de fuego. Lo que sí, presentaban marcas de golpes y hasta quemaduras en distintas partes del cuerpo. A algunos se les veía lo que parecerían huellas de ahorcamiento y asfixia; sin embargo, hasta el mediodía del martes 20 de diciembre no concluía la necropsia para definir la causa de muerte. 

Conforme a las imágenes de los cuerpos y la descripción de agentes periciales en el lugar, las víctimas no tenían más de un día de haber sido asesinados. Apenas comenzaban a presentar inflamación y coloración blanca en uñas y labios; así como tonalidades azules en rostro y extremidades, sin que expidieran algún olor a putrefacción.

El operativo para resguardar y realizar el levantamiento de pruebas periciales por parte de investigadores de la FGE en el punto de los hechos tardó alrededor de tres horas. Durante el proceso, se apersonó el delegado de la FGR en Baja California, Victorino Porcayo Domínguez. Se le cuestionó sobre su presencia en el sitio, si tenía que ver con algún delito de carácter federal o se trataba de algún elemento de su dependencia, lo cual negó.

El funcionario federal explicó a ZETA que se encontraba cerca de la Plaza Conquistador, por lo que al enterarse de lo que estaba sucediendo, decidió acudir. Mientras que cuando fue cuestionado por reporteros, Porcayo Domínguez refirió que es parte del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Tardó casi 40 minutos en irse, pero dejó a un par de sus agentes apoyando en las investigaciones.

Cabe recordar que el jueves 1 de diciembre, en Plaza Conquistador fueron asesinados dos empleados del bar Ankara: Cristian Rafael Vizcarra Álvarez, de 40 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa; y Joel Juárez Aragón, de 39 años.

Una de las armas encontradas en el auto que abandonaron los sicarios, tiene relación con otros dos homicidios. Uno fue el multihomicidio cometido el 22 de septiembre en Camino Verde, donde hubo tres personas asesinadas; el segundo hecho tuvo lugar el 7 de octubre en la colonia Emperadores, la víctima fue identificada como Cristian Espinoza Guzmán.

LAS VÍCTIMAS

Aunque hasta el cierre de esta edición, de manera oficial no se confirmaban las identidades de las seis personas sin vida al interior de la camioneta, conforme a la investigación realizada por este Semanario se pudo identificar a tres personas que cumplen con las características físicas y de vestimenta de las víctimas.

Las tres personas identificadas de manera extraoficial tienen dos coincidencias: son residentes de Playas de Rosarito, y habían sido reportados como desaparecidos.

Conforme al orden en que fueron reportados como no localizados, el primero en desaparecer fue un masculino de nombre “Rodolfo”, de 24 años de edad.

La ficha por su desaparición publicada en  redes sociales de Colectivo Todos Somos Erick Carrillo, señala que la última vez que se tuvo información del joven fue el 2 de diciembre, en las inmediaciones de Plaza Esperanza en Playas de Rosarito.

En uno de los cuerpos encontrados dentro de la camioneta abandonada se percibió la ropa descrita en la información sobre el día de la desaparición de Rodolfo: pantalón de mezclilla azul, camiseta azul marino y sudadera color negro de la marca Karl Lagerfeld, además de una pulsera de hilo color rojo con la imagen de la Santa Muerte. 

Las otras dos víctimas identificadas extraoficialmente, son “José” y una mujer aparentemente de nombre “Sandra”. A saber, por las indagaciones se trata de una pareja reportada como desaparecida por sus familiares el 7 de diciembre, también en Rosarito.

El hombre tiene tatuados ambos brazos a partir de las muñecas; en la foto compartida para su localización se observa en brazo izquierdo un tatuaje tribal que coincide con el de uno de los cadáveres dentro de la camioneta blanca.

ZETA contactó a familiares de la pareja, quienes confirmaron que no han sido llamados por la FGE para reconocer los cuerpos de Sandra y José, además de que no les han dado avances en la investigación de la desaparición.

De acuerdo con fuentes al interior de la FGE, se confirmó que ninguna de las tres víctimas tenía historial delictivo en Baja California. Sin embargo, informaron que el de nombre José, comparte apellidos con un hombre detenido el miércoles 14 de diciembre, luego del ataque a un elemento de la Policía Municipal de Rosarito.

El detenido fue vinculado a proceso por la FGR, por el delito de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército.

Dentro de la FGE, en la oficina del fiscal Ricardo Carpio, coinciden en que las primeras líneas de investigación los llevan a presumir que se trata de un hecho de violencia, inmerso en la narcoguerra que sostienen por el territorio los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

CAMPO DE GUERRA ENTRE CDS Y CJNG

Tijuana se ha convertido en campo de batalla entre células criminales de los cárteles de la droga mexicanos. Por un lado, el Cártel de Sinaloa (CDS) vive una división entre la gente de Ismael “El Mayo” Zambada y la fracción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera -conocidos como “Los Chapitos”; mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pretende ganarles terreno.

