El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación dispuso una reasignación de personal para cubrir espacios en un Tribunal Colegiado de Apelación en el Estado de Chihuahua, situación que mantiene en la incertidumbre a la plantilla laboral en Tijuana.
Con esos ajustes, seis empleados adscritos en el municipio fronterizo podrían ser requeridos, aunque de acuerdo con Manuel Raúl Ochoa Ruelas, líder de la Sección 25 de la organización sindical, no se ha especificado qué destino les depara a los 150 trabajadores que integran los cinco tribunales unitarios habilitados a nivel local.
Quiénes serían reasignados, cuántos exactamente y en qué situación quedaría el resto de la plantilla, los empleados “no saben si van a perder su trabajo, si los van a readscribir, si los van a cambiar de ciudad, a Ciudad Juárez o a Chihuahua”, señaló Ochoa Ruelas.
Habida cuenta de desconocerse qué cambios en específico se aprueben (si no es que ya se aprobaron), no se descarta que 30% del personal adscrito en Tijuana se vea perjudicado, dado para integrar un tribunal colegiado de apelación, se requieren 60 personas aproximadamente.
Manuel Ochoa aclaró tener conocimiento de que dos de las tres magistradas que se quedarán adscritas en Chihuahua son de Tijuana.
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Alicia Isabel Licea Medina, secretaria de base del Octavo Tribunal Unitario, con 22 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, dijo conocer que a trabajadores asentados en Tijuana se les enviará a la Capital chihuahuense. Ello redundaría en “un cambio muy drástico”, toda vez que se trata “de una ciudad muy peligrosa”. Dijo que ella es madre proveedora y que muchas de sus compañeras de trabajo guardan ese estatus.
“Somos madres proveedoras que nos encargamos de nuestros hijos, no quiero imaginar las mujeres que tienen niños pequeños que tienen que llevarlos al kínder, a la primaria, no sé cómo le van a hacer”, profirió.
“Pedimos justicia, pedimos consideración, que nos respeten nuestros derechos, porque merecemos respeto después de tanto trabajo, después de tantas horas trabajando día y noche sin cesar a resistencia”, exclamó.
Detalló que “para sacar libertades, para poder sacar resoluciones”, en el Poder Judicial se necesita trabajar “a contratiempo, a contrarreloj”.
Raúl Argote, secretario del Octavo Tribunal Unitario, no desestimó que con la reasignación, numerosos empleados pudieran renunciar. “Cambiarte a otra ciudad implica un gasto no nada más en el traslado, vivir allá, la familia aquí, es una duplicidad de gastos que no alcanza un salario”, observó. Los cambios por venir incluso podrían derivar en un “conflicto laboral” con el Consejo de la Judicatura, con el pormenor de que no habría forma de ganarle al Poder Judicial de la Federación, remató Argote.
