No, no se trata de un año. Ni de alguna efeméride ocurrida en 1982, como la nacionalización de la banca en México, el inicio de la Guerra de Las Malvinas entre Inglaterra y Argentina, el año en que tomó posesión el Presidente Miguel de la Madrid, o cuando el colombiano Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, nada de eso. 1982, es el número de ejecutados que, hasta el 20 de diciembre de 2022, se registraron en Baja California durante este año.
1982 muertos de forma violenta en el Estado, lo cual significa que, en promedio, fueron asesinadas seis personas al día en Baja California en 2022, y si consideramos esa estadística y los once días restantes al año, se cerrará con más de 2 mil ejecutados.
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Aunque ciertamente hubo días sangrientos en que se contabilizaron 15 asesinatos, 14 homicidios, ocho, seis y algunas masacres en que criminales mataron a más de tres personas; como ejemplo, el domingo 18 de diciembre fueron registrados (oficialmente) once asesinatos… el lunes 19, doce.
Y entre esos doce, hacía mucho tiempo que no se veía una dantesca escena (que causa horror, espanto) como la del lunes, cuando en una camioneta fueron localizados seis cuerpos.
El vehículo fue abandonado por los criminales en Plaza Conquistador, frente a las conocidas Torres, ambos consorcios propiedad de la familia Bustamante del ex alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo. De entrada, autoridades refieren que el macabro mensaje (el hecho de dejar la camioneta en ese centro comercial) fue para quien administra un bar en esa zona. Supuestamente -concluyen los investigadores- una persona ligada al Cártel de Sinaloa. Por ende, resuelven con mucho desparpajo en la Fiscalía General del Estado, se trata del siniestro resultado de la guerra que sostienen los grupos de narcotraficantes aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación, contra aquellos identificados con el Cártel de Sinaloa.
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Los cuerpos de las seis personas, cinco hombres y una mujer, estaban apilados, todos tenían contacto entre sí en alguna parte del cuerpo, para mostrar una connotación sexual. Unos simulando un beso en la boca, otros tocando órganos íntimos, unos más abrazados; todos exhibidos en su intimidad. Evidentemente la idea de los verdugos, fue humillarlos hasta en la muerte.
El narcotráfico sembrando el terror entre la población. No es la primera ocasión, ya en agosto, con las quemas de vehículos, unidades de transporte público y de carga por miembros criminales de Jalisco Nueva Generación, el objetivo fue precisamente causar un ambiente de terror para demostrar, tanto al gobierno como a la sociedad, que la que impera es la ley del criminal. Como en la ley de la selva, donde el más tirano suele ganar el poder a fuerza de violencia.
En México se padece del mal de todos los males, la impunidad. En este país los responsables de los asesinatos no son perseguidos, mucho menos castigados. Sea por actos de corrupción de las autoridades procuradoras o administradoras de la justicia, o por la incapacidad cómplice que las distingue, pero los criminales, especialmente aquellos de los cárteles del narcotráfico, permanecen en la impunidad.
Baja California es un Estado manejado por la criminalidad organizada. No sólo se adueñan de territorios en las siete demarcaciones municipales, a los cuales no pueden entrar las policías y mucho menos los ciudadanos que correrían el riesgo de ser asesinados, sino que “hacen justicia por su propia mano” al tomar el control criminal sobre la vida de las personas. Como los seis de la van blanca con reporte de robo, o los once asesinados un día antes.
Como los dos últimos mandatarios, el panista Francisco Vega de Lamadrid y el morenista Jaime Bonilla Valdez, Marina del Pilar Ávila Olmeda está marginando el tema de la inseguridad. El día del descubrimiento de los seis cuerpos en la camioneta, la masacre más terrorífica de su novel administración y que evidencia un dejo de poder y cinismo de la estructura criminal en el Estado, la gobernadora se la pasó de fiesta. De celebraciones decembrinas con deportistas, niños y niñas. Posteó videos “con el corazón por delante” en sus redes sociales.
Al día siguiente, le entró un poco la seriedad y, con fotografías, también en sus redes sociales, se mostró acompañada de mandos de la seguridad de distintos órdenes de gobierno e instituciones policíacas y Fuerzas Armadas, presumiendo que “en total coordinación, con las instituciones de Baja California trabajamos por la paz y el bienestar de todas las personas. Este día encabecé una reunión de la Mesa de Coordinación en materia de seguridad en la que abordamos puntos clave para fortalecer nuestras estrategias”.
Realmente con sus palabras en redes sociales no dice nada. Pura retórica gubernamental ante momentos difíciles de inseguridad, violencia, intranquilidad y terror criminal en la entidad federativa que ella gobierna.
No se debe normalizar el hallazgo de seis cuerpos apilados al interior de una camioneta, ni por parte de la ciudadanía, ni por parte del gobierno. Tampoco se pide que la titular del Poder Ejecutivo estatal deje la frivolidad de las redes sociales para encarar desde su escritorio y de manera contundente el tema de la inseguridad. Sería mucho pedir, pero sí un rol más activo no sólo para condenar los hechos y responsabilizarse de la seguridad de los gobernadores a través de estrategias reales de combate a los criminales de tres cárteles que han tomado Baja California.
Ávila Olmeda rescató del destierro la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que se impuso facultades y responsabilidades en materia de seguridad, y por lo tanto, debe dar resultados. Está obligada, gobernadora. Más estrategia, más información a la ciudadanía, porque 1982 ejecutados en 354 días, no es cualquier cosa, pero sí un mal precedente para su gobierno. Y un mal clima para los gobernados.