De acuerdo con investigadores de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California, las casi 2 mil víctimas de la violencia han sido originadas principalmente por el enfrentamiento de estos grupos criminales y sus células, los cuales “pelean” puntos de venta y distribución de drogas en la ciudad, así como los corredores para el trasiego a Estados Unidos por la frontera.

A dos fuegos, la mafia de Sinaloa está retomando el control del corredor de la droga Tijuana-Tecate, mientras que el CJNG responde con plomo. Con las divisiones internas, la fragmentación de las células locales, las constantes traiciones y cambios de los operadores de un grupo criminal a otro, están llegando sicarios de otras entidades.

Cabecillas de los cárteles del narcotráfico envían a BC, grupos de matones a realizar lo que los asesinos del narcotráfico llaman “limpia”. El embate original vino de Sinaloa, para recuperar o ampliar el control territorial en esa entidad norteña, “se puede decir que ya retomaron el control de la Zona Este de Tijuana y Tecate”, expuso un investigador a ZETA.

Respecto a los matones recién llegados a BC, señaló:

* Los traficantes del lado de Ismael Zambada, enviaron sinaloenses y gente de Sonora

* “Los Chapitos”, a criminales sinaloenses y poblanos

* Los del CJNG, a asesinos de Michoacán.

Nombres de capos sinaloenses no identificados aún por las autoridades, surgen en esta renovada pugna: “El Ranchero”, “Marcial”, “El Chayo” y “El Sombrero”, quien, de acuerdo con las policías, “no es ‘El Mayo’, es un local”.

Conforme a la versión de las autoridades, algunos de los asesinos recién llegados reciben también instrucciones, armas o cobijo de traficantes locales.

Del lado de Sinaloa destacan a Jesús Ángel Yocupicio “El Cabezón”, “El C2” y/o “El Pepe”; Edwin Antonio Rubio López “El Max”, e incluso mencionaron a David López Jiménez “Cabo 20”, “El Lobo” y/o “Aquel Hombre” -señalado por ser el asesino intelectual del fotoperiodista de ZETA, Margarito Martínez, y actualmente privado de la libertad en el penal de El Hongo, por otro homicidio-, en ese orden.

En este grupo llama la atención que López Jiménez fungía como operador de “Los Chapitos”.

“Se ha mencionado un acuerdo de los grupos de Sinaloa para combatir al CJNG”, mencionó un integrante de las Mesas de Coordinación.

Mientras que, con Jalisco, Jesús Alfredo Martínez Delgadillo “Sonrics”; Samuel Vaca García “Primo”, “Cholo” y/o “El Gallo”, originario de Michoacán; y Ulises Macías “El Chamán”.

Como muestra de este despliegue, está la detención que realizó la Policía Municipal de Tijuana de tres sicarios del CDS que traían en su poder seis pistolas y un fusil de asalto, las cuales supuestamente entregarían a otros delincuentes en el fraccionamiento Murúa. La detención se logró tras una persecución en el área de la Central Camionera y Bulevar Lázaro Cárdenas.

Los detenidos fueron identificados como Salvador Manzanera Contreras, de 26 años, originario de Durango (chofer); Leonardo Rueda Aragón, 20 años, también de Durango (copiloto); y Enrique Baltazar Núñez, 26 años, originario de Tijuana. Fueron vinculados a proceso por la FGR por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

SIN VOLUNTAD POLÍTICA PARA ENFRENTAR AL CRIMEN EN BC: CCSP

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Roberto Quijano Sosa, aseguró que en Baja California hay una ausencia de voluntad política “real” de enfrentar a la delincuencia.

“Lo repito, sentimos que hay una ausencia real de una decisión gubernamental de enfrentar a la delincuencia, por qué decimos eso: porque los números así lo están señalando. La gente en la calle nos lo dice, la percepción de inseguridad crece, esa es la realidad. Tenemos que pasar del discurso a los hechos”, declaró durante la presentación de los índices de seguridad de BC.

Quijano Sosa agregó que en agosto, ante la “ausencia de planes”, de la actual administración, el CCSP presentó a  la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y las autoridades de seguridad, un plan de seguridad pública para incidir en los altos índices de criminalidad.

“¿Quién es el responsable? ¿Quién está dando la cara por el Estado Mexicano en materia de seguridad pública en Baja California? ¿La gobernadora, el fiscal, el secretario, los alcaldes, la Guardia Nacional? ¿Quién está tomando las riendas del tema de la seguridad pública? ¿Quién los está coordinando? Hasta ahorita nadie sabe, no existe una cabeza visible que esté coordinando la seguridad en el Estado. Sin plan y sin cabeza, los resultados ahí están”, concluyó.

Al cierre de esta edición, martes 20 de diciembre, Tijuana sumó mil 982 homicidios perpetrados durante el año; mientras que sólo dos días, la ciudad presenció el asesinato de 23 personas sin que hubiera detenidos o al menos se identificara a los atacantes. El domingo 18 hubo doce víctimas, y el lunes 19, once.

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